viernes, septiembre 16, 2022

Las peticiones de Gustavo Petro a las cámaras de comercio

 El presidente también habló de la capacidad que tiene la asociatividad para apoyar el impulso de la economía popular.



El Congreso de Confecámaras reunió a las cámaras de comercio del país.

Más formalización, alfabetización digital y asociatividad, fueron las peticiones del presidente Gustavo Petro a las cámaras de comercio, en el marco del concepto de economía popular, durante la clausura del congreso anual de Confecámaras, celebrada este viernes en Cartagena.

“Creo que el capitalismo en Colombia se puede desarrollar por tanto las capacidades del país en la economía popular (...) la cual puede tener formalidades, allí está buena parte de los empleos y de los salarios mínimos”, indicó el presidente Petro durante su intervención.

“Ahí hay una vitalidad; tenemos que entrar en otra lógica; las cámaras de comercio tienen que entrar en este proceso de formalización”, prosiguió.

En ese sentido refirió que la alfabetización digital tiene un rol bisagra en “esta nueva capacidad” de desarrollar la economía popular. Apuntó que las cámaras de comercio pueden ayudar en este proceso.

Petro también habló de la capacidad que tiene la asociatividad para apoyar el impulso de la economía popular, que puede brindar mayor capacidad de ingreso a los ciudadanos y capacidad para crear las bases para una industrialización de su sector.

En ese sentido, Julián Domínguez, presidente de la Confederación de las Cámaras de Comercio, dijo que “es necesario” trabajar tanto por la formalización como la economía popular; por ello sobre el primer punto explicó que hay que “articular esfuerzos” entre todas las ofertas de programas que hacen vida entre el sector público y el sector privado.

Asimismo, se comprometió con promover la formalización entre las empresas; incrementar el valor en la producción y fomentar la seguridad jurídica. “Las camaras de comercio somos verdaderas red de desarrollo productivo y social, no existe otra red como la nuestra, estamos listas para construir confianza y seguir generando bienestar social”.

Ley borrón y cuenta nueva: estos son los ajustes con los que fue sancionada

 

La Corte Constitucional realizó el estudio de constitucionalidad del proyecto de ley borrón y cuenta nueva que tiene como finalidad la eliminación de los reportes negativos de las centrales de riesgo.

Estos son los ajustes solicitados por la Corte e incluidos en la nueva Ley 2157 de octubre 29 de 2021.

El proyecto de ley estatutaria 062 de 2019 fue formalizado recientemente mediante la sanción presidencial de la Ley 2157 de octubre 29 de 2021 mediante el cual se determinan, entre otras, medidas de tratamiento de datos en relación con información financiera y crediticia.

En sentido amplio, esta ley tiene como principal finalidad modificar la Ley 1266 de 2008 en lo que refiere al reporte y permanencia de la información en las centrales de riesgo cuando se trate de reportes negativos.

En la siguiente charla en casa, Miguel Santiago Pantoja, abogado consultor en derecho comercial, explica en qué consistiría la ley de borrón y cuenta nueva:

Atendiendo a lo dicho, se dispone en la Ley de borrón y cuenta nueva que el reporte de información referente al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, a datos referentes a una situación de incumplimiento de una o varias obligaciones, deberá regirse por un término máximo de permanencia; una vez vencido este término, la información deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a ella o consultarla.

Ahora bien, dado que la Ley de borrón y cuenta nueva 2157 de 2021 fue revisada por parte de la Corte Constitucional antes de su sanción por parte del presidente de la república, y que de dicha evaluación surgió la obligación de modificar algunos apartes que fueron considerados inconstitucionales, en la siguiente infografía realizamos una breve descripción del estudio realizado por la Corte Constitucional:

Proyecto de ley de borrón y cuenta nueva

Así, tenemos entonces que con la entrada en vigor de la Ley borrón y cuenta nueva se dará paso a un período de transición en el que los ciudadanos que extingan sus obligaciones dentro de los próximos doce (12) meses permanecerán con el reporte negativo por un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de extinción de la obligación. Cumplido este término el reporte deberá ser retirado automáticamente.

A su vez, aquellas personas que a la entrada en vigor de la ley hayan extinguido sus obligaciones y el reporte negativo haya permanecido por lo menos seis (6) meses contados desde la extinción de la obligación deberán ser retiradas del sistema de manera inmediata.

Proyecto de ley borrón y cuenta nueva: estudio de constitucionalidad

Como ya lo anticipamos, antes de la sanción presidencial de la actual Ley 2157 de octubre 29 2021, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-282 de 2021, realizó el estudio de constitucionalidad del proyecto de ley, indicando la constitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, lo cual supone que no deben ser modificados.

Por su parte declaró inconstitucionales algunas expresiones contenidas en los artículos 4, 5 y 7 señalando lo siguiente:

  • El artículo 4 indicaba que las fuentes de información deberían cumplir con el reporte de la información negativa de los titulares, máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación.

La Corte decide declarar inconstitucional la expresión “hacerse exigible la obligación”, toda vez que desconoce particularmente los principios de veracidad, integridad e incorporación, ya que, al desligar el plazo para reportar información negativa de hechos que generarían la información negativa, se afectaría el derecho a la información del sistema financiero al no contar con información completa, cierta y actualizada, lo cual, a su vez, afectaría la estabilidad del sistema financiero. Dado esto, la Corte propone que se cambie dicha expresión por “la constitución en mora del titular”.

  • El parágrafo 2 del artículo 5 establecía, entre otras cuestiones, que no se podría consultar la información para fines de toma de decisiones laborales, salvo cuando se trate de contrataciones en el sector financiero.

Respecto a lo contenido en este parágrafo la Corte decide declarar inconstitucional la expresión “salvo cuando se trate de contrataciones en el sector financiero”, toda vez que desconoce el derecho a la igualdad en comparación a las exigencias de contratación de los trabajadores de los demás sectores.

  • El numeral 8 del artículo 7 disponía que si las peticiones o reclamos no se resuelven en un término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, se entenderá para todos los efectos legales que la solicitud ha sido aceptada.

Para esto, la Corte declaró inexequible la expresión “administrativo positivo” debido a que no existe asimilación de la figura del derecho administrativo consagrada como “silencio administrativo positivo” a entidades de naturaleza crediticia.

En este sentido, indicó la Corte que las actuaciones relativas al habeas data deben regirse conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y a las reglamentaciones contenidas en las leyes estatutarias que regulen el tema, como la Ley 1266 de 2008, y en ningún caso a las reglas del derecho fundamental de petición.

 Ley borrón y cuenta nueva 2157 de 2021: novedades | | Actualícese (actualicese.com)

jueves, septiembre 15, 2022

Modificaciones a las pensiones propuestas por el proyecto de reforma tributaria de 2022

 

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro propone reducir el límite de la renta exenta aplicable a las pensiones mencionado en el artículo 206 del ET.

Además, traería una novedad para las pensiones obtenidas en el exterior.

Conoce los detalles aquí.

El proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda José Ocampo propone introducir modificaciones al límite de las rentas exentas por concepto de pensiones.

Actualmente, el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario –ET– establece que, bajo el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad, hasta el monto equivalente a 12.000 UVT anuales se encuentra exento del impuesto de renta los ingresos por concepto de pensión, lo que hace que en la práctica, casi todas las pensiones tengan un tratamiento 100 % exento en la declaración de renta.

A continuación, abordamos los aspectos más relevantes respecto a las modificaciones a las pensiones propuestas por la reforma tributaria.

Reforma tributaría frente a las pensiones de las personas naturales

“aquellas personas naturales que perciban ingresos por concepto de pensiones anuales superiores a $68.027.000 estarán sometidas al impuesto de renta en la parte que exceda dicho monto”

Tratándose de ingresos por concepto de pensiones, el proyecto de reforma tributaria propone reducir el límite de la renta exenta sobre este tipo de renta, señalando así que la renta exenta de pensiones pasaría de 12.000 UVT ($456.048.000 por 2022) a 1.790 UVT ($68.027.000 por 2022). Lo anterior significaría que aquellas personas naturales que perciban ingresos por concepto de pensiones anuales superiores a $68.027.000 estarán sometidas al impuesto de renta en la parte que exceda dicho monto.

Con la anterior propuesta se garantiza la protección de los ingresos por concepto de pensión de la población adulta mayor, reconociendo su posible incapacidad para generar otros tipos de rentas. Es necesario resaltar que este tope toma en consideración el hecho de que ningún pensionado con una mesada de 10 millones de pesos mensuales o menos contribuya al impuesto de renta; partiendo del hecho de que únicamente perciba ingresos por este concepto.

Veamos un ejemplo:

Una persona que obtiene una mesada pensional mensual por valor de 10 millones (sin considerar ingresos por otros conceptos) tendría la siguiente tributación anual:

Nota: ilustramos a continuación las modificaciones planteadas por el proyecto de reforma tributaria, su liquidación del impuesto de renta sobre los ingresos por concepto de pensión, sobre una declaración del año gravable 2022, pues es de dicho año que conocemos el valor de la UVT (se recurre a estas cifras para efectos meramente didácticos; pues, de ser autorizado el proyecto de reforma tributaria durante el año 2022, sus efectos empezarían a aplicar tan solo para el año gravable 2023).   

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior

$120.000.000

Ingresos no constitutivos de renta

$14.400.000

Renta líquida

$105.600.000

Rentas exentas de pensiones (1.790 UVT)

$68.027.000

Renta líquida gravable

$37.573.000

Impuesto de renta

$0

Tratándose de una persona natural que perciba una mesada pensional mensual de $15.000.000, su tributación para el período anual sería la siguiente:

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior

$180.000.000

Ingresos no constitutivos de renta

$21.600.000

Renta líquida

$158.400.000

Rentas exentas de pensiones (1.790 UVT)

$68.027.000

Renta líquida gravable

$90.373.000

Impuesto de renta

$11.623.000

Cabe precisar que el mismo tratamiento lo tendrían las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para tal efecto, el valor exonerado del impuesto de renta será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1.790 UVT, calculados al momento de recibir la indemnización por el número de docenas de meses a los cuales esta corresponda.

Pensiones obtenidas en el exterior también podrían ser tratadas como exentas  

Actualmente, la renta exenta por concepto de pensiones solo es aplicable a las mesadas pensionales obtenidas en el territorio colombiano. No obstante, el proyecto de reforma tributaria propone que la renta exenta de 1.790 UVT también sería aplicable a los ingresos derivados de pensiones, ahorro para la vejez en sistemas de renta vitalicia y asimiladas, obtenidas en el exterior (países diferentes a los que integran la CAN) o en organismos multilaterales.

Es decir, las personas naturales que hayan obtenido algún tipo de pensiones en el extranjero y posteriormente decidan residir en Colombia, al momento de declarar sus ingresos, podrán tratar como renta exenta el equivalente a 1.790 UVT del monto total de su mesada pensional; esto supondría un beneficio para todas aquellas personas que, si bien obtienen pensiones del exterior, residen en el territorio colombiano, teniendo la obligación de declarar sus rentas mundiales.

Recordemos que, tratándose de personas naturales no residentes en Colombia que reciban pensiones tanto del extranjero como del territorio nacional, deberán declarar solo las pensiones recibidas en Colombia

Piso de protección social: requisitos de acceso, beneficios y mucho más

 

Aunque el piso de protección social fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, se contempló un plazo para tramitar nuevamente la ley de forma independiente.

Por ello no se espera que el piso de protección social desaparezca; aquí te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Mediante el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 se dio paso a la creación del piso de protección social en Colombia, el cual fue reglamentado por medio del Decreto 1174 de 2020.

Este sistema administrado por Colpensiones tiene como finalidad brindar el acceso a la protección social a los trabajadores dependientes e independientes con ingresos mensuales inferiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–.

En el siguiente video, la Abogada Angie Marcela Vargas responde a varias preguntas de nuestros usuarios sobre los aspectos generales del piso de protección social. Escúchala de primera mano:

Composición del piso de protección social

El piso de protección social se encuentra compuesto por los siguientes sistemas:

En resumen, los trabajadores y contratistas con ingresos inferiores al smmlv tendrán acceso a la prestación del servicio de salud subsidiado, al ahorro para acceder a un beneficio económico periódico y un seguro para riesgos laborales.

Porcentaje del aporte

El aporte al piso de protección social equivale al 15 % de lo devengado por el trabajador o de los ingresos del independiente.

En el caso de los trabajadores dependientes, le corresponde al empleador realizar y asumir en su totalidad el valor del aporte. Igual es el tratamiento para los trabajadores independientes, pero en este caso deberá realizar el aporte el contratante.

Una vez este aporte sea realizado, Colpensiones lo distribuirá de la siguiente manera:

Así pues, tenemos lo siguiente:

En el siguiente tutorial podrás estudiar de la mano de la abogada Angie Marcela Vargas los aspectos que debes tener en cuenta para liquidar la seguridad social de un empleado bajo el sistema de protección social:

Caso práctico de liquidación

Supongamos que un trabajador se encuentra vinculado con contrato de prestación de servicios pactado a tres (3) meses y mensualmente devenga un monto de $380.000. A su vez, labora tres (3) días a la semana en una empresa en la que se encuentra vinculado con contrato de trabajo con un salario mensual de $450.000.

Frente a esto, tenemos que los ingresos mensuales de este trabajador por ambos contratos son de $830.000, monto que no supera un (1) smmlv. Entonces, para cotizar al piso de protección social por este trabajador se tiene lo siguiente:

El empleador, es decir, la empresa con la que tiene el contrato de trabajo, debe realizar el cálculo sobre el salario mensual del trabajador:

$450.000 x 15 % = $67.500

Por su parte, el contratante, es decir, con quien se encuentra suscrito el contrato de prestación de servicios, debe realizar el mismo procedimiento sobre los honorarios del trabajador:

$380.000 x 15 % = $57.000

Así, el aporte total de este trabajador por el mes de cotización será de $124.500. Al respecto, conviene precisar, como se mencionó, el empleador y el contratante no pueden descontar del salario o de los honorarios del trabajador ningún valor para realizar el aporte.

Planilla integrada de liquidación de aportes

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2421 de 2021, por medio de la cual creó la planilla B (Planilla piso de protección social) y los tipos de cotizante 65 – Dependiente vinculado al piso de protección social y 66 – Independiente vinculado al piso de protección social.

Dado esto, los empleadores y contratantes, para efectos de realizar los aportes, deberán seleccionar la planilla B y elegir, respectivamente, los tipos de cotizante 65 y 66 para realizar, en el primero de los casos, los aportes por sus trabajadores dependientes y, en el segundo, por los trabajadores independientes.

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A continuación, podrás escuchar la explicación detallada respecto a cuál es el tipo de planilla que se debe utilizar para realizar los aportes a seguridad social para aquellas personas afiliadas al piso de protección social:

Vinculados obligatorios y voluntarios

Deberán vincularse de manera obligatoria al piso de protección social los trabajadores:

No podrán hacer parte de este piso de protección:

  1. Las personas que al sumar sus ingresos mensuales recibidos por diferentes empleadores obtengan una suma superior a un (1) smmlv.
  2. Los trabajadores cuyos empleadores modificaron los contratos de trabajo con el objetivo de reducir la jornada o el salario con la intención de acogerse a dicho sistema de protección social.

Pago de acreencias laborales

La afiliación de los trabajadores dependientes al piso de protección social no exonera al empleador de cumplir con el resto de sus obligaciones laborales, como pago de prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías), auxilio de transporte, dotación, etc.

A continuación, la abogada Angie Vargas responde detalladamente si los trabajadores que pertenezcan al piso de protección social pierden el derecho al pago de prestaciones sociales:

Fiscalización por parte de la UGPP

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– podrá iniciar un proceso de fiscalización a:

  • Los empleadores que tengan afiliados a sus trabajadores en el régimen contributivo y que con la finalidad de inscribirlos en el piso de protección social reduzcan los ingresos de estos.
  • Los independientes afiliados al régimen contributivo que, con el propósito de reducir sus aportes al sistema, negocien con el contratante acordar un precio del pago inferior al real.
  • Contratistas y voluntarios que se encuentren cotizando simultáneamente al piso de protección social y al régimen contributivo, o que tengan ingresos para pertenecer al sistema general de seguridad social.

Ventajas y desventajas del piso de protección social

Entre las ventajas que trae consigo este piso de protección encontramos las siguientes:

  • Divulgación y ampliación de los BEPS: el piso de protección social es el reemplazo del pago de seguridad social a los trabajadores con bajos ingresos. Este mecanismo permite el acceso a los BEPS de las personas con contratos de prestación de servicios con ingresos inferiores a un (1) smmlv que no conocían este sistema de protección.
  • Fiscalización de personas con varios ingresos: la UGPP vigilará a las personas con varios ingresos que sumados resulten superiores a un (1) smmlv, a fin de que estas personas realicen el pago al sistema de seguridad social.
  • Vigilancia del aprovechamiento indebido del piso: este piso de protección puede interpretarse como una oportunidad de los empleadores para ahorrar o abaratar costos de seguridad social. Es importante aclarar que esta situación no será permitida; este tipo de actos es objeto de investigación por la UGPP.

Entre las desventajas del piso de protección social encontramos:

  • Normalización de ingresos inferiores al salario mínimo: mediante la implementación y reglamentación de este piso de protección se envía el mensaje de aceptación y normalización de que un colombiano devengue menos del smmlv.
  • Exoneración de aportes a seguridad social de la clase trabajadora más vulnerable: los aportes se realizan en los BEPS, los cuales no otorgan una prestación económica pensional, sino que constituyen una medida complementaria. Dado esto, estos trabajadores no pertenecerán a un sistema que los proteja efectivamente ante las contingencias de la enfermedad, la vejez y la muerte.
  • El no otorgamiento de prestaciones económicas del sistema de seguridad social: las personas que se vinculen a este mecanismo de protección social no pertenecerán al sistema de seguridad social integral como aportantes; por lo tanto, no accederán a las siguientes prestaciones económicas:
    • Pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.
    • El pago de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.
    • Acceso efectivo al sistema de riesgos laborales.

Inexequibilidad del piso de protección social

En Colombia se creó el piso de protección social mediante el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), reglamentado posteriormente con el Decreto 1174 de 2020.

Sin embargo, de acuerdo con la Corte Constitucional, mediante dicho artículo se desconoció el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia; además, para la Corte el piso de protección social debió regularse mediante un procedimiento legislativo ordinario. En consecuencia, el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible.

Esta inexequibilidad deja sin base legal el Decreto 1174 del 2020, que actualmente reglamenta el piso de protección social, así como las disposiciones de la Resolución 2421 del 2020 referentes a la planilla B para el pago de aportes al piso de protección social de trabajadores dependientes e independientes.

No obstante, se debe tener en cuenta que la Corte estableció que dicha inexequibilidad tiene efectos diferidos, es decir, la aplicación de esta sentencia no tendrá efectos inmediatos; surtirá efectos a partir de junio 20 del 2023 con la intención de que en ese tiempo el Congreso de la República tramite la ley respectiva de manera independiente para regularlo y con ello evitar traumatismos respecto a las personas que ya se encuentran afiliadas en el piso de protección social.

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