Fueros de paternidad y maternidad: se establecen nuevas condiciones de protección

 

El Congreso de la República expidió la ley para establecer las disposiciones referentes al fuero de paternidad en Colombia y modificar algunas garantías de protección a la mujer gestante previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.

A continuación, un estudio de estas nuevas disposiciones.

En el ámbito laboral, un trabajador con fuero es aquel que cuenta con una protección especial para no ser despedido, desmejorado en sus condiciones, ni trasladado de lugar de trabajo mientras subsistan las condiciones que le dieron lugar a dicho fuero. Esto también podríamos llamarlo estabilidad laboral reforzada.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica en qué consiste la estabilidad laboral reforzada y los efectos de despedir a un trabajador con este fuero:

Existen varios tipos de fuero, entre los que se encuentran los fueros por maternidad y paternidad que tienen como finalidad proteger a las trabajadoras en estado de embarazo o en período de lactancia y a los trabajadores próximos a ser padres de ser despedidos. Recientemente se han realizado una serie de modificaciones a las disposiciones que regulan estos fueros, los cuales, estudiaremos a continuación.

Modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo respecto a los fueros de maternidad y paternidad

El Congreso de la República expidió la Ley 2141 de agosto 10 de 2021, mediante la cual modifica los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– en lo referente a la prohibición del despido de una trabajadora en estado de gestación y de un trabajador cuya cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de gestación.

En la siguiente infografía realizamos una síntesis de las nuevas disposiciones sobre los fueros de paternidad y maternidad:

Modificaciones al artículo 239 del CST

Atendiendo a lo dicho, las modificaciones realizadas al artículo 239 del CST se dieron en los numerales 2 y 3, y se adicionó un nuevo numeral. Estas disposiciones respectivamente quedarán de la siguiente manera:

Se presumirá que el despido de una trabajadora se dio con ocasión de su estado de embarazo o lactancia cuando tenga lugar dentro del período de gestación y/o dentro de las 18 semanas posteriores al parto.

Las trabajadoras despedidas dentro del período de gestación o lactancia sin autorización del Ministerio del Trabajo tendrán derecho al pago de una indemnización de 60 días de trabajo a parte de las demás indemnizaciones y prestaciones a las que tenga derecho previstas en la ley y el contrato de trabajo.

Esta indemnización también aplicará para los trabajadores despedidos y cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto siempre que esta no cuente con un empleo formal.

Se adiciona el numeral 5, en el que se establece la prohibición de despedir a los trabajadores cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto si esta no tiene un empleo formal.

“el trabajador deberá notificar de manera verbal o escrita al empleador del estado de embarazo de su cónyuge, pareja o compañera permanente”

Para que esta prohibición se haga efectiva, el trabajador deberá notificar de manera verbal o escrita al empleador del estado de embarazo de su cónyuge, pareja o compañera permanente y, a su vez, presentar una declaración juramentada en la que se certifique que ella carece de un empleo formal.

El trabajador tendrá hasta un (1) mes para adjuntar la prueba en la que se acredite el estado de embarazo. Para esto serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes de laboratorio clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes.

Nota: por carencia de trabajo formal se entiende que la cónyuge, pareja o compañera permanente del trabajador no se encuentra vinculada en una empresa mediante contrato de trabajo. Teniendo como consecuencia que no cuente con un ingreso fijo ni con las cotizaciones necesarias para acceder a la licencia de maternidad.

Respecto a lo dicho, conviene precisar que el período de fuero de 18 semanas después del parto no debe confundirse con el término de la licencia de maternidad (que también es de 18 semanas), debido a que el numeral 6 del artículo 236 del CST establece que esta licencia podrá tener una duración de entre 16 y 17 semanas después del parto, en caso de que por decisión médica se inicie una (1) o dos (2) semanas antes de la fecha probable de parto. Es decir, cada término debe tratarse por separado.

A su vez, debe tenerse en cuenta que el artículo 238 del CST dispone que el empleador tiene la obligación de otorgar descansos de lactancia a la trabajadora durante los primeros seis (6) meses de vida del recién nacido, tiempo en el cual no podrá ser despedida sin autorización del Mintrabajo (numerales 1 y 2 del artículo 239 del CST).

Nota: esta nueva ley no contempla que el fuero de paternidad se extienda a los padres adoptantes. Frente a esto, conviene precisar que el fuero de maternidad sí se hace extensivo a las madres adoptantes.

Modificación al artículo 240 del CST

Mediante esta nueva ley se establece la modificación del numeral 1 del artículo 240 del CST, en el cual se establece que para efectos de despedir a una trabajadora en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto, el empleador deberá solicitar autorización al Ministerio del Trabajo o al acalde municipal donde no exista sede de este ministerio.

Esta misma autorización deberá solicitarse para dar por terminado el contrato de un trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto y no cuente con un empleo formal. Para esto, debe tenerse en cuenta que la solicitud deberá realizarse con base a una justa causa de terminación del contrato prevista en el artículo 62 del CST, el reglamento interno o el contrato de trabajo.

Ampliación del término de la licencia de paternidad

A propósito de este tema, conviene mencionar que recientemente, por medio de la Ley 2114 de julio 29 de 2021, se amplió el término de la licencia de paternidad de ocho (8) días hábiles a dos (2) semanas calendario. También mediante esta ley, se crearon las licencias parental compartida y flexible de tiempo parcial.

Conoce más al respecto leyendo nuestro análisis Licencia de paternidad en Colombia: ampliación del término y creación de la licencia compartida.

Nota: el término de la licencia de paternidad y las licencias parental compartida y flexible de tiempo parcial sí aplican para padres adoptantes.

Novedades frente al fuero de paternidad en Colombia (actualicese.com)

Piso de protección social declarado inexequible por la Corte Constitucional

 

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del piso de protección social para trabajadores con ingresos inferiores a un (1) salario mínimo en Colombia.

A continuación, te contamos cuál fue la razón de dicha decisión, qué efectos tendrá y cuándo entra a regir tal sentencia.

El artículo 193 de la Ley 1955 del 2019, que estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, creó de forma general una nueva modalidad social denominada piso de protección social, figura que posteriormente fue reglamentada mediante el Decreto 1174 del 2020.

En el siguiente video se explica en qué consiste el piso de protección social:

Sin embargo, el pasado 19 de agosto del 2021 la Corte Constitucional, mediante el trámite de una demanda de inconstitucionalidad, declaró inexequible el artículo 193 de la Ley 1955 del 2019, dejando sin base legal el mencionado Decreto 1174 de 2020, significando esto que este esquema de protección será inaplicable en nuestro ordenamiento jurídico.

¿Cómo surgió el piso mínimo de protección social?

Antes de analizar lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-2766 de 2021 (Comunicado 31 de agosto 19 de 2021), recordemos que el piso de protección social se trata de un mecanismo que busca asegurar un mínimo de protección a las personas.

Este mecanismo no resulta de una invención de nuestro Estado, el mismo surge por aplicación de lo dicho en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2011 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, de la cual surgió la Recomendación número 202 del 2012 sobre el piso de protección social.

En dicho pronunciamiento la OIT estableció que los estados pertenecientes (entre ellos Colombia) debían tener un piso de protección social, el cual garantizara la seguridad social y ayudara a prevenir o aliviar la pobreza y la vulnerabilidad, permitiendo el acceso a la atención a la salud, ingreso a adultos mayores, acceso a la educación, alimentación y cuidados de los niños, e ingreso a las personas en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez.

Es por ello que en Colombia se estableció en el artículo 193 de la Ley 1955 del 2019 el nacimiento normativo del piso de protección social y su reglamentación posterior con el Decreto 1174 de 2020, brindando la protección a los trabajadores dependientes e independientes que devengaran menos de un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, brindándoles la cobertura en:

Salud, en el régimen subsidiario (sin acceso a prestaciones económicas).

Beneficios económicos periódicos –BEPS– (sistema de ahorro para la vejez).

Seguro inclusivo (pequeño seguro en caso de invalidez o muerte).

Estableciendo además que dicha inclusión al sistema se realiza mediante el aporte del 15 % del ingreso obtenido por el trabajador dependiente o independiente, aportado en su totalidad por el empleador o contratante.

¿Por qué la Corte Constitucional lo declaró inexequible?

El piso de protección social surge como una alternativa que modifica condiciones propias del sistema de seguridad social integral y fue incluida en la Ley 1955 del 2019, situación que conforme a lo dicho por la Corte Constitucional no es válido realizar.

En primer lugar, porque la referida Ley 1955 de 2019 se trató de una norma en la que se reguló el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual debe ser de contenido instrumental, con el fin de impulsar el cumplimiento del plan; aunque el piso de protección social tuviera relación con el pacto estructural de equidad que se declara en dicho plan, lo cierto es que no corresponde a la temática legislada en dicha ley, por lo que esta protección social no puede ser regulada a través de esta norma.

Y en segundo lugar, dado que el piso de protección social es una disposición transversal al sistema de seguridad social, debe ser regulado mediante un procedimiento legislativo ordinario, es decir, debe crearse a través del trámite de una ley independiente en el Congreso de la República.

Por ello, determinó la Corte, el piso mínimo de protección social regulado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 desconoce el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia, el cual dicta que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, asegurando un contenido sistemático e integrado que se refiera a un solo tema.

Razón por la cual la Corte en la sentencia mencionada exhorta de alguna forma al Congreso de la República para que se realice el trámite legislativo respectivo y con ello se implemente el piso de protección establecido por la OIT en Colombia, no se afecten derechos y se generen traumatismos en la población vulnerable beneficiaria de esta protección.

Es importante anotar que en el momento no se ha publicado el contenido completo de la sentencia, una vez publicado el mismo se podrán revisar los demás argumentos considerados por la Corte que respaldan esta decisión.

¿Cuáles implicaciones tiene esta declaratoria de inexequibilidad?

Al ser declarado inexequible el artículo 193 de la Ley 1955 del 2019, el cual creó en Colombia el piso mínimo de protección social conforme a lo establecido en los artículos 214, 215, 241 y 379 de la Constitución Política, esta norma queda sin efectos por encontrase en contra de la Constitución y los principios mencionados, lo cual significa que cesa la aplicación de esta norma en el futuro.

Esta inexequibilidad de la Ley 1955 de 2019 deja sin base legal el Decreto 1174 del 2020, el cual reglamentaba el piso de protección social, así como cualquier otra norma referente a este como lo establecido en la Resolución 2421 del 2020 que crea la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– especial de pago; por tal razón, dichas disposiciones regulatorias cesarán en su aplicación.

A continuación se explica el procedimiento para realizar el aporte al piso de protección social y la Pila para el efecto:

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional estableció que dicha inexequibilidad no tendrá efectos inmediatos.

¿Cuándo empieza a regir tal inexequibilidad?

“la aplicación de dicha providencia no tendrá efectos inmediatos, sino que la misma surtirá efectos a partir de junio 20 del 2023 con la intención de que en ese tiempo el Congreso de la República tramite la ley respectiva”

Pese a dicha declaración, la Corte en la sentencia referida determinó que debido a que este mecanismo de protección tiene como fin la necesidad de incluir a la población vulnerable de forma progresiva a un sistema que permita un sustento mínimo de cobertura en salud, pensiones y riesgos, se decidió establecer la declaratoria de inexequibilidad con efectos diferidos, es decir, la aplicación de dicha providencia no tendrá efectos inmediatos, sino que la misma surtirá efectos a partir de junio 20 del 2023 con la intención de que en ese tiempo el Congreso de la República tramite la ley respectiva para regularlo y con ello evitar traumatismos respecto a las personas que ya se encuentran afiliadas e inscritas en el piso de protección social.

Por lo anterior, aunque la Corte Constitucional en la sentencia referida dejó sin efectos la ley y las reglamentaciones del piso de protección social, por encontrar errores en su incorporación en la Ley 1955 del 2019, dichos efectos de la sentencia solo serán aplicables a partir del 20 de junio de 2023 con el fin de dar el tiempo respectivo para que sea tramitada en el congreso como ley de la República independiente y no afectar a los ciudadanos que ya se hubiesen vinculado al mecanismo de piso de protección social actual.

Piso de protección social: declarado inexequible (actualicese.com)

Los problemas de recibir el sueldo en criptomonedas

 Cada vez hay mas personas a las que se les paga, o quieren que se les pague, en criptoactivos.

La criptomoneda se revalorizó casi un 2.000% durante el año pasado.

Las criptomonedas han experimentado un repunte tras meses de descensos, lo que les da cierta credibilidad a quienes afirman que las monedas digitales son resistentes y están a punto de ser aceptadas de forma más generalizada.

Aunque es muy difícil predecir algo cuando se trata del bitcóin y otras divisas, cada vez hay mas personas a las que se les paga, o quieren que se les pague, en criptomonedas, desde deportistas profesionales hasta empleados del sector tecnológico y otros.

Argumentan para ello la facilidad y la transparencia de los pagos en monedas digitales, especialmente cuando los empleadores y los empleados no tienen su sede en el mismo país.

Pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. Aparte de la volatilidad, un paso en falso podría tener como consecuencia no ser compensado correctamente o crear posibles problemas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos.

Los empleadores estadounidenses pueden resistirse a la compensación en criptomonedas al principio.

Es mucho más trabajo para ellos a la hora de retener parte de los ingresos que se requieren para pagar los impuestos de Seguridad Social y Medicare. Si se paga a un empleado en monedas digitales, los empleadores tienen que lidiar con una contabilidad adicional y la conversión de parte de esos ingresos en dólares estadounidenses para pagar los impuestos federales.

Algunos pueden encontrar que los empleadores prefieren clasificarlos como trabajadores subcontratados en lugar de empleados para hacer que la carga de las retenciones recaiga en los empleados, que entonces serian considerados independientes.

En el caso de los trabajadores subcontratados, es imperativo que soliciten un formulario 1099, que es el que se utiliza en EE.UU. para declarar los ingresos de las empresas para las que trabajan.

Deben pedir detalles que indiquen cuando se recibieron unidades individuales de bitcóin o similares y el precio de cada una.

Esto ayudará a los que reciben esta forma de compensación a calcular sus obligaciones fiscales con precisión. Tenga en cuenta que los no empleados son responsables de pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (un impuesto del 15,3% que se destina al Seguro Social y Medicare).

Software como cryptotrader.tax y bitcoin.tax pueden ayudar a llevar el registro. Los receptores deben pagar el impuesto sobre la renta ordinario por el valor justo de mercado de las monedas en el momento de recibirlas.

También tendrán que pagar impuestos sobre las ganancias de capital cuando vendan o cambien las monedas por otras divisas digitales.

Si lo hacen en el plazo de un año, estarán sujetos a las tasas impositivas sobre las ganancias de capital a corto plazo (que suelen ser las mismas que las tasas impositivas sobre la renta ordinaria) o, si es un plazo más largo, se enfrentarán a las tasas impositivas sobre las ganancias de capital a largo plazo (0%, 15% o 20%, dependiendo de su nivel impositivo).

Dado que los empleadores no retienen automáticamente los impuestos a los trabajadores subcontratados, generalmente se les aconseja a esos trabajadores que realicen pagos de impuestos estimados cada trimestre en lugar de enfrentar una gran factura cuando presenten sus declaraciones.

Con las criptomonedas, puede ser difícil estimar lo que se debe, por lo que los trabajadores independientes deben considerar pagar el 100% (o el 110%, si ganan mas de US$150.000) de lo que pagaron el año anterior.

Hacerlo ayudará a evitar multas por pago insuficiente cuando se cuadren las cuentas al final del año fiscal.

Algunos devotos de las criptomonedas pueden mostrarse reacios a vender cualquier tenencia para realizar esos pagos estimados y preferirían enfrentar la multa por pago insuficiente.

Esa podría ser una señal de alerta para que el IRS inicie una auditoria. Es aconsejable acordar con el empleador con antelación cuando se calcula el valor de la compensación en criptomoneda?

¿Es cuando termina un periodo de trabajo? ¿O cuándo se debe pagar? Dada la volatilidad del bitcóin y otras monedas, unos pocos días pueden marcar una gran diferencia en lo que se paga.

También es útil ponerse de acuerdo sobre cómo compensar cosas como los días de vacaciones pagados, dice Nicole Green, directora de NGG Tax Group.

Sea lo que sea, los trabajadores deben asegurarse de que se indique claramente y no solo a discreción del empleador.

Quienes trabajan para empresas centradas en las criptomonedas pueden recibir una compensación en forma de tokens privados que no se negocian tan fácilmente como el bitcóin, ethereum o litecoin.

Averiguar el valor justo de mercado de esos tokens puede ser complicado a la hora de calcular los impuestos que se deben pagar, pero los poseedores de tokens no deberían usar eso como un pase libre para ignorar las normas de declaración.

Además, esas monedas se pueden otorgar como compensación adicional que se devenga, similar a las opciones sobre acciones.

Pero hay una distinción importante. Con las opciones sobre acciones, el receptor tiene la capacidad de reconocer parte de los ingresos antes de pagar menos impuestos en el futuro.

Es probable que el IRS no permita que un poseedor de tokens privado haga la misma elección, según Matt Metras, agente registrado que trabaja con una docena de clientes que son compensados en criptomonedas.

El enfoque más inteligente para los interesados en recibir pagos en monedas digitales suele ser un híbrido, con algunas compensaciones en criptomonedas y otras en dólares. Para los más optimistas sobre el futuro de las monedas digitales, es mejor invertir en ellas directamente que jugar con su sueldo.

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Las sanciones a empresas que no apliquen normas de seguridad y salud

 Pueden ir de 1 hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del tamaño de cada empresa.

Por disposición del Gobierno, las empresas deben garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores.

La pandemia del covid-19 posicionó la temática de la seguridad y la salud en el trabajo como eje fundamental para la reactivación de las actividades económicas.

Y es que su importancia resalta para garantizar el retorno a los trabajos mientras se mitiga el riesgo de contagio del virus.

Actualmente, el país cuenta con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, que establecen los requisitos para la seguridad y salud en el trabajo, sistemas cuyos costos varían dependiendo de los peligros propios de la operación y procesos, así como del tamaño de la empresa, los insumos, materias primas y productos desarrollados.

Así las cosas, Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), recordó que el decreto 472 de 2015 estableció los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, las cuales pueden ir de 1 hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, la sanción puede ascender a $908’526.000. Estas multas están tasadas de la siguiente manera:

Multas por incumplir la seguridad y la salud en el trabajo según tamaño de las empresas.

Adicionalmente, se establecen en dicho decreto los términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así:

- De 3 días a 10 días hábiles.

- De 10 días a 30 días calendario, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior.

Sanciones a empresas que no apliquen normas de seguridad y salud en el trabajo | Empresas | Negocios | Portafolio

Ya superamos los primeros 500 usuarios que han decidido transar criptoactivos

 Entre las metas de 2021 están iniciar el piloto de criptoactivos para llegar a $100 millones transados y completar tres millones de usuarios

La alianza de MOVii y Bitpoint inició el piloto de transacciones de criptomonedas en el Sandbox de la Superintendencia Financiera. Hernando Rubio, CEO de la Sedpe, habló de los resultados que ha registrado esta iniciativa y los planes de la compañía para este año.

¿Cuál ha sido el desempeño de la compañía en 2021?

A lo largo de 2021, MOVii ha mantenido su liderazgo en la categoría de las Sedpe. Estamos próximos a alcanzar dos millones de usuarios y esperamos cerrar el año con tres millones.

¿Qué productos lanzarán este año?

Siempre hemos construido un producto en función de las necesidades de nuestros usuarios, por eso en 2021 nos dedicamos a mejorar algunas de las funcionalidades que tenían oportunidades y a crear nuevos productos en relación a lo que el mercado necesita: giros internacionales (más conocidos como remesas), pagos vía PSE, seguros y criptoactivos.

¿Cómo les ha ido con el piloto de criptoactivos de la Superfinanciera?

Muy bien. Fuimos la primera entidad autorizada por la Superfinanciera en el marco del piloto de laArenera. Ya llevamos un mes al aire con nuestro aliado Bitpoint, permitiendo que las personas puedan cargar su cuenta Bitpoint desde MOVii.

¿Cuánto han transado en criptoactivos?

Hace unos días superamos nuestros primeros 500 usuarios transando en cripto, de los cuales 91% está haciendo operaciones de compra de criptoactivos. En pocos días llegamos a los primeros $100 millones transados en criptoactivos, seguramente la cifra seguirá creciendo.

LOS CONTRASTES

Erick RincónPresidente de Colombia Fintech

“El proyecto de la Superintendencia Financiera desarrollado al interior del Sandbox permite aclarar cómo las instituciones vigiladas pueden operar depósitos y retiros de criptomonedas”.

¿Cuál ha sido el desempeño de la tarjeta Movii?

Nuestra tarjeta siempre ha sido una estrella en la ecuación. En nuestro segmento de subsidios, que se creía que era de los usuarios menos digitales y por eso se les pagaba vía giros, hemos visto que la adopción de tarjetas es impresionante: tenemos una gran cantidad de usuarios de subsidios con una tarjetas activas.

Están por estrenar giros internacionales, ¿en qué consiste este producto?

En los próximos días estaremos lanzando este producto en nuestra app para que las personas puedan enviar y recibir dinero en más de 130 países. Colombia es uno de los mercados con mayor cantidad de remesas realizadas. Entendiendo esa necesidad lanzaremos este producto con las ventajas que les podemos ofrecer: mejores costos, sin tiempo de espera para recibir el dinero en el otro lugar y con la ventaja de conocer cuánto será su envío en la moneda local desde el momento en que lo hacen.

¿Qué otros planes tienen?

La noticia más reciente es que somos un nuevo adquirente en el país, con licencia de Mastercard y Visa para recibir transacciones de todas sus tarjetas. Vamos a empezar a lanzar productos para que emprendedores puedan cobrar de manera digital a través de link de pagos, códigos QR y datáfonos. Ya tenemos el primer producto en modo de piloto controlado con algunos comercios para que puedan cobrar digitalmente a través de link de pagos.

Los beneficios tributarios por contratar población vulnerable o joven

 Mintrabajo, la Dian y Prosperidad Social presentaron una cartilla a manera de guía.

El Ministerio de Trabajo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) socializaron los beneficios tributarios que trae consigo la contratación para los empleadores que contraten población en condición de pobreza o vulnerabilidad, una estrategia impulsada desde el Gobierno para reactivar la economía.

“Seamos solidarios con un momento tan difícil como el que vive Colombia, hoy se reclama el apoyo de todos. El Gobierno Nacional está colocando incentivos tributarios para que los empresarios incluyan en sus nóminas a mujeres y jóvenes, población muy golpeada por la pandemia. Valle del Cauca, la Costa Atlántica y Bogotá ya han acogido la iniciativa para motivar a los empresarios a ocupar a los jóvenes entre 18 y 28 años”, comentó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

Dentro del paquete de incentivos que presentó el Gobierno a los contribuyentes y a los generadores de empleo están también rentas exentas, descuentos tributarios y créditos fiscales. En el caso de la contratación de personas en condición de discapacidad, existen deducciones hasta del 200 % y puntos favorables cuando presenten licitaciones públicas.

Así mismo, hay incentivos relacionados con la reducción por el pago de salarios por primer empleo, vinculación de personas mayores de 57 años y exclusión de pagos a Cajas de Compensación por contratación a jóvenes entre 18 y 28 años, lo que se complementa en el Decreto 688 que beneficia al empleador con un 25 % de un salario mínimo por cada nuevo puesto de trabajo para este segmento poblacional.

Según Luis Carlos Quevedo, director de gestión de fiscalización de la Dian, se están concretando 20 beneficios tributarios.

“Esta cartilla lo que hace es traer esos beneficios tributarios que tenemos ya vigentes con el objeto de que sean conocidos por los empresarios y emprendedores para que se tenga claridad sobre cómo acceder a cada uno de esos beneficios tributarios. Cuando hablamos de estos beneficios podemos estar hablando desde exenciones hasta descuentos de un 25% hasta 200% en lo referente específicamente a renta”.

La cartilla específica también el beneficio por creación de empresas de Economía Naranja, que generen empleo y las exonera de renta los próximos 7 años.

“Contamos con beneficios en la tarifa de impuestos sobre la renta para las micro y pequeñas empresas del 25% y medianas y grandes empresas, del 50% para nuevas sociedades que inicien sus actividades en las zonas más afectadas por el conflicto armado”, indicó por su parte la directora General de Prosperidad Social, Susana Correa.

Según el Gobierno, entre jóvenes y personas vulnerables se espera cobijar a 900.000 beneficiarios.

(1) Los beneficios tributarios por contratar población vulnerable o joven | Impuestos | Economía | Portafolio

 

Las causas del fin de las tasas bajas, además del alza de la inflación

El aumento de la tasa de intervención del Emisor también se justifica para no castigar el ahorro.

Emisor prevé que IPC cierre el año en 4,1 %, y analistas subrayan se busca evitar su desborde.

Luego del impacto de la pandemia, que llevó al Banco de la República a reducir de forma considerable su tasa de intervención para facilitar la recuperación de los sectores productivos, y tras casi un año de mantenerla en 1,75 por ciento, contando la decisión de la junta directiva del viernes anterior, el país se alista para que una política monetaria un poco más restrictiva por parte del Emisor, a raíz de las presiones que viene teniendo la inflación, cuya cifra anualizada a junio iba en 3,63 por ciento y en julio llegó a 3,97 por ciento, según el Dane.

Pero, adicionalmente, hay otros elementos en la economía que podrían desajustarse de continuar con un nivel de tasa real (descontando la inflación) que hoy es negativo, y que es preciso corregir para evitar efectos colaterales.

De hecho, en las minutas de la reunión de los codirectores del Emisor, que se conocieron este martes, los codirectores de la entidad reseñaron que la aceleración de la inflación obedeció, primordialmente, a choques de oferta originados en el alza de precios de los alimentos perecederos por las dificultades de abastecimiento en medio de los bloqueos viales, así como producto del retiro parcial de los alivios a las tarifas de servicios públicos y el aumento en el precio de los combustibles.

Y a ello se sumaron factores de origen externo, como el incremento de los precios internacionales de bienes básicos y materias primas y los mayores costos logísticos y de transporte marítimo, que acentuaron la presión sobre el índice de precios al consumidor (IPC), aunque destacaron que la inflación sin alimentos ni regulados continuó en un nivel bajo, de 1,87 por ciento en junio.

Por estos factores, los miembros de la junta directiva coincidieron en que se estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia, pero también por la consecutiva revisión al alza de los pronósticos de crecimiento.

Por ello, su debate interno giró en torno a las razones que justificarían una decisión inmediata o posterior para iniciar el retiro parcial del estímulo monetario que la economía ha venido recibiendo desde el inicio de la pandemia, es decir, comenzar a subir las tasas desde la próxima sesión o dar un margen de tiempo adicional.Aspectos de fondo

Para Andrés Langebaek Rueda, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, la principal preocupación que está viendo el Emisor es el crecimiento, ya que si bien todo desemboca en la inflación, el banco tiene otros objetivos, entre ellos que la economía crezca y que no existan desajustes que la afecten.

Y explica que una inflación anual de 3,63 por ciento a junio y una tasa de intervención del 1,75 por ciento quiere decir que la tasa es ‘supernegativa’ en términos reales, y mantenerla no es sensato ni conveniente, no solo porque puede haber un crecimiento demasiado grande en el PIB y en la demanda que termine por generar alzas más fuertes en los precios, sino porque hay otros desbalances que se dan cuando las tasas de interés son muy bajas.

Por ejemplo, el ahorro recibe una remuneración muy baja y esos bajos intereses castigan la rentabilidad, que en el caso pensional puede generar bajos rendimientos para los afiliados, y en los fondos privados las personas tendrían que ahorrar más tiempo para tener la misma pensión, dado que su plata rentaría menos.

El analista señala también que si bien estas tasas muy bajas pueden favorecer a quienes quieren tomar deuda, la tarea del Banco de la República es que exista un punto de equilibrio entre unos y otros.

Y comparte la tesis de que es muy probable que este año ya no se cumpla la meta de inflación, cuyo rango meta es del 2 al 4 por ciento, porque en octubre se podría llegar al 3,9 por ciento anual, en noviembre al 4,1 por ciento y el año cerraría en 4,2 por ciento, según las proyecciones del Grupo Bolívar.

De hecho, en su informe semestral al Congreso, el equipo técnico del Banco de la República ahora pronostica que la inflación finalizará el año en 4,1 por ciento, fuera del rango meta, y ratifica que se prevé que su junta directiva aumentará la tasa de intervención en los próximos meses e, incluso, según el documento, el pronóstico de trayectoria de la tasa de intervención estimado por sus codirectores es más alto que el visto por los analistas encuestados en julio.

“El banco dice que si bien la inflación no la vamos a cumplir este año muy probablemente, su escenario central es que va a volver a entrar a encajar en el rango meta, pero existe un riesgo de que no y por eso es mejor evitar un riesgo de desborde”, explica Langebaek.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, manifiesta que sus estimaciones apuntan a que el año cierre con una tasa de intervención del 2,25 por ciento, para dos incrementos antes de acabar el año, uno en octubre y otro en diciembre.

Pero señala que este ciclo de incremento de tasas de interés muy seguramente será más lento de lo esperado. Esto porque si bien la tasa neutral en Colombia está alrededor del 4,25 por ciento, la economía sigue en fase de recuperación y crece por debajo de su potencial, al tiempo que en 2022 será más complejo mantener el ritmo de avance que se logre en 2021 frente al bache de 2020.

Dólar y materias primas presionan

Según Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, el aumento de tasas para evitar que la inflación se desborde el próximo año será gradual porque se prevé un año 2022 flojo, ya que el aumento en el dólar que se ha visto este año va a encarecer los bienes importados, generando presiones sobre los precios al consumidor y una menor inversión.

Y explica que a esto se une que los valores de las materias primas a nivel internacional están subiendo mucho, por la reactivación, y eso en la práctica genera presiones adicionales en el índice de precios al consumidor, que hacen que el Banco de la República esté un poco preocupado.

Según el analista, a nivel mundial, este año, hasta agosto, los precios del aceite de palma han subido 96 por ciento; los del maíz, un 65 por ciento; los del azúcar, un 38 por ciento, en tanto que los del trigo han repuntado 14 por ciento, y no es seguro que sus costos se moderen durante el 2022.

Podrán deducir impuestos si contratan población vulnerable

 

Las empresas podrán acceder a estos beneficios de inmediato. 

El Gobierno de Iván Duque, con la finalidad de facilitar la empleabilidad de los sectores vulnerables, implementó una serie de alivios tributarios para las empresas que contraten víctimas del conflicto, personas en situación de pobreza, de discapacidad o adultos mayores, entre otros.

“Dentro del paquete de incentivos están: rentas exentas, descuentos tributarios y créditos fiscales. En el caso de la contratación de personas en condición de discapacidad, existen deducciones hasta del 200 por ciento y puntos favorables cuando presenten licitaciones públicas”, indicó el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera.

En el caso de que una empresa emplee a mujeres víctimas de la violencia, y que sea comprobable, podrá deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.

Si una organización está interesada en contratar personas con discapacidad tendrán derecho a deducir de la renta el 200 por ciento del valor de los salarios y prestaciones sociales. La cuota de aprendices, la cual es obligatoria, podrá disminuirla en un 50 %.

“Hay beneficios en la tarifa de impuestos sobre la renta para las micro y pequeñas empresas del 25 % y medianas y grandes empresas, del 50 % para nuevas sociedades que inicien sus actividades en las zonas más afectadas por el conflicto armado”, afirmó la directora General de Prosperidad Social, Susana Correa.

Si una compañía quiere contratar adultos mayores, que no tengan pensión, también tendrá beneficios. En este caso será en el impuesto sobre la renta con una deducción del 120 %.

Estos beneficios se pueden generar si la contratación se hace directamente y no por empresas de servicios temporales.

En la cartilla también se contempla el beneficio por creación de empresas de economía naranja, que generen empleo y las exonera de renta los próximos 7 años.

¡Atención empresas! Podrán deducir impuestos si contratan población vulnerable | Noticias elempleo.com

Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital

 

El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca

En el lanzamiento de la nueva herramienta Radian para impulsar el factoring electrónico en el país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), anunció que dejará atrás el Muisca y se dará paso a un nuevo sistema.

El director de la entidad, Lisandro Junco, aseguró que para hacer esta renovación se invertirán US$250 millones y que el proceso licitatorio para la transformación terminará en enero del próximo año.

Anunciaron que se acabará el Muisca y se dará paso a un nuevo sistema. ¿Cuál es el costo de esta transformación?

Vamos a invertir US$250 millones, que son de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. De esos US$250 millones, 80% equivale a nuevas plataformas tecnológicas. Hay que recordar que la Dian solo tiene un software, que es Muisca, sin embargo, vamos a tener cinco softwares con varias aplicaciones.

LOS CONTRASTES

Iván DuquePresidente de Colombia

“Una de las grandes apuestas de nuestro Gobierno ha sido la modernización del Estado. La Dian ha sido protagonista de este proceso”.

¿Cuáles van a ser?

El primero es el nuevo sistema de gestión tributaria, queremos darle una vista 360 al contribuyente. Lo segundo es el sistema de gestión aduanera, que nos va a permitir tener, en tiempo real, los movimientos de mercancías. Lo tercero es tener un software de analítica, porque la Dian lo que tiene en este momento son datos, y hay que monetizar esos datos para luchar contra la evasión.

Cuarto, tenemos que entender que nuestros servicios tienen que ser multinube híbrida. Y el último tema son los servicios compartidos.

¿Este sistema ya tiene un nombre?

No lo hemos bautizado, pero en este momento ya estamos ad portas de sacar el proceso licitatorio. Tenemos que asignar esta licitación, de talle internacional, en enero de 2022.

Lo que nos ha ordenado el señor Presidente Iván Duque es que en enero de 2022 ya tenemos que tener el desarrollador y el camino para alimentar la información de Muisca a estos nuevos softwares.

¿Cómo quedará el sistema colombiano frente a los demás de la región?

Nosotros tenemos un objetivo mayor y es ser la primera administración tributaria y aduanera digital. Que uno no piense en la Dian como el funcionario con una chaqueta en un aeropuerto, en un puerto o en las calles; la Dian va a ser cualquier mecanismo de captura de datos, a eso es a lo que le estamos apostando y obviamente no hay precedentes en la región ni en el continente.

Hablando de Radian, ¿cómo contribuirá esta nueva herramienta a la reactivación?

El sinónimo de Radian es liquidez. Hoy en día 60% de las facturas electrónicas que se emiten en la Dian, que son más de cinco millones, tienen ventas a plazos. Lo que nuestros empresarios necesitan es liquidez y en ese objetivo creemos que Radian les va a permitir vender esas facturas o financiar esas facturas a tasas muy económicas en pro de poder seguir adquiriendo materia prima. Hay un logro mucho más importante que van a tener esos empresarios y es mantener el empleo.

¿Cuál es la meta con esta herramienta?

La apuesta es poder tener 60.000 emisores que transen facturas electrónicas dentro del sistema Radian.

“Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital” (larepublica.co)

Inversión extranjera directa: oportunidad para sectores estratégicos tras un mal año

 

El 2020 será recordado como el año con menor inversión extranjera directa (IED) recibida en América Latina y el Caribe en la última década. En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia, la región recibió durante el año US$105.480 millones por este concepto, lo que representa un 34,7% menos que en 2019 y 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012.

A nivel mundial, los montos de IED se redujeron un 35%, alcanzando aproximadamente US$1 billón, lo que representa el valor más bajo desde 2005. Latinoamérica se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en algunos países de América del Sur.

De acuerdo la CEPAL el contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta y dispar. La búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación y planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales…

Dian podrá otorgar rebajas de capital, intereses y sanciones a empresas en reorganización

 

Mincomercio expidió el Decreto 939 de agosto 19 de 2021, mediante el cual reglamenta el Decreto Ley 560 de 2020 para establecer la forma en que se podrán otorgar rebajas de capital, intereses y sanciones a empresas en procesos de insolvencia y/o reorganización afectadas económicamente por el COVID-19.

El pasado 19 de agosto de 2021 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 939, por medio del cual agregó los artículos del 2.2.2.9.7.1 hasta 2.2.2.9.7.7 al DUR 1074 de mayo de 2015, reglamentando de esa forma la norma del parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Ley 560 de abril de 2020 (declarado exequible con la sentencia de la Corte Constitucional C-237 de julio 8 de 2020) por medio del cual se establecieron procesos abreviados (que durarían solo hasta abril 15 de 2022) para permitir que las empresas (de persona natural o jurídica) afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 puedan acogerse a procesos de reorganización.

En la norma del parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Ley 560 de abril 2020 se había dispuesto lo siguiente:

Parágrafo 3. A efectos de preservar la empresa y el empleo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital. Las acreencias de primera clase a favor de estas entidades públicas quedarán subordinadas en el pago dentro de dicha clase, respecto de las acreencias que mejoren su prelación, como consecuencia de la financiación a la empresa en reorganización, por parte de los titulares de acreencias afectas al concurso.

En vista de lo anterior, a través del Decreto 939 de agosto 19 de 2020 se indicó lo siguiente:

“podrán solicitar a la Dian y demás entidades del Estado (nacionales o territoriales) que les concedan rebajas sobre el capital, los intereses y las sanciones que les estén adeudando a tales entidades. ”

a. Solamente las empresas que actúen entre abril 15 de 2020 y abril 15 de 2022 acogiéndose a los procesos de insolvencia y/o reorganización empresarial contemplados en la Ley 550 de 1999, la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 de abril de 2020 y el Decreto Ley 772 de junio 3 de 2020, y que lo hayan hecho a causa de la emergencia social y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, podrán solicitar a la Dian y demás entidades del Estado (nacionales o territoriales) que les concedan rebajas sobre el capital, los intereses y las sanciones que les estén adeudando a tales entidades.

b. Las anteriores rebajas de capital no se podrán conceder sobre los valores que estén adeudando por concepto de retenciones en la fuente, IVA o INC, pues tales tributos son simplemente recaudados por las empresas que entran en insolvencia pero ya fueron pagados por los consumidores finales.

c. Las rebajas de capital, intereses y sanciones no podrán aplicarse a deudas derivadas de decisión de condena en procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República o por las contralorías territoriales.

d. Las entidades territoriales podrán hacer rebajas de capital, intereses, sanciones o multas cuya administración tengan a su cargo, pero primero deberán aprobarlo mediante sus asambleas departamentales o concejos municipales.

e. Los porcentajes máximos de rebaja serán los establecidos en la tabla de 6 rangos que quedó contenida en el artículo 2.2.2.9.7.4 del DUR 1074 de mayo de 2015, los cuales serán mayores si la empresa que entra en insolvencia acuerda hacer el pago de sus acreencias en un tiempo más corto. Así, por ejemplo, si se pacta hacer el pago en los primeros 3 años de ejecución del acuerdo de reorganización, se le podrá conceder una rebaja del 40 % del capital y del 80 % de las sanciones e intereses. Pero si acuerda hacer el pago en los primeros 4 años de ejecución del acuerdo de reorganización, se le podrá conceder una rebaja del 30 % del capital y del 70 % de las sanciones e intereses. En el último rango de la tabla se indica que si las acreencias las piensa cubrir en períodos de más de 7 años, entonces la rebaja del capital, de los intereses y de las sanciones serán de 0 %.

f. Será causal de pérdida de los beneficios la declaratoria por parte del juez concursal de incumplimiento por el no pago oportuno de las cuotas y obligaciones que se deriven del cumplimiento del acuerdo, así como el no pago de las obligaciones que por ley se consideren como gastos de administración.

Beneficios para empresas en reorganización e insolvencia (actualicese.com)

Tributaria: con factura electrónica atajarán evasión en venta de inmuebles

 

Las notarías mantendrán el deber de informar que la escritura debe reflejar el valor de la venta.

La idea del sistema de georreferenciación en la Dian no se ajustaba a la realidad tras la pandemia.

En la ponencia del proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria, con la que se inicia el primer debate en el Congreso, los ponentes y el Gobierno acordaron eliminar el artículo 9, que creaba un sistema de georreferenciación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el cual los notarios deberían utilizar para establecer el valor el valor de los inmuebles de las compraventas que se protocolizan con escrituras ante las notarías.

Aunque para algunos el cambio podría interpretarse como un retroceso en la idea de la lucha contra la evasión, el senador Juan Samy Merheg, autor de la iniciativa de retiro del artículo, justificó la proposición argumentando que, legalmente, la fijación del valor comercial de los bienes inmuebles en Colombia no es potestad de la Dian, y que hacerlo iba en contra de la autonomía de la voluntad privada de los particulares para establecer las condiciones de los contratos y negocios jurídicos por ellos celebrados y el principio contractual de consensualidad, entre otros.

Y además, en momentos en que el país necesita dinamizar la economía, podría ocurrir que comercialmente y para la Dian, un inmueble cueste, por ejemplo, 800 millones de pesos, pero realmente dentro del mercado solo ofrecen por este entre 600 o 700 millones, o que su dueño sea alguien en una condición de insolvencia y necesite liquidez.

En ambos casos, según la proposición, esto haría que muchos propietarios tuvieran que vender sus bienes muy por debajo del valor que fije la Dian, pero terminarían pagando un impuesto mayor a las ganancias ocasionales por un valor que realmente no reciben en su totalidad, dadas estas situaciones del mercado o de decisiones en que las partes pacten un menor valor.

Además el artículo retirado obligaba a los notarios a registrar las transacciones por el valor que indicara dicho sistema de georreferenciación, para no convertirse en responsables solidarios ante la Dian por la diferencia de valores, o simplemente haría que el negocio no se celebre.Momento inconveniente

Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a EL TIEMPO que en la coyuntura actual una medida de este tipo puede generar dificultades porque puede haber muchas ventas que estén siendo afectadas por el impacto de la pandemia y esto haría que las transacciones no reflejaran correctamente su valor en las condiciones de mercado actuales.

Y dijo que aunque es claro que esta medida no se entendería bien de cara a la reactivación económica del país, en el proceso de construcción de la ponencia el director de la Dian, Lisandro Junco, dijo que con el incremento que se está proponiendo en el uso de la factura electrónica para nuevas transacciones, por allí también se puede hacer un control de la compra venta de viviendas para efectos de tributación.

“Él no le ve inconveniente e incluso cree que con lo ya tiene en factura electrónica es suficiente”, aseguró el ministro Restrepo.

400.000 empresas podrían tributar con régimen simple

 Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que este punto que se amplió en la reforma alivia la carga impositiva de las pequeñas compañías.

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, destacó la importancia de la normalización.

Esta semana el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social pasó su primer debate en el Congreso. El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló de los principales cambios y lo que se espera para su aprobación final.

¿Qué tanto cambió lo que se presentó el 20 de julio frente a lo que hay hoy?

En principio teníamos 35 artículos y hoy 55, porque se eliminó uno en el debate. Es importante entender que esta iniciativa se construye también con el Congreso y todas las propuestas que se incluyeron responden a las líneas esenciales de la iniciativa: se tienen nuevas fuentes ingresos, un mecanismo diferencial para fortalecer el régimen simple, nuevos instrumentos de reactivación y un foco social en la mujer.

Tampoco se toca a la clase media, no se afecta a pensionados y no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta. Coincidimos en la necesidad de una renta básica de emergencia, el subsidio a la nómina, en extender programas como el de subsidio a los jóvenes para generación de empleo y que haya también sostenibilidad fiscal.

¿Cómo afectan al recaudo estos cambios?

Hay dos cosas nuevas de renta: las facilidades de pago en materia tributaria pueden generar $0,6 billones, $0,3 billones este año y otros $0,3 billones el próximo, y las facilidades para la enajenación de activos previamente incautados a la mafia nos permite tener un acceso a un potencial de $1,4 billones en activos inmobiliarios y $2,4 billones en sociedades de comercialización, que no se va a dar hasta que se realice esto, pero que más adelante puede beneficiar al país. El cambio sería en las fuentes transitorias, el recaudo de $15,2 billones se refiere a las fuentes permanentes.

También hay cambios que generan más gasto, ¿cuánto pueden costar?

En el subsidio a la nómina, ese apoyo de cinco puntos adicionales es del orden de $40.000 millones este año. El apoyo a las empresas afectadas por el paro es un esfuerzo de unos $400.000 millones. Todavía no tenemos el dato exacto de cuántas empresas se beneficiarían, pero tendrían que ser firmas afectadas por los bloqueos y claramente en ingresos.

Un artículo establece IVA a las compras digitales desde el exterior por debajo de US$200, ¿cómo manejar esto con los TLC?

Justamente por ello el artículo que se incluye respeta en su integridad los acuerdos de libre comercio vigentes. Vale decir que se respetarán esos beneficios adquiridos con aquellos dos países con los cuales se ha firmado un beneficio de ese tipo de minimis, particularmente con EE.UU., porque en Corea es más con aranceles. Ninguno otro lo tiene.

Lo que se busca es que todo aquel sin acuerdos e importe por debajo de US$200, deberá pagar IVA para que se logre una equidad tributaria con lo que se produce a nivel nacional.

La mayoría del tejido empresarial son microempresas, ¿no se les da muy duro con una tarifa de renta de 35%?

Por eso es que estamos fortaleciendo al régimen simple. Se incrementa el margen para que más empresarios, calculamos que alrededor de 400.000, puedan terminar tributando menos. Estamos hablando solo de micro y pequeñas empresas, y como queda concebido la idea es que todas las micro y pequeñas empresas puedan ser parte del régimen simple.

La normalización ha sido muy sido criticada, ¿no es efecto negativo seguir usando este mecanismo?

Por eso se contempla una tarifa superior y un componente adicional de anticipo. Acá lo importante es lograr que esos capitales que no se han declarado lo hagan y empiecen a tributar en el país, y ese es el mejor camino para hacerlo.

¿Cómo seguiría el cronograma del proyecto?

Lo que viene ahora es el debate en plenarias de Senado y Cámara. Esperaría que se dé en la semana entre el 7 y el 10 de septiembre y que podamos avanzar lo más rápido posible por las necesidades sociales del país, porque a final de cuentas esta iniciativa tiene como propósito esta estructura de protección social, que con los otros programas vigentes permitirían llegar a 25 millones de colombianos.

Si bien la reforma atiende necesidades de gasto, no resuelve otros problemas estructurales, ¿se necesita otra reforma pronto?

Esta reforma, con las rentas permanentes que tiene, reduce el déficit fiscal gradual y progresivamente, genera superávit fiscal primario entre 2024 y 2025 y reduce la deuda pública y la estabiliza en un orden de 62%. Eso lo logra la reforma, si se quiere hacer algo adicional ya correspondería al próximo gobierno estudiarlo.

¿Cuándo arrancaría la discusión de Presupuesto?

Esta semana lo presentamos a las comisiones económicas. Es un presupuesto histórico, difícil de lograr, porque había que garantizar primero la sostenibilidad social, luego la reactivación económica y tercero un compromiso con la austeridad en el gasto público y reducir el déficit fiscal, porque se retorna a la regla fiscal, y por eso se llega al final a un presupuesto ese orden, de $350 billones. Es histórico en materia de inversión, cerca de $62 billones, con un énfasis en lo social y en la reactivación.

¿Cómo están las perspectivas del PIB?

En el Ministerio nos mantenemos en 6%, pero vemos que los actores nacionales e internacionales ya están hablando del 7% y el 8%, pues hay optimismo respecto a la reactivación económica. La resiliencia de la economía y el empresariado están mostrando una enorme capacidad de reactivación, más rápida de lo que se había pensado, y en la medida en que esto siga así será una gran noticia para el país y el empleo.

¿Qué falta para que se refleje esto en el empleo?

Lo primero es crecer y lo segundo es contar con instrumentos nuevos para generar empleo, como los subsidios a la nómina para jóvenes entre 18 y 28 años de la ley de inversión social, así como otros subsidios, son incentivos muy valiosos.

De podrían generar alrededor de 700.000 nuevos empleos y se cuidarían 400.000, y a eso hay que sumar el plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, que tiene la meta de generar 2 millones de trabajos formales.

‘400.000 empresas podrían tributar con régimen simple’ | Reforma tributaria | Economía | Portafolio

El 11,2% de colombianos aseguró que no recibió ingresos en julio

 El Dane publicó el informe Pulso Social en el que reveló que a 8 de 10 personas no les alcanza para ahorrar.

De cada 10 ciudadanos, uno no percibió ingresos en julio. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su reporte de Pulso Social para julio, en el cual reveló que 11,2% de los colombianos no devenga ingresos actualmente, una tasa que asciende a 13,7% en el caso de las mujeres y se mantiene en 7,2% para los hombres.

Justamente, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, enfatizó en este punto como un indicador que permite medir la recuperación de los hogares, ya que si se compara con el resultado de julio de 2020, mes en que el Dane empezó a registrar la encuesta Pulso Social, se percibe una diferencia de 16,4 puntos porcentuales (pps), dado que en julio de 2020 eran 27,6% de las personas las que aseguraban no estar percibiendo ingresos.

En julio de 2020 el porcentaje de hombres que indicó no estar registrando ingresos estaba en 22,1%, 14,9 puntos por encima del dato de julio de este año, y por el lado de las mujeres eran 30,9%, lo que implica una diferencia de 17,2 pps en la variación anual en la medición.

“Una de las variables más importantes que nos mide indirectamente qué está pasando con las condiciones de empleabilidad está asociada con la pregunta que hacemos de si usted tiene ingresos o no, y si tiene, si pueden ahorrar o no. La situación más crítica es que nos digan, no tengo ingresos”, comentó Oviedo.

El director del Dane se refirió a como para el mes de julio se tiene una brecha de casi 5 puntos porcentuales en la respuesta cuando el “informante idóneo” (el jefe de hogar) forma parte de una familia que durante el último año ha estado en situación de pobreza, ya que en estos casos la posibilidad de no contar con ingresos asciende a 13,9%.

“Para los hogares que estaban fuera de esa condición de pobreza vemos una menor prevalencia, de apenas 8,9% de ellos respondiendo no contar con ingresos”, explicó Oviedo.

Así mismo, el Dane dio a conocer que, por regiones, la ciudad con el mayor porcentaje de personas que respondieron en julio que no tienen ingresos están en Sincelejo, con 40,3% de la población encuestada en la ciudad, seguida por Popayán (39,8%) y Valledupar (38,5%). Por el contrario, en Bucaramanga el porcentaje de personas que respondieron no devengar ingresos está en 2,8%, en Santa Marta en 4,1% y en Pasto en 4,6%, lo que ubica a estas tres ciudades como las del indicador más bajo.

Por otro lado, la entidad informó también que 77,3% de los jefes de hogar consultados por la autoridad estadística respondió negativamente a la pregunta sobre si actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos y solo 11,5% de los ciudadanos de las 23 principales ciudades del país respondieron afirmativamente.

En el caso de los hogares que se catalogan como pobres la imposibilidad de ahorrar está en 81,5% de las personas en esta categoría, mientras que 73,8% de los que no son pobres indicaron no poder guardar parte de su ingreso. En el caso de los que sí tienen posibilidad de ahorrar, la brecha es mucho mayor, pues solo 4,6% de los hogares pobres está en posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que si se mira por los hogares que no se encuentran en niveles de pobreza la posibilidad asciende a 17,3% de las familias.

INDICADOR DE CONFIANZA

El reporte de Pulso Social presentó también el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que se ubicó en 35 puntos, el más alto de los últimos 13 meses, desde julio de 2020. Esto, además representa un aumento de 3,3 puntos frente al registrado en junio de este mismo año. Por sexo, este indicador fue 35,2 para los hombres y 34,9 para las mujeres.

El Dane mostró también como el 46,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en julio de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 42,4% era igual. Al mismo tiempo, para el 48,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 15,3% será peor.

“Estamos observando un nivel máximo de confianza del consumidor de 35 puntos. Todavía persisten algunas perspectivas muy negativas de parte de los hogares, pero estamos observando una corrección muy importante, es el mejor resultado no solo en lo corrido del año, sino desde que iniciamos con esta encuesta de Pulso Social”, dijo Oviedo.

Según el director del Dane, “tenemos una consolidación del nivel de confianza de los hogares, donde los motores fundamentales están asociados con el avance que han visto los hogares en la comparación presente pasado de la situación económica de los hogares”.

Por otro lado, el reporte también evidenció que 69,8 % de las familias dijo sentir que tiene menos posibilidades de acceder a artículos de primera necesidad actualmente, en comparación con hace 12 meses, y en cuanto a su capacidad de gasto, el 9,6 % de las familias cree que podrá salir de vacaciones en los próximos 12 meses, aumentando y alcanzando niveles similares a los que se tenían en diciembre del 2020.

EL EFECTO DE LAS VACUNAS

En la encuesta otro factor que se destacó es la brecha que se presenta en materia de vacunación, ya que mientras en los hogares pobres la respuesta afirmativa fue de 42,8% de las jefaturas de hogar, en aquellos que no son pobres la vacunación ya asciende al 66% de los encuestados, lo que muestra una diferencia de 23,2 puntos porcentuales.

“La brecha entre las jefaturas de hogar pobres, y aquellas que no se encontraban en situación de pobreza incrementó, ya que era de 21 puntos porcentuales en el mes de junio”, explicó Oviedo.

En cuanto al avance en la inmunización, la encuesta mostró como para julio se llegó a un nivel de 55,3% de los participantes.

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El efecto dominó de las insolvencias se acelerará este año por la pandemia de covid-19

 

Contar con una aseguradora de crédito comercial eficaz que identifique a los socios comerciales de alto riesgo romperá la cadena de posibles insolvencias

El primer semestre del año 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió 615 solicitudes de insolvencia por parte de empresas, lo que representa un aumento de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Si bien se hubiera esperado que fueran menos que el año 2020, un último informe de la entidad explicó que “la insolvencia tiene un periodo de maduración de seis a 18 meses, por lo que los rezagos de la crisis generarán un incremento de solicitudes del año 2020 en el 2021”.

Adicional a ello, con la previsión de que los gobiernos empiecen a eliminar las ayudas estatales este año y debido a la falta de liquidez, muchas empresas tendrán que enfrentarse al reto de lidiar contra la morosidad de los clientes, y el detectar a aquellos a quienes es seguro y viable venderle será clave para proteger a su empresa contra las insolvencias y poder seguir a flote.

La situación ha disparado la posibilidad de que las cadenas de suministro mundiales sufran un efecto dominó de insolvencias generalizado, lo cual significa una reacción en cadena que se inicia cuando una empresa insolvente es incapaz de responder por sus obligaciones con sus socios comerciales.

Los riesgos relacionados con la insolvencia de los clientes son claros: sin la protección adecuada, si vende a crédito se enfrenta a una pérdida financiera importante. Además, cabe la posibilidad de que se produzcan procedimientos judiciales prolongados y desgastantes.

Por otro lado, los riesgos relacionados con la insolvencia de los proveedores pueden ser igual de negativos: van desde la pérdida de anticipos y depósitos, hasta la interrupción de la producción y la prestación de servicios, que también pueden conducir a la insolvencia de su empresa.

En el actual entorno económico, la visibilidad y la conciencia del riesgo son indispensables. Tener una visión de 360 grados de lo que está ocurriendo a su alrededor y en el entorno de sus socios será clave para protegerse. Esto implica vigilar de cerca todos los factores que podrían conducir a la insolvencia del negocio e incorporarlos a su estrategia de gestión de las relaciones comerciales.

En este sentido, el seguro de Crédito es una herramienta clave que no se limita al pago de una prima y a una posterior indemnización, sino que comienza desde el principio y se centra, cada vez más, en la prevención predictiva de los riesgos comerciales latentes.

Una aseguradora de crédito comercial eficaz hará todo lo que esté a su alcance para identificar a los socios comerciales de alto riesgo y romper la cadena de posibles insolvencias antes de que comience.

Por ejemplo, nuestras evaluaciones de riesgo se basan en los datos de nuestra red de analistas que continuamente estudia los cambios diarios en la solvencia de las empresas que representan 92% del PIB mundial.

Si quiere proteger su negocio frente a la falta de pago de sus clientes contacte con nosotros.

El efecto dominó de las insolvencias se acelerará este año por la pandemia de covid-19 (larepublica.co)

PIB en Colombia creció 17,6% en el segundo trimestre de 2021

 

En el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto de Colombia creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020, valor que estuvo impulsado principalmente por las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, según lo explicó Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

De acuerdo con Oviedo, en los meses de abril, mayo y junio, todas las ramas de las actividades mostraron un crecimiento, pero entretenimiento y actividades artísticas sobresalieron por tener un aumento del 83,8%, seguida por transporte y alojamiento con un crecimiento de 40% y manufacturas con 32,5%, las cuales en conjunto aportaron 11,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Asimismo, el director del DANE explicó que el crecimiento reflejado en este segundo trimestre, obedeció también al comportamiento de factores como el gasto en consumo final que incrementó un 21,8 %, la formación bruta de capital que creció 29,5 %, las exportaciones con un aumento en 15,4 % y las importaciones con un crecimiento de 45,8 %.

Es de resaltar que para el primer semestre de este 2021, el PIB en Colombia creció 8,8% frente a los primeros seis meses de 2020. Sin embargo, para la serie corregida por efecto estacional, y en comparación con el primer trimestre de 2021, la economía decreció 2,4%.