jueves, septiembre 30, 2021

Colombia ocupa el quinto lugar en el Índice de Inclusión Financiera hecho por Credicorp

 

Las puntuaciones del país reflejaron 57,3 en calidad percibida, 34,8 en acceso y 22,8 en uso para un total de 38,3 sobre 100 puntos

Con un puntaje de 38,3 sobre 100, Colombia ocupó el quinto puesto dentro del ranking del Índice de Inclusión Financiera (IIF) realizado por el Grupo Credicorp, holding financiero líder en el Perú.

Con calificaciones de 57,3 en calidad percibida, 34,8 en acceso y 22,8 en uso, desde una perspectiva comparativa con los demás mercados, el país alcanzó algunas de las puntuaciones destacadas en calidad y acceso, pero se ubicó por debajo de la media en uso.

Para la construcción del IIF se consideraron tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida. Así mismo, se definió una escala de 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera.





Según el IIF, el promedio obtenido por los siete países analizados es de 38,3. Panamá registró el mayor puntaje con 52,2. Le siguen Chile (51.6), Ecuador (46.9), Bolivia (38.9), Colombia (38.3), Perú (37.9) y México (35.0).

Calidad percibida

Colombia destaca entre los tres países con mejor puntuación en la dimensión de calidad percibida: Panamá (68.0), Ecuador (67.2) y Colombia (57.3). Esta dimensión analiza la confianza y calidad de los productos financieros disponibles.

En un rango de uno a cinco, los colombianos calificaron la confianza en su sistema financiero formal con un promedio de 2,95, ubicándose ligeramente por encima del promedio alcanzado por los siete países del IIF (2,92).

Colombia también destaca en la medición que se hace sobre la utilidad de los medios digitales con una evaluación de 3,55 en una escala del uno a cinco, y es el tercer país con mejor evaluación en esta categoría, luego de Panamá (4.20) y Chile (3.61).

Entre los productos financieros digitales, Colombia es el segundo país que mejor valora la utilidad de las billeteras móviles, pues 47% considera que son canales financieros muy buenos o buenos.

Acceso

Esta dimensión del IIF toma en consideración la infraestructura financiera, el conocimiento y la tenencia de productos de ahorro o seguro. Colombia destaca, pues 93% de los colombianos cuenta con algún tipo de producto de este tipo y 85% conoce, al menos, un producto financiero formal.

Los productos más conocidos son la cuenta de ahorros o corriente, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Además, 50% de los colombianos conoce sobre las billeteras digitales o las cuentas conectadas al teléfono.

Según Credicorp, se observa que 10% tiene un producto de crédito con entidades formales, mientras que 22% cuenta con productos informales (prestamistas, familiares o conocidos, grupos o juntas) y 68% no posee ningún producto crediticio.

Un dato que resalta es que 65% de los colombianos percibe, al menos, una barrera para tener productos financieros. Entre las personas que no tienen productos de ahorro o seguro, 52% señala que no cuenta con recursos suficientes, mientras que 18% considera que no le interesa y 12% afirma que no lo necesita.

Uso

En esta dimensión se analiza la información sobre las transacciones básicas, ingresos y ahorros. El IIF reveló que 58% de los colombianos no utiliza medios bancarizados para pagar por productos o servicios.

También, existe un alto uso de efectivo para comprar alimentos (98% de los colombianos), productos del hogar (97%), productos para uso personal (98%), pagar créditos (72%), entre otros. 72% de los colombianos no usa ningún producto financiero al mes. En promedio, un colombiano utiliza 3,7 productos financieros al mes, muy por debajo de la media regional (5,86).

Adicionalmente, 32% de los colombianos realizó transferencias de dinero a través de medios formales, durante el último año. De las personas que realizaron transferencias, 46% lo hizo a través de una billetera móvil, 45% a través de agencias, agentes o cajeros y 44% la hizo de manera personal a través de familiares o conocidos.

Finalmente, 11% de los colombianos señaló que ahorra a través de medios formales, mientras que 10% no cuenta con medios formales de ahorro. 79% de los colombianos señaló que no ahorra. De las personas que ahorran, 46% lo hace a través de una cuenta a nombre propio mientras que 43% lo hace en una alcancía o debajo del colchón.

Según concluyó el estudio, respecto a la primera variable se evidenció que, a mayor nivel educativo de las personas, mayor inclusión financiera. Por ejemplo, quienes tienen estudios universitarios alcanzan un puntaje de 55,1, por encima de aquellos con estudios técnicos (45,5) o de educación secundaria (36,4).

Respecto al género, los datos expresan que los hombres tienen una mayor inclusión financiera frente a las mujeres, con puntajes de 41 y 35,9, respectivamente.

En relación con la edad, las personas mayores suelen tener menores niveles de inclusión: para el rango de edad entre 26 y 42 años el puntaje es 42, mientras que para los mayores de 60 años el puntaje es de 29,6.

Por último, de acuerdo con el IIF, vivir en ámbitos rurales y urbanos es un condicionante de la inclusión financiera en todos los países, principalmente en la dimensión de uso, en la que se observa una diferencia de 11 puntos entre el ámbito urbano (26,9) y el ámbito rural (15,9).


Tributaria: el 40% de las proposiciones tocan subsidios y exenciones

 Las propuestas de los congresistas abogan por mayores estímulos al empleo, tarifa diferencial de renta para pymes y algunas reducciones en impuestos.




Hay alrededor de 160 proposiciones radicadas, si bien algunas de ellas se repiten.

Aunque el proyecto de reforma tributaria fue radicado ante el Congreso hace menos de tres semanas, los congresistas han estado trabajando en su propia agenda de proposiciones y cambios para colgar en el proyecto para cuando arranquen las discusiones.

De acuerdo con la ultima actualización publicada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, encargada de agrupar las propuestas, hay alrededor de 160 proposiciones radicadas, si bien algunas de ellas se repiten.

Portafolio revisó el contenido de estas proposiciones e identificó cuáles son los principales focos de los congresistas y cómo afectarían los gastos del gobierno, pues con la reforma se apunta a recaudar $15,2 billones.

De estas propuestas, 33 de ellas tienen una relación directa con artículos sobre subsidios, aproximadamente 20,6% del total de las proposiciones.

Mientras que otras 31 hacen referencia a posibles exenciones o beneficios tributarios, 19,3% del total. De modo que 39,9% de las proposiciones radicadas implicarían mayores gastos o menores ingresos para la Nación.

Buena parte de las propuestas se relacionan con el articulo 22 del proyecto, referente al incentivo para la creación de nuevos empleos, que propone un subsidio de 25% de un salario mínimo cuando se contraten jóvenes entre 18 y 28 años que devenguen menos de un mínimo, y de 10% cuando el salario sea de 3 salarios mínimo.

Por el momento hay 10 propuestas que buscan modificarlo, lo que equivale a 6,2% de las proposiciones presentadas.

Entre los cambios que se persiguen desde diferentes partidos está, que si se contratan trabajadores mujeres los incentivos sean respectivamente de 27% y 12%, otra proposición aboga por esto mismo pero son subsidios del 27% y 17%, y hay dos que buscan que el subsidio para el caso de los 3 salarios sea del 15% si se aplican criterios de inclusión femenina.

Todo esto implicaría mayores recursos del Gobierno. Además, otras propuestas buscan que el incentivo a la creación de nuevos empleos llegue a municipios con altas tasas de desempleo juvenil, y que si los jóvenes no residen en el municipio donde trabajan el subsidio ascienda a 30%.

En materia de subsidios, otro artículo para el que se estaría buscando financiación adicional es el 23, Matrícula Cero, pues hay una propuesta que aboga por la creación de una línea de garantías del 100% subsidiadas para beneficiarios del Icetex; otra que pide un esquema de transferencias para apoyar a los beneficiarios del programa con gastos como transporte, alimentación y adquisición de material educativo, y también que las instituciones no exijan el pago de conceptos de derecho de matrícula e inscripción.

Incluso hay un paquete de 14 propuestas presentadas desde el Partido Verde que busca reemplazar el Ingreso Solidario por una Renta Básica, donde el monto que se asignaría sería determinado por la línea de pobreza monetaria, con un aumento de 4,4% por cada integrante del hogar.

Y se propone que se financie con recursos del Fome, con emisión de títulos del gobierno, reducción del costo del servicio de deuda y la inaplicación de los descuentos y rebajas de tarifas del IVA e impuesto de renta previstos por la Ley 2010 de 2019.

Entre otras de las propuestas de subsidios destaca un apoyo económico de reapertura para pequeños empresarios, que sería un subsidio único hasta por 5 SMMLV para negocios y o empresas que por la pandemia hayan cerrado entre marzo 2020 y marzo 2021, radicada por cuatro congresistas del partido Mira.

LAS EXENCIONES

Del otro lado un grupo importante de iniciativas apuntan a modificar el artículo 7 del proyecto, que establece una tarifa general de renta para las personas jurídicas del 35%, y de tres puntos adicionales para las instituciones financieras.

Algunas propuestas sugieren que la tarifa se fije en 27% cuando la base gravable sea inferior a 13.770 UVT y en 35% cuando esté por encima de ese rango, otra apunta a que la tarifa de las Mipyme sea 33%.

También hay una proposición enfocada a un desmonte gradual en la renta de las empresas, de 33% en 2022, 34% en 2023 y 35% desde 2024; otra con rangos entre 15% y 35% según el tamaño de la empresa, e incluso que en el departamento del Amazonas esta tarifa quede en 30%. Esto afectaría la meta de recaudo del Gobierno.

Por el lado del IVA hay una propuesta que busca que la exención en los insumos del agro pase de productos por debajo de los 80 UVT a 100 UVT, y que se incluya en la exención a servicios turísticos en el territorio nacional cuyo precio de venta sea inferior a 20 UVT, ya sean de transporte aéreo, reservas hoteles, centros vacacionales, parques temáticos, entre otros.

Otros estímulos buscan que los servicios de expendio de comidas y bebidas queden exentos de la sobretasa al sector eléctrico hasta 2022, lo que representaría $58.572 millones, que las entidades territoriales que entre las vigencias 2021, 2022 y 2023 superen límites de gasto por la pandemia no sean sujetas a medidas por incumplimiento, incluir conciliaciones contencioso-administrativas en materia tributaria ante la Dian y que las obras complementarias a la Vía al Llano puedan hacerse por el mecanismo de obras por impuestos.

OTRAS DE LAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA

Dentro de las proposiciones que se han presentado algunas buscan incrementar el recaudo por medio de eficiencias en procesos de entidades como la Dian, el Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

También hay propuestas en torno al impuesto al patrimonio, a las bebidas ultraprocesadas y a También se propone la creación de una comisión de expertos en educación superior, y una para la reducción del gasto público. Además de una cuota femenina en el Comité Autónomo de Regla Fiscal.

Se propuso que el Día Sin IVA aplique a pagos en efectivo y quitar exenciones a algunos medicamentos.