En un plan estratégico sobre competitividad, explican los detalles de sus propuestas y le recomiendan al Gobierno ajustes en programas sociales.
La mejora de condiciones en el campo es uno de los puntos importantes de la propuesta.
Un grupo de representantes del sector privado le entregó al Gobierno un documento de recomendaciones cuyo objetivo es aportar a la recuperación, la adaptación y la preparación del país hacia una nueva realidad.
Este incluye una estrategia para mejorar la productividad, las reformas pensional y laboral, acciones para preservar empresas, desarrollar el campo y generar empleo, fomentar la economía verde, invertir en infraestructura, fijar un ingreso vital, unificar las transferencias a personas en condición de pobreza, avanzar en la inserción de la producción en el mercado externo, crear un seguro de desempleo y reformar las consultas previas.
Este listado de recomendaciones es producto del trabajo que viene realizando el Consejo Privado de Competitividad con cerca de 40 expertos entre investigadores, empresarios, exministros, dirigentes gremiales y banqueros desde finales de marzo pasado, cuando el país entró en cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus.
El objetivo de la propuesta es reactivar la economía con base en medidas que conduzcan a elevar la productividad y la competitividad, para llegar a tasas de crecimiento altas y sostenidas que permitan remediar los daños causados por la pandemia y retomar los avances en bienestar logrados en los últimos años.
Aseguran que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para proteger el tejido empresarial y ejecutar las reformas que se han pospuesto, y que son urgentes para que la trayectoria de recuperación ubique al país en una senda de resiliencia, sostenibilidad y equidad, con seguridad jurídica de largo plazo y estímulos a la inversión.
Respecto a las acciones concretas para mejorar la productividad, proponen una estrategia compuesta por cuatro pilares: (1) aparato productivo sofisticado y diversificado; (2) empleo de calidad; (3); hogares con redes de protección social y (4) Estado fuerte, eficiente y transparente.
'REVOLCON' EN PENSIONES
El grupo que elaboró el documento le propone al Gobierno una reforma pensional basada en tres pilares: solidario, contributivo obligatorio y voluntario. El objetivo es propender por un aumento en la base de cotizantes, incrementar el número de personas que se pensionan y evitar que siga creciendo el déficit fiscal por la vía de Colpensiones.
Esto, con la meta de que todos los colombianos tengan una pensión mínima garantizada. El pilar contributivo obligatorio aplicaría para empleados y trabajadores independientes. Junto con el voluntario, estos serían administrados por un sistema de AFPs donde competirían en igualdad de condiciones las instituciones privadas y públicas, si así lo decide el Gobierno.
En el primer pilar, es decir, el de carácter solidario, se garantizaría una pensión (Beneficio Económico Periódico, BEP, si no corresponde formalmente llamarla pensión), equivalente al ingreso necesario para no estar por debajo de la línea de pobreza, que en 2019 rondaba los $327.000 mensuales. La edad para el reconocimiento del apoyo se actualizaría con las tablas de supervivencia cada cinco años para la población aún no pensionada. El documento agrega que el pilar solidario se financiaría con cargo al erario público.
El programa de Colombia Mayor, que hoy beneficia a 1,7 millones de personas, sería absorbido por este primer pilar pensional, o reemplazaría el ingreso vital para esta población si este programa ya está en operación.
La propuesta señala que en el segundo pilar, el contributivo, complementaría al solidario con miras a lograr al menos el 70% restante del salario mínimo en un sistema de ahorro individual obligatorio. En este, la pensión esperada estará directamente relacionada con los aportes.
Se propone una contribución obligatoria por parte de los asalariados e independientes de 10 puntos a pensión, adicional a los 12 puntos que ya contribuye el empleador.
Aquellos que no coticen por suficiente tiempo, simplemente verían adicionado el capital que hayan logrado al primer pilar de pensión mínima garantizada y disfrutarán de la pensión (o BEP) así lograda. Esta sería administrada por las AFPs. El incremento en la cotización de los empleados se haría gradual: dos puntos adicionales por año hasta llegar a los diez puntos de cotización.
La transición, o periodo de protección de los derechos adquiridos, sería de 10 años. El sistema de prima media se marchitaría bajo este escenario.
A partir de la entrada en vigor la reforma, las demás personas que coticen en Colpensiones pasarían de manera inmediata al nuevo régimen. Quienes queden en el sistema actual no tendrían derecho a la pensión mínima garantizada del primer pilar. No obstante, voluntariamente se podrían trasladar al nuevo régimen.
Aquellos que estén con las AFP a 10 o menos años de expectativa de pensión, tendrían derecho a acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) si cumplen con las 1.150 semanas de cotización.
De acuerdo con la propuesta de reforma, el FGPM garantizaría la pensión mínima complementando la del primer pilar, cerca del 70% de un salario mínimo. Y para estimular un mayor número de semanas cotizadas, para aquellos que no cumplen con el tiempo de cotización para la pensión mínima, se les reconocerán sus aportes y rendimientos más una bonificación creciente con el número de semanas cotizadas con cargo al FGPM.
Con base en estos dos primeros pilares, se lograría que quienes coticen por el tiempo requerido, más el apoyo del Gobierno con el primer pilar, obtendrían al menos una pensión de salario mínimo. Así mismo, se dejaría un estímulo fuerte a cotizar más semanas de las 500 actuales, que es el promedio de aportes. Por ello, el FGPM destinaría recursos para premiar a quienes aporten por más semanas.
Por su parte, el pilar voluntario, es decir, el tercero, mantendría el régimen actual. Para estimular el ahorro se podría pensar en un enrolamiento automático para todos los que devenguen más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), que sería un aporte creciente con el nivel del ingreso. Obviamente, las personas podrían modificar o cancelar su aporte si así lo desean.
REFORMA LABORAL
En materia laboral, la propuesta del grupo de expertos plantea permitir la cotización para seguridad social integral en los contratos por horas, actualizar el Código Sustantivo del Trabajo (CST), regular las incapacidades laborales, maximizar el impacto de los servicios de la cajas de compensación, avanzar en la formalización del empleo rural y diseñar e implementar una política nacional del cuidado, entre otras medidas.
Sobre la contratación por horas, prevista en la legislación actual, el documento señala que quienes trabajan por periodos inferiores a un mes o a la jornada laboral ordinaria, sean dependientes y devenguen más de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), actualmente no están habilitados para hacer contribuciones proporcionales al tiempo trabajado en horas.
Dado lo anterior, el grupo recomienda permitir la cotización laboral de estas personas al sistema de seguridad social integral (pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación), de manera proporcional a las horas trabajadas y conservando, en el mismo principio, los beneficios prestacionales asociados al trabajo formal de jornada ordinaria.
Con el fin de mitigar riesgos frente al desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores y la posibilidad de arbitraje, se debe garantizar que el esquema aplique únicamente a nuevas contrataciones o en casos en que los trabajadores actuales en jornada ordinaria, de común acuerdo con sus empleadores, decidan acogerse a este esquema.
Igualmente, proponen reformar el régimen de cesantías para que sirva de base de un seguro de desempleo.
De la misma manera, recomiendan actualizar la legislación laboral, pues el Código Sustantivo del Trabajo (CST) fue adoptado en 1950 y ha sufrido pocas modificaciones desde entonces. La idea es que este refleje de mejor manera el contexto económico y social del país.
Uno de los puntos claves es el pedido que se hace para regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud.
Según cifras del Ministerio del Trabajo, en 2018 el Sistema General de Salud reportó 28 millones de días de incapacidad laboral. Aquí, se recomienda avanzar en la implementación de un método de control, inspección y seguimiento a las incapacidades, con el fin de reducir el costo que asumen las empresas por las no justificadas.
El grupo firmante del documento señala que el país debe evaluar los servicios que proveen las Cajas de Compensación Familiar y enfocarlos para maximizar su impacto. Esto podría ayudar a estas entidades a optimizar su portafolio y concentrar su oferta de servicios en aquellos que generan mayor bienestar, particularmente en el contexto que impone la pandemia y sus consecuencias sobre el ingreso de los hogares y el empleo.
Este podría ser el caso de los servicios de intermediación laboral, subsidios a la vivienda y aquellos que componen el ‘Mecanismo de Protección al Cesante’, que han sido claves durante la pandemia.
Particularmente, plantean revisar el acceso efectivo de los servicios ofrecidos por las cajas a los empleados del sector rural.
Otra de las propuestas claves en el campo laboral es el establecimiento de mecanismos para la formalización de los trabajadores rurales. La idea es modificar el Código Sustantivo del Trabajo, reconociendo las particularidades de las actividades desarrolladas en el sector agropecuario, y crear un tipo de contrato que responda a la realidad actual.
Para ello proponen la inclusión de una nueva modalidad en el contrato de trabajo de acuerdo con el tipo de actividad (contrato agropecuario).
Como alternativa a lo anterior, también proponen la creación del Jornal Rural Integral como mecanismo para la formalización laboral en el sector, como una modalidad en la que el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados, se reconozcan y liquiden diariamente como un jornal que incluya prestaciones sociales como primas, cesantías, intereses a las cesantías, auxilios y vacaciones, entre otros.
Las recomendaciones incluyen el diseño y la implementación de una política nacional del cuidado, que reconozca el trabajo que realizan las mujeres en la atención del hogar. Esta política está siendo diseñada por la Comisión Intersectorial del Cuidado, y se espera tener este año una primera versión del documento Conpes.
ECONOMÍA VERDA: IMPUESTOS POR CONTAMINACIÓN
Sobre el tema de ‘economía verde’ se propone fomentar la inversión en proyectos de energías renovables no convencionales. Enfatizan en la necesidad de revisar las exigencias ambientales y realizar consultas previas solo cuando estas realmente pue- dan afectar el entorno de una comunidad.
El documento propone estimular proyectos de reforestación, incentivar la economía circular, pro- mover el transporte motorizado eléctrico, optimizar la cadena de producción de alimentos y revisar la implementación de impuestos verdes, como a los plásticos de un solo uso, sobretasa al consumo de gasolina y Acpm, modificaciones de la tasa al carbono, reforma al gravamen de vehículos y la reforma de los subsidios de electricidad y gas.
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