Cambio de políticas contables por el COVID-19

 

Para disminuir las pérdidas que se presentarán en los estados financieros de 2020 como resultado de la crisis ocasionada por el COVID-19, algunas empresas pueden verse tentadas a modificar sus políticas contables.

En este editorial analizamos si los Estándares Internacionales permiten esta posibilidad.

En esta época, en la cual las entidades enfrentan condiciones financieras y económicas adversas ocasionadas por la pandemia del COVID-19, algunas pueden verse tentadas a modificar sus políticas contables en aras de aminorar las pérdidas que se reflejarán en los estados financieros de los períodos 2020 y siguientes, y de mantener su capacidad para continuar operando en el futuro.

Por ejemplo, una entidad del grupo 2 podría considerar cambiar el modelo de medición de sus propiedades de inversión del valor razonable al modelo del costo-depreciación-deterioro para no contabilizar disminuciones en el valor razonable de estos activos que afecten las utilidades del período.

Este tema hace parte de nuestro Especial Impactos del COVID-19 en los estados financieros de 2020, en el cual se estudian en profundidad los principales cambios que ha generado la crisis ocasionada por el COVID-19 en los estados financieros de 2020. ¡No dejes de consultarlo!

Cambio de políticas contables: ¿qué dice la norma?

Al respecto, cabe resaltar que los párrafos 8 de la sección 10 del Estándar para Pymes y 14 de la NIC 8 permiten que una entidad modifique sus políticas contables únicamente en las siguientes situaciones:

Cuando así lo requiera una modificación al Estándar para Pymes o a una de las normas NIIF (o NIC). En este caso el cambio es obligatorio.

Cuando el cambio permita que los estados financieros brinden información más relevante y fiable. En este caso el cambio es voluntario.

“puede concluirse que en principio una entidad no podría modificar sus políticas contables con el propósito de aminorar las pérdidas que se reconocen en los estados financieros”

En consecuencia, puede concluirse que en principio una entidad no podría modificar sus políticas contables con el propósito de aminorar las pérdidas que se reconocen en los estados financieros, sino que únicamente podrá modificar sus políticas contables cuando esto implique que la entidad genere información más relevante y fiable.

En todo caso, si una entidad decide modificar alguna de sus políticas contables porque considera que este cambio le permite generar información más relevante y fiable, debe documentar adecuadamente las razones por las que considera que dicho cambio mejora la información que emite (ver Concepto 705 de 2020 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–).

Adicionalmente, debe recordar que el cambio se debe contabilizar de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la sección 10 del Estándar de Pymes o la NIC 8.

Si eres suscriptor de Actualícese y deseas estudiar en profundidad los principales cambios que ha generado la crisis ocasionada por el COVID-19 en los estados financieros de 2020, no dejes de consultar nuestro Especial Impactos del COVID-19 en los estados financieros de 2020.

Cambio de políticas contables por el COVID-19 (actualicese.com)

El fin de los alivios preocupa a las entidades financieras

 

El último informe de la Superintendencia Financiera menciona que a agosto el saldo total de la cartera bruta ascendió a $523.6 billones.

Aunque con la actual coyuntura del coronavirus la actividad lentamente está comenzando a reactivarse, la incertidumbre por los nuevos casos de contagio se ha mantenido latente y los factores de riesgo de algunos actores económicos se mantiene alta e incluso se ha incrementado, lo que afecta el crecimiento del crédito.

Y no es solo que haya sectores que como el turismo o algunas actividades ligadas con la diversión y entretenimiento todavía sigan sin reactivarse y por lo tanto con el máximo nivel de percepción de riesgo frente a los establecimientos de crédito, sino que otros se mantienen golpeados y no demandan recursos.

No obstante, las estadísticas muestran que los desembolsos han seguido fluyendo. Del 20 de marzo hasta el 30 de octubre, las empresas y los hogares han financiado sus actividades a través de 160’683.362 créditos desembolsados, por $198,3 billones.

Pero otro tema es que con la crisis que generó la lucha contra la expansión del contagio, el sistema financiero, en conjunto con el Gobierno, pusieron en marcha prórrogas y periodos de gracia que vencieron el 31 de julio y actualmente adelantan el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) con el que se busca de manera personalizada ayudar a quienes perdieron su empleo, bajaron ingresos o, en el caso de empresas, entraron en quiebra o ley de reorganización.

El último informe de la Superintendencia Financiera menciona que a agosto el saldo total de la cartera bruta ascendió a $523.6 billones, con lo que el indicador de profundización alcanzó el 50,7% del PIB y en términos reales el saldo continúa registrando una variación anual positiva de 5,3%.

De momento, según la Superfinanciera, con la finalización de las medidas de contención no se ha presentado un deterioro significativo de la cartera. De un lado, la cartera al día (con mora menor o igual a 30 días) ascendió a $500,5 billones, lo que equivale a un crecimiento real anual de 5,4% y un 95,6% del saldo total.

De otro lado, la cartera vencida (con mora superior a 30 días), registró un saldo de $23,1 billones, equivalente a una variación real anual de 3,6%. El incremento refleja que algunos deudores que se acogieron a las medidas de alivio continuaron experimentando dificultades para atender sus pagos.

El organismo dijo que la dinámica del recaudo es positiva y revela que gran parte de la cartera que se acogió a periodos de gracia o redefiniciones retomó sus hábitos de pago.

La calidad por mora, medida como la proporción entre las carteras vencida y bruta, fue 4,4% para el total del portafolio. A partir de la finalización de las medidas de alivio el indicador retornó a niveles pre-covid (4,4% en febrero).

Mauricio Cepeda Díaz Granados, vicepresidente de Crédito del Banco de Occidente dice que los principales criterios de evaluación de riesgo están alrededor de la variable ingresos, es decir “la magnitud de la reducción desde marzo y especialmente abril, momento de inicio de recuperación de dichos ingresos y magnitud y velocidad de esta recuperación”.

Así, “cobra la mayor relevancia revisar la evolución mensual y hacer estimativos del comportamiento esperado en los siguientes meses, para poder hacer las validaciones tradicionales de capacidad de pago y endeudamiento”.

El ejecutivo asegura que en la cartera comercial, “además de la mencionada afectación de los ingresos, se está considerando la capacidad financiera previa a la crisis, la afectación del sector económico y las perspectivas de recuperación”.

Y asegura que “los sectores más riesgosos en este momento son aquellos que aún no han iniciado la recuperación de sus ingresos o que lo han hecho pero muy lentamente y a los que seguramente les tomará un tiempo importante retomar el nivel de ingresos que tenían antes de la pandemia”.

Indicó que ya se comenzó a ver el deterioro, más rápidamente en cartera comercial que en cartera de consumo o vivienda.

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