sábado, noviembre 25, 2023

Responsabilidades y honorarios del contador público y revisor fiscal: esto dice el CTCP

 


Aquí hablaremos sobre...

1. ¿Cuál es la responsabilidad del contador público con sus usuarios?
2. ¿Las responsabilidades del contador deben estar contempladas en un contrato?
3. ¿El contador puede exigir las indemnizaciones pertinentes frente al incumplimiento del contrato?
4. ¿El contador puede emprender acciones judiciales por el no pago de sus honorarios?

Un punto para considerar

¿No pagar los honorarios al contador puede dar lugar al cobro de indemnizaciones?, ¿se pueden emprender acciones judiciales?

Estas y otras preguntas relacionadas con las responsabilidades y honorarios del contador público fueron aclaradas por el CTCP. Las analizamos en este artículo.

La Ley 43 de 1990 fija el derecho del contador público de recibir remuneración por su trabajo y por el que ejecutan las personas a su cargo. El artículo 46 de esta misma norma dispone lo siguiente:

Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el Contador Público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancias en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el Contador Público y el usuario.

Por lo anterior, es claro que el contador público debe evaluar los aspectos mencionados para establecer sus honorarios, como se muestra en la siguiente infografía:


Ahora bien, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, como organismo técnico de la profesión, en numerosas ocasiones se ha pronunciado respecto a los honorarios y responsabilidades del contador público o revisor fiscal en su ejercicio profesional. Analizaremos algunas de las más relevantes a continuación:

1. ¿Cuál es la responsabilidad del contador público con sus usuarios?

El CTCP en el Concepto 0682 del 16 de diciembre de 2021 aclara que es responsabilidad del contador público prestar sus servicios de una manera profesional y ética. Además, resalta para el revisor fiscal la obligación de cumplir con las funciones establecidas en el Código de Comercio y conservar la debida independencia; adicionalmente, sintetiza las funciones del revisor fiscal de la siguiente manera: 

Cerciorarse de que las operaciones se realicen de acuerdo con los estatutos y las decisiones de la asamblea o junta directiva.

Dar oportuna cuenta, por escrito, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad.

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar.

Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad.

Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad.

Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen correspondiente.

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos.

Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas.

2. ¿Las responsabilidades del contador deben estar contempladas en un contrato?

Sí. De acuerdo con el Concepto 0433 del 16 de julio de 2021 del CTCP, el contador público debe cumplir las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, sin perjuicio de que también se exija el cumplimiento de sus derechos o de que pueda interrumpir la prestación de sus servicios. Por tanto, la responsabilidad del contador público debe estar alineada a las funciones definidas en el contrato.

Por otro lado, la entidad advierte que la responsabilidad del representante legal en el contrato de prestación de servicios será la de entregar las herramientas y los soportes completos que le permitan al contador presentar la información financiera correspondiente.

3. ¿El contador puede exigir las indemnizaciones pertinentes frente al incumplimiento del contrato?

Sí. El Concepto 0433 del 16 de julio de 2022 aclara también que no pagar los honorarios pactados implica un incumplimiento del contrato; por tanto, el contador o revisor fiscal puede dar por terminado el contrato y exigir las indemnizaciones que resulten pertinentes.

Adicional a esto, el CTCP recomienda:

Elaborar un acta de entrega del cargo y de los documentos mantenidos en su poder. En caso de no ser posible realizar dicha entrega del cargo con otro profesional, entonces se realizará un acta donde se deje evidencia de los documentos entregados a la Administración, y se entregarán al representante legal de la entidad o a un funcionario de esta.

4. ¿El contador puede emprender acciones judiciales por el no pago de sus honorarios?

Sí. De acuerdo con el CTCP en el Concepto 0042 de 2022, un contrato de prestación de servicios profesionales se rige por leyes comerciales y civiles, por lo cual el incumplimiento de su pago da lugar a la imposición de las acciones judiciales que conduzcan al cobro de los honorarios pactados, previo cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contador público. Deben considerarse además las disposiciones del artículo 46 de la Ley 43 de 1990.

Un punto para considerar

Para finalizar, es importante tener en cuenta la Circular Externa 000046 de 2006 de la JCC, la cual indica que no está permitido que los profesionales contables retengan documentación de sus clientes, incluso en los casos en que estos no hayan efectuado el pago de sus honorarios.


Reconocido banco despedirá a más de 2.000 personas: genera preocupación mundial

 La entidad financiera indicó que hará un recorte de más de 2.600 puestos de trabajo.


Esta decisión traer aún impacto negativo de aproximadamente 247 millones de dólares canadiense.

En los últimos meses, han sido varias empresas las que han tenido que reducir su personal debido a las diferentes crisis económicas que se han presentado en algunos países.

Hace poco, la entidad canadiense Bank of Nova Scotia, la cual opera como Scotiabank, que tiene cerca de 91 mil empleados a nivel mundial, anunció que tuvo que hacer un recorte de más de 2.600 puestos de trabajo, es decir, un 3% de personal. 

De acuerdo a la entidad financiera, el ajuste de la plantilla se debe al proceso de digitalización y automatización. Asimismo, a los cambios en los hábitos de sus usuarios y el constante trabajo del banco para optimizar sus operaciones.

Esta decisión traer aún impacto negativo de aproximadamente 247 millones de dólares canadienses, esto por costos de provisiones por despido y restructuración.

Sumado al recorte de personal, el banco también señaló que asumirá un impacto adverso de 63 millones de dólares canadienses. Este dinero por la consolidación de inmuebles y contratos de servicios.

La entidad financiera espera que los ahorros de esta decisión se vean reflejados a lo largo del próximo año, asimismo que traiga beneficios a largo plazo.

Scotiabank ha comunicado que incluirá una pérdida por deterioro de valor por valor de 280 millones de dólares canadienses en sus informes financieros del cuarto trimestre. Esta pérdida se relaciona con su inversión en el banco chino Bank of Xi'an, y se ha tomado debido a que el valor de mercado de esta inversión ha estado por debajo del valor registrado en los libros contables del banco canadiense durante un período prolongado.

Además de esta pérdida, el banco también ha notificado la depreciación de activos intangibles, que abarcan el software, como parte de su proceso de revisión contable.

viernes, noviembre 24, 2023

Criptomonedas serán tenidas en cuenta en el impuesto sobre la renta: Dian se pronuncia al respecto

 


Mediante un comunicado de prensa la Dian anunció el inicio de acciones tendientes a fiscalizar a los contribuyentes que realicen operaciones con criptomonedas, tal como el Bitcoin, con el propósito de establecer un control tributario a los contribuyentes omisos o inexactos en el impuesto de renta.

Mediante un comunicado de prensa expedido el 28 de enero de 2022, la Dian anunció el inicio de acciones tendientes a fiscalizar a los contribuyentes que realicen operaciones con criptoactivos, considerando que en la actualidad estos son una realidad a nivel mundial, dado el auge de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas.

Dichas acciones buscan establecer un control tributario a los contribuyentes omisos o inexactos que en el impuesto de renta no registraron los ingresos obtenidos por operaciones con criptomonedas o las registraron de manera inexacta.

Lo anterior hace parte de los nuevos mecanismos para la lucha contra la evasión fiscal y otros mecanismos legales de lucha y control en contra del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ahora bien, recordemos que la Dian mediante oficios se ha pronunciado sobre el manejo fiscal y la correcta declaración de las criptomonedas dentro de las respectivas declaraciones.
Ingreso por operaciones con criptomonedas en el impuesto de renta

A través del Concepto 314 de 2018 y el Oficio 232 de 2021 la Dian confirmó que los criptoactivos son reconocidos como activos susceptibles de ser valorados y de generar una renta para quienes los poseen; desde el punto de vista patrimonial, los criptoactivos corresponden a bienes inmateriales susceptibles de ser valorados, forman parte del patrimonio y pueden conducir a la obtención de una renta.

“las operaciones de explotación o enajenación de los criptoactivos configuran un ingreso de fuente nacional y estarían gravados con el impuesto de renta”

Así mismo, según los artículos 24 y 265 del Estatuto Tributario –ET–, se reconocen como ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales o inmateriales ubicados en el país. Por tanto, las operaciones de explotación o enajenación de los criptoactivos configuran un ingreso de fuente nacional y estarían gravados con el impuesto de renta, teniendo el contribuyente la obligación de incluirlos dentro de la declaración de renta (ver el Oficio 232 del 19 de febrero de 2021).

Es preciso resaltar que lo anterior es aplicable tanto a personas naturales y jurídicas, contribuyentes del impuesto de renta en el régimen ordinario, como a los pertenecientes al régimen simple de tributación. Por tanto, en las declaraciones de renta y en las declaraciones anuales del SIMPLE, quienes posean criptoactivos deberán incluirlos como parte de su patrimonio bruto, además de declarar los ingresos derivados de las operaciones en las que se involucren dichas criptomonedas.

Intercambio de información respecto a las operaciones con criptomonedas

Respecto al control tributario que se iniciará con relación a las operaciones con criptomonedas, la Dian señala que el intercambio de información se hace esencial para la fiscalización del contribuyente, dando relevancia al convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– para la asistencia de información mutua en temas tributarios suscritos entre Colombia y Finlandia.

En dicho convenio ambos países cooperan con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en operaciones con criptomonedas realizadas en el país, las cuales facilitan el avance y la innovación en acciones de fiscalización tributaria que se ajustan a las nuevas dinámicas en las que operan los contribuyentes.

“el uso de las criptomonedas en Colombia no es ilegal. Sin embargo, hasta el momento no se ha orientado regulación normativa al respecto”

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el uso de las criptomonedas en Colombia no es ilegal. Sin embargo, hasta el momento no se ha orientado regulación normativa al respecto. Por tal motivo, considerando la transformación que ha tenido esta moneda en los últimos años y el auge de la misma, se hizo necesario que la administración tributaria comenzara a ejercer control fiscal respecto a la declaración de los ingresos derivados de las operaciones llevadas a cabo.

Asuntos legales – Renta de las personas con presencia económica en Colombia

 



Con la entrada en vigor de la Ley 2277 de 2022 se han presentado grandes cambios para los declarantes y contribuyentes, y otros cambios que se esperan tengan aun mayor impacto para el 2024.

Un sector de la economía que desde años atrás ha venido cobrando especial relevancia, corresponde a los servicios digitales, como: publicidad On-line, servicios de transmisión en línea “streaming”, suscripciones digitales a medios audiovisuales, almacenamiento web, entre otros.

Estos servicios digitales que suelen prestarse por empresas en el exterior, en comparación a las empresas nacionales, han tenido la posibilidad de operar sin que en principio su operación fuese gravada en Colombia, dado que no cumplen con los presupuestos legales de configuración de un establecimiento permanente en el país.

No obstante lo anterior, con la Ley 2277 de 2022 como criterio objetivo de sujeción impositivo se ha incluido la tributación por presencia económica significativa – PES, lo cual tiene por fin ejercer el poder de imposición en Colombia sobre aquellas personas no residentes o sociedades y entidades extranjeras que tienen ingresos de fuente nacional y que apoyándose de las TICs han explotado su actividad comercial digital y no han requerido de un lugar fijo en Colombia o agente que configure establecimiento permanente.

En ese orden de ideas, es menester definir lo que el órgano legislativo ha entendido como PES y los requisitos de su configuración, pues desde su análisis se logrará definir si la persona natural o jurídica extranjera para el año fiscal 2024 obtendrá la calidad de contribuyente para el estado colombiano.

¿Qué es PES?

Es un criterio de conexión entre la persona extranjera, su actividad comercial digital y el territorio nacional, que puede medirse de acuerdo con la interacción entre el comercializador de bienes y/o servicios en el extranjero y el cliente o usuario ubicado en Colombia.

¿Cuáles son los requisitos de existencia de la PES?

De acuerdo con el artículo 20-3 de la Ley 2277 de 2022, se entenderá que una persona no residente o entidad no domiciliada tendrá una presencia económica significativa en Colombia, cuando:

a. Se mantenga una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano. Para lo cual la ley presume su existencia, cuando: (i) La persona mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más clientes y/o usuarios ubicados en el territorio nacional y (ii) La persona mantenga o establezca la posibilidad de visualizar precios o permita pago en pesos colombianos.

b. Se obtengan ingresos brutos de 31.300 UVT (hoy $1.327.495.600COP) o más provenientes de transacciones con clientes y/o usuarios ubicados en el territorio nacional.

¿Qué obligaciones fiscales se configuran en cabeza de las personas con PES en Colombia?

La principal obligación formal y sustancial corresponderá a presentar la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios teniendo como base gravable los ingresos provenientes de su operación en Colombia, esto bajo una tarifa especial del 3%.

Por otro lado, para los clientes y usuarios de servicios digitales, también recaerá una importante obligación la cual corresponderá a la retención en la fuente sobre una tarifa especial del 10% sobre los pagos o abonos que realicen por la compra de bienes y/o servicios a personas con PES en Colombia.

Esto atendiendo, de que sus usuarios se encuentren bajo los supuestos consagrados en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario.

Requerimientos de la Dian: tipos, qué hacer y cómo defenderse si estos llegan

 


Aquí hablaremos sobre...

Etapas por las que se debe pasar para afrontar los requerimientos de la Dian
¿Qué hacer frente a un requerimiento ordinario de la Dian?
Recomendaciones frente a una inspección tributaria
¿Qué son los requerimientos especiales?
¿Qué hacer y cómo defenderse si le llega un requerimiento de la Dian?

Los requerimientos de la Dian son oficios administrativos dirigidos a los contribuyentes o los responsables de la declaración y/o pago de impuestos.

El contribuyente deberá revisar el tipo de requerimiento que le ha llegado y asesorarse para proveer una respuesta adecuada y oportuna.

Nicolás Alviar, socio fundador y gerente general de AGT Abogados, describe detalladamente en lo que deben tener en cuenta los contribuyentes para responder a los requerimientos de la Dian.

Los requerimientos de la Dian son oficios administrativos dirigidos a los contribuyentes o responsables de la declaración y/o pago de impuestos. Estos deben ser respondidos obligatoriamente de forma oportuna, honesta y clara.

Los requerimientos pueden clasificarse en ordinarios y especiales. Los ordinarios son simples oficios que solicitan información, corrección o prestación de un impuesto.

Los especiales, por otra parte, se pueden entender como la fase más relevante dentro del proceso de fiscalización o determinación, pues, posteriormente a las inspecciones tributarias y respuestas a requerimientos ordinarios, estos dan apertura formal al proceso de fiscalización.

“es deber de todo contribuyente conservar toda documentación contable por un período mínimo de 5 años”

Cabe recordar que el artículo 632 del Estatuto Tributario declara que es deber de todo contribuyente conservar toda documentación contable por un período mínimo de 5 años, que deberá poner a disposición de la Dian en el caso de que ésta la requiera.
Etapas por las que se debe pasar para afrontar los requerimientos de la Dian

Alviar explica que para defenderse ante un requerimiento de la Dian primero hay que tener claras las fases o etapas del proceso de fiscalización, tanto en vía gubernativa como en vía contenciosa o judicial, para lo cual se deben tener en cuenta estas etapas:

Requerimiento ordinario.
Inspecciones tributarias.
Requerimiento especial.
Respuesta al requerimiento especial.
Liquidación de revisión o de aforo.
Recurso de reconsideración contra liquidación de revisión o de aforo.
Resolución que resuelve el recurso de reconsideración.
Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

¿Qué hacer frente a un requerimiento ordinario de la Dian?

Los requerimientos ordinarios pueden emitirse para solicitar simple información o, por el contrario, pueden tener como objetivo requerir la presentación o corrección de determinada declaración de impuestos, caso en el cual estos deben entenderse como emplazamientos para declarar o corregir con las consecuencias jurídicas que esto implica.

El plazo para contestar este tipo de requerimiento no podrá ser inferior a 15 días calendario. La recomendación siempre será atender los requerimientos ordinarios para evitar sanciones, bien sea por no enviar información o sanciones por no declarar o por corrección.

Recomendaciones frente a una inspección tributaria

Las inspecciones tributarias son un medio de prueba con el cual la Dian verifica la veracidad de las declaraciones que son objeto de revisión, por lo cual la entidad podrá designar a uno o varios funcionarios para revisar, constatar y reunir todas las pruebas que sirvan para demostrar que los hechos, soportes y documentos relacionados correspondan a la realidad tributaria del administrado. Al respecto, 

Alviar aconseja:

En la medida que las inspecciones tributarias son decretadas mediante auto y notificadas previamente al administrado, se debe hacer un proceso de auditoría tributaria y contable previamente a atender la inspección. De cualquier manera, se recomienda que estas inspecciones sean atendidas junto a un abogado.

¿Qué son los requerimientos especiales?

Alviar explica que los requerimientos especiales son un acto administrativo mediante el cual se determina la liquidación de impuesto propuesta especificando la identificación de hechos, pruebas, fundamentos de derecho, resumen de las actuaciones administrativas, consideraciones jurídicas de la Dian, sanciones y liquidaciones propuestas.

La recomendación es entregar una respuesta dentro de los tres meses siguientes, presentando las objeciones o aceptando la liquidación propuesta por la Dian. De igual forma se deben aportar las pruebas con las que se pretenden hacer valer los argumentos a favor del administrado.

¿Qué hacer y cómo defenderse si le llega un requerimiento de la Dian?

Las recomendaciones de Alviar son:

Revisar el tipo de requerimiento que le ha llegado y asesorarse para dar una respuesta adecuada y oportuna.

Si la Dian envía un correo donde le recuerdan la fecha de presentación de un impuesto, esto es un recordatorio, no es una sanción o requerimiento oficial. En este caso revise con su área contable si efectivamente tiene algún pendiente y subsánelo antes de que llegue un requerimiento oficial.

Si recibe un oficio físico o por correo electrónico donde se propone una sanción económica, podría estarse enfrentando a una sanción por parte de la Dian. Lo recomendable es que nunca haga caso omiso y responda presentando los recursos de ley.

Si deja pasar los tiempos y términos para responder, esto podría acarrear graves problemas que pueden ir desde sanciones económicas onerosas, embargos o inclusive inconvenientes de tipo penal que lo pueden llevar a la cárcel.

La obligación de expedir facturación electrónica le es aplicable a la embajada de Brasil en Bogotá?. Concepto 992 DIAN de 2023

 


Naturaleza jurídica de la obligación de facturar – ¿Cuáles operaciones se deben facturar?.

De conformidad con los artículos 56 del Decreto 1742 de 2020 y 7-1 de la Resolución DIAN No. 91 de 2021, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas generales que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta si el régimen de facturación electrónica le es aplicable la Embajada de Brasil en Bogotá, así como los requisitos para su expedición y el tiempo para esta.

Al respecto, esta Subdirección considera:

En primer lugar, es importante precisar que el Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria es el Decreto 1625 de 2016 y el sistema de facturación se encuentra reglamentado en el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6. Ahora bien, dicho capítulo ha sido objeto de sustituciones y modificaciones a las cuales se harán referencia con el fin de dar claridad al peticionario sobre las normas vigentes que resulta aplicables, para efectos de cumplir con el deber formal de expedir factura.


En efecto, antes de la expedición del Decreto 1625 de 2016 mediante el cual se compilaron las normas en materia tributaria, el Decreto que reglamentaba el tema de facturación era el 2245 de 2015 disposiciones que fueron incorporadas en el DUR mencionado, no obstante, el Decreto 358 de 2020 sustituyó dicho capítulo y posteriormente este fue modificado por el Decreto 442 de 2023.

En este sentido, las normas reglamentarias vigentes aplicables al sistema de facturación colombiano son las que se encuentran compiladas en el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6, sustituido por el Decreto 358 de 2020 y posteriormente modificado por el Decreto 2242 de 2023, es decir, que el Decreto 2245 de 2015 norma a la que alude el peticionario en su consulta actualmente no resulta aplicable pues no se encuentra vigente.

Adicionalmente, la DIAN expidió la Resolución 000042 de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”

Es decir que las normas reglamentarias (Decreto 1625 de 2016 y Resolución 000042 de 2020), son las disposiciones vigentes que resultan aplicables a los temas relacionados con el sistema de factura electrónica.

Frente a la obligación de facturar y los sujetos obligados y sujetos no obligados a cumplir con este deber formal, esta Subdirección en el Concepto Unificado No 0106 del 19 de agosto de 2022, señaló:

“Capítulo 1. Obligación formal de facturar

1.1.1. Descriptor: Naturaleza jurídica de la obligación de facturar – ¿Cuáles operaciones se deben facturar?

Ahora, sobre la naturaleza de los operaciones que deben facturarse, el artículo 615 del Estatuto Tributario es claro en disponer que están obligadas a expedir factura o documento equivalente todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no del impuesto sobre las ventas, al igual que los importadores, los prestadores de servicios y en las ventas a consumidores finales.”. (Resaltado fuera de texto).

“1.2.2.1. ¿Quiénes son sujetos obligados a facturar?

La expedición de factura de venta o documento equivalente, constituye una obligación fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad o de su calidad de contribuyente o no, o de la clase de contrato, supervisión o acto jurídico que se advierta y debe presentarse siempre que exista la venta de bienes o la prestación de servicios como soporte de costos, gastos en el impuesto sobre la renta y complementarios o de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, de conformidad con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

De otra parte, la ley y el reglamento señalan expresamente los requisitos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos que deben incluirse en la factura de venta, así como los sujetos no obligados y las operaciones en las cuales no se requiere su expedición.

Téngase en cuenta, que este deber legal se cumple con la entrega de la factura de venta o documento equivalente a la misma por parte del facturador al adquirente del bien o servicio en los términos del numeral 5 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016.

Así las cosas, cuando se trata de sujetos obligados a facturar, en principio deberá entenderse en los términos del artículo 615 del Estatuto Tributario que para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

En este sentido, el artículo 1.6.1.4.2 del Decreto 1625 de 2016, es expreso en determinar quiénes son sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones que realicen, los siguientes sujetos:

1. Los responsables del impuesto sobre la ventas -IVA.

2. Los responsables del impuesto nacional al consumo.

3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente previstos en los artículos 616-2, inciso 4 del parágrafo 2 y parágrafo 3 del artículo 437 y 512-13 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.4.3., del presente Decreto.

4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.

5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618-2 del Estatuto Tributario.

6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE. (Resaltado fuera de texto)

1.2.3. Descriptor: Sujetos no obligados a facturar

Así como el Decreto 1625 de 2016 en el artículo 1.6.1.4.2. dispone los sujetos obligados a facturar, en el artículo siguiente, esto es el 1.6.1.4.3 establece los sujetos no obligados a facturar, los cuales, en concordancia con el artículo 616-2 del Estatuto Tributario, son:

1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento;

2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;


3. Las personas naturales de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, como no responsable del impuesto sobre las ventas -IVA.

4. Las personas naturales de que trata el artículo 512-13 el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, para ser no responsables del impuesto nacional al consumo.

5. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades.

6. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades.

7. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA, que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario -UVT. Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional.

8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.”.

Ahora, sobre la naturaleza de los operaciones que deben facturarse, el artículo 615 del Estatuto Tributario es claro en disponer que están obligadas a expedir factura o documento equivalente todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no del impuesto sobre las ventas, al igual que los importadores, los prestadores de servicios y en las ventas a consumidores finales.”.

Respecto a la expedición de la factura, esta Subdirección en el mencionado concepto, señaló:

3.1.6. Descriptor: Expedición y entrega de la factura electrónica de venta

3.1.6.1. ¿En qué consiste la expedición y entrega?

La obligación de expedición y entrega de la factura de venta o documento equivalente es del vendedor de bienes o prestador del servicio en los términos del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

El adquiriente, por su parte, debe exigir su entrega para soportar costos, gastos e impuestos descontables, de acuerdo con las exigencias dispuestas en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

Adicionalmente, se precisa que el cumplimiento de los requisitos de la factura de venta (en cualquiera de sus modalidades) dispuestos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, debe efectuarse en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Resolución DIAN No. 000042 de 2020 o la norma que haga sus veces.

Así mismo, debe precisarse que estos deberes sobre la factura electrónica de venta, están dispuestos en el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, el cual dispone:

“5. Expedición y entrega de la factura de venta y/o del documento equivalente. La expedición de la factura de venta y/o del documento equivalente, comprende su generación, así como la transmisión y validación para el caso de la factura electrónica de venta; la expedición se cumple con la entrega de la factura de venta y/o del documento equivalente al adquiriente, por todas y cada una de las operaciones en el momento de efectuarse la venta del bien y/o la prestación del servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos para estos documentos, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas para cada sistema de facturación y las demás condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario”. (Resaltado fuera de texto)


En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad”–“Doctrina”, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.