Las empresas podrán acceder a estos beneficios de inmediato.
El Gobierno de Iván Duque, con la finalidad de facilitar la empleabilidad de los sectores vulnerables, implementó una serie de alivios tributarios para las empresas que contraten víctimas del conflicto, personas en situación de pobreza, de discapacidad o adultos mayores, entre otros.
“Dentro del paquete de incentivos están: rentas exentas, descuentos tributarios y créditos fiscales. En el caso de la contratación de personas en condición de discapacidad, existen deducciones hasta del 200 por ciento y puntos favorables cuando presenten licitaciones públicas”, indicó el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera.
En el caso de que una empresa emplee a mujeres víctimas de la violencia, y que sea comprobable, podrá deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.
Si una organización está interesada en contratar personas con discapacidad tendrán derecho a deducir de la renta el 200 por ciento del valor de los salarios y prestaciones sociales. La cuota de aprendices, la cual es obligatoria, podrá disminuirla en un 50 %.
“Hay beneficios en la tarifa de impuestos sobre la renta para las micro y pequeñas empresas del 25 % y medianas y grandes empresas, del 50 % para nuevas sociedades que inicien sus actividades en las zonas más afectadas por el conflicto armado”, afirmó la directora General de Prosperidad Social, Susana Correa.
Si una compañía quiere contratar adultos mayores, que no tengan pensión, también tendrá beneficios. En este caso será en el impuesto sobre la renta con una deducción del 120 %.
Estos beneficios se pueden generar si la contratación se hace directamente y no por empresas de servicios temporales.
En la cartilla también se contempla el beneficio por creación de empresas de economía naranja, que generen empleo y las exonera de renta los próximos 7 años.
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