sábado, octubre 23, 2021

Tras llamado de la Corte, el debate de la reforma laboral vuelve al ruedo

 


La actualización de la legislación laboral es una gran oportunidad para el país.

Estatuto laboral debe aprovecharse para reglamentar trabajo por horas y salario por regiones.

El reciente llamado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso para que Colombia actualice su legislación laboral mediante la expedición del Estatuto del Trabajo llevó a representantes de los empresarios, analistas económicos y expertos a discutir sobre qué aspectos debe abordar el estatuto y si ese llamado es el definitivo para ocuparse de una reforma laboral, que por factores políticos y de polarización se ha venido postergando.

En su artículo 53, la Constitución Política precisa que tal estatuto debe expedirse bajo los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.

Pero, además, la Constitución también invoca como puntos de partida las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; que haya una situación más favorable para el trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, al igual que la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; la garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, y la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Y sobre la aplicación de los principios de la remuneración mínima vital y proporcional al trabajo, así como la prevalencia de la realidad sobre las formalidades ya establecidas, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, destaca que, con la Corte, ya no son solo los gremios los que ven la urgencia de poner a tono la normatividad laboral con las nuevas realidades, ya que la legislación data de hace 50 años y solo ha tenido ajustes muy específicos, con la Ley 50 y la Ley 100.Puntos por incluir

Sobre los aspectos que son claves para modificar, el dirigente gremial dice que las distintas disciplinas apuntan hoy más hacia la digitalización y automatización, fenómeno del que Colombia no es la excepción y que hace que muchas actividades no requieran de un trabajo de tiempo completo, ya que, por ejemplo, se pueden prestar servicios profesionales o técnicos por horas o por media jornada, e inclusive hacerlo para varias empresas o para varios clientes.

Y eso da pie a que, según Cabal, en el estatuto se deba incluir la flexibilización de la contratación por horas y un salario integral por hora, que recoge la tasación del salario incorporando la proporcionalidad de las prestaciones sociales de cada hora.
Para ello, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, dice que es esencial que se reglamente bien, porque hoy en día los parámetros de la norma vigente la hacen inoperante.

“Esa mejora al mercado de trabajo podría reducir el desempleo y la informalidad, especialmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes, las mujeres y las personas de menor educación”, precisó.Trabajo en casa

Además, Cabal advierte que si bien la pandemia demostró que la presencialidad en varias actividades no es necesaria, el trabajo desde casa requiere mejor reglamentación, al igual que los subsidios de transporte atados a los incrementos del salario mínimo, para que se transformen en subsidios de conectividad, que puedan usarse tanto para transporte o para cubrir gastos y costos de trabajar por internet desde cualquier parte del país o del mundo.

Por su parte, Juan Carlos Guataquí, consultor en políticas laborales, señala que es necesario encontrar un punto armónico entre los nuevos desafíos de la gran economía y el respeto a la relación laboral de dependencia.

“Hay avances para el caso de Uber y otras plataformas a nivel internacional. Y dado el enorme esfuerzo fiscal que el país está realizando en apoyar la regularización de migrantes venezolanos, el caso de Rappi es estratégico, tanto en términos laborales como sociales. Hay puntos importantes que requieren actualización en el derecho laboral colectivo”, agrega.Oportunidad

Pero cree que no debe confundirse una exhortación a la modernización del Código Sustantivo del Trabajo, que puede beneficiar a todas las partes implicadas, con las motivaciones para una reforma laboral que, dependiendo de su diseño y articulado, puede beneficiar a algunas partes con perjuicio para otras.

“Es una muestra de respeto que las altas cortes no hayan hecho un llamado en este último sentido”, indicó.

A su turno, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, recalca que la actualización de la legislación laboral es una gran oportunidad para resolver problemas que traemos desde hace varios años y que la prioridad, en estos momentos, debe ser la construcción de políticas públicas para favorecer a las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y proteger al adulto mayor.¿Acudir a la Comisión de Concertación?

Los expertos consultados también expusieron las razones por las que el llamado de la Corte Suprema de Justicia para actualizar la legislación laboral debería surtir o no un paso previo ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales.

Mientras que Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, cree que no, el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, considera que sí, ya que el objetivo es crear un pacto social que beneficie a todos y sea incluyente. “Es importante que haya concertación y se logre el consenso que este tipo de medidas requieren para salir adelante”, dijo.

Y para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aunque esa idea de buscar acuerdo en esta comisión sería ideal para enriquecer y llevar un proyecto consensuado, “lamentablemente siempre que se ha tratado de plantear temas de reforma de la legislación laboral o actualización de la legislación laboral, las centrales obreras mantienen una posición radical de oposición”, lo cual hace que este paso se vuelva insulso e improductivo.El salario por regiones

En esa modernización de la legislación laboral también debe incluirse, según Mauricio Santamaría, presidente de Anif, la figura de salarios mínimos distintos para las regiones, debido a la disparidad en el costo de vida de cada zona del país, la mano de obra calificada y sus diferencias productivas. “En un país tan diverso como Colombia es absurdo tener el mismo salario mínimo en todas las regiones”, insiste.

Pero Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, partidario también del salario mínimo por regiones, cree que el esquema para el incremento anual del salario debe replantearse, ya que hoy es una negociación de un porcentaje que muchas veces no llega a ningún acuerdo y el Gobierno termina expidiendo un decreto, pero se deja de contemplar la realidad regional.

“Las regiones tienen dinámicas distintas, vocaciones económicas diferentes, tienen, igualmente, costos de vida y poder adquisitivo distintos; de ahí que sea necesario establecer el salario mínimo diferenciado por horas y por regiones para que haya muchas más oportunidades y estímulos para que empresas lleguen a otras regiones o para el desarrollo de proyectos”, recalcó.

No obstante, el consultor Juan Carlos Guataquí cree que los salarios mínimos por regiones son un interesante concepto teórico, pero su implementación y los argumentos prácticos que la apoyarían plantean una situación en la cual sus consecuencias negativas serían mayores que sus beneficios, “por conceptualmente plausibles que estos puedan ser”.

Esperamos lograr $38 billones a través del registro de facturas al cierre de este año

 Por medio de la BMC se negocia $1 billón al año en compras públicas. Cerca de 60% de las empresas que llegan a vender es Pyme


Iván Cajamarca

Comercializar, registrar facturas y encontrar métodos de financiación son algunas de las herramientas que los agricultores pueden encontrar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). A través de esta plataforma se mueve cerca de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país.

La presidente de esa entidad, María Inés Agudelo, aseguró que esperan registrar facturas por $38 billones al finalizar el año, además de $1 billón en compras públicas.

¿En qué negocios se soportan los ingresos de la BMC?

Nosotros estamos en varios mercados y todos ellos vienen con una buena dinámica. Tenemos el registro de facturas, el cual ha tenido un muy buen dinamismo este año, así como el mercado de compras públicas. Además, somos gestores del mercado de gas y tenemos financiación no bancaria en repos. Tal vez el aspecto más golpeado es el mercado de compras públicas.

¿Cuál fue el sector que más creció?

Lo que nosotros llamamos el registro de facturas públicas. Los compradores y productores de bienes agropecuarios inscriben la factura en la bolsa, por lo cual queda exenta de retención en la fuente y se aplaza el pago del impuesto de renta. Cerca de la mitad del PIB agropecuario se registra en nuestra entidad.

¿Cuántas operaciones esperan en 2021?

En el primer semestre estuvimos alrededor de $20 billones. Creemos que vamos a lograr $38 billones en registro de facturas al cierre del año.

En términos de capital movilizado, ¿cuáles son las cifras desde el inicio de la pandemia?

Cuando el sistema financiero tuvo la contracción que evidenciamos el año pasado y se limitó el acceso a financiamiento, sobre todo para el sector agropecuario, el registro de facturas en 2020 ascendió a $35 billones.

LOS CONTRASTES

Mauricio ReinaEconomista e investigador de Fedesarrollo

“El mecanismo de negociación de la BMC permite el funcionamiento de mercados competitivos gracias a la pluralidad de oferentes y la formación objetiva de precios”.

¿Qué papel ha jugado la financiación no bancaria en el sector agropecuario?

Las OIG se han constituido como un producto destinado al proveedor del mercado de compras públicas, sector en el que ha sido muy eficiente. En cuanto a los repos sobre CDM, son los productores que tienen mercancía almacenada quienes más se han visto beneficiados. Esta ha sido una fuente de financiamiento muy importante y creemos que hacia el futuro vamos a profundizar esos mercados, potencializando nuestra licencia hacia otros instrumentos que atiendan sectores rezagados.

¿Cómo puede acceder un agricultor a este proceso?

Cualquier productor que tenga una factura puede beneficiarse de la BMC. Este mecanismo lo que hace es incentivar la formalización del sector. Si el agricultor, por pequeño que sea, tiene una factura, se puede registrar en la bolsa y obtener los beneficios que ofrecemos.

¿Cómo va la licencia bursátil para incursionar en nuevos mercados?

La Bolsa Mercantil, que es la principal plataforma de productos y commodities de este país, está metida en el sector agropecuario, pero también tiene presencia en el sector energético.

Actualmente somos gestores en el mercado de gas y estamos montando un mecanismo de comercialización de energía, el cual va en línea con un interés puntual de las autoridades, en particular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y del Ministerio. Estas instituciones pretenden volver el mercado de los contratos de energía de largo plazo transparente, eficiente y seguro.

¿Cómo se beneficia el Estado de la bolsa?

El comprador, que puede ser cualquier entidad del sector público, expresa su intención de adquirir cualquier bien o servicio, momento desde el cual empezamos a acompañar el proceso.

Luego, llega a la rueda y se convierte en una transacción ciega. El comprador no sabe quién le está vendiendo. Igualmente, entre los diferentes vendedores, ninguno sabe quién está al otro lado, lo cual genera una eficiencia en esta dinámica de compraventa.

¿Qué papel han jugado las Pyme dentro de la actividad comercial y de financiación?

En el mercado de compras públicas, cerca de 60% de las empresas que llegan a vender un bien o un servicio es Pyme, y solo 40% corresponde a empresas grandes. En ese sentido, la bolsa acompaña, a través de las sociedades comisionistas, estos procesos.

El Perfil

María Inés Agudelo es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma institución. Cuenta con una maestría en ciencias de la Universidad de Londres, Birkbeck College. En su trayectoria profesional se ha destacado por participar en la construcción y supervisión de políticas públicas en diversas áreas, las cuales van desde la política monetaria y fiscal, hasta la regulación en temas de seguridad social y del sistema financiero. Es la primera mujer presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), cargo al cual llegó en abril de 2020, después de haber sido miembro de su Junta Directiva.

Durante julio el ICI se ubicó en 16,3%, la cifra más alta en 14 años, y el Icco, pese a disminuir 1,4 pps, fue el cuarto más alto de la historia

 Los resultados de la última Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo siguen mostrando una senda positiva para la recuperación de la confianza de los empresarios, al registrar niveles récord en ambos índices.


Si bien el Índice de Confianza Comercial (Icco) presentó una contracción de 1,4 puntos porcentuales (pps), al pasar de 37,2% en junio a 35,8% en julio, esta es la cuarta cifra más alta de la historia según contempla el centro de estudios.

“Es simplemente la comparación contra un nivel muy alto, el indicador de junio de comercio había sido el tercero más alto en 41 años. Con el nivel actual queda como el cuarto más alto en la historia”, explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.





LOS CONTRASTES

Luis Fernando MejíaDirector de Fedesarrollo

“Las mejores condiciones económicas, sin lugar a dudas, han impulsado los resultados de julio. Es una clara señal de la reactivación. El panorama es positivo”.

Camilo PérezGte Investigaciones económicas Banco de Bogotá

“Si bien a primera vista lucen mixtos, una caída en la confianza de los comerciantes y un repunte en la de los industriales, la realidad es que ambos resultados son favorables”.

Según destacó la entidad, la caída en la cifra se explicaría por un aumento de 10,5 pps en el nivel de existencias, que después de llegar a -12,5 en junio, se ubicó en -2 para julio. El dato para el mismo mes de 2020 fue de -7,6.

Adicionalmente, las expectativas de situación económica para el próximo trimestre también habrían influido, aunque en menor medida, en el resultado, al pasar de 55,2 a 53,7 en julio.

No obstante, al comparar la cifra con los resultados del mismo mes de 2020, cuando el rubro de expectativas se ubicó en 5,7, se presentó un incremento de 48 pps en las expectativas a futuro del sector comercial.

Los resultados de la situación económica actual de la empresa o el negocio también fueron positivos, con un incremento de 7,7 pps con el que llegó a 51,7 en julio. Versus 2020 hay un incremento de 43,7 pps.

“Lo que vemos es que si bien hay una pequeña caída se mantiene en niveles muy cerca de los máximos históricos con lo cual se confirma que el sector comercial sigue beneficiándose de la apertura de la economía que hemos tenido de manera más amplia en los últimos meses”, destacó Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas en el Banco de Bogotá.

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) logró un crecimiento de 10,5 pps al pasar de 5,8% en junio a 16,3% en julio, lo que la ubicó como la cifra más alta en 14 años.

Según destacó Fedesarrollo, la cifra se vio impulsada, principalmente, por un aumento de 17,3 pps en el volumen actual de pedidos. La cifra pasó de -16,3 en junio a 1,0 en julio. Al compararlo con los resultados de 2020 se presentó un incremento de 35,2 puntos porcentuales.

En cuanto al nivel de existencias disponibles, los industriales presentaron una disminución de 12,4 pps, pues la cifra pasó de -2,0 en junio a -6,0 en el último registro.

Para Mejía, el panorama es positivo para la recuperación y los resultados de la encuesta durante julio son una señal de la reactivación económica que ha sido impulsada por “mejores condiciones económicas”, dijo.

El ICO de julio también mostró un incremento de 10,1 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre, pues la cifra apuntó a 41,9 mientras que en junio estuvo en 31,8. Asimismo, se presentó un crecimiento de 27 pps frente a lo registrado en 2020 cuando las expectativas fueron de 14,9.

“El indicador repunta y se mantiene en entorno positivo, lo cual es bastante favorable teniendo en cuenta que veníamos con unos resultados bastante débiles y al igual que en el sector comercio muestra que al sector industrial también está beneficiándose de manera importante de la reapertura de la economía”, destacó Pérez.

Para el experto, en lo que resta del año, y tras los resultados obtenidos en la encuesta de julio, el sector de comercio e industria presentará una consolidación de la recuperación, que también se verá en la economía nacional en general.

“Seguramente, tal como esperamos en Investigaciones del Banco de Bogotá, el crecimiento de este año será destacable. Nuestra proyección la revisamos recientemente y estamos esperando que el crecimiento de la economía colombiana sea de 8% en 2021. Esos resultados sustentan la expectativa optimista”, concluyó Pérez.

Hay más empresas exportadoras en julio
En cuanto al panorama de las exportaciones, la encuesta de julio destacó que el balance sobre el valor exportado en dólares fue de 26,5%, lo que quiere decir que el número de encuestados que manifestaron que sus ventas al exterior aumentaron es mayor al que dijo que disminuyeron.

Asimismo, las expectativas de los exportadores para los próximos tres meses fueron de 36% de los encuestados, lo que representa un incremento de 23,8 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2021 y de 49 pps frente al segundo trimestre del año anterior.


viernes, octubre 22, 2021

Auditoría para el manejo de precios de transferencia

 El principio de plena competencia se entiende como aquel en el cual las operaciones entre vinculados cumplen con las condiciones que se hubiesen observado en operaciones comparables con o entre partes independientes. En este sentido, la auditoría de la información financiera cobra relevancia para establecer la exactitud de la información a reportar ante la DIAN.

¿Qué documentos son importantes para la auditoría cuando se trata de precios de transferencia?

La Documentación Comprobatoria, como parte principal de las obligaciones de Precios de Transferencia en Colombia, se compone de:
Informe Local
Informe Maestro
Informe País por País

Estos documentos tienen información financiera de una compañía local y del grupo multinacional, en el caso de pertenecer a uno, que permite dar certeza a la autoridad tributaria sobre el cumplimiento del principio de plena competencia.
El Informe Local:

Es el componente principal de la documentación comprobatoria; debe contener los estudios, documentos y demás soportes en idioma Castellano con los cuales el contribuyente del impuesto sobre la renta demuestre que sus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos devengados en el respectivo año gravable (relativos a las operaciones celebradas con sus vinculados económicos) fueron determinados considerando el Principio de Plena Competencia.

Esta información deberá tener el nivel de detalle requerido para demostrar la correcta aplicación de los criterios de comparabilidad de que trata el Artículo 260-4 del Estatuto Tributario (“E.T.”), por lo que la base de esta información suelen ser los estados financieros debidamente auditados y dictaminados por el revisor fiscal, con lo que se presume que la información financiera ha surtido un proceso de auditoría previamente, y por lo tanto, no deberían existir variaciones que den lugar a sanciones en materia de precios de transferencia.

En este sentido, el informe local debe contener:
Un Resumen Ejecutivo que describa el alcance y objetivo del estudio, el contenido del mismo y las conclusiones a las que se llegó.
Un Análisis Funcional que identifique las actividades u operaciones con incidencia económica, las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes intervinientes en dichas operaciones, con el fin de evaluar las condiciones de plena competencia de las operaciones realizadas por el contribuyente y que por ello resulten conducentes a los fines de Precios de Transferencia.
También debe contener un Análisis del Mercado , que sea relevante para evaluar las condiciones de plena competencia de las operaciones realizadas.
Debe contener un Análisis Económico con una descripción detallada de cada uno de los tipos de operación objeto de estudio llevados a cabo en el periodo gravable, indicando para cada parte vinculante la información y el detalle para determinar el método utilizado y el más apropiado.
Finalmente, deberán estar en el informe local los documentos que soporten los análisis, dentro de los cuales los estados financieros auditados juegan un papel fundamental para el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia.

Un buen proceso de auditoría garantiza la defensa del informe local ante fiscalizaciones, por ejemplo, cuando sea necesaria la segmentación de los estados financieros por tipo de operación para los efectos de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas.

La auditoria también aporta a la correcta aplicación del método para evaluar tales operaciones, pues la información financiera y contable que se utilice deberá ser preparada de conformidad con los marcos técnicos normativos contables y deberá ser dictaminada y/o certificada por Revisor Fiscal. Así mismo, cuando la parte analizada sea la del exterior, para efectos del cumplimiento de este requisito, dicha certificación podrá ser suscrita por el equivalente a un auditor externo.
¿Quiénes están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia?

Están obligados a cumplir con el régimen de Precios de Transferencia aquellos contribuyentes de renta que tengan vinculados en el exterior o en la Zona Franca colombiana, o que realice operaciones con personas o entidades ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, que además superen determinados topes en la declaración de renta del año gravable correspondiente, así como topes en el monto de las operaciones con vinculados.

Es importante que las compañías que no se encuentran obligadas a tener Revisor Fiscal, pero están obligadas a cumplir con el régimen de precios de transferencia, acudan a alternativas de auditoría interna o externa para garantizar la fidelidad de la información financiera que servirá de base para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Utilidades de bancos crecen el 57 % durante primer semestre

 El total del sistema financiero registró unas utilidades de $21,73 billones con corte al mes de junio de este año.



Las PGA registraron $3,8 billones y las provisiones para reconocer los Intereses Causados No Recaudados acumularon $381.500 millones

Al cierre de junio las ganancias de los bancos en Colombia registraban un saldo de $4,91 billones, lo que representa un incremento del 57% frente al primer semestre del 2020, periodo de fuerte impacto por el coronavirus y cuando el balance positivo del sector era de $3,12 billones.

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, el total del sistema financiero registró unas utilidades de $21,73 billones con corte al primer semestre, cifra que es $7,53 billones superior a la de mayo pasado cuando este indicador para todo el conjunto del sistema era de $14,2 billones.

Además, frente a junio del año pasado igualmente se experimenta una mejora, pues el sistema financiero arrastraba pérdidas por $4,56 billones, aunque esto tuvo que ver con una desvalorización de los mercados entre marzo y abril de ese 2020.

De acuerdo con el reporte semestral de la Superintendencia Financiera, al cierre de junio de 2021, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $2,268 billones, con un crecimiento real anual de 4,1%.

De este valor $1.088 billones, es decir el 48% del total, corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia (de Fondos de Inversión Colectiva, Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa) alcanzan los $1.180 billones, es decir el 52% del total.

La Superfinanciera dijo que el incremento mensual refleja el crecimiento de las inversiones y operaciones con derivados en $5,3 billones y de $3,9 billones en la cartera y leasing financiero. La relación de activos totales a PIB fue 211,2%.

Las sociedades fiduciarias, principal administrador de activos del sistema financiero, con cerca de $751,8 billones, representaron el 63,7% de los recursos de terceros y el 33,1% del total de los activos del sistema, de los cuales $211,2 billones correspondieron a la actividad de custodia de valores.

Según la Superfinanciera, conforme se consolida la reactivación económica, los rendimientos de los recursos administrados de terceros mostraron incrementos en términos anuales.

Los recursos administrados de terceros obtuvieron rendimientos por $11,8 billones, presentando una recuperación de $25,3 billones frente a junio de 2020 (-$13,5 billones).

Por el lado de las entidades vigiladas, en el total sistema se evidenció una recuperación de las utilidades ($9,9 billones en junio de 2021 frente a $8,9 billones en junio de 2020), pese a que se incrementó el número de entidades que registraron pérdidas frente al mes anterior.

Por otro lado, al cierre de junio, los Establecimientos de Crédito (bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras) alcanzaron resultados por $6,2 billones de las que los bancos reportaron utilidades por $4,9 billones, las corporaciones financieras $1,1 billones, las compañías de financiamiento $64.000 millones y las cooperativas financieras $53.900 millones.

Suben las provisiones

El incremento real anual de las provisiones, gasto para hacerle frente a deterioro de la cartera, cerró en 11,6% real anual (menor al mes pasado cuando fue 15,3%), con un saldo de $39,3 billones ($35,5 billones excluyendo las Provisiones Generales Adicionales, PGA). De este total, $6,1 billones corres- pondieron a la categoría A (la de menor riesgo).

Las PGA registraron $3,8 billones y las provisiones para reconocer los Intereses Causados No Recaudados acumularon $381.500 millones (una reducción de $21.400 millones).

jueves, octubre 21, 2021

Las empresas van del dicho al hecho en economía circular

 La BVC Y Acoplásticos se unen para apoyar emprendimientos de este tipo y la Andi tiene su plan.



En su primer año, los sectores en Visión 30/30 recolectaron y transformaron 30.072 toneladas de residuos.

Cada vez más son las empresas que hacen una apuesta por la economía circular no solo como una práctica de sostenibilidad que el mundo reconoce como necesaria contra el cambio climático, sino como una estrategia que impulsa los negocios. Varias compañías y organizaciones apuntan a planes para estimularla.

Por citar algunos ejemplos de estas políticas que incluyen procesos productivos, de reciclaje y de comunicación con los consumidores están Haceb, Mattel, Enka, Nestlé, Postobón y Atica, entre otros. También están esfuerzos de industria como los que lideran la Andi y Acoplásticos.

Entre los proyectos más ambiciosos está el de la Enka que en el balance financiero del primer semestre del 2021 indica que en la pandemia se han fortalecido las tendencias de sostenibilidad y los fundamentales de nuestros negocios verdes, ratificando la importancia estratégica de proyecto de reciclaje de PET Botella-a-Botella en ejecución.

Desde hace dos años planea una nueva planta para producir resina apta para contacto con alimentos, con capacidad para 24.000 toneladas al año. La inversión es de unos US$28 millones y su montaje estará sobre la actual La meta es que opere en el 2022.

Postobón invirtió en su plan de economía circular $2.611 millones en de aprovechamiento de materiales y al apoyo a 4.200 recicladores de oficio. Reincorporó 23.400 toneladas de materiales a procesos productivos, los cuales dejaron de ir a rellenos sanitarios. Hoy, el 32% de los empaques y envases de esta compañía proviene de material reciclado.

Recientemente, la empresa Darnel anunció su intención de montar en el país, con su compañía UBQ de Israel, una planta que convierte desechos orgánicos sin clasificar en un material patentado que se puede usar como sustituto de plástico y madera.

Otro caso fue el de Nestlé que obtuvo el reconocimiento como la primera compañía del país que logra recuperar el equivalente al ciento por ciento del plástico que pone en el mercado con sus empaques para llevarlo a cadenas de reaprovechamiento.

En la reciente Asamblea de la Andi, el gerente general de Haceb, Santiago Londoño, también compartió el trabajo de la marca en la economía circular.

“Nos preocupamos por tener neveras más eficientes energéticamente, lo cual no solo beneficia el bolsillo de las familias sino que ahorra energía al país. Hoy una nevera de Haceb consume un 38% menos de energía que las neveras de antes. Por eso nos parece importante apoyar modelos de sustitución de electrodomésticos viejos”, sostuvo.

Hacer aparatos a los cuales se les pueda hacer mantenimiento, lo que implica una solida red de servicio técnico y proveedores de repuestos es clave, agregó.

En la inclusión de materiales amigables, precisó que uno de los más contundentes el cambio del gas refrigerante de las neveras por gas verde. “Implicó una inversión importante pero con un retorno en el desempeño de los aparatos y en menor impacto en el medio ambiente”. Y destacó que 90% de sus excedentes y residuos de metales, se reincorporan al ciclo productivo propio o se entregan a los proveedores.

OTROS CASOS

Rodrigo Roldán, gerente para Latinoamérica de Gobierno y Regulación de Mattel dijo - también a instancias del foro sobre este tema en la Asamblea de la Andi- que la multinacional dueña de marcas de juguetes como Hot Wheels y Barbie, tiene un modelo circular de ciclo cerrado.

Con Mattel PlayBack, la idea es recuperar los materiales y reutilizarlos para nuevos juguetes. Lo que no se pueda aprovechar con este fin, se usará en otros productos plásticos o se convertirá en energía a partir de desechos, indicó.

ATICA Y ACOPLÁSTICOS

Una experiencia de 25 años tiene Atica en la valorización, gestión y disposición integral de residuos industriales, hospitalarios, minero energéticos y aceites, buscando innovar en tecnologías amigables con el medio ambiente.

Según Diego Guzmán, CEO de la compañía, aunque también tiene presencia en Perú y República Dominicana, “Colombia se ha convertido en el principal cliente atendiendo cerca de 3.500 compañías, de las cuales, 1.800 pertenecen a pequeños microgeneradores. El país genera cerca de 24 millones de toneladas de residuos, industrial y domiciliario, siendo este último el menos aprovechado”.

De otro lado, Acoplásticos, con su estrategia GoPlastic y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y su plataforma A2censo, se aliaron para, por un esquema de financiación colaborativa, apalancar empresas o emprendimientos de alto potencial que desarrollen soluciones que aporten a la economía circular de los plásticos.

GoPlastic ha hecho dos ruedas de negocios y dos convocatorias de financiamiento, en las cuales han participado cientos empresas de reciclaje de plásticos, tanto consolidadas como emergentes.

INDUSTRIALES PROMUEVEN SU INICIATIVA 30/30

En su primer año, la inicia- tiva de economía circular Visión 30/30, 276 empresas de 27 sectores, recolectaron y transforma- ron 30.072 toneladas de residuos de envases y empaques que se convirtieron en nuevos materiales y productos.

Esta cifra, dice la Andi que es la que la lidera equivale a 3 torres Eiffel que no termina- ron en rellenos sanitarios. Un total de 16 compañías transformadoras y 23 gesto- res de residuos y unos 2.500 recicladores de oficio transformaron envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metales.

Este resultado muestra que empresas que conforman Visión 30/30 han generado un espacio de confianza y de trabajo conjunto con la cadena de valor de la economía circular, destaca Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Andi.

Importancia de los activos no financieros para las pymes

 


Los activos no financieros son todos los recursos que una compañía posee para su propio beneficio usándolos en las operaciones diarias. Ejemplos de estos activos son los inventarios, la propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión y los intangibles.

Los activos no financieros no tienen una definición formal en las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– Plenas ni en las Normas Internacionales para Pymes. No obstante, pueden definirse con base en la definición que los Estándares tienen para los activos financieros, como aquellos tangibles e intangibles no monetarios que no se tienen como fin primario para intercambiarlos por una cantidad fija de efectivo ni están representados por títulos valores ni en instrumentos derivados.

En otras palabras, el fin primario que tienen estos activos es ser usados por la compañía, y el fin secundario podría ser la venta cuando ya no se necesiten en la entidad.

Los inventarios son un ejemplo de estos activos no financieros, ya que su fin primario es el uso para la venta, y el fin secundario se presenta cuando ya son vendidos.

Por otro lado, las propiedades, planta y equipo también son consideradas activos no financieros porque la empresa obtiene beneficios al usarlas en sus operaciones administrativas o de producción, lo que demuestra su uso como fin primario.

El fin secundario se presentaría cuando por decisiones internas se venden porque no se tiene planeado usarlas en el futuro.

Teniendo en cuenta esta información, los activos no financieros son aquellos que generan la mayor parte de los ingresos y utilidades para las pymes.

Para conocer más sobre los activos no financieros, debido a la importancia que tienen para las pymes, Actualícese presenta el seminario Activos no financieros: tratamiento contable bajo NIIF, un espacio donde se explicarán los tratamientos contable y fiscal de los activos no financieros.


miércoles, octubre 20, 2021

Enajenación de activos y vender bienes incautados: fórmulas para financiar la reforma tributaria

 


El nuevo proyecto de reforma tributaria espera recoger 14 billones de pesos. Una enajenación por igual valor necesitaría solo un proceso técnico y administrativo.

Desde el Gobierno nacional se está contemplando la posibilidad de vender los activos incautados a los narcotraficantes.

La nueva reforma tributaria, a través de la cual se busca recaudar al menos 14 billones de pesos, necesitará fuentes adicionales para su financiación. Una de estas fuentes son las enajenaciones, como lo explica el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su informe Enajenar activos de la Nación: ¿una reforma tributaria, pero sin costo político?.

Para hacer realidad lo planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se necesita más plata. Enajenar activos, es decir, vender empresas del Estado o su participación en estas es una alternativa que el actual gobierno ha intentado tomar a gran escala desde 2019.
¿Qué es enajenar los activos?

El Estado colombiano tiene empresas. Firmas que se concentran en sectores estratégicos de la economía o en los que no es rentable para actores privados hacer grandes inversiones para iniciar desde cero la actividad.

Sin embargo, el Estado tiene también participación en empresas. Puede ocurrir que personas naturales o jurídicas paguen deudas con el Estado entregando acciones o que estas les sean embargadas; acciones que pueden reportar ganancias, pero su administración también cuesta.

La Nación tiene participación en 103 empresas que suman un valor patrimonial de 78 billones de pesos. La información coincide también con lo planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el sentido de que el Gobierno tiene la intención de vender activos por 21 billones de pesos entre 2021 y 2022.

¿Enajenar es bueno o malo?

Para un Estado puede no ser rentable perder tiempo y dinero en la administración de activos o pequeñas participaciones accionarias en sectores dominados por actores privados. Pero, en casos más grandes, enajenar podría ser como vender la casa para pagar arriendo.

Reducir la participación pública en una empresa implica, además, que los dividendos que reciba la Nación serán más pequeños año tras año. Es decir, hoy se obtiene dinero, pero mañana el rédito será menor.

Lo único certero es que se espera obtener 12 billones de pesos este año mediante la enajenación de activos.

La mira parece estar puesta en ISA. La positiva situación financiera de la empresa nos regresa a la pregunta acerca de la conveniencia de enajenar: una empresa con tan buen comportamiento y resultados se va a vender muy bien, pero, a la larga, ¿vale la pena salir de una empresa con tan buen comportamiento y resultados?

La hoja de ruta delineada por el Gobierno para un escenario pospandemia es ambiciosa y necesita amplias fuentes de financiación. En este sentido, la enajenación de activos es una estrategia que permite hacer caja rápidamente.
“es una opción con la que se puede abrir una fuente de financiación sin necesidad de asumir los costos políticos de una reforma tributaria”

Pero más allá de esto, es una opción con la que se puede abrir una fuente de financiación sin necesidad de asumir los costos políticos de una reforma tributaria. El Observatorio advierte:

La retirada reforma tributaria se puso un horizonte de 25 billones de pesos de recaudo. El nuevo proyecto espera recoger 14 billones. En cambio, una enajenación por igual valor necesitaría solo un proceso técnico y administrativo. Esa es la ventaja, pero también el riesgo de esta alternativa.

La invitación de la entidad alrededor de este tema es que el Gobierno nacional sea transparente no solo en sus planes, sino en los métodos que quiere implementar para llevarlos a cabo.
Vender bienes incautados al narcotráfico, otra forma de financiamiento

El 1 de julio de 2021, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció en los medios de comunicación que dentro del proyecto de la ley de reforma tributaria que está alistando el Gobierno nacional contempla vender los activos incautados a los narcotraficantes.

La venta de estos bienes contribuirá a obtener los recursos meta esperados con la reforma. Restrepo también dijo que se está en un proceso de valoración de los activos de la Nación. «El gobierno debe tener claridad sobre esos activos y cómo se optimizan esos bienes», dijo.
Austeridad, otra fórmula

El ministro también ha dicho que los ingresos para la reforma tributaria se fortalecerán con la austeridad en el gasto público, lo que debe aportar 1,8 billones de pesos al año. La lucha contra la evasión por parte de la Dian, que podría aportar otros 2,7 billones de pesos, es otra de las estrategias que se implementarían.

Con Radian, Colombia estaría a la vanguardia en temas de administración tributaria

 


Solo 10 países en Latinoamérica usan la factura electrónica, incluyendo a Chile, Brasil y Colombia, quienes lideran el proceso

En medio del lanzamiento de la herramienta Radian, algunos expertos se reunieron para dar cuenta de las diferentes experiencias internacionales con el factoring electrónico.

Alejandro Rasteletti, especialista en gestión fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, aseguró que esta iniciativa permitirá que el país esté a la vanguardia en la región en cuanto a la administración tributaria.

De acuerdo con Marcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), solo 10 países en Latinoamérica usan la factura electrónica, incluyendo a Chile, Brasil y Colombia, quienes lideran el proceso.

Chile es uno de los países que ya implementa el factoring electrónico y, al respecto, Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos de Chile, dijo que este tipo de herramientas impulsan el proceso de bancarización, pues da más acceso al crédito para las empresas.

martes, octubre 19, 2021

30 tareas urgentes para conectar al país con la economía global

 


Gobierno presentó las conclusiones de la Misión de Internacionalización de la Economía.

Misión presentó recomendaciones en talento humano, tecnología, empresas y comercio exterior.

La lista de tareas pendientes que la Misión de Internacionalización le entregó ayer al Gobierno, para que el país entre a ser parte de ese engranaje económico global, es extensa. Se trata de 30 recomendaciones que van desde la eliminación de obstáculos para atraer talento humano (nacional y extranjero), facilitar la internacionalización de las empresas e impulsar el comercio exterior, hasta brindar estímulos para la adopción de tecnologías y la innovación.

Así lo hizo saber Ricardo Hausmann, director de la Misión y profesor de Economía del Desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, quien dejó claro, además, que ese propósito de internacionalización en que está embarcado el país “requiere de un liderazgo desde la Presidencia, la cual debe facilitar los mecanismos necesarios para alcanzarlo”.

Se trata de una herramienta valiosa para el país, dijo el presidente Iván Duque, tras señalar que se hará seguimiento detallado y con indicadores a los resultados entregados.

“Creo que hoy esta nueva herramienta nos permitirá seguir avanzando hacia el cumplimiento de las metas de nuestro Plan de Desarrollo. Vamos a llegar al 7 de agosto del año 2022 con más del 85 por ciento de nuestro Plan de Desarrollo ejecutado, con indicadores medibles, y eso nos pondrá en el Plan Nacional de Desarrollo con mayor nivel de ejecución en la historia”, dio el jefe de Estado.

Una de las primeras recomendaciones está encaminada a la necesidad de cerrar la brecha tecnológica de Colombia con el mundo, rescatando el talento y el conocimiento de los nacionales que están dispersos por el mundo, pero, a su vez, atrayendo el conocimiento extranjero, para los cual se hace necesario, entre otros, simplificar las reglas de acreditación profesional y homologación de títulos para atraer y retener talentos en varias disciplinas.

De igual forma, propone fortalecer vínculos con colombianos destacados en el exterior para facilitar el flujo de tecnología, conocimiento y oportunidades, así como reducir los obstáculos migratorios para atraer talento humano de otros países.

En cuanto a las empresas, la Misión, en su documento, les recomienda elaborar planes de internacionalización y advierte que su éxito depende de que cree un ambiente de negocios favorable, aumenten el acceso a servicios de extensión y se utilicen las empresas públicas como promotoras de adopción y adaptación de tecnología.

Además, hace explícita la necesidad de fortalecer una política integral de inversión extranjera directa que incorpore las dimensiones de atracción, promoción, facilitación, retención, expansión y vínculos productivos, para focalizarse en encadenamientos y conexión con Cadenas Globales de Valor (CGV).Deben primar los criterios técnicos

Y para aumentar la participación del país en dichas cadenas se deben adoptar medidas de política comercial, utilizar iniciativas clúster para solucionar cuellos de botella y reducir costos de transacción, así como focalizar las zonas francas y el Plan Vallejo.

La Misión también evaluó los requerimientos para el comercio de bienes y concluyó que se debe considerar el costo-beneficio de las medidas que lo restringen. El mismo documento resaltó la importancia de garantizar independencia y fortalecer el carácter técnico de las instancias que definen temas arancelarios, aduaneros y de defensa comercial; así como de implementar la política nacional de logística y la modernización del servicio postal y la eficiencia portuaria.

Los expertos detectaron la baja participación colombiana en el comercio internacional de servicios, especialmente en servicios modernos (sin transporte y turismo), ante lo cual pidieron diseñar estrategias para aprovechar y promocionar las oportunidades.

Consideraron necesario aumentar los recursos y reducir los costos de ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades del sector productivo, integrar a este esfuerzo a universidades y centros de investigación, incrementar los estudios de posgrado en el exterior y reducir los incentivos al retorno inmediato después de la graduación.

Por último, el documento recalca la importancia de generar empleo de calidad, exportar talento, bienes agrícolas y manufacturas, desarrollar tecnología y aprovechar las oportunidades en el exterior.

Precisamente, Mark Thomas, representante del Banco Mundial en Colombia, dijo que el país no ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda la economía global, por lo que dichas recomendaciones de la Misión son claves y el Banco Mundial está dispuesto a ayudar en su cumplimiento.Mayor competitividad

Es necesidad de buscar un rol internacional más protagónico de la economía nacional, fue uno de los puntos centrales, precisamente, del discurso de instalación del 6.° Congreso Empresarial de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quién advirtió que "tenemos que tomar una decisión sobre qué papel queremos jugar a nivel externo, donde están pasando muchas cosas. No podemos simplemente ir al vaivén de lo que podamos hacer o de lo que buenamente nos regalen las potencias como a los mendigos. Y dependiendo de cómo juguemos las cartas, vamos a tener un mejor o peor futuro".

Durante su intervención en la presentación del documento de la Misión, Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Canciller de la República, dijo que la manera de lograr una mayor participación de las exportaciones colombianas per cápita, es a partir de una mayor innovación y una permanente trasferencia de valor agregado en el conocimiento, para lo cual, "una recomendación muy importante es buscar inversión extranjera que nos trasfiera tecnología, conocimiento, porque es de eso que se trata la verdadera competitividad a largo plazo de nuestro aparato productivo”.

Por su parte, Maria Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, señaló que el país recibió una carta de navegación que le permitirá priorizar acciones para alcanzar la meta de 25.500 millones de dólares de exportaciones no mineroenergéticas y disponer de herramientas para que los consumidores del mundo compren lo nuestro.

"La internacionalización es factor clave en la Reactivación Económica Segura, en la generación de empleo y en el aprovechamiento de los recursos y oportunidades internos y externos”, dijo.

lunes, octubre 18, 2021

Tributaria: piden que plataformas extranjeras paguen IVA en compras menores

 


Congresistas del Centro Democrático radicaron una proposición.

Se trata de importaciones de tráfico postal. Hoy no pagan las que son menor o igual a US$ 200.

El senador Fernando Nicolás Araújo y el representante Óscar Darío Pérez, ambos del Centro Democrático, radicaron una proposición para el informe de ponencia del primer debate de la reforma tributaria.

Lo que piden es que las importaciones de bienes objetivo de tráfico postal, envíos urgentes o de entrega rápida que hoy no tienen que pagar IVA empiecen a hacerlo cuando el valor del producto sea igual o inferior a 30 dólares en el mes.

De este modo, el minimis pasaría de 200 a 30 dólares al mes.

Con esta medida, se busca equilibrar la cancha entre las grandes plataformas tecnológicas como Amazon que pueden ingresar este tipo de productos menores sin pagar impuestos frente a los comercios locales que sí pagan tributos y generan empleo. ¿Por qué?

Actualmente, todos los paquetes que entran al país bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes cuyo valor, sin incluir los gastos de entrega, es igual o inferior a 200 dólares no pagan ni IVA ni arancel.

Esta medida se originó a raíz de los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, y después se implementó para todos los países.

Los comerciantes locales ven esta medida como una competencia desigual que podría afectar al empleo. Y si bien respetan que estos paquetes de pequeño valor entren sin arancel, no están de acuerdo en que tampoco tengan la tarifa general de 19 por ciento de IVA. Esto porque en el TLC que entró en vigencia en mayo de 2012 dicen que no se establece como tal ese compromiso.

Al contrario, argumentan que en el texto solo aparece la expresión “aranceles o impuestos”, este último entendido como sinónimo del primero. Adicional a ello, tampoco ven con buenos ojos que los paquetes puedan entrar desde cualquier parte sin pagar impuestos porque el acuerdo solo se firmó con Estados Unidos.

De seguir así, los comerciantes estiman que en 2022 el país dejaría de recibir más de 1 billón de pesos por este IVA que no se cobra y que el hueco podría elevarse a 1,48 billones de pesos en 2023.

Además, se conoció que los gremios liderados por Fenalco, Acopi y la Cámara Colombiana de Confección y Afines solicitaron un concepto a la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (Oali) en el que instan al Ministerio de Hacienda a que aproveche la reforma tributaria para derogar esta norma y todavía se espera una respuesta.


domingo, octubre 17, 2021

Servicios y comercio fueron los sectores que más reportaron procesos de insolvencia

 


Seguido de manufactura con 638 procedimientos; construcción, con 421; agricultura, con 235; y 66 empresas del sector minero

En el primer semestre de 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió un total de 615 solicitudes de insolvencia, y admitió a 376 deudores. Según el inventario consolidado, existen 3.679 de estos procesos con activos por $67 billones y 200.287 trabajadores.

A partir de estos datos se concluye que, servicios y comercio son los sectores con más trámites de insolvencia al registrar 1.065 y 855, respectivamente. Seguido de manufactura con 638 procedimientos; construcción, con 421; agricultura, con 235; y 66 empresas del sector minero. Los procesos adicionales en el inventario, es decir 399, son de personas naturales no comerciantes.

LOS CONTRASTES

Juan Pablo LiévanoSuperintendente de Sociedades

“Estos trámites en la Superintendencia de Sociedades tienen como fin brindar una respuesta rápida y eficaz a las empresas en dificultades económicas y la protección del empleo, sin descuidar el crédito”.



“Si bien han aumentado las solicitudes de insolvencia por la crisis empresarial, los ajustes realizados para mejorar la capacidad operativa, tanto de las intendencias como de la Delegatura, han dado frutos. Este gran esfuerzo se evidencia en el aumento de los acuerdos de reorganización en ejecución, al pasar de 1.190 a diciembre 31 de 2019, a 1.685 a 30 de junio de 2021, lo que representa aproximadamente 495 empresas rescatadas”, manifestó el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

Con la pandemia, restricciones, bloqueos y demás factores que han generado repercusiones para el sector empresarial, las solicitudes para estos procesos de reorganización y liquidación crecieron 36% comparadas con el primer semestre de 2020, y en esta situación destacaron casos como los protagonizados por Almacenes La 14, Justo & Bueno, Diletto y Tostao’ Pan y Café.

Específicamente, de los 3.679 casos de insolvencia, 2.942 son procesos de reorganización (en trámite 1.257 y en ejecución 1.685) y 737 son procesos de liquidación.

Y al revisar el detalle del reporte, en el semestre, que hubo 615 procesos, 485 corresponden a solicitudes de reorganización, mientras 130 a liquidación. Los datos demuestran cierta tendencia al alza de la liquidación dado que pasaron de representar 19,9% de las solicitudes en 2020 a 21,14% este año.

Pero, ¿qué lleva a una empresa a realizar estas peticiones?
“Los actuales problemas económicos derivados de la pandemia, sumados al endeudamiento, deficiencias organizacionales, administrativas y financieras, revaluación, competencia desleal, contrabando y baja rotación de cartera ha llevado a las empresas a una crisis financiera y a la falta de liquidez, caracterizada por la cesión de pagos; conduciendo a los empresarios afectados a solicitar ante la Supersociedades la admisión al proceso”, destacó Jaime Alberto Mendieta, docente de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad El Bosque.

Con estos procesos ante la Superintendencia, buscan la recuperación y conservación de la empresa como unidad de desarrollo económico y fuente generadora de empleo.

A esto, hay que sumarle que, en medio de la crisis, el Decreto 560 de 2020 creó un sistema de recuperación empresarial que estableció una estrategia para que las sociedades al borde de la liquidación sigan operando.

“Es posible que la empresa se salve con la compra y capitalización de la deuda por parte de algún inversionista. Incluso, un acreedor mismo podría absorber a la compañía si realiza este mismo procedimiento”, puntualizó Nicolás Polanía, abogado experto en insolvencia y reestructuración.

En vista de esto, la Supersociedades destacó que 76,33% de las solicitudes admitidas en estos trámites acudieron al uso de los mecanismos creados por los decretos legislativos para conjurar la crisis causada por el covid-19.

Renta básica mensual que propone el Comité de Paro costaría $81,39 billones al año

 


Se haría un pago mensual de un salario mínimo por 12 meses a 7,3 millones de hogares colombianos, unos 30 millones de habitantes

Para la nueva legislatura del Congreso de la República, la última del Gobierno del presidente Iván Duque, el Comité Nacional de Paro radicó el proyecto de ley que busca crear la renta básica mensual en el país para entregar una ayuda monetaria de un salario mínimo, es decir, $908.526.

La iniciativa, que surgió luego del fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo en el marco del paro nacional, busca beneficiar a 7,4 millones de hogares lo que equivaldría a 30 millones de habitantes.

Así las cosas, el costo mensual de la renta básica sería $6,7 billones, lo que implicaría $81,39 billones al año, es decir, 8,1% del Producto Interno Bruta del país.

“El proyecto presenta elementos importantes, es de emergencia, sería por un duración de 12 meses y el recurso se le entregaría solo a las mujeres, sean cabeza de hogar o no, más no a los hombres”, aseguró Fabio Arias, fiscal Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores.

De acuerdo con el proyecto de Ley, las fuentes de financiación de la renta básica serían utilizar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), títulos de emergencia social económica (emitir deuda), cambiar el destino de los recursos del 4x1.000, eliminar las exenciones tributarias, disponer de 10% de las reservas internacionales y refinanciar la deuda pública del Estado.

“En el Fome hay como $25 billones que no se han utilizado. En las reservas internacionales tenemos US$56.000 millones, de ese total podemos tomar US$15.000 millones y no pasa nada y el Banco de la República podría emitir bonos de deuda pública. Además hay un margen de $50 billones de evasión, otros $50 billones de corrupción y uno de $18 billones por tributo de los paraísos fiscales, es decir, que toda esa plata puede sumarse y destinarla a los más pobres y habría una reactivación económica de inmediata en el país ”, detalló Arias.

“Que haya $6 billones circulando mensualmente en el país sería una maravilla para los empresarios, para el recaudo de la Dian e inclusive para el empleo”, complementó el fiscal de la CUT.




Al crearse la renta básica, el proyecto de ley pide subsumir los programas sociales del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario.

Para la senadora María del Rosario Guerra, presidenta de la Comisión Tercera del Senado, “necesitaríamos cuatro reformas tributarias para una renta básica, eso es insostenible y además lo que quieren los colombianos es empleo digno y a eso es lo que hay que apostarle, por lo tanto no veo viable un salario mínimo como renta básica porque no hay recursos de donde sostenerla”, señaló.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, comparte la postura de la senadora Guerra y advierte que “en la medida que la renta básica dependa de costos como endeudamiento y fuentes de ingreso que no sean permanentes, como las reservas del Banco de la República que solo se pueden usar una vez porque se acaban, es un programa que no es sostenible en el tiempo y más bien se debería pensar si ese sería el mejor uso para esos recursos”.

LOS CONTRASTES

María del Rosario GuerraPresidenta de la Comisión Tercera de Senado

“Necesitaríamos cuatro reformas tributarias para aprobar una renta básica de un salario, eso es insostenible. Lo que quieren los colombianos es empleo digno”.

Para Luis Carlos Reyes, más allá de una renta básica, “la clave para que Colombia salga del subdesarrollo es invertir en la educación y buscar los mejores profesores de primaria y bachillerato para capacitar a quienes van a ser la fuerza laboral del país en los próximos años”.

Programas sociales de la reforma tributaria

Si bien establecer una renta básica mensual tendría un alto costo, en la reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso se propone ampliar hasta 2022 el Ingreso Solidario que da $160.000 mensuales a 3,8 millones de hogares, prorrogar el subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 lo que tendría un costo de $1,06 billones, entregar un subsidio de hasta 25% en la nueva contratación de jóvenes y destinar $700.000 millones por año para matrículas gratis para educación superior de los estratos uno, dos y tres y ofrecer alivios de créditos en el Icetex.