Decreto Ley antitrámites 2106 de 2019 modificó 12 normas del Estatuto Tributario

El Gobierno expidió el Decreto Ley 2106 de noviembre de 2019, con 158 artículos, para suprimir o modificar trámites públicos. 

Con los artículos del 42 al 53 se modificaron 12 normas del ET, en su mayoría relacionadas con temas de procedimiento tributario. 

Repitiendo lo que en el pasado se hizo con el Decreto Ley antitrámites 019 de enero 10 de 2012 (expedido bajo la administración del Gobierno Santos), esta vez el Gobierno del presidente Duque, utilizando las facultades especiales del artículo 333 de la Ley 1955 de 2019 (ley que estableció el Plan Nacional de Desarrollo –PND– por la vigencia 2018 a 2022), expidió su propio Decreto Ley antitrámites 2106 de noviembre 22 de 2019, el cual, a través de sus 158 artículos, efectuó modificaciones a múltiples leyes anteriores que regulan trámites de todo tipo, en el que participan entidades estatales. 

El objetivo de la modificación de los trámites fue el de eliminar aquellos que fueran innecesarios (que aumentaban el riesgo de corrupción) o simplificar aquellos que generaban desgaste administrativo para las entidades públicas y sus usuarios, buscando así garantizar un ambiente de negocios propicio para la formalización empresarial y el fortalecimiento de la libre competencia. 

Por tanto, a través de los artículos del 42 al 53, el Decreto Ley 2106 de 2019 terminó modificando 12 normas del ET, relacionadas con normas sustantivas del impuesto de renta o de procedimiento tributario, entre las cuales destacamos las siguientes: 

1. El artículo 42 modificó el artículo 357 del Estatuto Tributario –ET– para establecer que las entidades del régimen especial que se dediquen a las actividades del numeral 12 del artículo 359 del ET (apoyar a otras entidades sin ánimo de lucro) podrán hacer donaciones a otras entidades del régimen especial y tratar dicha donación como una deducción, caso en el cual ya no podrán tratarla como un descuento tributario en los términos del artículo 257 del ET. 

Al respecto, el Decreto 2150 de diciembre de 2017 y la respuesta a la pregunta 2.18 del Concepto Dian 481 de abril de 2018 habían mencionado que las donaciones que una entidad del régimen especial le hiciera a otra de tales entidades sería tratada como una ejecución válida del excedente fiscal que primero se hayan restado como exento, o incluso como un gasto no deducible, pero que daría lugar a utilizar el descuento tributario del artículo 257 del ET (descuento que muchas no utilizan, pues su excedente fiscal lo restan como exento y, por tanto, no liquidan impuesto de renta a cargo). 

2. El artículo 43 modificó el numeral 1 del artículo 369 del ET, agregándole un nuevo literal c) en el que se indica que no se practicarán retenciones a título de renta en los pagos o abonos en cuenta que se realicen a las entidades que se encuentren intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además, esas entidades tampoco tendrán que practicarse autorretenciones a título de renta. 

3. El artículo 45 agregó al ET el nuevo artículo 555-3, para establecer que las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas y que recolecten, administren o custodien datos o información deberán facilitarle a la Dian el acceso a tal información, cuando esta lo requiera, sin que sea oponible la reserva legal, pues de esa forma la Dian podrá llevar a cabo de forma más expedita los procesos de inscripción o actualización del RUT de los contribuyentes. 

“si el contribuyente actúa a través de un apoderado, entonces las notificaciones también se podrán enviar no solo a la dirección física de dicho apoderado, sino también a su dirección de correo electrónico”

4. El artículo 47 modificó el parágrafo 2 del artículo 565 del ET para establecer que si el contribuyente actúa a través de un apoderado, entonces las notificaciones también se podrán enviar no solo a la dirección física de dicho apoderado, sino también a su dirección de correo electrónico. 

5. Los artículos 48 y 49 modificaron los artículos 590 y 635 del ET para establecer de forma expresa la fórmula con la cual se deben calcular los intereses moratorios sobre deudas tributarias. Esa fórmula, hasta el momento, es la misma que ha estado contenida en la Resolución Dian 000003 de marzo 6 de 2013

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Revisor fiscal, cuidado con la diferencia entre asesorar y coadministrar

El revisor fiscal, por el papel que desempeña en las organizaciones, en muchos eventos es llamado a resolver inquietudes de la asamblea, la junta de socios, la junta directiva o la gerencia. ¿Pero hasta donde podría entenderse que esta asesoría es una extralimitación de sus funciones? 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– ha sido consultado en varias oportunidades¹ sobre el alcance de las atribuciones que le están permitidas por ley al revisor fiscal durante el cumplimiento de sus funciones. El problema radica en que en ocasiones la línea entre asesorar y coadministrar puede ser difusa para el revisor fiscal, y esto podría llevarlo al incumplimiento de los principios éticos de la profesión. Por lo anterior, esta vez abordaremos la diferencia entre los dos términos antes mencionados, asesorar y coadministrar, de acuerdo con la posición adoptada por el CTCP. 

Funciones del revisor fiscal 

El artículo 207 del Código de Comercio –C.Cio– enuncia las funciones del revisor fiscal, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Cerciorarse de que las operaciones se celebren conforme a la ley, los estatutos y las decisiones de la asamblea y la junta directiva. 

Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad, las actas de las asambleas, las juntas de socios y las directivas y la correspondencia de la entidad impartiendo las instrucciones pertinentes. 

Impartir instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

Al analizar estas funciones, puede entenderse que el revisor fiscal tiene la facultad de conocer las operaciones que desarrolla la entidad a la cual presta sus servicios, acceder a la contabilidad y la correspondencia y conocer las decisiones que toman la asamblea y la junta directiva. 

En virtud de estas atribuciones, en ciertas ocasiones el revisor fiscal es consultado por sus clientes para resolver dudas acerca del registro de transacciones en el sistema contable, la aceptación de un contrato con un cliente, la forma legal de proceder frente a la contratación o el despido de un empleado, el pago de los impuestos, entre otros muchos casos. Pero… ¿cuándo esto lleva a que el revisor fiscal se esté extralimitando en sus funciones? 

Coadministrar y asesorar 

Coadministrar, de acuerdo con el Concepto 620 del 16 de julio de 2018 del CTCP, significa que “el revisor fiscal está realizando o tomando decisiones que le son propias a las personas que conforman la administración del ente”. 

Asesorar, por su parte, para el CTCP podría entenderse como la posibilidad del revisor fiscal de colaborar con la entidad para resolver inquietudes o establecer lineamientos de buenas prácticas de control interno y cumplimiento normativo. 

“las atribuciones del revisor fiscal deban estar encaminadas en todo momento a formularle recomendaciones al gerente de la entidad, la junta directiva o la asamblea o junta de socios, según sea el caso”

El punto que diferencia a la coadministración de la asesoría es que la adopción y puesta en marcha de la primera siempre deberá estar en cabeza de la administración. De ahí que las atribuciones del revisor fiscal deban estar encaminadas en todo momento a formularle recomendaciones al gerente de la entidad, la junta directiva o la asamblea o junta de socios, según sea el caso; pero teniendo especial cuidado con no sobrepasar los límites que la ley le permite, es decir, sin impartir órdenes dentro de la entidad. De esta forma el revisor fiscal le daría valor agregado a su ejercicio, al convertirse en una figura que permita la prevención de irregularidades. 

Algunos casos de extralimitación de funciones 

Dentro de las atribuciones que llevarían al revisor fiscal a una extralimitación en sus funciones y, por tanto, a una coadministración de su parte, podemos mencionar el hecho de que se tomara la facultad de remover al administrador de la entidad, de autorizar pagos en la entidad o de otorgar aval para el registro de transacciones (Concepto 670 de 2019 del CTCP). 

En algunas entidades este asunto va más lejos y el revisor fiscal se ocupa hasta de elaborar y presentar declaraciones de impuestos, o de participar en la elaboración de los estados financieros. Es preciso tener especial cuidado con esto, pues implicaría que el revisor fiscal estuviera controlando su propio trabajo, lo cual configura una amenaza para el cumplimiento de los principios del Código de Ética compilado en el anexo 4.1 del DUR 2420 de 2015. 

¿Cómo debe proceder el revisor fiscal si no se acatan sus recomendaciones? 

Si el revisor fiscal considera que una de sus recomendaciones debe ser acatada y la asamblea o junta de socios, junta directiva o gerente no lo hace, debe proceder conforme a las indicaciones legales. Esto significa que, en primer lugar, debe dar cuenta al órgano superior, por escrito, de las irregularidades detectadas (ver numeral 2 del artículo 207 del C.Cio.).

Si las irregularidades no se corrigen y tienen un alto grado de materialidad, el revisor fiscal puede tomar la decisión de emitir una opinión modificada sobre los estados financieros, o bien abstenerse de dictaminar los mismos (consulte nuestra publicación Informe del revisor fiscal con opinión modificada según la NIA 705 (revisada)). 

Asimismo, debe tener presente que las normas le exigen informar sobre los posibles delitos que advierta en el cumplimiento de sus funciones. 

[1] Al respecto, se pueden consultar los conceptos 963 del 9 de noviembre de 2017, 044 del 19 de enero de 2018, 395 del 3 de mayo de 2018, 607 del 9 de julio de 2018 y 620 del 16 de julio de 2018.

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