¿Qué se contrató en el municipio de Valledupar con $10.000 millones de un empréstito?

En su momento, por medio de los acuerdos nro. 011 del 29 de septiembre de 2017 y nro. 010 del 30 de agosto de 2018, el Concejo Municipal autorizó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, para que accediera a un empréstito de $10.000 millones.

Por eso, según el Secop 1, este 26 de abril se hizo realidad el empréstito por medio de la firma entre el Banco de Occidente y el alcalde de Valledupar. En la cláusula primera del Contrato de Empréstito quedó determinado “que el Banco ha acordado prestar a el deudor a título de empréstito, la suma de $10.000 millones, en la modalidad de empréstito de largo plazo de deuda pública interna con pignoración de rentas”.

El municipio podrá disponer de los recursos derivados del Contrato de Empréstito en uno o varios desembolsos, siempre que sean solicitados dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la firma.

Los recursos desembolsados por el banco son destinados para el desarrollo y ejecución de proyectos contenidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Valledupar Avanza 2016-2019”.

El principal proyecto es la remodelación y ampliación del área de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martin, por un valor de $3.000 millones.

La segunda obra es la construcción y adecuación de la glorieta ubicada en la intersección de la calle 44 y las carreras 19 y séptima, frente a la Terminal de Transportes de Valledupar, por un valor de $1.302 millones. Según la página Colombia Compra, el contrato fue celebrado en el mes de febrero con el Consorcio Camilo Rivero Lacouture & Ingenieros. Para esta obra, en la cual ya empezó la ejecución y en la que el municipio ya entregó un anticipo del 30 % ($434 millones), se presentaron dos proponentes. El contratista tiene un plazo de cuatro meses para terminar la remodelación.

Por otro lado, la construcción del parque Villalba también fue adjudicado. A la construcción del espacio público que el municipio destinará $1,868 millones se presentaron dos conocidos en la construcción de parques en el municipio. En un lado, el Consorcio Parque Villalba, cuyo representante legal, Libardo José Cuello, ha participado en la construcción de alrededor cinco parques en el municipio, además de también contratar con el departamento del Cesar; por otro lado estaba el Consorcio Parque de la Familia, al cual le fue adjudicado el contrato, cuyo representante legal es Abraham Llinas, otro conocido en la contratación municipal.

El contrato fue firmado el pasado 11 de marzo y a partir del inicio de la ejecución el contratista tendrá un plazo de cinco meses para construir uno de los proyectos de espacio público insignes de la actual administración. 

La inversión en parques fue un patrón en esta administración y estos recursos no fueron la excepción. Además de la construcción del parque Villalba, se suma la renovación del parque Rojo en el barrio Sicarare por un valor de $1.400 millones. 

En este caso, de los dos proponentes para la obra el mejor posicionado fue la Unión Temporal Parque Sicarare, cuya representante legal es Keny Rene Vega. El contratista y el municipio pactaron un plazo de cuatro meses para la conclusión del trabajo de renovación.

PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES

Los $10.000 millones que ejecutará la Alcaldía de Valledupar a través de un empréstito se consiguieron cuando aún el municipio no sale de la Ley 550 (de 1999) para la reestructuración de pasivos. 

Además de la renovación del Hospital Eduardo Arredondo Daza y los parques, se invertirán en la construcción de vías. 

Con el objetivo de la ‘Construcción de pavimentos en concreto hidráulico nuevo y terminación de calles inconclusas’, se invertirán $1,960 millones que encierran nueve barrios. Estos son Doce de Octubre, San Martín, Ocho de Diciembre, El Pupo, Nueva Esperanza, Cortijos, Cicerón Maestre, Divino Niño y Primero de Mayo. 

La próxima administración será la encargada de pagar el empréstito, el cual tendrá un plazo de diez años, incluidos dos de gracia para el pago de capital, contados a partir de la fecha de cada desembolso. La amortización a capital se realizará en abonos trimestrales, iguales y consecutivos a partir del año 2021 a partir de cada desembolso. Asimismo, la tasa de interés acordada fue del cuatro por ciento.

Por: DEIVIS CARO DAZA 

defancaro1392@gmail.com

EEUU anuncia primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional

Por AFP

Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), negando visas a cualquier persona involucrada en la investigación de las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán o en otros países. 

«Hoy (…) estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense», dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa.

Pompeo añadió que Washington está preparado para dar pasos adicionales, incluida la aplicación de sanciones económicas, si la corte sigue adelante con cualquier investigación que afecte a personal estadounidense o aliado.

El secretario de Estado aseguró que ya se habían emitido las primeras prohibiciones de visados, sin revelar el número ni los destinatarios.

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció en noviembre de 2017 que buscaba iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos.

Pompeo dijo el viernes que las nuevas restricciones de visa incluirían a «personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo».

«La CPI está atacando el estado de derecho estadounidense», explicó a reporteros. «No es demasiado tarde para que la corte cambie su curso y la urgimos a hacerlo inmediatamente», siguió.

«Las restricciones de visa también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la CPI de perseguir al personal de los aliados, incluidos los israelíes», agregó el secretario de Estado.

El gobierno de Donald Trump ha cuestionado enérgicamente a la CPI, un organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, del cual Estados Unidos no es miembro.

«La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable», dijo Trump ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las sanciones anunciadas por Pompeo fueron la primera acción concreta de Estados Unidos contra la corte desde que la Casa Blanca amenazó a la CPI con tomar represalias en septiembre del año pasado.

• «Procesos con motivación política» -El secretario de Estado dijo que Washington rechazó unirse a la CPI «debido a sus inexplicables poderes de procesamiento» y la amenaza que representa para la soberanía nacional estadounidense.

«Estamos determinados a proteger al personal civil estadounidense y aliado de vivir con temor a un proceso injusto por acciones tomadas para defender nuestra gran nación», manifestó. «Tememos que la corte pueda eventualmente llevar adelante procesos con motivación política contra estadounidenses», apuntó. 

Pompeo destacó que el gobierno estadounidense está obligado a proteger a sus ciudadanos y explicó que ya se han tomado medidas contra los miembros de las fuerzas armadas que hayan tenido un comportamiento inadecuado.

«Cuando los miembros del servicio estadounidense no cumplen con nuestro estricto código de conducta militar son reprendidos, llevados ante una corte marcial y sentenciados, si es lo que se merecen», indicó.

«El gobierno estadounidense, cuando es posible, adopta acciones legales contra los responsables de crímenes internacionales», añadió, y destacó su apoyo a las acusaciones por crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, entre otros.

La CPI y diversos grupos de derechos humanos reaccionaron rápidamente a las declaraciones de Pompeo.

«La CPI, como tribunal de justicia, continuará con su trabajo independiente, decidido, en concordancia con su mandato y con el principio general del Estado de Derecho», aseguró la corte.

El director de justicia internacional de Human Rights Watch, Richar Dicker, consideró que la medida estadounidense «es un intento patente de intimidar a los jueces y de impedir que se haga justicia por las víctimas en Afganistán», así como un «claro desprecio por el Estado de Derecho».

James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, dijo que las declaraciones de Pompeo reflejan la postura de la administración de que la ley internacional importa «sólo cuando está alineada con los intereses nacionales de Estados Unidos».

La CPI fue establecida en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países.

Las relaciones entre Washington y la corte con sede en La Haya han sido siempre tensas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.