En su libro «Economía Esencial de Colombia», Eduardo Lora explica las dos grandes responsabilidades que debe cumplir el Gobierno con el dinero que recauda de los impuestos que pagan los colombianos: pagar el gasto público social y proveer bienes públicos. Explicamos cómo es que se reparte el dinero.
En el capítulo XII del libro Economía Esencial de Colombia, del economista Eduardo Lora, titulado ¿Pagamos demasiados impuestos? se asegura que en el 2017 cada colombiano pagó en promedio 2,5 millones de pesos en impuestos al Gobierno nacional.
Si a lo anterior se le suman las contribuciones obligatorias sobre la nómina que van a otras entidades, y los impuestos que se pagan a los gobiernos departamentales y municipales, la carga impositiva es de 3,9 millones de pesos por persona.
«Esto es más del doble que al comienzo de este siglo, y unas tres veces y media la carga tributaria que tenía cada colombiano en 1990», indica la publicación.
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En qué se gastan los impuestos
El Gobierno requiere cada vez más recursos tributarios, porque sus obligaciones de gasto son crecientes. Sin embargo, este tiene dos grandes responsabilidades: pagar el gasto público social y proveer bienes públicos. Al respecto, cabe mencionar que el gasto público social son todos aquellos gastos que benefician directamente a las personas y que tienen como objetivo su desarrollo o protección.
Para atender obligaciones como educación, salud, seguridad social y vivienda digna, la Constitución de 1991 estableció que el gasto social es prioritario sobre cualquier otro.
«Ese mandato se ha materializado en un rápido aumento del gasto social: desde el 2000 hasta el 2017 el gasto social per cápita pasó de un millón de pesos a 2,4 millones de pesos, que equivalen al 13 % del ingreso per cápita. El gasto público social absorbe actualmente más de dos terceras partes de todo el gasto del Gobierno nacional», asegura la publicación.
“Las pensiones, la educación, la salud y otras modalidades de protección social son los gastos sociales más considerables”
Las pensiones, la educación, la salud y otras modalidades de protección social son los gastos sociales más considerables. El resto del gasto social es de menor cuantía (incluye vivienda de interés social, recreación, cultura y deporte, y algunos gastos de agua potable y saneamiento ambiental.
Los bienes públicos no benefician a ningún individuo directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Los bienes públicos incluyen la seguridad, la justicia, la estabilidad macroeconómica, la infraestructura de transporte y un medio ambiente sano.
«Por consiguiente, el gasto en bienes públicos es esencial para el funcionamiento armónico de la sociedad, para que haya condiciones favorables para el desarrollo de la actividad productiva y para prevenir y corregir los efectos dañinos que las actividades de las personas o las empresas puedan tener sobre el bienestar de los demás, incluyendo las futuras generaciones», explica Lora.
El orden público, la seguridad, la justicia y la defensa son los bienes públicos que absorben más recursos fiscales (conjuntamente un 15 % del presupuesto de la nación). Le sigue en importancia la “función pública general”, que incluye el funcionamiento del Congreso y de las actividades del Ejecutivo relacionadas con asuntos financieros, fiscales y externos.
La provisión de infraestructura de transporte y comunicaciones absorbe una porción relativamente modesta de los recursos fiscales, en parte porque ha sido desplazada por otras prioridades de gasto, pero también por la creciente participación del sector privado en la construcción y financiación de los grandes proyectos de infraestructura como autopistas, energía y telecomunicaciones.
El bien público que menos recursos recibe es, lamentablemente, la protección del medio ambiente, donde el sector privado juega un rol muy pequeño. El gasto en bienes públicos per cápita ha aumentado cerca de un 50 % desde el año 2000, y actualmente es un poco más de un millón de pesos por persona.
«Lo que el Gobierno paga en gasto social y bienes públicos —3,5 millones de pesos per cápita en 2017— es más que lo que recibe en impuestos, que son 2,5 millones de pesos per cápita aproximadamente. Parte de ese faltante lo cubre el Gobierno con otros recursos fiscales que no son impuestos, por ejemplo, lo que le corresponde de las ganancias de Ecopetrol, por ser uno de sus dueños, y algunas otras rentas por otras propiedades y concesiones», explica el libro.
Sin embargo, le queda un déficit que tiene que cubrir con deuda. En el 2017 la deuda del Gobierno nacional aumentó en 33,3 billones de pesos. Como la deuda del Gobierno es deuda de todos los colombianos, este aumento implica que cada uno de nosotros se endeudó en el 2017 más o menos en el valor de un salario mínimo. El problema es que cada año se adquieren más deudas que tendrán que pagar las generaciones futuras.
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