IAASB aprobó nuevos estándares de gestión de calidad para auditores

 

Aunque los estándares entran en vigor en 2022, las empresas pueden adoptarlos más temprano, como lo ha hecho KPMG.

Algunas características de la nueva norma son: corregir cualquier deficiencia de auditoría y prestar atención a la cultura interna de una firma.

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento –IAASB, por sus siglas en inglés– aprobó un conjunto nuevo y revisado de estándares de gestión de calidad, para que los auditores los utilicen a nivel mundial, los cuales entrarán en vigor a partir del 15 de diciembre de 2022.

Las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, ISQM 1, ISQM 2 y la Norma Internacional de Auditoría, ISA 220 revisada, ahora están esperando la aprobación por parte de la Junta de Supervisión de Interés Público, un grupo global de reguladores supervisado por la Federación Internacional de Contadores.

«La aprobación de nuestros tres estándares de gestión de calidad es la culminación de nuestra respuesta al entorno cambiante, los desafíos de la eficacia de nuestros estándares de control de calidad preexistentes y las crecientes necesidades de los participantes del mercado», dijo sobre el tema Tom Seidenstein, presidente de la IAASB, en Accounting Today.

«El conjunto de estándares resultante tiene como objetivo un sistema de gestión de calidad más robusto para las empresas que utilizan los estándares del IAASB, y marca una evolución desde un enfoque tradicional y más lineal para el control de calidad», agregó.

Las «cuatro grandes» en el ojo del huracán

“Los nuevos estándares llegan en un momento en que la calidad de las auditorías producidas por las cuatro grandes firmas ha sido cuestionada por los reguladores financieros internacionales”

Los nuevos estándares llegan en un momento en que la calidad de las auditorías producidas por las cuatro grandes firmas ha sido cuestionada por los reguladores financieros internacionales, luego de una serie de escándalos contables de alto perfil en los últimos años que involucran a compañías como Wirecard, Samsung, Thomas Cook, Carillion y otras.

Seidenstein ha dicho que los nuevos estándares abordan algunas de esas preocupaciones, así como las diferencias entre el control de calidad y la gestión de la calidad en las firmas de auditoría.

“Proporcionan una base dentro de la firma para enfocarse en la calidad en todo lo que hacen. El control y la gestión tienen diferentes connotaciones. El control da la sensación de que nos aseguraremos de revisar las cosas luego de los hechos para asegurarnos que cumplimos con nuestros estándares de calidad. La gestión de calidad ve estas cosas como un circuito de retroalimentación continuo, que es realmente de lo que tratan nuestros estándares», explica.

Estos estándares se pueden comparar con la forma en que muchas instituciones financieras incluyen la gestión de riesgos como parte de cada elemento en la forma en que gestionan su estrategia empresarial y corporativa.

“Se trata de crear un sistema para que las empresas administren los objetivos de calidad”, dijo Seidenstein.

“Tenemos objetivos de calidad bastante claros y específicos, por lo que hay que definir ¿dónde hay deficiencias que se deben remediar rápidamente?’ Luego, eso se retroalimenta para extendernos más y mejorar en función del análisis de las causas fundamentales de esas deficiencias», indica.

Gestión de la calidad de la auditoría

KPMG ya está comenzando a implementar los estándares de gestión de calidad en sus firmas de todo el mundo.

«Con la aprobación de estos estándares, se ha logrado un nuevo hito importante para la profesión de auditoría y aseguramiento», dijo Larry Bradley, director global de auditoría de KPMG.

“Los nuevos estándares introducen un enfoque sólido, escalable y proactivo para la gestión de la calidad de la auditoría, que es fundamental para servir al interés público. KPMG aplaude el trabajo del IAASB y cree que estos estándares mejorarán significativamente la gestión de la calidad basada en riesgos, la coherencia global y sentarán las bases para auditorías de alta calidad en toda la profesión de auditoría”, indica Bradley.

Aunque los estándares entran en vigor a finales de 2022, las empresas en algunos países pueden adoptarlos más temprano, tal cual lo ha hecho KPMG.

“Lo hemos estado haciendo por varias razones. Creemos en la misión del IAASB aquí y creemos en sus objetivos. La calidad a nivel de compromiso y a nivel de empresa es un viaje. No creo que nunca puedas declarar la victoria porque las cosas se están moviendo demasiado rápido, ya sea impulsado por COVID-19 o cambios en la tecnología. Entonces, abrazamos los objetivos del estándar. De hecho, hemos estado trabajando agresivamente para implementarlos y continuaremos haciéndolo hasta la fecha real de adopción», explicó.

Tecnología como punto de cambio

La tecnología ha hecho que la auditoría evolucione hasta el punto en que se necesitaban cambios en los estándares de manera general para abarcar áreas como el análisis de datos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos robóticos y el aprendizaje automático.

Corregir cualquier deficiencia de auditoría, prestar atención a la cultura interna de una firma y comunicar los objetivos de gestión de la calidad a los constituyentes como los comités de auditoría, son algunas características de la nueva norma.

Delitos fuente a los que tienen que estar atentos los revisores fiscales

 

Cualquier conducta delictiva en Colombia que genere recursos, explica Juan Pablo Rodríguez, podría estar vinculada a la financiación del terrorismo.

Corrupción no solo se relaciona con los recursos públicos y no solo tiene que ver con delitos contra la administración pública.

Juan Pablo Rodríguez, abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, presidente y socio de RICS management en dialogo con #CharlasConActualícese, afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos.

«Sin embargo, parece que la única preocupación en el país es el tráfico de drogas, quedando por fuera 65 delitos que los revisores fiscales tienen el deber legal de revisar. Ya no es si queremos, es que tenemos como profesionales esta labor», enfatiza Rodríguez.

Frente a la financiación del terrorismo, explica que no hay una lista de delitos fuente, porque cualquier conducta delictiva en Colombia que genere recursos podría estar vinculada a la financiación del terrorismo.

«Hay que reiterar que la evasión fiscal sí es delito, pero no es delito fuente de lavado de activos, como equivocadamente se ha dicho», explica.

Los profesionales contables deben tener presente que la omisión del agente retenedor recaudador, la inclusión de activos y pasivos inexistentes, y la defraudación tributaria sí son fuente del lavado de activos.

Rodríguez también indica que la corrupción no solamente está relacionada con los recursos públicos y no solo tiene que ver con delitos contra la administración pública.

«Hoy en Colombia tenemos un delito llamado corrupción privada y es menester que los revisores fiscales estén atentos a esto», dice.

Vigilancia del revisor fiscal sobre la preparación de presupuestos

 Para comenzar, es importante recordar que el revisor fiscal no es responsable de la preparación de los presupuestos. No obstante, dentro de sus funciones sí encaja la de vigilar oportunamente que la empresa tenga presupuestos útiles, debidamente fundamentados, que le sirvan de guía de acción y de base para la medición de la eficiencia operacional.

Con unos buenos presupuestos se minimiza el riesgo de detrimento del patrimonio de los propietarios de la empresa y de fracaso en sus negocios. Por esto es conveniente que el revisor fiscal urja para que se preparen oportuna y adecuadamente los presupuestos necesarios, además de verificar los avances que se hagan de esta labor, participar (si lo desea y si puede) en reuniones de análisis de quienes sean responsables de ellos e informar –ojalá por escrito siempre– sobre las deficiencias que detecte en su contenido, para que la administración pueda ordenar las correcciones que considere indispensables.

¿Cuándo se deben preparar?

Antes de que se inicien las operaciones del nuevo año. Hacer presupuestos en abril o mayo –como he visto que sucede en muchas empresas– no tiene lógica; los primeros meses del año se darían palos de ciego en los negocios, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Es aconsejable que una empresa comience a adelantar las labores de preparación de los presupuestos en los primeros días de septiembre o, a más tardar, en los primeros de octubre, como las empresas bien organizadas suelen hacerlo.

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¿Qué presupuestos se deben preparar?

No solamente el de flujos de efectivo, como muchos empresarios y administradores –equivocadamente– creen. Este es uno de los últimos que se debe preparar, como resultado y síntesis final de casi todos los otros presupuestos, que son por lo menos:

a. de venta de bienes y servicios;

b. de costo de venta y/o de producción de bienes y servicios;

c. de gastos administrativos, de ventas y no operacionales;

d. de ingresos colaterales;

e. de inversiones en propiedades, planta y equipo;

f. de cancelación de pasivos existentes y de obtención de nuevas fuentes de financiación;

g. por supuesto que el de flujos de efectivo; y

h. de todos los estados financieros, si es posible, pero por lo menos el del resultado integral y del estado de situación financiera (antes denominado balance general).

¿Cómo deben elaborarse los presupuestos?

En el orden en que aquí los he citado, deberían comenzar a prepararse. Los directivos y administradores de la empresa deben definir el volumen (en unidades) de ventas de bienes y servicios que esperan, teniendo en cuenta aspectos como:

Situación política y económica del país (actualmente, deberían tenerse en cuenta los efectos de los tratados de libre comercio que Colombia ha suscrito con varios países).

Cambios generados a causa de la pandemina del coronavirus.

Proyectos de ley en estudio y nueva normativa legal que incidiría en la venta de bienes y servicios para el siguiente año, como las tarifas de impuestos.

Capacidad adquisitiva y gustos de los posibles clientes.

Necesidades del país.

Capacidad de la empresa para mantener o incrementar los volúmenes de ventas.

Otras variables que parezcan importantes.

Insisto en que el presupuesto de unidades de bienes y servicios a vender es la base fundamental de todos los demás presupuestos. De este presupuesto dependen todos los demás que se requieran. No es aconsejable hacerlo por intuición o por deseos o caprichos de quienes dirigen la empresa. ¡No! Siempre deben fundamentarse en lo anotado en el párrafo anterior y en posibilidades razonables para el nuevo año.

Casi todos anhelan que en el siguiente año se superen las ventas del que se está terminando. Pero en ocasiones la realidad (emergencia sanitaria por el coronavirus, situación política y económica del país, competencia, necesidades y gustos de los clientes, etc.) hacen que sea conveniente disminuirlas.

Costumbres como incrementar todos los rubros en determinado porcentaje (por ejemplo, el índice de inflación proyectado por el Gobierno) no se deben seguir aplicando si se esperan preparar presupuestos útiles. Es posible que este índice sirva para calcular el costo de los diferentes materiales, bienes y servicios que se han de requerir durante los siguientes doce meses, pero no debe aplicarse en forma generalizada y simplista.

Todos los presupuestos que se preparen son interdependientes entre sí. Al revisarse, normalmente exigen ajustes y correcciones. Posiblemente, un rubro que en alguno de ellos se ajuste incide en la necesidad de hacer ajustes en otro u otros de los demás presupuestos.

Por ello, es conveniente prepararlos mediante hojas electrónicas que automáticamente realicen las modificaciones en las partidas interrelacionadas con otra u otras. Por ejemplo, al aumentarse la cantidad de unidades a vender, automáticamente se debe aumentar la cantidad a producir, el costo de materia prima y de mano de obra directa, la suma de los ingresos y el valor de los egresos.

Impacto de la pandemia en insolvencias se verá en 2021

 La Supersociedades ha recibido 852 solicitudes este año para estos procesos, las cuales han venido aumentando mes a mes.

El temor por una avalancha de solicitudes de insolvencia es uno de los resultados que está dejando la pandemia de la covid-19 en el tejido empresarial. Un balance presentado por la Superintendencia de Sociedades evidenció que, en lo corrido del año, se han presentado 852 peticiones para este tipo de procesos y, de ellas, 624 se dieron entre abril y septiembre.

En estos meses la entidad ha recibido 488 solicitudes para reorganización y 136 de liquidación. En conjunto, las compañías que han pedido acceder a procesos de insolvencia, ya sea en el marco de la Ley 1116 o de los decretos 772 y 560, emitidos durante el estado de emergencia para facilitar estos procesos, suman $6,75 billones en activos, y emplean a 26.967 personas.

Según la Superintendencia, si bien ya se están materializando en las finanzas de las empresas algunos efectos de la covid-19, lo que derivó en un incremento de las solicitudes en los últimos meses, el virus de la pandemia sobre las empresas se prolongará, e impactará, sobre todo, en el 2021.

“El golpe se empieza a ver en el tercer trimestre. En septiembre vamos a terminar con un dato similar al de agosto, que fueron más de 160 solicitudes. Así seguirá un tiempo, con más de 150 peticiones por mes, seguramente eso durará este año y el próximo”, indicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

A partir de un estudio realizado por la entidad sobre el impacto de la covid en insolvencias, la Supersociedades encontró que hay una correlación entre la caída del PIB y la probabilidad de que una empresa se declare en insolvencia. Además, el estudio mostró también que existe un rezago en el tiempo desde el golpe económico hasta la presentación de la solicitud.

“Lo que se empieza a ver en el tercer trimestre se va a seguir viendo en el cuarto, y seguramente va a seguir este efecto, inclusive, hasta diciembre del próximo año, porque la maduración de la insolvencia es de entre 6 y 18 meses. Vamos a ver estos problemas hasta el 2021, aunque cuánto puede aumentar sí no lo podemos decir”, complementó Liévano.

Gracias a este análisis realizado por la entidad, a partir de una muestra empresarial, la Superintendencia ha estimado también, como un fenómeno económico, mas no jurídico, que si el PIB cae -7,7%, 38% de las empresas estarían en riesgo de insolvencia.

Por localización geográfica, y según los datos de las intendencias regionales, el grueso de los procesos se han concentrado en Bogotá, con 305 solicitudes de insolvencia, seguido por Medellín, con 113; Cali con 71, Bucaramanga con 70, Barranquilla con 25 peticiones y Manizales y Cartagena, cada una con 20.

Según el Supersociedades, las ayudas del Gobierno en caja, subsidios y otros apoyos lanzados han evitado que se presenten más problemas de insolvencia. “Yo no hablaría de una avalancha de procesos, pero sí de una pandemia empresarial. Las sociedades han sufrido mucho desde el punto de vista de su salud financiera, que se ha podido manejar a través de las ayudas del Gobierno Nacional. Están mirando las medicinas que hay que dar a las compañías enfermas, se trata de que no lleguen a procedimientos judiciales”, señaló Liévano.

IMPACTO INESPERADO 

Debido a que el choque de la pandemia sobre las empresas no es inmediato, además dejó un efecto adverso en las cifras del primer semestre, que también presentó la Superintendencia. Durante los últimos años, las solicitudes de insolvencia habían venido aumentando. Mientras que en 2014 la Supersociedades recibió 576 peticiones en los primeros seis meses del año, y en 2015 fueron 75, para el mismo periodo de 2018 y 2019 las cifras ya ascendían a 1.243 y 1.272 respectivamente.

Sin embargo, en el primer semestre de 2020, contrario al imaginario colectivo que podría esperarse por la pandemia, las solicitudes cayeron y se registraron solo 452 en este periodo. Un promedio de 75 mensuales. Lo que implica una caída de 22%.

“Tenemos que tener en cuenta que esta caída se debe básicamente a que el primer trimestre fue de alrededor de 70 solicitudes. En abril y mayo, por el aislamiento tuvimos muy pocas peticiones, y ya en junio empezamos a contar con alrededor de 100 por mes”, explicó Liévano.

SECTOR SERVICIOS, LAS EMPRESAS MÁS AFECTADAS

Al analizar las cifras por rama de actividad, la entidad reveló que las firmas del sector servicios son las que más han solicitado ser admitidas a procesos de insolvencia. Desde que inició la pandemia, 206 compañías dedicadas a este tipo de actividades presentaron su solicitud ante la entidad, lo que representa 33% del total. Por el lado de las manufacturas han sido 85 las solicitudes que ha recibido la Supersociedades, mientras que 73 empresas del sector construcción también han buscado iniciar procesos de reorganización o liquidación desde abril. En cuando a las Personas Naturales No Comerciantes (Pnnc), 72 han hecho uso del recurso, mientras que en el agro se han dado 30 peticiones y en el sector minero 12.