jueves, octubre 27, 2022

En la práctica, será difícil subir las cotizaciones a pensiones de los salarios más altos

 


El Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador que reglamenta la ampliación en el tope de los aportes a pensión

El Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta la ampliación en el tope de los aportes a pensión, que podría pasar de 25 a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la actualidad, la base de cotización de pensión, que debe ser la misma de salud, no puede ser menor a un salario mínimo ni exceder los 25. Sin embargo, el año pasado el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional emitir la reglamentación para ampliar el tope.


Esto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 797 de 2003, que estableció que el límite podía aumentar hasta 45, previa reglamentación. La idea detrás de esto es que quienes actualmente aportan sobre 25 no reciben una mesada pensional por ese monto.

“El Gobierno está conminado por el Consejo de Estado a regular las condiciones en las que la base de cotización máxima se incremente a 45 salarios mínimos”, dijo Carlos Hernán Godoy, socio de Godoy Córdoba.

De acuerdo con el documento publicado, la base de cotización se ampliará a máximo 45 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: “que el crecimiento real de la economía colombiana sea superior a 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales; y el gasto fiscal en pensiones sea inferior a dos puntos porcentuales del PIB”.



Eso, en otras palabras, quiere decir que quienes hacen parte de este grupo de trabajadores deberán empezar a hacer aportes sobre su ingreso mensual real, siempre y cuando se cumplan esos dos supuestos macroeconómicos. Ahora, ¿qué tan viable es que se materialicen y, en consecuencia, aumente la base de cotización?

Para Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, altamente improbable, no solo porque “no es tan fácil” tener un crecimiento de 4% por tres vigencias fiscales, sino especialmente por el supuesto de gasto fiscal en pensiones.

“Eso es casi imposible, porque hoy en día es muchísimo más alto. Además, si el Gobierno logra su objetivo de introducir una pensión de subsistencia para los adultos mayores que hoy no están cobijados por el sistema de pensiones, podría costar tres o cuatro puntos del PIB”, por lo que es muy difícil que el gasto estatal en pensiones baje de dos puntos, dijo.

Eso, agregó Godoy, quiere decir que el Gobierno, en la práctica, eligió “un camino que podríamos denominar utópico para cumplir con la conminación del Consejo de Estado, de manera que no se materialice el ajuste por el impacto que podría tener en las cifras de subsidios a las altas pensiones”.

De hecho, en el análisis de impacto que presentó el Ministerio de Hacienda con el Decreto, se señala que el efecto neto de la medida sería “fiscalmente positivo los primeros cuatro años de la proyección y se vuelve deficitario a partir del quinto año. El valor presente del impacto neto es de $3,5 billones en el horizonte hasta 2060”.

Lo anterior, sumado a que sería “altamente regresivo”, por el subsidio que reciben las pensiones altas, y no genera un aumento en la cobertura del sistema pensional. Según Hacienda, con los recursos que se necesitarían para aumentar la base de cotización a 45 salarios mínimos se podría aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor en aproximadamente 5.314 cupos el primer año de la proyección. La cifra podría llegar a unos 282.000 cupos adicionales para 2060. “La medida siempre será regresiva dado que beneficiará a los pensionados de más altos ingresos del sistema”, concluye el documento de la cartera.

La actualización y modernización de la Ley 43 de 1990 era una necesidad

 


Para Héctor Jaime Correa, el proyecto de modernización de la Ley 43 de 1990 representa un momento histórico para la profesión del contador público.

Es un piloto que servirá como guía y se replicará en los demás países de la región.

Se dice que podría estar conformado por 60 artículos.

Héctor Jaime Correa, presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad –AIC–, quien hizo parte de los comités que presentaron el proyecto de ley para la reforma de la profesión del contador público, afirmó en #CharlasConActualícese que se trabajó por cerca de dos años para lograr la modernización de la Ley 43 de 1990, siempre pensando en la proyección de la profesión:


La modernización y actualización de la Ley 43 de 1990 era una necesidad. Hay muchos aspectos que de esta no se tocaron, pero quedaron registrados en la Ley 1314 de 2009. Este ha sido un trabajo arduo.

Destacó que también se está trabajando en un proyecto relacionado con la revisoría fiscal, tema que es más antiguo que la contaduría pública. La idea es consolidar lo que se ha venido trabajando en temas relacionados tanto con la revisoría fiscal como de la profesión contable:

Este es un proyecto muy importante para la profesión, es un momento histórico. Es un reto grande de la contaduría pública en Colombia que será un piloto y se replicará en los demás países de la región.

Hemos quedado satisfechos con lo que se ha presentado. La responsabilidad es muy grande, pero a través de la Ley 43 de 1990 maduramos para presentar este proyecto de ley. A través de este proyecto se han retomado, modificado y hecho propuestas alrededor de diversos ítems de la profesión.

Correa tiene palabras de agradecimiento para el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien cuando ocupó el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo impulsó a los contadores públicos del país para que se unieran y trabajaran en este proyecto.

Se busca que el CTCP y la JCC pasen a ser parte de un nuevo organismo contable
“La propuesta es que el CTCP y la JCC, entidades del Estado, pasen a manos de la profesión en un nuevo organismo”

Correa destaca que en el proyecto para la reforma de la profesión del contador público se presentó una propuesta de gobernanza para la profesión. “La idea es que la contaduría pública tenga su propio gobierno, donde sus pares se encarguen de evaluar todo lo que la rodea”, explica.La propuesta es que el CTCP y la JCC, entidades del Estado, pasen a manos de la profesión en un nuevo organismo que haría las funciones que realizan estas dos entidades:

En este nuevo organismo se abordarían temas relacionados con las Normas Internacionales de Auditoría, las Normas de Aseguramiento de la Información, y por supuesto los temas contables en general; todo lo anterior supervisado por el Gobierno nacional.

Quienes hagan parte de nuevo organismo recibirían una remuneración.
¿Qué sigue para el proyecto de modernización de la Ley 43 de 1990?

Correa afirma que ya se inició un proceso de lobby en el Congreso de la República, con los profesionales contables que están allí, y puede ser un espaldarazo para que el proyecto se convierta en ley. “Esperamos que nos ayuden a empujar este proyecto, aunque se venga un año electoral”.

Dice que hasta el 30 de noviembre de 2021 se estarían recibiendo los comentarios de los profesionales que quieran aportar a la propuesta presentada:

Esperamos todos los aportes de las personas que están tanto en Colombia como en el exterior, quienes han mostrado su interés en participar en este proceso.

La idea es que en diciembre de este año se socialicen los comentarios recogidos. Piensa que el proyecto de modernización a la Ley 43 de 1990 podría estar conformado por cerca de 60 artículos.

El Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Comercio y Hacienda, presentaría el proyecto de ley, pero antes sería estructurado de forma jurídica para que no presente problemas durante su socialización y exposición.

Desde el Gobierno nacional se revisaría el proyecto de ley para no caer en vicios de inconstitucionalidad, para luego radicarlo en el Congreso de la República y así debatirlo.