Quienes tengan activos omitidos podrán declararlos.
Dentro del proyecto de 'ley de inversión social', la nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, una de las alternativas transitorias para recaudar recursos es una nueva jornada de Normalización de activos.
Si bien con esta propuesta el Gobierno estima recaudar en 2021 alrededor de $300.000 millones, y otros $360.000 millones en 2022, para algunos expertos el mensaje que envía este tributo podría ser contraproducente.
El proyecto establece que se busca “que los contribuyentes declaren y formalicen activos omitidos y/o pasivos inexistentes con el impuesto de normalización. Con la finalidad de fortalecer la capacidad de fiscalización de la Dian, disminuir la evasión y fomentar la inversión en el país, se establece un impuesto transitorio para regularizar los activos omitidos y/o pasivos omitidos”.
Para ello se definió que la tarifa del impuesto será del 17 %, 2 puntos porcentuales superior frente a la aplicable para la vigencia 2020, y que, adicionalmente, con el fin de “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo bajo los principios de eficiencia y equidad tributaria” el impuesto complementario de normalización estará sujeto a un anticipo del cincuenta por ciento (50 %) de su valor, que se pagará en el año 2021, y será calculado “sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley”.
Sin embargo, esta fórmula no es nueva. En las reformas tributarias anteriores ya se había contemplado este mecanismo “excepcional”, con resultados en materia de recaudo de $1,13 billones en 2019, $627.861 millones en 2020 y de $6.383 millones para el primer semestre de 2021. Y es justamente este reencauche tributario el que preocupa a algunos expertos por su efecto en la cultura de pago del país.
EFECTO NEGATIVO
Eleonora Lozano, decana de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, explicó que en el país es necesario “hay que trabajar en cultura tributaria, porque las últimas tres reformas han introducido medidas antiabuso, antielusión, se han creado tipos penales de defraudación tributaria, de omisión de activos y declaración de pasivos inexistentes y hemos endurecido en de la omisión del agente retenedor, pero hemos mandado mensajes contradictorios, porque al mismo tiempo se dan normalizaciones y amnistías tributarias, que en últimas lo que hacen es premiar a los incumplidos”.
La abogada y economista critica que, aunque el Gobierno dice que la normalización es para que esos activos omitidos y pasivos inexistentes tributen, pero “es a una módica tarifa del 17 %”, y asegura que aunque el argumento del Gobierno es que se genera eficiencia, se manda un mensaje erróneo pues si se siguen dando oportunidades de normalización no empiezan a operar los delitos.
Así mismo, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, menciona que la normalización “tiene un efecto muy negativo para la cultura tributaria, sobre todo para las personas con más altos recursos del país. Durante los últimos 6 años la gente ha podido evadir impuestos escondiendo la existencia de esos capitales para luego revelar su existencia y pagar un impuesto de normalización bastante inferior a si se hubieran mantenido en la legalidad”.
Reyes asegura que “cuando se hace un borrón y cuenta nueva y no se vuelve a apelar a ese tipo de conductas tiene sentido, pero si se hace durante tantos años seguidos el mensaje que se está mandando es que hay un sistema paralelo para quienes tienen la sofisticación jurídica y contable que les permite hacer maniobras para acogerse a estas medidas y los ciudadanos de a pie o incluso empresarios honestos, juegan bajo las reglas de un sistema mucho más estricto”.
Sin embargo, esta no es la única medida que ha despertado interés de los expertos. Lozano asegura que en el proyecto de reforma y también en las proposiciones de los congresistas hay otros puntos que podrían calificarse como amnistías tributarias. Tal es el caso de una proposición radicada por el partido Cambio Radical que propone que se faculte a la Dian para terminaciones de mutuo acuerdo de sus procesos administrativos, con solo 70% de las sanciones.
Según la decana de derecho de la Universidad de los Andes, por ello es necesario “pensar en algo más estructural hacia futuro y es necesario tener mecanismos alternativos de solución de controversias, pero permanentes, conciliaciones y terminaciones de mutuo acuerdo y arbitraje tributario”.
METAS DE LA REFORMA
La propuesta de reforma tributaria busca recaudar $15,2 billones en total, y a pesar de que se plantean medidas transitorias como el impuesto de normalización, o la sobretasa de 3% para el sector financiero, hay otras medidas que se definen como permanentes y que aportarían buena parte del recaudo esperado por el Gobierno con la reforma.
Estas serían austeridad en el gasto, con una meta de $1,9 billones, la reducción de la evasión, que busca $2,7 billones, la tarifa de renta a las empresas de 35%, que tiene una apuesta de $6,7 billones y el descuento del ICA al 50%, que busca recaudar $3,9 billones.
