Facturación electrónica: novedades en el software gratuito de la Dian

 

Con la entrada en vigor del anexo 1.8 de facturación electrónica, la Dian realizó ciertos ajustes en su software de facturación gratuito.

Lo anterior, con el propósito de adaptar su plataforma a dicho anexo, incluyendo nuevas funcionalidades.

Conoce aquí las mejoras implementadas en esta plataforma.

A través de la Resolución 000012 de febrero 9 de 2021, la Dian adoptó la versión 1.8 del anexo técnico de facturación electrónica mediante el cual se implementaron ajustes en el sistema de facturación.

Para tal efecto, la administración tributaria tuvo que realizar ciertas actualizaciones a su software gratuito, con el fin de adaptar su plataforma a las exigencias del anexo en mención, incorporando nuevas funcionalidades que facilitan la generación y expedición de la factura electrónica.

A continuación, abordamos las mejoras implementadas en este software que deberán conocer todos aquellos que optaron por expedir sus facturas electrónicas mediante esta opción.

Incorporación de usuarios

Al momento de ingresar a la plataforma de facturación, se podrá encontrar un menú en donde se podrán crear los usuarios autorizados para ingresar al servicio gratuito, sin necesidad de recibir el token de acceso, a través del correo electrónico del representante legal de la entidad facturadora.

Por tanto, ahora es posible contar con diferentes usuarios con sus respectivos perfiles y permisos asociados para emitir las facturas electrónicas a nombre de la persona jurídica obligada a facturar.

Información adicional para la representación gráfica de la factura electrónica

Se adicionó información a la representación gráfica de la factura electrónica, tal como información complementaria de extensión, anticipos pagados en la operación, la posibilidad de establecer y visualizar el logo de la compañía que emite la factura, entre otros.

Nuevos campos para las responsabilidades tributarias

Dentro de cada formulario del servicio gratuito se ajustaron algunos campos de cada uno de los documentos de factura para agregar información relacionada con la orden de compra, responsabilidades tributarias, campos opcionales para información propia de quien expide la factura, así como también se modificó la configuración de los datos de identificación de la compañía.

Formularios para las distintas modalidades de factura electrónica

La Dian incluyó un formulario para cada una de las distintas modalidades de factura electrónica que podrán expedirse, tales como:

Factura de venta.

Factura AIU.

Facturación electrónica de venta de exportación.

Factura de mandato.

Factura de contingencia.

Generación de notas débito y crédito a partir del documento emitido

Se incorporó la generación de notas débito y crédito a partir de las facturas electrónicas cargando toda la información desde el documento emitido, sin necesidad de diligenciar los datos inicialmente incluidos en la factura.

Generación de eventos sobre los documentos recibidos

Con el fin de preparar el servicio gratuito para el Radian, se puso a disposición de los usuarios la posibilidad de generar eventos sobre los documentos recibidos.

Estos ajustes buscan que el software gratuito dispuesto por la Dian se encuentre acorde con los requerimientos del anexo 1.8 de facturación electrónica, además de facilitar el manejo de esta plataforma y cumplir las necesidades de quienes opten por facturar a través de esta.

Novedades en el software gratuito de facturación electrónica (actualicese.com)

Las opciones de Colombia para aprovechar los recursos del FMI

 Con la aprobación de activos de reserva o DEG por US$650.000 millones, el país recibirá US$2.800 millones adicionales.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, US$650.000 millones, para ayudar a las naciones en su manejo de la pandemia de Covid-19 y el aumento de su deuda a raíz de la crisis. De este monto Colombia se llevaría una tajada de cerca de US$2.800 millones (aproximadamente $10 billones) de estos activos de reserva o Derechos Especiales de Giro (DEG).

Si bien este tipo de recursos van directamente a nutrir las reservas del Banco de la República, la inquietud que surge ahora, en medio de un panorama en el que el déficit fiscal continúa ampliándose, y las presiones en torno a los costos de la reactivación económica han abierto la puerta a cómo se podrían aprovechar mejor estos recursos.

El viernes pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que por ahora no hay una postura clara sobre cómo se podrían aprovechar estos recursos desde la Nación más allá de las reservas.

“Esta es una decisión, sobre cómo se daría, todavía está en proceso de parte del Fondo Monetario Internacional, seguramente a finales del mes de agosto estaría la decisión en firme y cualquier decisión que se tome sobre este asunto tendría que ser en conjunto con el Banco de la República quien es la autoridad al mando de las reservas internacionales espaciales, y los Derechos Internacionales de Giro constituyen un activo de reserva”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

Incluso, desde el Emisor también se ha reconocido el papel que podrían tener estos recursos para la recuperación del país. En el informe del primer semestre que radicó ayer el gerente del banco central ante el Congreso se establece que “(...) otro factor de apoyo global que puede mejorar la posición internacional del país es la propuesta de asignación de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI recientemente aprobada por el Directorio del Fondo y que será ratificada en agosto de este año por parte de la asamblea de gobernadores de este organismo”.

De este modo, se abre la puerta para revisar si estos recursos se puedan aprovechar para sortear la crisis, pues según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, esta inyección, que no se efectuaba desde 2009 tras la crisis de ese año cuando se emitieron US$250.000 millones, funcionará como un “propulsor” para la estabilidad económica mundial.

“La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros y abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo”, dijo

Vale la pena recordar que los DEG son un activo de reserva internacional utilizados por los países miembros del FMI cuyo valor está vinculado a una cesta de monedas. Los DEG se asignan entre los países, quienes pueden intercambiarlos por monedas de libre uso de otros de los países miembros y de esta forma reforzar su liquidez sin incrementar su deuda.

MARGEN DE MANIOBRA

La inquietud que surge entonces, en medio de la coyuntura y la intención detrás de la aprobación de los DEG es ¿qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno para aprovecharlos?

“Algo que todavía no se tiene claro desde el Gobierno y el Banco de la República y es cómo se puede usar. Lo que muestra la respuesta que ha dado el ministro Restrepo es que el Ministerio de Hacienda quisiera explorar la posibilidad de usar esos recursos para financiamiento del déficit fiscal”, aseguró Andrés Pardo Amézquita, director de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investment, quien sostuvo que lo primero que deben hacer los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, es trabajar conjuntamente y mirar la normativa de parte del Fondo Monetario Internacional sobre cómo se pueden usar estos DEG.

“Los DEG se los inventaron para que hagan parte de las reservas internacionales, pero dada la coyuntura el FMI seguramente decidió hacer esta emisión de DEG con algunas cláusulas especiales para que el uso de los DEG pueda darse más allá de lo que típicamente se da, sobre todo pensando en la situación actual, donde se necesita que los países con más necesidades puedan usar recursos adicionales no solo para aumentar las reservas internacionales, sino también para poderlas usar para mitigar los efectos de la pandemia o para un tema de reactivación económica”, explicó Pardo.

Desde Corficolombiana, su director de Investigaciones económicas, José Ignacio López, aseguró por su parte que también que “lo primero es mirar realmente cómo se pueden usar, pues todavía no hay suficiente claridad. Pero en principio esos recursos deberían ir a complementar las reservas. Lo que no es claro es si el Gobierno quisiera hacer uso de esas reservas adicionales”, dijo.

López mencionó que el Gobierno podría “hacer una emisión afuera y asegurarse que alguna de esas reservas el Banco las usará para comprar esa emisión. Así podría tal vez sustentar una emisión más grande en el mercado internacional, y esos serían unos activos que tendría el Banco de la República”. Pero aclaró que todavía el panorama no es claro sobre las restricciones legales de que se puede hacer y que no.

“En principios las reservas están diseñadas como salvaguardia frente a una salida eventual de inversionistas, pero este año hemos visto lo contrario, un flujo de inversionistas de portafolio, pero no se descarta que suban las tasas de interés en EE. UU., haya una salida de capital, y el Banco podría utilizar esas reservas internacionales para tranquilizar el mercado. Ese puede ser un uso más usual, pero hay que mirar si se puede plantear también un uso más fiscal”.

Los puntos pendientes que no enfrenta la reforma tributaria 2.0

 Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes se identificaron ‘mensajes equivocados’ sobre impuesto de renta, descuento del ICA y exenciones.

Amedida que se acerca la discusión del nuevo proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Inversión Social, surgen más los análisis en torno a sus componentes. Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes, en su más reciente Nota Macroeconómica, se analizó cómo la propuesta “es políticamente viable y tiene la virtud de generar nuevos ingresos muy necesarios, al tiempo que ajusta la regla fiscal para ayudar a recuperar la golpeada credibilidad fiscal del país. Pero no avanza hacia la estructura fiscal deseable, perpetuando algunas inequidades y agravando otras”.

De hecho, el documento analiza las dos fuentes grandes de nuevos recursos del proyecto: subir los impuestos de renta empresarial de 30% a 35%; y limitar los descuentos del ICA de esa renta empresarial. Sumados estos dos ítems aportan cerca de $11 billones anuales y explican tres cuartas partes de los ingresos nuevos.

En el caso del impuesto de renta el documento menciona que “una tarifa de renta a las empresas de 35% es un retroceso que nos aleja aun más de nuestros pares de la región y de la Ocde”. Justamente, con la Ley de financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento de 2019 se había logrado una reducción progresiva.

“Desde vieja data sabemos que la estructura tributaria colombiana es atípica en el contexto latinoamericano y en los países de la Ocde, en el sentido de recargar buena parte de la tributación en los negocios, y una tajada muy pequeña sobre las personas naturales. Esta reforma paradójicamente lo que hace es ahondar esa característica del sistema tributario colombiano”, explicó Marc Hofstetter, docente de la facultad de Economía de la U. de los Andes y uno de los autores del documento.

Otro de los elementos que revisa el análisis es la propuesta de limitar el descuento del ICA al 50%. El documento sostiene, por un lado, que recupera algo de recaudo frente al actual descuento completo, y que por el otro, amortigua el golpe de la reforma sobre la tributación de las empresas.

“Pero esto no resuelve ni el mal diseño del ICA ni la descoordinación entre niveles de gobierno que se produce cuando un impuesto local como el ICA se puede descontar del impuesto de renta nacional”, aclara la publicación.

También, se menciona cómo la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales o exenciones para muchos sectores productivos en Colombia, y se recuerda que “han sido criticados insistentemente por comentaristas, algunos sectores políticos y por la comisión tributaria que el propio Gobierno encargó”.

Otro de los participantes del análisis, Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de los Andes y docente de la facultad, enfatizó en que “se había construido un consenso de lo nefastas que son la proliferación de exenciones, en vez de subir la tasa corporativa general, es dañino porque afecta la productividad, y no será una medida permanente, porque es tan alta la tasa que en el futuro se tendrá que revisar”.

La Nota Económica dice también que al subir las tasas de renta para grupos o sectores económicos que no son privilegiados hoy, “la cancha queda aún más desnivelada”, y esto también incide negativamente en la legitimidad del sistema tributario.

En cuanto a los impuestos a las personas naturales, si bien el documento reconoce que muchos de los propuestos en el primer proyecto de reforma de este año resultaron inviables, como aumentar las cargas sobre el 30% o incluso el 20% de hogares más ricos del país, no considera “justificable”, por ello, renunciar a incrementar la carga sobre el 5% o el 1% de hogares más ricos. “De hecho, este parece ser el primer paso necesario para construir un legitimidad que luego permita demandar un apoyo”, dice la publicación.

“Es importante destacar también los mensajes que esto manda, a pesar de que se pueda entender que el contexto político hace difícil que se aumenten los impuestos a las personas naturales, lo que nos parece preocupante es el mensaje de que ese aspecto en el incremento en la base gravable y aumentar el impuesto a las personas se vuelve intocable”, dijo Andrés Álvarez, profesor de la facultad de Economía de los Andes y participante del artículo.

También el documento dice que al prolongar la normalización tributaria se envía un mensaje equivocado.

PUNTOS POSITIVOS

Por otro lado, el documento destaca también algunos logros en materia de recaudo y propuestas que trae consigo la iniciativa. Asegura que el principal mérito de la reforma es que, generando un necesario flujo de recursos fiscales adicionales, parece tener un camino más seguro para su aprobación que la anterior, y destaca los esfuerzos por conseguir ingresos a partir de luchar contra evasión y controlar el gasto.

Representante a la Cámara denuncia supuesto 'mico' en tributaria 2.0

 Según el congresista, el articulado contempla un beneficio para las inversiones de capital extranjero.

El Congreso de la República está tramitando la reforma tributaria 2.0,

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander, denunció un supuesto 'mico' en el articulado de la reforma tributaria 2.0 que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio.

Vale la pena recordar que 'mico', cuando está encarmado en temas políticos, hace referencia al texto que se incluye, de último momento, en algún proyecto, lo que genera sorpresa entre quienes lo estudian.

Según Chacón, "hemos descubierto que la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso de la República trae consigo un beneficio tributario dirigido a los extranjeros con mayores recursos económicos que decidan obtener utilidades por realizar inversiones en el país".

Puntualmente, explicó, "el artículo 8 del proyecto de Ley número 027 de 2021 (ley de 'inversión social') pretende modificar el literal f del artículo 18-1 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir la tarifa de retención del impuesto sobre la Renta del 5 % al 0 % sobre las utilidades obtenidas por las inversiones de capital extranjero en valores de Renta fija pública y privada".

En otras palabras y según palabras del representante Chacón, la medida significa que este tipo de inversiones no pagarán impuesto de Renta sobre las utilidades que generen.

"Actualmente, el numeral 2 del mismo artículo 18-1 establece que este tipo de inversiones únicamente se gravan con Renta por vía de retención en la fuente. Por ello, establecer retención del 0 % representará la exoneración del impuesto de Renta a estas inversiones, con lo cual no pagarán impuesto de Renta", añadió.

Criticó también que, mientras la inversión extranjera recibe ese tipo de beneficios, "a las empresas nacionales se les impondrá mayor carga fiscal porque de estas el proyecto de ley espera generar un mayor recaudo por un valor de 11 billones de pesos".

En el articulado de la tributaria se defiende esta modificación diciendo que se mejorará la competitividad del país para atraer inversión extranjera, pero Chacón considera que "la iniciativa afecta negativamente la competitividad de la industria nacional frente a la industria extranjera".