jueves, octubre 20, 2022

El 88% del salario mínimo de Colombia se va en gastos básicos

 Un estudio elaborado por Littler Mendelson muestra las relaciones entre la nómina y el costo de vida en la región.



En los próximos días se espera que inicie la discusión para definir el incremento del salario mínimo para 2022, y el aumento que se estima al menos por encima del 5% considerando que la inflación ya se ubica en un nivel de 4,58%, es uno de los focos de atención en este momento.


(Alza del salario mínimo incidiría en la reactivación).

Sumado a los factores tradicionales como la inflación y el indicador de productividad que revelará próximamente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), otra de las preocupaciones es cómo este aumento impactará en el bolsillo de los colombianos y qué tanto cobijará sus gastos básicos. Cabe mencionar que el salario mínimo nacional para 2021 se ubicó en $908.526 y además de ello se fijó un auxilio de transporte del orden de los $106.454.

Con el fin de entender en detalle la relación entre los salarios mínimos en los diferentes países de la región y los costos básicos de vida, la consultora de temas laborales Littler Mendelson realizó una comparación, a partir de varias fuentes, sobre estas dos variables.

Si se analiza en dólares, el salario mensual de Colombia (US$231) está entre los más bajos. Por encima de otras economías como México (US$215), República Dominicana (US$211) y Brasil (US$2017) y también más alto que Nicaragua (US$132) Cuba (US$87) y Venezuela (US$1). Pero el país dista mucho de los datos más altos, como es el caso de Panamá (US$625), Costa Rica (US$512), Chile (US441), Uruguay (US$423) y Ecuador (US$400).

(Se aplaza fecha de inicio de negociaciones por el salario mínimo).

Juan Carlos Varela, director de Global Littler, precisó sin embargo que más que el monto en dólares, lo que se debe mirar es la comparación del salario con la canasta básica, y así también se evidencia en qué casos el salario mínimo no cubre el costo de la vida.

Así es como, en el caso colombiano, el salario mínimo no solo alcanza a cubrir la canasta básica, algo que no sucede en todos los países de Latinoamérica, sino que además estos gastos, que se estiman según cálculos de Littler en US$204, representan el 88% del salario mínimo en el país.

“Es importante tener presente que Colombia es uno de los países de la región que también es menos costoso, pero también ese costo de vida en el país este año y el pasado no supone una relación justa a lo que ha pasado en el tiempo”, aseguró Varela.

Según el abogado, experto en temas laborales, el país está cada vez más atado a los precios del petróleo, y la reducción de estos ha afectado el costo de varios bienes, y por ende el costo de vida.

“Dentro del universo latinoamericano Colombia no es que esté enormemente bien, pero tampoco está mal”, añadió Varela, y aseguró que algo positivo es que, en cuanto a costos, una ventaja que tiene el país es que permite que se encuentre en un estándar alto de calidad de los productos, pero mencionó que este estándar se vio impactado por la pandemia.

De allí la importancia que tiene la discusión del salario mínimo de este año. “Con el salario mínimo, lamentablemente en el momento en que se aprueba y se incrementa cubre las brechas, pero inmediatamente la inflación hace que la brecha se ensanche. Si hacemos un microanálisis, el salario sube en escalera, pero la inflación y los costos de la cesta van en ascensor”, dijo el experto.

SITUACIÓN REGIONAL

Las cifras que analizó Littler muestran cómo de los 19 países de la región en que se revisó la relación entre los ingresos promedios y los costos de vida, solo en 10 el salario mínimo es suficiente para cobijar los gastos básicos de un hogar.

Una situación similar a la de Colombia es la de Perú, que al igual que nuestro país tiene también un salario mínimo en dólares de US$231, y donde el costo de una cesta básica de bienes es de US$201; o Brasil, donde la canasta básica se ubica en US$131, lo que implica que está US$76 por debajo del salario mínimo mensual.

(¿Cómo se va a negociar el salario mínimo para 2022?).

Entre los países donde, por el contrario, el salario mínimo no es suficiente para cubrir una canasta básica están por ejemplo Ecuador, donde esta tiene un valor en promedio de US$712; Bolivia, con US$383 y un salario de US$309, o Argentina, donde el precio mensual de los bienes básicos en promedio llega a los US$308, pero el salario base es apenas US$290.

“Argentina, al igual que Colombia, es un ejemplo en que la brecha se abrió considerablemente. El impacto en este país fue muy fuerte por los cierres”, señaló Varela.

Por el contrario, uno de los países con el mejor salario, Costa Rica, también tiene una de las cestas básicas más económicas, de solo US$78 en promedio, lo que deja a sus ciudadanos una diferencia de alrededor de US$434 para otros gastos según en análisis de Littler.

VALOR DE UNA HORA

Si bien las condiciones de cada país son diferentes, y fenómenos como la inflación y la paridad de poder adquisitivo influyen en estas comparaciones, otro ejemplo es un estudio elaborado por el portal Money, que revisó el costo de vida diario y el ingreso promedio en las naciones desarrolladas de todo el mundo para revelar dónde en el mundo se necesita más tiempo para ganar 1.000 libras esterlinas y en qué país se ganan más rápido.

Según el estudio, en Colombia se necesitan de 62 días para ganar este monto, si se toma como referencia que el ingreso diario oscila las 16,23 libras. En México se tarda 43 días y en Argentina 40.

Cual sería el camino para fomentar la inclusión financiera en el país

 


Así está Colombia en brecha de género en inclusión financiera.

Sobrediagnosticada la brecha en la inclusión financiera de mujeres, población rural y jóvenes; el sector público y privado trabajan para incluir en el próximo Plan de Desarrollo estrategias que permitan superar la brecha de inclusión financiera que persiste. Esa es una de las tareas en las que participa ahora la Fundación de WWB Colombia que celebra 40 años de operaciones.

(Salario integral: sus características y escenarios en los que aplica).


De acuerdo con la Fundación, el año pasado se beneficiaron 15.241 personas en los programas de la entidad y se destinaron $21. 933 millones en su gestión del cierre de brechas, de los cuales $2.015 millones se enfocaron en la generación de conocimiento de calidad y otros $1.367 millones en la inversión de impacto social con perspectiva de género.

Entre sus programas está Reactívate en 14 municipios del Valle y 3 del Cauca. Es un plan transitorio creado en 2020 para atender a más de 3.000 personas emprendedoras en el marco de la emergencia por la pandemia.

La estrategia logró una disminución del 14% en el número de hogares participantes con alta vulnerabilidad económica.

Es así como el éxito del modelo de la Fundación está en su tarea de acompañamiento y financiación. En 1982, con sus propios recursos, un grupo de mujeres en la ciudad de Cali constituyó la Fundación con el fin de generar inclusión financiera para las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica mediante el microcrédito.

(Las monedas del mundo que más se han afectado por el alza del dólar).

En 2011, creó el Banco W y enfocó sus esfuerzos en programas que fomenten la equidad y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, más a la de la financiación. John Hammock, cofundador de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, quien en esta semana estuvo en Cali en la celebración de las cuatro décadas de la Fundación, destacó los resultados de la gestión.

“Este modelo colombiano es diferente porque muchos de los bancos de microfinanzas ahora se han concentrado solo en ese tema y el problema del desarrollo no es financiero totalmente, sino que es multidimensional. Hay que atacar la parte financiera y de ahorro claramente, pero también tiene que atacar educación, salud, vivienda.... Tenemos organizaciones que se enfocan en un solo aspecto, pero hay que tener en cuenta que una persona puede sufrir en varias dimensiones y padecer diferentes privaciones”.

Igualmente, subrayó la importancia de que las políticas se alejen de cualquier intención asistencialista si se quieren superar condiciones de pobreza. A su juicio, el esquema de operación de la institución es una solución que da esperanza y una herramienta práctica para que las comunidades puedan salir adelante.

Coincide en ello con Daniela Konietzko, presidente Fundación WWB Colombia, quien planteó que el trabajo social no debe verse como paternalista o asistencialista. “Entre todos se pueda sumar más, pensando en una apuesta de largo plazo de impacto colectivo”, comenta. Cree que la apuesta de atacar la pobreza muiltidimensional tiene dos efectos: atender los servicios financieros acordes a las necesidades de la población, pero hay otro componente en el que no se impulsan habilidades y capacidades.

(La mujer que asaltó un banco para robar su propio dinero).

PARA SUBSISTIR

Ambos expertos coinciden en la tarea de dar la mano a los negocios de subsistencia como salida a las dificultades económicas y como vía para que surjan desarrollos que puedan impulsar la calidad de vida de quienes apuestan por emprender y de sus entornos.

Hammock sostuvo que el concepto de sector privado no se limita a las empresas grandes, medianas y pequeñas. “Uno se olvida que el sector privado llega hasta el último barrio. La gente sobrevive con sus negocios familiares, a veces de una persona que trabaja desde su casa y logra un ingreso”.

Y añadió que “cuando crecen también se da un impacto social que se extiende a la educación. Si está bien hecho tiene un impacto directo con la población”.

A su turno, Daniela Konietzko, consideró que las empresas informales son el sector privado, si se tiene en cuenta que en América Latina superan con creces las que no son informales y son lideradas por mujeres.

“La mujer invierte tres veces más que el hombre en salud, educación y nutrición para su familia, así que cuando obtiene utilidades eso genera un cambio sistémico en términos de desarrollo económico social para el país”, argumentó.

“Estas organizaciones son dinamizadoras y en la medida que crecen se genera la necesidad de formalización. Para mover los indicadores gruesos hay que acompañar con procesos respetuosos de las diferencias y la diversidad. Las respuestas nos las tenemos nosotros sino las comunidades”, explicó.

La presidente de la Fundación WWB sostiene que no se debe obligar a la formalización porque en muchos casos no da desde el punto de vista económico. Lo que no hay que permitir es que quiebren, puntualizó.

Dian adelanta acciones para que influencers cumplan obligaciones tributarias pendientes

 


Se evidenció que algunos de los creadores han realizado la declaración de renta, pero no han incluido la totalidad de su patrimonio

CAROLINA SALAZAR SIERRA


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Los influenciadores también tienen responsabilidades

La Dian informó que está adelantando acciones de formalización y control dirigidas a influenciadores y, en general, a aquellas personas que crean contenidos digitales publicitarios en las diferentes plataformas, con los que obtienen ingresos.

De acuerdo con la entidad, se busca darles a conocer las obligaciones tributarias que se derivan de estas actividades, para que cumplan con ellas de forma voluntaria, tales como presentar la declaración de renta y del IVA, en caso de cumplir con este requisito.

"Estamos verificando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias obteniendo, en la mayoría de los casos, una buena receptividad de estas personas, que entienden su compromiso con el país en el cumplimiento con sus obligaciones tributarias", indicó Luis Carlos Quevedo, director de fiscalización de la Dian.

Sin embargo, con ocasión del desarrollo de esta acción de control, se ha evidenciado que algunos de los creadores de contenido han realizado la declaración de renta, pero no han incluido la totalidad de su patrimonio ni de los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.

Así, se señaló que es clave tener en cuenta que cualquier aumento en el patrimonio líquido debe estar justificado, por lo que se invita a revisar las declaraciones, asegurándose que lo informado corresponda a la realidad económica de cada uno.

"Hemos encontrado algunas inconsistencias en las declaraciones tributarias u omisiones en la declaración correcta de todos sus ingresos. Los invitamos a que mantengan el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y aquellas personas que no han atendido los requerimientos de la entidad o que no han satisfecho las inquietudes que se han planteado sobre el cumplimiento de sus obligaciones, la Dian seguirá adelante con sus procesos de control, con el fin de determinar la correcta liquidación y pago de los tributos que le corresponde", puntualizó Quevedo.

Así es el listado de productos que tendrían carga impositiva en la reforma tributaria

 

El chocolate, los embutidos y productos de panadería con alto contenido en azúcar fueron incluidos en el documento que será debatido

La reforma tributaria tendrá su primer debate este jueves cinco de octubre y ya está listo el documento que será discutido en el Congreso de la República para recaudar al menos $22 billones, la cifra meta del Gobierno Nacional propuesta por el Ministerio de Hacienda y la Dian. Entre los puntos que toca el articulado está la carga tributaria que tendrán las bebidas ultra procesadas azucaradas, así como los alimentos catalogados como poco saludables. Por esta razón, es importante que tenga en cuenta cuáles serán los alimentos que serán tenidos en cuenta durante el debate de mañana.

Según el articulado, las bebidas del listado estarán sujetas al impuesto “en función de su nivel de azúcar añadido, las bebidas ultraprocesadas azucaradas, así como los concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o dilución, permiten la obtención de bebidas azucaradas”. Son consideradas como tales aquellas que no tienen un grado de alcohol por volumen superior a 0,5% y a las que se les ha añadido azúcar.

De esta manera, productos como el yogur, suero de mantequilla (de manteca, leche y nata (crema) cuajadas, kéfir y demás leches y natas harán tendrán carga impositiva. También serán incluidas el extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido a 40% de este producto.

El articulado también incluye algunas exenciones, tales como derivados de lácteos elaborados con leche higienizada y medicamentos con incorporaciones de azúcares adicionales. También incluye electrolitos para el consumo oral, que son utilizados, generalmente, para tratar la deshidratación a causa de una enfermedad.

Por otro lado, el documento incluye una carga tributaria para productos comestibles ultraprocesados industrialmente o que tienen una carga alta de azúcares añadidos. De esta manera, los embutidos y productos similares a la carne estarán incluidos, a excepción del salchichón, la mortadela y la butifarra. En el listado se incluirán los siguientes productos en función de su alto contenido de sodio, azúcar y grasa:

-Artículos de confitería sin cacao

-Chocolate y demás preparaciones con cacao.

-Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.

-Productos con base cereales obtenidos por inflado o tostado.

-Productos de panadería, pastelería o galletería, incluido con adición de cacao.

-Hortalizas, frutas y partes de plantas confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

-Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.

-Helados, incluso con cacao.

-Preparaciones para salsas y salsas preparadas, además de condimentos y sazonadores, compuestos.

Faltan garantías? El 37 % de los contratos laborales son verbales

 El Observatorio Fiscal de la U. Nacional así lo señala y, agrega, "solo 53 % de los ocupados son formales".



Para septiembre se tiene registro de 9,31 millones de relaciones laborales dependientes y 2,18 millones de puestos de trabajo independientes.

Si bien el mercado laboral ha salido a flote lentamente tras la pandemia, una de las mayores preocupaciones de los expertos es que los empleos que se creen sean formales y de calidad. En el último reporte de mercado laboral publicado por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), se evidenció que para septiembre de este año el país contaba con 21,7 millones de ocupados, pero apenas poco más de la mitad tiene vinculación laboral formal, y de estos solo 63% cuenta con contratos por escrito.


Según los criterios del Dane, los ocupados son personas que trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia en que se realizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), personas que no trabajaron en esa semana pero tienen un trabajo, y también trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia por lo menos una hora.

Sin embargo, según el reporte de perspectivas del mercado laboral desde el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (Relab), presentado esta semana, solo el 52,9% de los trabajadores tiene una vinculación formal, para septiembre se tiene registro de 9,31 millones de relaciones laborales dependientes, aquellas en que el trabajador está vinculado mediante un contrato de trabajo con una compañía, y 2,18 millones de puestos de trabajo independientes (prestación de servicios).

PRECARIZACIÓN LABORAL

Un elemento que señalan los expertos es que dentro del mercado persiste un fenómeno de “precarización laboral” en varias dimensiones. Y la naturaleza de los contratos es una muestra de ello.

Así lo señala un documento elaborado por Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia, investigadores del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional. En este revisan la situación de los trabajadores en el país y según el documento, entre los 11,5 millones de trabajadores que tienen algún tipo de contrato, el 37% tiene contrato verbal y el otro 63% escrito.

“De los ocupados que no tienen contrato, el 86% son trabajadores por cuenta propia. De igual manera, del total de ocupados, tan sólo el 34% dice estar cotizando a un fondo de pensiones, y del total de quienes tienen contrato el 63% cotiza a pensiones”, señalan los investigadores.

Así, entonces, según cálculos de Garay y Espitia a partir de la GEIH del Dane y los Microdatos del mercado laboral que publica la entidad estadística, “cerca de un 70% de los ocupados en el país no cuenta con las debidas garantías prestacionales”, pues el 41% de los ocupados son trabajadores por cuenta propia en condiciones de informalidad, otro 7% tampoco cuenta con contrato laboral y además, otro 20% de los ocupados labora bajo contrato verbal.

“Faltan por ser recuperados cerca de 500.000 empleos, y la precaridad laboral se profundizó con la pandemia. Todavía falta mucho por recuperar, pero tenemos casi la mitad de los empleos en condiciones informales”, mencionó Espitia, quien aseguró que otras posibles olas de contagio podría poner otro compás de espera a la recuperación de los empleos.

Además, los investigadores destacan que esta situación se agrava aún más con el deterioro en los ingresos laborales de las personas ocupadas. Para ello, con base en los micro datos se revisó la evolución de los ingresos para los años 2019, 2020 y 2021: prepandemia, pandemia y transición pospandemia respectivamente.

Según el documento del Observatorio, el ingreso laboral promedio de los ocupados en agosto de 2020 se redujo en un 18,2% respecto al mes de diciembre de 2019.

“Aunque para el mes de agosto de 2021 el dicho ingreso promedio había ascendido 20,9% respecto al del mismo mes del año 2020, el ingreso laboral promedio de agosto de 2021 aún se encontraba un 1,1% por debajo del respectivo al mes de diciembre de 2019”, menciona el análisis.

Ahora bien, en lo que va corrido del presente año 2021, la recuperación de los ingresos laborales promedio, según los dos académicos, “ha sido relativamente más favorable o bien para quienes se encuentran en los niveles bajos de ingreso”, pues los ciudadanos en situación de pobreza, han visto un aumento del 6,6%, pero señalan que sigue siendo insuficiente en la medida en que se había reducido en un 9,2% entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, o bien para los de mayores ingresos (con uno del 5%).

Entre tanto, los ingresos de la clase media tan sólo han crecido un 0,8% y un 1,1% en el caso de ocupado en situación de vulnerabilidad.
Situación pospandemia

Cabe aclarar, sin embargo, que las cifras de vinculación formal que presenta el Dane muestran una recuperación importante frente a los datos de hace un año, pero aún no llegan a los de prepandemia.

En el caso de los trabajadores dependientes, se dio un aumento en 740.472 con relación al mismo mes, lo que implica un crecimiento de 8,6%, pero frente a 2019 la diferencia es de 240.804 trabajadores, un 5,5% por debajo de los datos de hace dos años.

En el caso de los independientes, en comparación con lo presentado 12 meses atrás, representa un incremento de 99.657 personas vinculadas por medio de este tipo de relación laboral, 4,8% más que en 2020, pero si se comparan con los datos precovid sigue estando 5,4% por debajo, pues en septiembre de 2019 había 18.905 personas más trabajando con esta modalidad.

LA MEJORA EN EL TIEMPO

La recuperación del mercado laboral es uno de los síntomas más claros de la reactivación de la economía, y en los últimos meses la tasa de desempleo ha ido reduciéndose. En septiembre, último mes de referencia, se ubicó en 12,1%, lo que representó

una reducción de 3,7 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020.
En ese mes, la cifra total de desempleados en el país fue de 2,9 millones de personas, de los cuales aproximadamente la mitad (1,58 millones) se ubican en las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas del país, las más golpeadas por los cierres y cuarentenas.