domingo, septiembre 12, 2021

Rentas exentas de la economía naranja fueron reglamentadas nuevamente

 


El Decreto 286 de febrero 26 de 2020 reglamentó los cambios efectuados por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019 al numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario –ET–.

Este decreto retoma la reglamentación efectuada con el Decreto 1669 de 2019, que reguló el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018.

El 26 de febrero de 2020 el Ministerio de Hacienda expidió su Decreto 286, a través del cual se estableció la reglamentación de los cambios que el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019 le efectuó a la norma del numeral 1 y parágrafos 1 y 2 del artículo 235-2 del ET, las cuales contemplan el beneficio de siete (7) años de rentas exentas para sociedades que se creen hasta el 31 de diciembre de 2021 y exploten una o varias de las 28 actividades económicas allí mencionadas (actividades que hacen parte del concepto denominado “economía naranja”; ver Ley 1834 de mayo 23 de 2017 y el Decreto 1935 de octubre 18 de 2018).

En relación con lo anterior, es importante destacar que el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019 reincorporó al numeral 1 del artículo 235-2 del ET básicamente las mismas instrucciones que en el pasado se habían creado con el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018 (y que se habían reglamentado tardíamente con el Decreto 1669 de septiembre 12 de 2019).

Por consiguiente, sabiendo que los cambios introducidos por la Ley 1943 de 2018 y sus decretos reglamentarios dejaron de tener efectos a partir de enero 1 de 2020, lo que se observa es que el Decreto 286 de febrero 26 de 2020 lo único que hace en la práctica es reincorporar en los artículos 1.2.1.22.47 al 1.2.1.22.58 al DUT 1625 de octubre de 2016 los mismos textos que en el pasado habían sido introducidos con el Decreto 1669 de septiembre de 2019.

Por tanto, las principales reglamentaciones que fueron retomadas con el Decreto 286 de 2020 son las siguientes:

a. El beneficio aplicará a todas las sociedades que pertenezcan al régimen ordinario del impuesto de renta (es decir, que no se hayan trasladado al nuevo régimen simple) y que se constituyan hasta diciembre 31 de 2021, sin importar si se trata de sociedades constituidas antes o después de la expedición de la Ley 2010 de diciembre de 2019 (ver los considerandos del Decreto 286 de 2020 y el texto del artículo 1.2.1.22.47 del DUT 1625 de octubre de 2016).

b. La sociedad interesada en el beneficio deberá presentar primero una “solicitud de proyecto de inversión” ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura (el cual será el mismo Consejo Nacional de la Economía Naranja mencionado en el artículo 7 de la Ley 1834 de mayo de 2017 y el Decreto 1935 de octubre de 2018; ver el artículo 1.2.1.22.50 del DUT 1625 de 2016).

En dicha solicitud se deberán aportar todos los documentos señalados en el nuevo artículo 1.2.1.22.51 del DUT 1625 de 2016, entre ellos una certificación emitida por contador o revisor fiscal que demuestre el nivel de ingresos brutos fiscales del año anterior (el cual no puede superar las 80.000 UVT, actualmente unos $2.741.600.000). Dichas solicitudes solo se podrán radicar durante marzo, julio u octubre de cada año y el comité deberá pronunciarse, a favor o en contra, dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la solicitud.

c. El beneficio de renta exenta solo se empezará a disfrutar sobre las rentas que se obtengan a partir del día siguiente en que se obtenga la aprobación del Comité de Economía Naranja y aplicará durante un total de siete (7) años gravables (ver artículo 2.1.22.53 del DUT 1625 de 2016).
“Para disfrutar de dicho beneficio la sociedad queda comprometida a mantener vinculados durante esos siete (7) años, mediante contrato laboral, un mínimo de tres (3) empleados, el cual podrá aumentar hasta un mínimo de ocho (8)”

d. Para disfrutar de dicho beneficio la sociedad queda comprometida a mantener vinculados durante esos siete (7) años, mediante contrato laboral, un mínimo de tres (3) empleados, el cual podrá aumentar hasta un mínimo de ocho (8), dependiendo de los ingresos brutos totales obtenidos durante el año, lo cual se estableció en una tabla especial contenida en el artículo 1.2.1.22.49 del DUT 1625 de 2016. Entre dicho personal mínimo no se tomará en cuenta el personal administrativo.

Además, en el caso de las sociedades creadas antes de la Ley 2010 de 2019, esos empleados deberán ser adicionales a los que ya se tenían a diciembre 31 de 2019. Solo en el caso particular de las sociedades que exploten la actividad económica con código 5911 (actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión) se les permitirá obtener ingresos brutos anuales fiscales por encima de 80.000 UVT, y en tal caso, por cada 20.000 UVT de ingresos brutos adicional deberá contar con un (1) empleado adicional.

e. La sociedad también queda comprometida, durante los primeros tres (3) años del beneficio fiscal, a ejecutar una inversión, ya sea en propiedad, planta y equipo; en activos intangibles mencionados en el numeral 1 del artículo 74 del ET, o en los cargos diferidos fiscales del numeral 3 del artículo 74-1 del ET, la cual deberá ser como mínimo de 4.400 UVT (actualmente unos $156.671.000; ver artículo 1.2.1.22.54, agregado al DUT 1625 de 2016). Al respecto, y aunque la norma no lo aclara, se entiende que el valor de la UVT que se tomará para efectuar dicho cálculo es el que esté vigente para el momento en que se aprobó su solicitud ante el Comité de la Economía Naranja.

f. Durante los siete años en que se haga uso del beneficio de renta exenta, la sociedad no podrá obtener al mismo tiempo la exoneración de aportes de nómina del artículo 114-1 del ET y, por tanto, deberá pagar la totalidad de tales aportes (ver parágrafo 2 del artículo 235-2 del ET y el parágrafo del artículo 1.2.1.22.56 agregado al DUT 1625 de 2016). Además, como no cuentan con la exoneración de aportes del artículo 114-1 del ET, por esa sola razón tampoco deben practicarse la autorretención especial a título de renta del Decreto 2201 de diciembre de 2016 (autorretención que no aplicaba en este caso por otra razón adicional, y es que las rentas que obtendrá la sociedad son exentas en el impuesto de renta; ver el inciso cuarto del artículo 1.2.6.8 del DUT 1625 de 2016).

La obligación de pagar todos los aportes de nómina tiene su lógica en el hecho de que si al final del año tratarán su renta como 100 % exenta, y en consecuencia no liquidarán impuesto de renta, en ese caso no se podría aplicar la disposición del artículo 243 del ET, en el cual se menciona que una parte del impuesto liquidado por las sociedades que sí tienen exoneración de aportes (la parte que se calcula con los primeros nueve puntos de la tarifa de renta utilizada por la sociedad) tendrá destinación específica a favor del Sena, ICBF, EPS, universidades públicas y otras entidades.

Por tanto, esa imposibilidad para aplicar el artículo 243 del ET se compensa mediante la obligación para el contribuyente de pagar a través de la Pila mensual todos sus aportes de nómina. En todo caso, es extraño que la Ley 1943 de 2018 y la Ley 2010 de 2019 no hayan establecido esa misma obligación a las sociedades que exploten las actividades económicas de los numerales 3 al 9 del mismo artículo 235-2 del ET, pues tales sociedades sí tendrán renta exenta y, a su vez, podrán disfrutar de la exoneración de aportes del artículo 114-1 del ET, lo cual perjudica los recursos a favor del Sena, ICBF y EPS.

La utilidad contable que repartan será totalmente gravada en cabeza de sus socios accionistas

Tal como lo hemos destacado en editoriales anteriores, si alguna sociedad se acoge a los beneficios de rentas exentas del artículo 235-2 del ET (entre ellas las rentas exentas por explotar actividades de la economía), lo que al final sucederá es que solo la sociedad podrá rebajar su impuesto de renta, pero no sus socios o accionistas, pues cuando la sociedad reparta su utilidad contable la misma pasará como 100 % gravada en cabeza de tales socios o accionistas.

En efecto, si la sociedad resta como exenta toda su renta ordinaria, al final sucederá que sus renglones de “renta líquida gravable” y de “impuesto básico de renta” de su declaración de renta quedarían en ceros y, por tal motivo, al aplicar la fórmula del artículo 49 del ET, todo el valor de la utilidad contable terminará pasando como gravada en cabeza de sus socios o accionistas.

Es allí cuando se cumple la célebre frase: “El impuesto que no paga la sociedad lo pagan sus socios o accionistas”, pues al recibir los dividendos o participaciones como 100 % gravados, los mismos se enfrentarán a la siguiente tributación:

a. Si los socios o accionistas son otras personas jurídicas nacionales contribuyentes de renta en el régimen ordinario, las mismas quedarán sujetas a tributar con la tarifa indicada en el inciso segundo del artículo 242-1 del ET (modificado con el artículo 50 de la Ley 2010 de 2019). Por tanto, y suponiendo que el dividendo gravado lo recibirán en el 2021, tendrían que tributar con un 31 % más otro 7,5 % adicional calculado sobre el valor neto que se forme después de restar la primera parte del impuesto. Para este caso no sirve que la persona jurídica que recibirá el dividendo piense en trasladarse al régimen simple con el fin de disminuir su tributación, ya que se lo impide el numeral 6 del artículo 906 del ET.

b. Si los socios o accionistas son personas naturales residentes del régimen ordinario, liquidarían el impuesto con las instrucciones de la nueva versión del artículo 242 del ET (luego de ser modificado con el artículo 35 de la Ley 2010 de 2019). Por tanto, liquidarían un 31 % más otro valor adicional (de hasta el 10 %) que se calcula sobre el valor neto que se forme después de restar la primera parte del impuesto. Además, si los dividendos que recibirán tales personas naturales (los cuales son rentas pasivas) les representarán más del 20 % de sus ingresos brutos del año, en ese caso no podrán pensar en trasladarse al régimen simple (con el objetivo de rebajar el impuesto), pues se los impediría el numeral 8 del artículo 906 del ET.

c. Si los socios o accionistas son personas jurídicas extranjeras, o personas naturales no residentes, liquidarían el impuesto con la nueva versión del artículo 245 del ET (luego de ser modificado con el artículo 51 de la Ley 2010 de 2019). Por tanto, tendrían que tributar un 31 % más otro 10 % adicional sobre el valor neto que quede después de restar la primera parte del impuesto.

Por todo lo anterior, es claro que el supuesto beneficio de rentas exentas para las sociedades que exploten las actividades de la economía naranja (sin que sea un beneficio trasladable a sus socios o accionistas) pierde todo su atractivo cuando se piensa hacia futuro y lo que sucederá con la tributación de sus socios o accionistas. Esa tributación en cabeza de los socios o accionistas solo se evitaría si tales socios son personas jurídicas del régimen especial (las cuales pueden restar su renta como exenta), o si son personas jurídicas no contribuyentes de renta (ver artículos 22 y 23 del ET).

En este sentido, tal como lo destacamos en otro editorial, es mejor que las sociedades interesadas en obtener beneficios que sí apliquen a la sociedad y a sus socios o accionistas se acojan mejor a los beneficios de tributación reducida progresiva que se establece entre los años 2017 a 2027 a las sociedades que se instalen en las zonas más afectadas por el conflicto –Zomac– (artículos 235 al 238 de la Ley 1819 de 2016 y Decreto 1650 de octubre de 2017); o incluso pueden acogerse a los beneficios de tributación reducida progresiva que se concede a las sociedades que se instalen en las Zese (zonas económicas sociales y especiales para Guajira, Norte de Santander, Arauca, Armenia y Quibdó), contemplada en el artículo 268 de la Ley 1955 de mayo 25 de 2019 (modificado con el 147 de la Ley 2010 de 2019) y reglamentado con el Decreto 2112 de noviembre 24 de 2019.


Con confianza y crecimiento generamos las condiciones para crear la prosperidad

 Según Procolombia, en 2020 US$5.894 millones en inversión no minero-energética ingresaron al país. Se prevé que este comportamiento se mantenga este año


En medio de la reactivación económica, uno de los pilares que es fundamental para el crecimiento es la inversión extranjera directa. Pues estos capitales ayudarán a que se logre la expansión del PIB este año, estimada por la Ocde en 7,6% o de 5,9%, que espera el Banco Mundial.

Este fue el eje central del Foro LR ‘El rol de la inversión extranjera en la reactivación económica de Colombia’ en el que participaron representantes del Gobierno, la academia y el empresariado, quienes compartieron sus posturas sobre la relevancia de atraer capital foráneo.

Los panelistas se mostraron optimistas. Si bien el panorama de la pérdida del grado de inversión parece adverso, Andrés Felipe Gómez, presidente del Grupo Familia, destacó que los inversionistas son capaces de ver el potencial en el país. “Solo con visión de crecimiento y confianza generamos condiciones para mejorar la prosperidad”, afirmó.

Al respecto, Christian Daes, COO de Tecnoglass, aseveró que esos retos son oportunidades y dijo que esto convierte al país en un lugar perfecto para generar riqueza.

Paola García, vicepresidente de Inversión de Procolombia afirmó que este año se mantendrá la dinámica de 2020, cuando llegaron más de US$5.894 millones en inversión no minero-energética, es decir más de 76% de la inversión total provino de sectores diferentes a petróleo y gas. Y señaló que esto convierte la economía colombiana en una de las 10 emergentes con mayor inversión y la número 23 en el mundo.

LOS CONTRASTES

Sergio GuzmánDirector Colombia Risk Analysis

“En este momento hay poco apetito para la inversión. No obstante, tenemos factores como tener muchas ciudades grandes y la política macroeconómica estable que lo hacen atractivo”.

Para lograr este nivel de inversión, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, afirmó que “nos falta confiar, encontrar unas reglas de juego con las que podamos convivir y dejar atrás un pasado de violencia”.

Así mismo, otro reto a destacar es la preparación del talento humano. Enrique Gilles, profesor y coordinador del área de economía del Cesa, afirmó que la academia debe prepararse para estos desafíos.

“Una visión económica optimista”
Durante su participación en el Foro LR, Andrés Felipe Gómez, presidente del Grupo Familia, afirmó que el país ha avanzado en factores socioeconómicos que atraen el capital. También dijo que, Colombia necesita una visión económica más optimista para construir un país desde lo que heredamos, pues “solo con visión de crecimiento atraemos inversionistas”.

Hay potencial en talento humano
Christian Daes, COO de Tecnoglass, aseguró que uno de los fuertes del país para atraer inversionistas es la fuerza laboral. Considera que, por ello, la empresa privada debería invertir más en generar empleo. “Los problemas que tenemos se pueden resolver con empleo y con nuestros socios es posible”, sentenció.

Uno de los países con mayor inversión
A su turno, Paola García, vicepresidenta de Inversión de Procolombia, señaló que Colombia es uno de los países que más recibe inversión extranjera directa, pues ocupa el puesto nueve a nivel de países en vía de desarrollo. También destacó que estos recursos llegan más a los servicios financieros e industria.

“Invertir en el país es un gana-gana”
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, aseguró que en el país hay oportunidades de crecimiento para las empresas, a la vez que se genera bienestar. “Las oportunidades de mejora en el país son un impulsor de las ganancias en las empresas a la vez que un sinónimo de avance en términos socioeconómicos”, dijo el ejecutivo.

Mejora en calidad de vida y productividad
Enrique Gilles, profesor y coordinador del área de economía del Cesa, afirmó que la data ha mostrado que gracias la inyección de capital externo la productividad y competitividad mejoran, con lo que se impacta el trabajo. Todo esto se decanta en una mayor calidad de vida de los habitantes

Responsabilidades del auditor al elaborar una opinión de los estados financieros

 


La NIA 700 define las responsabilidades del auditor para formar una opinión acerca de los estados financieros.

En este editorial presentamos algunas generalidades de esta NIA, así como los requerimientos para construir la opinión y la estructura que debe tener para ser válida.

En primer lugar, recordemos que de acuerdo con la NIA 700 los objetivos del auditor son:
Formar una opinión sobre los estados financieros basada en las evidencias de auditoría.
Expresar la opinión con claridad mediante un informe escrito que describa la base en la que se sustenta.

La NIA 700 define las responsabilidades del auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de auditoría que incluye la opinión emitida como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad.
Formación de la opinión sobre los estados financieros

Para formar la opinión, el auditor debe:
Tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales aplicando los marcos técnicos de información financiera.
Concluir si obtuvo seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores (ver NIA 330 NIA 450).

Considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollen en la empresa.
Evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables.
Identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable.
Forma de la opinión

Según la NIA 700, el objetivo del auditor es expresar su opinión con claridad a través de un dictamen o informe escrito que manifieste el sustento de la opinión. Este dictamen puede ser:

“esta opinión será emitida por el auditor cuando considere que toda la información incluida en los estados financieros se preparó en todos los aspectos materiales”

Opinión no modificada (favorable): esta opinión será emitida por el auditor cuando considere que toda la información incluida en los estados financieros se preparó en todos los aspectos materiales aplicando todos los lineamientos y principios requeridos por los Estándares Internacionales.

Opinión modificada: el auditor emitirá esta opinión cuando concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material o cuando no haya obtenido evidencia suficiente para concluir que están libres de incorrección material.

A su vez, de acuerdo con la NIA 705, estas pueden ser:
Opinión con salvedades.
Opinión desfavorable o adversa.
Abstención de opinión.

Si estás aquí, seguramente te interesará descargar nuestro pack de formatos donde encontrarás 23 modelos y guías que te permitirán elaborar los informes y dictámenes de los correspondientes encargos de revisoría fiscal, auditoría, compilación y revisión de información:

Estructura del informe de auditoría, NIA 700 (revisada)

Presentamos la estructura del informe del auditor de acuerdo con la NIA 700 (revisada) del Anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de las Normas de Aseguramiento de Información del Decreto 2270 de 2019 que modifica al DUR 2420 de 2015:
Título: el informe debe tener un título que indique claramente que se trata de un “Informe de auditoría independiente”, el cual pone de manifiesto que el auditor ha cumplido todos los requerimientos de ética incluidos en las Normas de Aseguramiento de la Información y el Código de É
Destinatario: a quien va dirigido, que por lo general es a los socios, accionistas y/o responsables de gobierno de la entidad.
Opinión del auditor: está será la primera sección del informe en la que se debe incluir el título “Opinión”. En esta se debe nombrar claramente la entidad auditada, exponer los estados financieros objeto de análisis, mencionar que los estados financieros fueron auditados, especificar la fecha o período que abarcan los estados financieros, remitir las notas explicativas y el resumen de las políticas contables.
Fundamento de la opinión: esta sección debe estar inmediatamente después de la sección de opinión. En esta sección el revisor fiscal debe manifestar que la auditoría fue llevada de acuerdo con los Estándares Internacionales, se debe realizar una referencia a la sección en la que se describen las responsabilidades del auditor, una relación de la independencia del auditor y una manifestación de si el auditor considera que la evidencia de auditoria obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la formación de una opinión.
Cuestiones clave de auditoría: de acuerdo con los párrafos 30 y 31 de la NIA 700 (revisada), es posible que por disposiciones legales o porque el profesional contable lo considere pertinente se incluya un párrafo de cuestiones clave de auditoría. Dichas cuestiones son aquellas que de acuerdo con el criterio profesional del auditor han tenido mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros (ver NIA 710).
Otra información: de acuerdo con el nuevo párrafo 32 de la NIA 700 (revisada), cuando corresponda, el auditor podrá informar de conformidad con la NIA 720 (revisada) otra información, tanto financiera como no financiera (distinta de la abordada en los estados financieros y en el fundamento de la opinión del informe de auditoría).
Responsabilidad de la dirección: es la responsabilidad que tienen las personas que administran la entidad frente a los estados financieros y la información presentada en estos; por tanto, el informe debe incluir un acápite con el título “Responsabilidad de la dirección” u otro
Responsabilidad del auditor: el informe debe contener una sección que se titule “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”, ya sea en el cuerpo del informe, en un anexo o mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubicación de dicha descripción en la página web de una autoridad competente (esta última cuando haya una disposición legal o reglamentaria que lo permita).
Otras responsabilidades de información: si aparte de lo mencionado en las NIA existen otras responsabilidades del auditor, ya sea en cuanto a normas locales u otras que se requiera informar, estas deben mencionarse como “Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios”.
Nombre: si no existe ningún tipo de amenaza significativa para la seguridad (ver párrafo 46 de la NIA 700 –revisada–), entonces se incluye el nombre del socio del encargo.
Firma del auditor: el informe debe ir respaldado con la firma del revisor fiscal o auditor encargado de la auditoría.
Dirección del auditor: domicilio donde residía el revisor fiscal al momento de emitir su opinión.
Fecha del informe: la fecha del informe debe ser posterior a la fecha en la que se halló la evidencia documental en la que se basa la opinión. Se debe tener en cuenta que la fecha indica que hasta ese momento se han considerado todos los efectos de los hechos y los movimientos de la empresa de los que se tuvo conocimiento y que se obtuvo evidencia de todos los estados financieros, además que la dirección reconoce que asume la responsabilidad de estos. Para conocer la responsabilidad del auditor en relación con hechos posteriores al informe, ver NIA 560.
Prescripción del informe: si existe alguna disposición legal o reglamentaria que imponga al revisor fiscal utilizar un formato específico para su informe, este podrá referirse a las NIA solo si incluye los elementos mínimos mencionados en los literales a) al o) del párrafo 50 de la NIA 700 (revisada).

En la siguiente respuesta podrás escuchar de primera mano al Dr. Roberto Valencia, experto consultor en revisoría fiscal, quien explica cuál es la estructura para los informes de auditoría diferentes al dictamen:

Debe haber unos cargos técnicos y otros políticos

 


Codirectores del Emisor, superintendentes y directores de entidades deben tener orígenes más académicos y técnicos que políticos, si de verdad se quiere hacer eficiente a Gobierno

Cuando el pasado Gobierno Nacional enfiló sus baterías para que el país ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Ocde, o el bien llamado “club de las buenas prácticas”, pocos opositores le tiraron piedras a esa iniciativa. Ahora que el país es uno de los casi 40 países que la componen no se deben ir en reversa en sus recomendaciones. Una de ellas era el tácito mandato -no explícito- de ir rescatando oficinas, entidades, direcciones, agencias, superintendencias, aún no los ministerios, de la voracidad de los políticos.

Poco a poco se ha ido limpiando y quitando de las garras politiqueras a la más importante de todas las entidades, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, Dian, pero aún falta acelerar su modernización y diseñar la necesaria separación de la actividad de impuestos y aduanas. Los últimos dos gobiernos (bajo el filtro y vigilancia de la Ocde), han llevado a la Dian por buen camino, no obstante, persiste la corrupción en algunos pocos funcionarios y reina la lentitud en sus procesos que se niegan a tecnologizarse.

Ese camino que ha andado la Dian, ya lo recorrió la Superintendencia Bancaria que goza de gran prestigio, vela por los cuentahabientes y vigila de cerca al sistema financiero. La misma Ocde ha destacado ese avance en el país, lo propio han hecho los termómetros de la competitividad del Foro Económico Mundial, el IMD y el Banco Mundial, instituciones que ven avances en el control de un sector decisivo para el desarrollo económico.

No ocurre lo mismo con otras entidades u organismos vitales para la institucionalidad como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria que no logran el nivel de independencia académica, técnica o científica que el club de las buenas prácticas recomienda. Para nadie es un secreto que la SIC camina más rápido en ese sentido, pero le falta nivelarse o alcanzar a sus homólogos líderes en solucionar los problemas que afectan los mercados, la libre competencia y los consumidores.

En lo que respecta a la Superintendencia de Sociedades, las cosas van mucho más atrás. El Gobierno Nacional ha cambiado al directivo actual faltando un año que garantizaba la continuidad en esa oficina de vigilar todas las sociedades y que maneja las liquidaciones empresariales, en un año histórico en el número de empresas que se han acogido a la reorganización y otras tantas que han entrado en proceso de liquidación judicial.

El libre mercado, la economía liberal, la propiedad privada y la seguridad tributaria, solo se consolidan en estados que ponen en las oficinas de control y vigilancia a técnicos, académicos y científicos que no obedecen criterios políticos ni están sincronizados con el vaivén de ministros que entran y salen de las carteras por acuerdos políticos.

Lo mismo debe ocurrir con los codirectores del Banco de la República, la única entidad que preserva independencia constitucional, pero que sus miembros de junta, puestos por el Gobierno, deben tener el ADN profesional y académico para acceder a tan importante entidad.

El Estado colombiano es bastante robusto, maneja un presupuesto de $320 billones cada año, dinero público suficiente que brinda posibilidades de acertar con funcionarios políticos en oficinas políticas, pero con la responsabilidad de poner a técnicos en entidades técnicas.