Cárcel para evasores de impuestos después de los cambios de crecimiento económico

Mediante la Ley 2010 de 2019, el Gobierno nacional realizó ciertas modificaciones a las normas del Código Penal que sancionan la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria. 

Se incluyen sanciones penales en contra de los contribuyentes, de 36 a 60 meses. 

En el siguiente video, nuestro conferencista Diego Guevara Madrid, destacado tributarista y líder de investigación en impuestos de Actualícese, explica los casos donde a los evasores de impuestos se les puede aplicar sanciones penales. Veamos: 

Continuando con lo expuesto por nuestro conferencista, cabe anotar que la tras la derogatoria de la Ley 1943 de 2018, la nueva reforma tributaria, mejor conocida como Ley de crecimiento económico 2010 de 2019, retomó varias de las disposiciones inicialmente planteadas en torno a la defraudación y promoción de estructuras de evasión tributaria. Sin embargo, a través de su artículo 71 introdujo ciertas modificaciones a las normas que rigen esta materia, como es el caso del artículo 434 B del Código Penal. 

En dicho artículo se menciona lo siguiente: cuando un contribuyente obligado a declarar no cumpla con su deber, o en una declaración tributaria omita ingreso, incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes –smlmv– e inferior a 2.500 y estas le sean definidas por liquidación oficial, le será aplicable una sanción penal de 36 a 60 meses de prisión. 

En el caso de que dichas conductas superen el equivalente a 2.500 smlmv, pero seas inferiores a 8.500, las penas privativas de la libertad se incrementarán en 48 a 80 meses. Si supera los 8.500 smlmv la pena puede ser de 72 a 120 meses de prisión. 

Cabe señalar que la acción penal podrá iniciarse por petición del director de la Dian, o la autoridad competente, siguiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No obstante, la administración tributaria se abstendrá de presentar esta petición cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos. 

La acción penal comentada será extinguida cuando sea presentada o corregida la declaración tributaria, siempre que se efectúe dentro del término para corregir, y además se realicen los respectivos pagos por impuestos, sanciones e intereses. 

Aunque la Ley de crecimiento 2010 de 2019 solo pretendía transcribir las normas de la inexequible Ley de financiamiento 1943 de 2018, acabó modificando aproximadamente 55 normas nuevas. 

Por ello desde Actualícese hemos preparado una zona web especial de la reforma tributaria 2019, en la cual encontrará análisis de nuestro equipo investigador, ayudas audiovisuales y herramientas prácticas que harán más sencilla su labor. ¡Consúltela ya en Ley de crecimiento económico 2010 de 2019: análisis 360º!

https://actualicese.com/carcel-para-evasores-de-impuestos-despues-de-los-cambios-de-crecimiento-economico/?referer=email&campana=20200128&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20200128_impuestos&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Pueden empresas de actividades no esenciales exigir ir a trabajar?

Experto analiza qué le puede pasar a las empresas que no cumplan con la medida decretada por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. 

Durante la semana registraron aglomeraciones en varias estaciones de TransMilenio, en Bogotá. 

La alcaldesa Claudia López anunció que multará a empresas no exentas que exijan a sus trabajadores desplazarse a su sitio de trabajo. 

A pesar de las medidas de aislamiento obligatorio, las imágenes de aglomeraciones en las estaciones de Transmilenio de Bogotá provocaron la declaración de la alcaldesa advirtiendo sobre “compañías irresponsables, sin exención que obligan a sus empleados a asistir a trabajar sin estar exentos y la de algunos operadores de Transmilenio que creen que su negocio es más importante que la vida”.

La situación de los trabajadores obligados a asistir a los sitios de trabajo por parte de empleadores no exentos de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio merece especial análisis para determinar los efectos de las órdenes patronales de desplazamiento, las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo y los efectos del incumplimiento de los trabajadores respecto de la orden de presentarse en los sitios de trabajo en empresas que desarrollan actividades no exentas.

En el marco de la implementación de las medidas de aislamiento obligatorio para enfrentar la pandemia que deriva del Covid-19, se ordenó a través del decreto 457 del Gobierno Nacional y el decreto 092 de la alcaldía de Bogotá, la limitación total de la libertad de circulación de personas y vehículos dejando a salvo algunas excepciones de trabajadores que desempeñan labores indispensables para la prestación de determinados servicios y actividades (servicios de salud, atención de adultos mayores y personas con discapacidad, bancos, actividades de fuerzas militares y policía, servicios de vigilancia y seguridad privada, centros de llamadas etc.).

En este contexto la facultad de subordinación del empleador que desarrolla actividades no exentas (ejemplo: peluquerías, carpinterías, bares, comercio, gimnasios, etc.) en materia de exigibilidad de asistencia al lugar se trabajo se relaja y cede para dar prevalencia a la efectividad de las medidas de aislamiento social para afrontar la pandemia del coronavirus.

La orden gubernamental y local de aislamiento dispone la obligación de disponer, incluso en actividades exceptuadas jornadas de teletrabajo y trabajo en casa para atender las funciones y labores que no requieran presencia física de los trabajadores. 

La orden patronal en empresas, que desarrollan actividades no exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio, de trasladarse al sitio de trabajo a pesar de las restricciones que derivan de las políticas de restricción de circulación, pueden ser desatendidas por los trabajadores sin lugar a sanción laboral alguna dado el carácter de orden público de las medidas del estado de emergencia, económica, social y ecológica que prevalecen sobre las órdenes e instrucciones patronales.

En general, los empleadores deben garantizar la protección y seguridad para con los trabajadores en armonía con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo regulado en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, en las cuales debe entenderse inmersa la obligación de diligencia debida del empleador, que articula la regla de seguimiento de las políticas de aislamiento contra el coronavirus.

La adopción del teletrabajo como modalidad de prestación de los servicios supone el respeto del principio de equidad en la remuneración, las políticas de salud ocupacional y el “derecho de conexión” por el cual el empleador debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía y desplazamientos, sin que sea excusable la orden de asistencia al trabajo, por no contar el trabajador con computador personal.

La orden del empleador a los trabajadores de trasladarse a la sede de trabajo lo expone a multas hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes por violación de normas del código de policía, multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por violación de normas laborales, y prisión de 4 a 8 años por violación por el delito de violación de medidas sanitarias. 

En este sentido, la violación de las medidas de aislamiento que deriva de la orden patronal en actividades no exceptuadas de asistir al espacio físico de la empresa supone: 

1. La imposibilidad de sanción disciplinaria o despido por su incumplimiento

2. La inobservancia patronal de las medidas de seguridad y salud en el trabajo

3. La exposición del empleador a las multas del poder de policía y sanciones penales por incumplimiento de las nomas gubernamentales y locales de aislamiento obligatorio.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/pueden-las-empresas-no-exentas-exigirles-a-sus-trabajadores-desplazarse-539483