viernes, septiembre 01, 2023

Líos que ve el sector en Soat, póliza de revisión de vehículos y otros seguros

 


Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, gremio que realiza su convención anual en Cartagena.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, dice que es buen momento para corregir las fallas.

Los aseguradores colombianos están en la encrucijada. Debido a recientes normativas cuatro seguros obligatorios los tienen con serias dudas. Se trata el Soat, el seguro decenal, los riesgos laborales y los seguros de responsabilidad civil que deben expedirles a los centros de diagnóstico automotriz (CDA), lo anterior sin tener en cuenta los efectos que pueden traer las reformas de la salud y la de pensiones.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, en entrevista con EL TIEMPO, señaló que debido a esa situación le están pidiendo al Gobierno revisar esas normativas para corregir esas fallas.

¿Sirvió la medida del Gobierno para atajar la evasión del Soat?.

Pasados siete meses nuestras cifras indican que la evasión continúa casi igual. Hubo un leve descenso en el primer trimestre, pero ahora no detectamos que haya habido una reducción de la evasión, sobre todo en motos. Entonces, una medida que de la mejor buena fe emitió el Gobierno con nuestro apoyo no está dando el resultado esperado. Es buen momento para revisarla.

Y, ¿cree que el Gobierno revisará de nuevo el tema?.

El Plan de Desarrollo le da facultades al Gobierno para revisar toda la estructura del Soat. Ese es un buen marco para hacer los ajustes que haya que hacer para que este sistema de protección de personas en accidentes de tránsito siga funcionando bien como hasta ahora.

¿Qué proponen los aseguradores?


Las tarifas del Soat se ajustan como resultado del análisis de la frecuencia y severidad de la siniestralidad de los vehículos automotores obligados a portar la póliza.

Nosotros presentamos siete propuestas operativas que tienen que ver, entre otras, con la forma de acreditar el costo de los insumos médicos en las atenciones médicas del Soat, medicamentos y dispositivos médicos que deben estar registrados en el Invima, para que las aseguradoras tengan la posibilidad de revocar la póliza si descubren que hubo fraude o suplantación, temas que ayudarían a solucionar algunos problemas que afectan hoy al Soat. Pero el llamado al Gobierno es para que en los próximos meses, cuando se siente a regular la tarifa, tengan en cuenta todos estos factores para que esto se haga más con base en criterios técnicos, de actuaría y de riesgos futuros, que con base en temas de coyuntura de corto plazo.

Ustedes también lanzaron una alerta por el seguro decenal, ¿Qué está pasando?.

Este seguro se creó en el 2016 a raíz del famoso caso Space en Medellín y es obligatorio solo para constructores de edificios de vivienda para cubrir a los compradores frente a amenazas de ruina o derrumbe. Esta póliza comenzó a operar a mediados del 2022 en Bogotá, Medellín y otros 33 municipios aledaños y a partir del 1.° de julio de este año en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otros 41 municipios para un total de 74 municipios hoy.

Circula un proyecto de decreto que postergaría la entrada de ese seguro a un nuevo grupo de municipios hasta el próximo año y eso no es bueno, de ahí nuestro llamado al Gobierno para que revise ese tema que beneficiaría solo algunos constructores que nosotros creemos que son minoritarios del sector consideran que esto implica un costo adicional en medio de los problemas que los tienen frenados. Pero, en realidad, creemos que eso que se percibe como costo adicional en realidad les ahorrará en el futuro dolores de cabeza a todos, a constructores, a los municipios y compradores.

Hay dos temas más que le preocupan a la industria, uno es el monopolio que se crea en riesgos laborales...

El Plan de Desarrollo tuvo aciertos importantes en beneficio de la gente en materia de seguros, pero también se cometió un error grave: se creó un monopolio para la gestión de los riesgos laborales de los empleados públicos en cabeza de Positiva, que es una aseguradora estatal, es decir, todos los empleados públicos deben estar asegurados allí. En nuestra opinión, esto le hará mucho daño a esa compañía porque la exime de la obligación de competir y empresa que no compite muere. Lo segundo es que con esa decisión se ataca un principio que les ha venido muy bien a los trabajadores colombianos y es el de elegir la aseguradora con la que quieren estar. La Corte Constitucional casi que con seguridad corregirá ese error del legislador, creemos que la señal fue equivocada en materia de competencia. Estamos hablando de 1,2 millones de funcionarios que Positiva tendrá que recibir con el agravante de que deba asumir riesgos que quizás no quiera tener porque pueden ser mejor atendidos por otras compañías.

El otro es la póliza de responsabilidad civil que deben tomar los CDA a favor de los clientes...

Eso no tienen mucho sentido porque los CDA tendrán que pagar la póliza de un riesgo que ni este sufre ni crea. Ahí hay un problema conceptual grande que hemos criticado y así se lo hemos planteado también a la Corte Constitucional apoyando las demandas que han presentado otros. No vemos en eso, y lo digo con franqueza, mucho apetito de las aseguradoras de entrar en ese mercado, porque al centro de seguridad no le gustan los seguros mal diseñados y que no tengan una lógica clara, probablemente haya una o dos que lo quieran hacer.

Colombia sigue rezagada en materia de seguros, ¿Cómo elevar la penetración ahí?

Una sociedad con más seguro es una sociedad más protegida. Nosotros ya estamos en el promedio de Latinoamérica del 3,2 por ciento de penetración y nuestra meta es lograr el de la Ocde de 7 por ciento. Estamos trabajando en eso, precisamente, durante esta convención, con el Ministerio de Comercio y Banca de las Oportunidades lanzaremos un paquete de seguros asociados con la economía popular para ayudar en la penetración en esas capas de la economía, donde los seguros de tarifas reguladas y los paramétricos jugarán un papel fundamental.

¿Qué tipo de seguros?

La forma como el Gobierno quiere apoyar a los actores de la economía popular es a través del crédito y este funciona si viene respaldado por buenos seguros de vida deudores, seguros agropecuarios, de crédito al vendedor cuando la compra es a plazos. Hay todo un conjunto de ramos que pueden apoyar esa política de inclusión crediticia.

Lo otro son los seguros paramétricos que el Plan de Desarrollo extiende a todos los ramos, lo cual abarata mucho el funcionamiento y ayuda a masificar los seguros para amparar ante hechos catastróficos (terremotos, inundaciones). Son seguros que no exigen formalización, pues se pueden amparar hasta vendedores ambulantes, como ocurre hoy en la India. Para finales de este año vamos a encontrar algunos pilotos de seguros paramétricos en muchas zonas del país.
¿Seguirán llegando actores extranjeros que apoyen en esta labor?

Desde luego, la información que tenemos es que se avecinan tres o cuatro inversiones extranjeras nuevas en los próximos 12 meses. Pero también estamos viendo mucho interés de inversionistas nacionales en meterse en el sector asegurador, no solo creando compañías, también corredores y en las llamadas insurtech o seguros digitales.


Para el 2050, el cambio climático reduciría el PIB de Colombia entre 1,5 y 2,5 %

 


El Banco Mundial menciona políticas para disminuir los efectos de esta problemática.

Según el Banco Mundial, reducirá el PIB anual de Colombia entre un 1,5 y un 2,5 por ciento.

La frecuencia de los desastres relacionados con el clima viene aumentando en las últimas décadas en Colombia. Esta situación complica las ambiciones de desarrollo del país y si no se toman las medidas de adaptación pertinentes, los impactos previstos afectarán a la pobreza y al crecimiento.

Así lo sostiene un informe elaborado por el Banco Mundial, que analiza las oportunidades y desafíos de Colombia con respecto al cumplimiento de sus objetivos de desarrollo y sus ambiciosos compromisos climáticos.

El organismo señala que según estimaciones conservadoras de aquí al 2050 el cambio climático reducirá el producto interno bruto (PIB) anual real del país entre un 1,5 y un 2,5 por ciento, como mínimo.

Esto por cuenta de las pérdidas provocadas por el clima en la agricultura, el aumento de las inundaciones fluviales, la menor productividad laboral, daños en la infraestructura, menor capital físico y mayores riesgos financieros, entre otros.

“La acumulación de estos valores entre 2023 y 2050 equivaldría a perder casi un PIB anual. Según las estimaciones, para 2050 estas pérdidas reducirán los ingresos de los hogares y el consumo familiar entre un 2,1 y un 3,1 por ciento”, dice el informe del Banco Mundial.

Impacto de los desastres climáticos


Respecto a las pérdidas agrícolas, el Banco Mundial señala que las conmociones climáticas ya han causado una disminución del 20 por ciento en la producción de leche y pérdidas de hasta el 60 por ciento en los ingresos totales de los ganaderos en algunos años.

Además, indica que se prevé que el cambio climático acentuará aún más la ya baja productividad en un sector que sigue siendo importante para el empleo en el país. “Es probable que para el 2050 el 80 por ciento de los cultivos sean afectados en más del 60 por ciento de las zonas actuales y que ello tenga un impacto particularmente grave en los cultivos perennes de alto valor”, sostiene.


La destrucción por la temporada de lluvias tiene apariencia de haber sido originada por “un fuerte terremoto jamás visto”, cuentan en Piojó.

Frente a los daños a la infraestructura indica que los desastres climáticos suelen interrumpir las cadenas de suministro de alimentos y productos básicos, el acceso a los mercados y la conectividad de los pasajeros.

Recuerda que entre 1970 y 2020, los daños a la infraestructura y la pérdida de actividad económica en corredores clave causaron, en conjunto, pérdidas estimadas en 7.100 millones de dólares. Y en concreto, durante el fenómeno La Niña de 2010–2011, los cierres y desvíos de caminos provocaron pérdidas por aproximadamente 222 millones de dólares.


“Alrededor del 23 por ciento de todos los hogares colombianos aún viven en casas hacinadas y precarias que son altamente vulnerables a los impactos climáticos. El Gobierno estima que para el 2050 los daños provocados por inundaciones y huracanes en las viviendas representarán el 7,5 por ciento del presupuesto nacional anual asignado”, resalta el organismo internacional.

Las crisis climáticas también aumentan los riesgos para el sector financiero. Hay que recordar que alrededor del 6,5 por ciento del total de la exposición de la cartera de préstamos de los bancos corresponde a municipios que presentan un riesgo elevado de inundaciones.
Consecuencias en la desigualdad y la pobreza

El Banco Mundial asegura que las crisis climáticas y sus correspondientes pérdidas económicas exacerbarán la desigualdad y la pobreza del país. En concreto, dice que de aquí al 2030 las graves perturbaciones hidrometeorológicas podrían disminuir el bienestar de alrededor de 3 millones de colombianos que ya son pobres y que viven en las regiones más apartadas y vulnerables.

En el análisis realizado para este informe se estima que para el 2050 las pérdidas de consumo podrían ascender al 2 por ciento en el caso de los hogares urbanos y al 3 por ciento en el caso de los hogares rurales.


Habitantes del barrio Nueva Colombia, suroccidente de Barranquilla, resultaron damnificados por deslizamientos de tierra en el sector producto de las lluvias.

Otros riesgos derivados del cambio climático.

Igualmente, dice que además de los riesgos económicos derivados del cambio climático, es probable que la descarbonización de los socios comerciales afecte el equilibrio comercial y fiscal de Colombia a través de dos canales.

La probable descarbonización de los socios comerciales podría reducir tanto la entrada de divisas como los ingresos fiscales y aumentar los riesgos de la transición para el sector financiero

De un lado, está la reducción de la demanda y de los precios de los hidrocarburos, especialmente el carbón y el petróleo. “La probable descarbonización a largo plazo de los socios comerciales de Colombia podría reducir tanto la entrada de divisas como los ingresos fiscales y aumentar los riesgos de la transición para el sector financiero, además de poner en riesgo el empleo”, alerta el organismo internacional.

Del otro, está la promulgación de regulaciones comerciales relacionadas con el clima. Según el informe, el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea podría causar un perjuicio de aproximadamente 1.000 millones de dólares a las exportaciones de Colombia (sobre todo las de café, aceite de palma, carne vacuna y cacao), es decir, alrededor del 2,5 por ciento del total de las exportaciones de bienes, por lo cual el Banco Mundial dice que será necesario invertir en sistemas de trazabilidad para mantener la participación en el mercado.

“La transición hacia una economía que produce y utiliza menos hidrocarburos aumentará las desigualdades regionales y reducirá la capacidad local para financiar obras de infraestructura. Las regiones productoras de petróleo y carbón reciben regalías, que los departamentos y municipios utilizan para financiar proyectos de infraestructura vial, escuelas y hospitales. Si la producción disminuye, habrá menos recursos para estos proyectos. En general, se estima que para el 2050 la descarbonización mundial costará alrededor del 8,2 por ciento del PIB, a lo que se suman los costos directos derivados del cambio climático”, sostiene el documento.
Algunas políticas a implementar

Si bien hay sobre la mesa muchas estrategias posibles para alinear los objetivos climáticos y de desarrollo de Colombia, el organismo internacional conviene seguir tres principios. En primer lugar, dice que la resiliencia y la capacidad de adaptación requieren de un enfoque que abarque toda la economía y que haga hincapié en la protección de los grupos vulnerables.

En segundo lugar, sostiene que si bien en teoría Colombia podría alcanzar su meta de cero emisiones netas para el 2050, esto requeriría una mejora fundamental a corto plazo en la tendencia de las emisiones.


Deslizamiento de tierra provoca caída de casas en barrio La Manga en Barranquilla por lluvias.

Dice que esto implicaría adoptar drásticas medidas de mitigación: en el 2024 debería limitarse la deforestación a 37.500 hectáreas al año, se deberían establecer sistemas ganaderos sostenibles a un ritmo de 2 millones de hectáreas al año y para el 2030 se tendrían que restaurar unos 5,6 millones de hectáreas de tierra.

Asimismo, el 67 por ciento de los autobuses públicos y el 55 por ciento de los automóviles deberían ser eléctricos (en 2021 ninguno lo era); el 20 por ciento del transporte de carga debería ser ferroviario (cifra muy superior al 7 por ciento registrado en 2021), y la generación de electricidad renovable debería incrementarse un 8 por ciento al año.

Según el Banco Mundial, la mejora en las tendencias de las emisiones requeriría de un gran esfuerzo a corto plazo en materia de políticas. Por ejemplo, señala que en el sector del uso de la tierra, implicaría ampliar la administración y tenencia de esta, así como los derechos sobre ella en los puntos críticos de deforestación; aumentar la eficacia de la aplicación de la ley para frenar la apropiación de tierras, y reorientar el apoyo agrícola hacia la innovación verde.

Para el sector del transporte indica que las prioridades consistirían en alentar la adopción de vehículos eléctricos ampliando la infraestructura de carga y los incentivos económicos, y ejecutando todos los proyectos de transporte público, transporte no motorizado y transporte de carga multimodal que se están tramitando.

Y para el sector energético asegura que resulta prioritario incentivar la electrificación del uso de la energía de los edificios y ampliar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.


La deforestación es una de las causas de inundaciones y avalanchas. La imagen es de Montañita (Caquetá).

En tercer lugar, el informe dice que Colombia debería garantizar una transición justa en el contexto de la descarbonización nacional y global, haciendo hincapié en la protección de las poblaciones más vulnerables y expuestas.

Esto aplica especialmente a los trabajadores de los sectores del carbón y del petróleo, cuyos empleos y economías locales circundantes, respectivamente, estarán en riesgo. Igualmente, se tendría que aplicar a los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven en áreas geográficas de importancia estratégica para la contención de la deforestación.

“La acción climática necesaria para que Colombia logre sus objetivos tendrá costos considerables, pero no inalcanzables; dichas inversiones, además, también generarían beneficios económicos. Un paquete integrado de inversiones para promover la resiliencia y la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050 requeriría 92.000 millones (en valor presente de 2023) en inversiones adicionales con respecto a un punto de referencia que no incluye objetivos climáticos”, asegura el Banco Mundial.

Adicional a ello, asegura que el aumento de la resiliencia climática y la descarbonización reducirían la contaminación del aire, la congestión del tráfico y la vulnerabilidad a las fluctuaciones en los mercados globales de energía, lo que generaría 7.000 millones de dólares en beneficios económicos para el 2050.