Un análisis de Fasecolda compara el alcance de las inversiones del proyecto con lo que se buscaba cubrir con la iniciativa anterior.
Algunos voces consideran que existen fallas en el planteamiento de la tributaria 2.0 y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.
Incrementar el recaudo es la base de cualquier reforma tributaria o fiscal, y de la mano con ello vienen los objetivos de financiar alternativas para reducir las brechas sociales y proteger a los más vulnerables.
En el marco de la pandemia el Gobierno y el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se pusieron la meta de sacar adelante la denominada 'ley de solidaridad sostenible', una reforma cuya meta ascendía a los $23,4 billones, y que tuvo que ser retirada del Congreso tras las criticas de múltiples sectores y el estallido social del paro nacional.
Con la caída de la reforma, y de Carrasquilla, llegó la oportunidad para que el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentara una iniciativa menos ambiciosa, el proyecto de Inversión Social, con una meta de recaudo de $15,2 billones, y en palabras del ministro, “sin impuestos que afecten el bolsillo de la clase media y baja”.
A pesar de esta propuesta fue radicada en el Congreso hace más de una semana, algunas voces consideran que existen fallas en su planteamiento y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.
Desde la dirección de estudios económicos de Fasecolda, su director, Hernán Avendaño Cruz, realizó un comparativo entre la cobertura de las principales iniciativas sociales del proyecto de reforma tributaria, y de la tributaria 2.0 para 2021.
“La política social, una de las ganancias grandes que había con la reforma anterior, quedó reducida notablemente. La reforma de Carrasquilla proponía que el Ingreso Solidario fuera permanente y que tuviera una cobertura para 18 millones de personas, esta tiene una cobertura de apenas 9,8 millones. Ese era un punto fundamental, porque la pandemia golpeó muy duro a muchas personas y esa cobertura era un paliativo esencial”, asegura Avendaño.
En el proyecto de reforma anterior se plantaban transferencias promedio por individuo de $23.582 para 5,2 millones de personas y de $11.143 para 13,5 millones por medio del Programa Ingreso Solidario a través del Sisben, y se tenía el objetivo de que se convirtiera en una política permanente, que tan solo para 2022 costaría $3,3 billones.
En el nuevo proyecto el objetivo está en transferencias de $160.000, y cobijar a 3,3 millones de hogares, equivalentes a 9,8 millones de personas. Este apoyo solo se tendría asegurado hasta el momento hasta 2022, y se estima que para 2021 costaría $2,1 billones, y en 2022 $6,6 billones, en total de $8,7 billones.
Vale la pena destacar que la meta de impacto del Gobierno con esta iniciativa es reducir pobreza extrema hasta el nivel que teníamos antes de la pandemia, es decir, de 15,1% a 9,6% y reducir los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%.
Por el lado de los incentivos para la creación del empleo juvenil el proyecto anterior buscaba implementar un esquema con subsidios a las cotizaciones de seguridad social en pensiones y en salud, exoneración del pago de parafiscales, así como la no afiliación a cajas de compensación familiar por cinco años, para jóvenes entre 18 y 28 años que accedan a su primer empleo.
Y para los empleadores que hubieran contratado nuevos empleados con dichas características, no estarían obligados a realizar los aportes parafiscales.
En la tributaria 2.0 la meta esta en un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo con el que se podrá cubrir cerca del 40% de la seguridad social de los empleos con el que se espera beneficiar a cerca de 271.000 personas. Un programa con un costo de $236.000 millones para 2021 y $573.000 millones para 2022.
“Hay que reconocer que sí hay incentivos en materia de empleo, pero son menores a los que había en el proyecto de Carrasquilla”, asegura Avendaño.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, el día que presentó al Congreso de la República el articulado de la tributaria 2.0, que busca recaudar $15,2 billones al año.
ARCHIVO PARTICULAR
Por el lado del programa de apoyo al empleo formal (Paef), la reforma de Carrasquilla se concentró en asegurar $1,5 billones hasta junio de este año, mientras que en el 'proyecto de inversión social' sí se estarían garantizando recursos hasta diciembre de este año, con un costo de $1,1 billones.
Finalmente, Avendaño compara en su análisis la cobertura en educación superior. Mientras que en el proyecto original se buscaba reforzar Generación E como política de Estado y ampliar los recursos que se destinan a este para cubrir hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad, en el proyecto actual, con Matrícula cero, se busca destinar mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Este programa cuesta $700.000 millones por año.
“Al Gobierno que llegue le toca llegar con otra reforma debajo del brazo, toca hacer otra reforma, porque 2023 no está financiado”, concluye.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
El proyecto tiene una meta de recaudo menor, y por ende menores fuentes de ingresos, partiendo de la base de gravar menos a la clase media y la clase baja.
“El país perdió la oportunidad de avanzar a una reforma estructural, en el anterior proyecto había ampliación de la base tributaria en el IVA y en el impuesto de renta y aumentaba también por el lado de los dividendos las tarifas, que es un impuesto a personas adineradas", critica Avendaño.
"Y por otro lado eliminaba exenciones, un avance de una reforma estructural, pero acá no hay nada de eso, básicamente se enfoca en subir el impuesto de renta a las empresas”, agrega.
