Tablas de retención en la fuente a título de impuestos nacionales durante el año fiscal 2021

  Compartimos nuestra guía avanzada de retención en la fuente a título del impuesto de renta e IVA durante 2021.

En esta se recopilan los conceptos, cuantías mínimas y tarifas más importantes para practicar retención en la fuente tanto a beneficiarios residentes como a no residentes.

En las tablas que se presentan a continuación se recogen los conceptos sujetos a retención en la fuente a título del impuesto de renta y ganancia ocasional que son más comunes en las operaciones económicas que se llevan a cabo en Colombia (no se incluyen la totalidad de dichos conceptos).

Frente a cada concepto se muestran cuáles serían las cuantías mínimas (expresadas tanto en términos de unidades de valor tributario –UVT– como en pesos) a partir de las cuales se practicarían retenciones durante el año fiscal 2021, e igualmente se mencionan las tarifas aplicables a cada caso de acuerdo con los múltiples decretos reglamentarios que se encuentran vigentes hasta la fecha en que se elabora el presente material (los cuales fueron recopilados en el DUT 1625 de octubre 11 de 2016). También se incluye otra tabla con los conceptos, cuantías mínimas y tarifas para practicar retenciones a título del IVA.

Debe recordarse que a razón de los cambios en los artículos 50 y 51 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006 que se introdujeron a los artículos 868 y 868-1 del ET, para poder obtener las cuantías mínimas sujetas a retención, todos los interesados deberán ubicar en la tabla contenida en el artículo 868-1 del ET (tabla que se complementa con lo establecido en los artículos 2 hasta el 6 del Decreto 379 de febrero de 2007, recopilados en el DUT 1625 de octubre de 2016) el respectivo concepto sujeto a retención, tomar de ella el valor en UVT y multiplicarlo por el valor oficial en pesos que tendrá la UVT en el respectivo año fiscal (ver en la tabla del artículo 868-1 del ET el subtítulo que dice “ajuste de cifras decreto de valores absolutos”, bajo el cual se listan 99 cifras distintas que quedaron convertidas de “valores absolutos en pesos” o de “valores en salarios mínimos” a “UVT”).

Al resultado obtenido en pesos se le harán las aproximaciones que se indican en la parte final del artículo 868 del ET (nota: la Resolución Dian 000111 de diciembre 11 de 2020 fijó en $36.308 el valor de la UVT que regirá durante todo el año fiscal 2021).

Es importante destacar que durante 2021 las retenciones en la fuente a título de renta y del IVA se practicarán de la misma forma en que se practicaron durante el 2020, pues en este último año no se expidieron leyes de reformas tributarias que introdujeran cambios en esta materia, excepto por lo establecido en el artículo 16 de la Ley 2070 de diciembre 31 de 2020, con el cual se modificó el artículo 392 del ET y se fijó una tarifa especial de retención a título de renta del 4 % para las personas naturales y jurídicas del régimen ordinario que presten alguno de los 27 servicios del sector cultural que quedaron expresamente mencionados en la norma.

También debe destacarse que el artículo 911 del ET sigue indicando que no deberá practicarse ningún tipo de retención en la fuente a título de renta (por ningún concepto) a los terceros (personas naturales residentes o personas jurídicas nacionales) que terminen acogiéndose voluntariamente al régimen simple. La única retención que se les podrá practicar es la retención a título de ganancias ocasionales e igualmente la retención a título del IVA (ver el numeral 9 del artículo 437-2 del ET).

La misma norma del artículo 911 del ET establece que todas las personas naturales y jurídicas que se acojan al régimen simple quedan exoneradas de actuar como agentes de retención a título de renta y a título del IVA (excepto cuando realicen pagos laborales). Sin embargo, deben practicar retenciones a título de ganancia ocasional (ver artículo 1.5.8.3.1 del DUT 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 1091 de agosto de 2020).

Por tanto, cuando tales personas naturales o jurídicas realicen pagos o abonos en cuenta a terceros sujetos a retención a título de renta, serán esos mismos terceros los que se encargarán de autopracticarse la respectiva retención a título de renta, pero solo si pertenecen al régimen ordinario del impuesto de renta y si, al mismo tiempo, tienen las condiciones para actuar como agentes de retención (ver también el material especial publicado en septiembre de 2020 titulado: Retenciones y autorretenciones en operaciones donde participe alguien del régimen simple).

Adicionalmente, es importante mencionar que las retenciones a título del impuesto solidario por COVID-19, creadas con el Decreto Ley 568 de abril de 2020, solo se practicaron de forma transitoria entre los meses de mayo a julio de 2020. Además, terminaron siendo declaradas inexequibles con la Sentencia C-295 de agosto de 2020 y no hubo ninguna norma posterior que las reviviera, razón por la que no se practicarán durante el año 2021.

Debe destacarse también que el artículo 437-1 del ET sigue estableciendo que la tarifa general para retención a título del IVA podrá llegar a ser hasta del 50 % del valor del IVA, algo para lo cual se requerirá que el Gobierno expida una reglamentación especial que aún no ha hecho. En todo caso, si el Gobierno nacional no establece una tarifa especial de retención a título del IVA para alguna actividad en particular, la tarifa que se aplicará seguirá siendo la del 15 %.

A la fecha en que elaboramos el presente documento no se conoce cuál será la estructura del formulario 350 que se utilizará durante el año 2021 para la presentación y pago de las declaraciones mensuales a título de renta, IVA y timbre. Sin embargo, asumimos que en dicho formulario se seguirá incluyendo la “hoja 2” en la cual se deberán detallar las retenciones en la fuente a título de renta practicadas a los domiciliados en el exterior y distinguiendo si el tercero a quien se practicó la retención se encuentra ubicado o no en países con los que se esté aplicando algún “convenio para evitar la doble tributación internacional”. En la estructura de dicha “hoja 2” se deberá indicar el código del país, la base del pago, la tarifa aplicada y el valor de la retención.

La información que se presenta en este archivo incluye instrucciones para practicar las retenciones a título de renta e IVA durante el año 2021, y se encuentra dividida en dos grades secciones, así:

Retenciones a título de impuesto de renta y ganancia ocasional.

Retenciones a título del IVA.

Descargue aquí nuestro formato en Word: Tablas de retención en la fuente a título de impuestos nacionales durante el año fiscal 2021.

Por otra parte, si además de acceder a este formato quieres obtener nuestras versiones básicas de la tabla de retención en la fuente a título de impuestos nacionales durante el año fiscal 2021, te invitamos a conocer nuestra versión en Excel y en PDF para impresión:

Tabla de retención en la fuente 2021 versión básica en Excel

Tabla de retención en la fuente 2021 versión simplificada para impresión

Comparativo de normas tributarias afectadas con las leyes 2068, 2069 y 2070 de diciembre 31 de 2020

 El 31 de diciembre de 2020, el Congreso de la República expidió las leyes 2068, 2069 y 2070, mediante las cuales se modificaron alrededor de 23 normas contenidas en el Estatuto Tributario.

Dichas leyes buscan fomentar el turismo, el emprendimiento en Colombia y la reactivación del sector cultura.

El pasado 31 de diciembre de 2020 fueron sancionadas y publicadas las siguientes leyes ordinarias:

Ley 2068: por medio de la cual se modifica la Ley general de turismo y se dictan otras disposiciones.

Ley 2069: por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.

Ley 2070: por medio de la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad –Foncultura– y se dictan otras disposiciones.

A través de varios artículos contenidos en dichas leyes se efectuaron modificaciones a 23 normas de tipo tributario contenidas en el Estatuto Tributario –ET–, así como otras leyes diferentes a dicho estatuto.

En vista de lo anterior, a continuación, presentamos el índice general de las normas que resultaron afectadas por dichas leyes.

Para descargar esta guía en PDF sobre las normas afectadas por las leyes 2068, 2069 y 2070 de 2020, haz clic aquí.

Comparativo normas tributarias afectadas con las leyes 2068, 2069 y 2070 de 2020 (actualicese.com)

Entidades no declarantes de renta y documento soporte en compras a los no obligados a facturar

 

El documento soporte solo se elabora en los casos en que se requiera que la Dian acepte un costo o gasto como deducible en el impuesto de renta.

Por tanto, si las entidades no declarantes de renta optan por no elaborarlo, no tendrían ningún tipo de sanción.

En los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario –ET– se mencionan expresamente a las personas jurídicas calificadas como no contribuyentes del impuesto de renta (por ejemplo, los departamentos, los municipios, iglesias, copropiedades que no exploten sus áreas comunes, sindicatos, etc.).

Algunas de ellas incluso están exoneradas de presentar la declaración anual de ingresos y patrimonio, la cual se elabora en el mismo formulario 110 donde se presentan las declaraciones de renta de personas jurídicas que son contribuyentes (ver artículo 598 del ET).

Aquellas que sí presentan la declaración de ingresos y patrimonio simplemente diligencian la información de la renta líquida y nunca liquidan impuesto a cargo, justamente porque no son contribuyentes del impuesto de renta.

¿Las entidades no declarantes de renta están obligadas a elaborar el documento soporte en compras a los no obligados a facturar?

Teniendo presente lo anterior, es importante analizar si las entidades no contribuyentes de renta (sin importar si presentan o no la declaración de ingresos y patrimonio) estarían obligadas o no a cumplir con las normas de los artículos 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 y 55 de la Resolución Dian 000042 de mayo 5 de 2020, las cuales hacen referencia a la elaboración física de un documento soporte en los casos en que se efectúen compras de bienes o servicios a terceros que no estén obligados a facturar ni a expedir documentos equivalentes a factura.

La elaboración de este documento soporte requiere incluso cumplir con la complejidad adicional de solicitar primero a la Dian una autorización de numeración.

Al respecto, y tal como lo destaca la Dian en el Concepto 1041 de agosto 25 de 2020, el documento soporte, en cumplimiento de lo indicado en el inciso tercero del artículo 771-2 del ET, solo se debe elaborar cuando un declarante de renta o de ingresos y patrimonio pretenda que la Dian le acepte como deducible el costo o gasto que allí quede soportado.

En consecuencia, si pensamos, por ejemplo, en las entidades no contribuyentes de renta que no presentan declaración de ingresos y patrimonio y que, por tanto, nunca deducirán costos y gastos, podemos concluir que estas entidades en realidad no están obligadas a elaborar el mencionado documento soporte con todas sus complejidades.

Además, si pensamos en las entidades no contribuyentes de renta que presentan declaración de ingresos y patrimonio, lo único que sucedería cuando decidan no elaborar el mencionado documento soporte es que el costo o gasto en que hayan incurrido no se podría llevar a la declaración de ingresos y patrimonio (se convertiría en un costo o gasto no deducible).

“Dicha situación no les representaría ninguna molestia a estas entidades, pues, como ya se dijo anteriormente, ellas nunca liquidan impuesto de renta”

Dicha situación no les representaría ninguna molestia a estas entidades, pues, como ya se dijo anteriormente, ellas nunca liquidan impuesto de renta.

Por tanto, en la práctica, estas entidades, si así lo deciden, también podrían tomar la decisión de no complicarse elaborando los mencionados documentos soporte en compras a los no obligados a facturar.

No declarantes de renta y documento soporte en compras (actualicese.com)

Aportes a pensión: ¿quiénes están exentos de realizarlos?

 

La ley establece que toda persona con capacidad de pago tiene la obligación de cotizar al sistema de seguridad social; no obstante, existen algunas excepciones por el cumplimiento de determinados requisitos.

Conoce quiénes se encuentran exonerados de realizar aportes al sistema de pensiones.

El sistema general de pensiones en Colombia ofrece a sus afiliados protección ante la ocurrencia de contingencias derivadas de la vejez, invalidez o la muerte, mediante el reconocimiento de diferentes prestaciones económicas, tales como pensiones, incapacidades y auxilios.

Conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la afiliación, cotización y aporte al sistema de seguridad social en pensiones es obligatorio para:

Las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo cualquiera que sea su modalidad.

Los servidores públicos.

Las personas naturales que realicen actividades por medio de contratos de prestación de servicios por valor de un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– o superior.

Los trabajadores independientes o de cualquier otra modalidad de servicios, cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un (1) smmlv, incluyendo a los rentistas de capital.

Estas personas tienen la exigencia de aportar al sistema general de pensiones, en cualquiera de sus dos regímenes (régimen de prima media con prestación definida –RPM– o régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–), con base en su remuneración salarial, honorarios o ingresos mensuales (en este último, sobre el 40 % del ingreso, según el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019), durante la vigencia de la relación laboral, de la prestación del servicio o del devengo del ingreso.

Lo anterior supone que las personas con ingresos iguales o superiores a un smmlv que se encuentren bajo cualquier modalidad de contratación o que ejerzan actividades económicas están obligadas a cotizar al sistema de pensiones.

Al respecto, conviene mencionar que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– vigila la afiliación y correcta liquidación y pago de las cotizaciones a dicho sistema, principalmente de los independientes (con contrato de prestación de servicios, cuenta propia o rentistas de capital), cruzando la información de las cotizaciones a la seguridad social con la información exógena suministrada a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–.

Exentos de realizar aportes a pensión

Pese a lo anterior, existen personas que, debido a determinadas condiciones especiales, se encuentran exentas de realizar aportes a este sistema, siendo las siguientes:

Trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez a Colpensiones tengan 60 años o más: conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 758 de 1990, dado que una persona que tenga 60 años o más y nunca se ha afiliado al sistema de pensiones en el RPM muy difícilmente podrá acceder a una pensión de vejez. Aclarando, por supuesto, que se trata de una persona que nunca perteneció al sistema y tiene 60 años o más.

Trabajadores independientes que se afilien por primera vez a Colpensiones y tengan 50 años o más (si son mujeres) o 55 años o más (si son hombres): conforme a lo establecido en el literal b) del artículo antes citado, el cual dispone tal exoneración solo si esta persona nunca se ha afiliado al sistema de seguridad social y cuenta con la edad señalada.

Trabajadores dependientes o independientes que nunca se hayan afiliado al RAIS (fondos privados) y tengan 55 años de edad (si son hombres) o 50 años (si son mujeres): conforme a lo expresado por el Ministerio del Trabajo en la Circular 32 de 2007 y el artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

Pensionados por vejez: sea que se hayan pensionado en el RPM o en el RAIS, estas personas no requieren realizar más cotizaciones, dado que ya cumplieron los requisitos necesarios para pensionarse.

Pensionados por invalidez: las personas pensionadas por invalidez no podrán continuar aportando en el RAIS. Estos pensionados, si desean continuar con su cotización para acceder a una pensión de vejez, solo podrán hacerlo si realizan sus aportes en Colpensiones.

Personas con indemnización sustitutiva o devolución de saldos: cuando un afiliado, en cualquiera de los dos regímenes, llega a la edad requerida (57 años, mujeres; 62 años, hombres) y no cuenta con las semanas o el capital requerido para acceder como mínimo a una pensión mínima (de un smmlv), tiene derecho a solicitar el reconocimiento de una indemnización sustitutiva por las cotizaciones realizadas, en el caso de Colpensiones, o la devolución del saldo consignado en su cuenta individual, en el caso de los fondos privados.

Cuando esto ocurre, el afiliado se exonera de la obligación de cotizar al sistema de pensiones, haciendo la claridad de que, si desea continuar cotizando para acceder a otra pensión como la pensión de invalidez o de sobrevivencia, puede hacerlo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia bajo radicado 30123 de 2007, señaló:

“La Sala de Casación estimó que no constituye impedimento alguno para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, el hecho de que el afiliado hubiese recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Manifestó que, si bien, con base en lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, quedan excluidos del seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte, quienes hubiesen recibido la indemnización sustitutiva, no debe entenderse que se encuentran cobijados por dicha exclusión, quienes tienen la posibilidad de pensionarse por un riesgo distinto al que corresponde la indemnización sustitutiva.

Así, señaló que, si alguien recibe la indemnización sustitutiva por la pensión de vejez, no podría pensionarse por esa contingencia, pero sí podría hacerlo por un riesgo distinto, por ejemplo, por invalidez, sobre la base de que se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y que contienen exigencias disímiles. Lo contrario, conduciría al total desamparo del afiliado y el flagrante desconocimiento de los principios que irradian el derecho a la Seguridad Social”.

Por lo anterior, las personas que han cumplido determinada edad y que estén imposibilitadas para completar las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, o que hayan accedido a la pensión de vejez o de invalidez, no están obligadas a cotizar en el sistema de seguridad social en pensiones y, por lo tanto, no se les puede exigir que realicen tales cotizaciones.

“aunque dichas personas se encuentren exentas de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones, pueden cotizar voluntariamente”

Por último, es importante tener en cuenta que, aunque dichas personas se encuentren exentas de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones, pueden cotizar voluntariamente, algo que es recomendable para las personas exoneradas por edad, pues se debe recordar que, cuando se realizan aportes al sistema, no solo se puede acceder a la pensión de vejez, también dicha cotización otorga el derecho a una pensión de invalidez, de sobrevivencia, al pago de incapacidades (cuando son superiores a 180 días) y al reconocimiento de un auxilio funerario, si se cumplen los requisitos exigidos por la norma.

Aportes a pensión: no obligados a realizarlos (actualicese.com)

Facturas que se expidan después de noviembre 1 de 2020 deberán señalar hora de expedición y medio de pago

 

Así lo contemplan las normas contenidas en los artículos 12 y 93 de la Resolución Dian 000042 de mayo 5 de 2020.

Las facturas de venta de papel podrán continuar con los rangos de numeración autorizados antes de la entrada en vigor de la resolución en mención.

De acuerdo con lo contemplado en los artículos 9 y 31 de la Resolución Dian 000042 de mayo 5 de 2020, los obligados a facturar electrónicamente podrán expedir facturas de venta en papel o elaboradas con software para facturación (facturación por computador), ya sea en los períodos de contingencia, o dentro de los dos primeros meses después del inicio de sus operaciones.

Ahora bien, hasta antes de la expedición de la mencionada resolución, las facturas de venta en papel y las elaboradas con software de facturación (facturación por computador) solo estaban obligadas a cumplir con todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario –ET– (entre ellos el de tener numeración autorizada, incluir el nombre del adquirente, etc.).

“las facturas de venta en papel o por computador deberían empezar a contar con otra serie de requisitos adicionales y novedosos que no figuran dentro del artículo 617 del ET”

Sin embargo, en el artículo 12 de la Resolución 000042 de mayo de 2020 se dispuso que las facturas de venta en papel o por computador deberían empezar a contar con otra serie de requisitos adicionales y novedosos que no figuran dentro del artículo 617 del ET tales como los siguientes:

a. Deberán incluir la “hora de expedición” (ver numeral 5 del artículo 12 de la Resolución 000042 de 2020).

b. Deberán incluir la “forma de pago”, es decir, si es de contado o a crédito. Si es a crédito, se debe mencionar expresamente el plazo para el pago (ver numeral 8).

c. Si la factura es por venta de contado, deberán incluir la mención sobre el medio de pago, es decir, indicar si el pago fue realizado con efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta débito, trasferencia electrónica u otro medio (ver numeral 9).

d. Si el vendedor pertenece al régimen simple, deberá indicarlo expresamente (ver numeral 10).

e. Si la factura se elabora por computador, deberá incluir los datos de identificación del fabricante del software (ver numeral 13).

f. Si la factura se elabora por computador, deberá incluir un código QR (ver numeral 14).

“las facturas de venta en papel o por computador que se expidan durante los períodos de contingencias son documentos que luego se deben reportar a la Dian, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supere la contingencia”

Al respecto, debe tenerse presente que todas y cada y una de las facturas de venta en papel o por computador que se expidan durante los períodos de contingencias son documentos que luego se deben reportar a la Dian, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supere la contingencia, transcribiendo sus datos dentro de un “documento electrónico de transmisión” (ver literal “b” del numeral 1 del artículo 31 de la Resolución 0042 de 2020).

Momento a partir del cual se deberán incluir los nuevos requisitos en las facturas de venta en papel o por computador

En relación con lo anterior, es importante tener presente que en el artículo 93 de la misma Resolución 000042 de 2020 se dispuso lo siguiente:

“Artículo 93. Sistemas de facturación y rangos de numeración autorizados. Para los sujetos que antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, utilicen sistemas de facturación y/o tengan rangos de numeración autorizada vigentes, aplica las siguientes reglas:

Factura electrónica de venta con validación previa: podrán continuar con los rangos de numeración autorizados.

Tiquete de máquina registradora POS: podrán continuar con los rangos de numeración autorizados.

Factura electrónica de venta sin validación previa: podrá ser utilizada hasta la fecha máxima para implementar la factura electrónica de venta con validación previa y proceder a solicitar la inhabilitación de la numeración sobrante.

Factura de venta de talonario o de papel: podrán continuar con los rangos de numeración autorizados.

Factura de venta de talonario o de papel con numeración de contingencia: podrán continuar con los rangos de numeración autorizados.

Parágrafo 1. Los requisitos de los documentos equivalentes que se encuentren vigentes antes de la fecha de publicación de la presente resolución mantienen su vigencia hasta el primero (1) de noviembre de 2020.

Parágrafo 2. Los requisitos de la factura de venta de talonario o de papel que se encuentren vigentes antes de la fecha de publicación de la presente resolución, mantienen su vigencia hasta que se agoten, y en todo caso hasta el primero (1) de noviembre de 2020.

Parágrafo 3. Los sujetos obligados a facturar y que no hayan implementado el sistema de facturación electrónica de venta de acuerdo con el artículo 20 de esta resolución, utilizarán el servicio informático electrónico de numeración de facturación y realizarán el trámite de la habilitación, solicitud, anulación o inhabilitación de la numeración de conformidad con lo dispuesto en el TÍTULO VIII de esta resolución, cuando lo requieran.”

(Los subrayados son nuestros)

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta especialmente lo mencionado en el parágrafo 2, se debe entender que las facturas de venta en papel o por computador que ya se tenían autorizadas hasta antes de la expedición de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, se podrán terminar de usar hasta que se agoten, y a más tardar hasta noviembre 1 de 2020, cumpliendo solamente con los requisitos que se exigían hasta mayo 5 del año en curso.

Por tanto, serían solo las nuevas facturas en papel o por computador que se hayan autorizado después de mayo 5 de 2020, y todas las que se expidan después de noviembre 1 del mismo año, las que tendrán que cumplir con la totalidad de los requisitos citados en el artículo 12 de la Resolución 0042 de mayo de 2020.

Nuevos requisitos para facturas en papel (actualicese.com)

Estados financieros consolidados: entidades obligadas a presentarlos

 

La NIIF 10 y la sección 9 del Estándar para Pymes establecen que una entidad de los grupos 1 o 2 está obligada a consolidar sus estados financieros cuando tenga control sobre otra entidad.

Para determinar la existencia de ese control, se deben examinar las condiciones que explicamos a continuación.

En este editorial compartimos los aspectos relacionados con la obligación de preparar estados financieros consolidados por parte de las entidades de los grupos 1 y 2 de convergencia.
¿Qué son estados financieros consolidados?

Los estados financieros consolidados son los informes de una matriz en los que sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o flujos de efectivo y los de sus subsidiarias se presentan como si fueran los de una sola entidad.
¿Qué normas se aplican para la consolidación de los estados financieros?

Para la consolidación de los estados financieros, las entidades del grupo 1 deben observar la NIIF 10 – Estados financieros consolidados, mientras que las entidades del grupo 2 deben aplicar la sección 9 – Estados financieros consolidados y separados del Estándar para Pymes.

Además, las entidades que deban consolidar estados financieros pueden apoyarse en la Guía práctica de aplicación del método de la participación y preparación de estados financieros consolidados y combinados de la Superintendencia de Sociedades, expedida en marzo de 2019:

¿Qué entidades deben presentar estados financieros consolidados?

En el siguiente video de nuestro consultorio de Estándares Internacionales, Juan David Maya, contador público certificado en NIIF, explica cuáles son las entidades obligadas a consolidar sus estados financieros:

Para establecer la obligación de consolidar estados financieros, debemos remitirnos a la NIIF 10 y a la sección 9 del Estándar para Pymes. Estas normas señalan que cuando una entidad tenga control sobre otra debe elaborar estados financieros consolidados; además, establecen los presupuestos que deben cumplirse para determinar este control.

Entidades del grupo 1

Los párrafos 6 al 18 de la NIIF 10 señalan que una entidad del grupo 1 controla a otra entidad cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

Tiene poder sobre la otra entidad, es decir, tiene la capacidad de dirigir sus actividades relevantes financieras y de operación, bien sea porque controla los votos de la entidad o porque existe otro acuerdo contractual.

Tiene derecho sobre los rendimientos variables de la otra entidad como resultado de su participación. Estos rendimientos pueden estar representados en utilidades o en la forma de reducción de costos, entre otros.

Puede utilizar su poder sobre la entidad para influir sobre los rendimientos.

Entidades que no se incluyen en la consolidación

Entidades que administren planes de beneficios posempleo.

Subsidiarias en liquidación obligatoria o judicial.

Entidades del grupo 2

El párrafo 9.5 del Estándar para Pymes señala que existe control cuando una entidad posee, directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una entidad.

Nota: en algunas ocasiones una entidad puede no tener el control de otra entidad aun cuando posee más del 50 % del poder de voto. Si la entidad puede demostrar esta circunstancia, no estará obligada a consolidar estados financieros.

También existe control cuando la entidad tiene menos de la mitad del poder de voto de otra entidad, pero se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

Por un acuerdo con otros inversionistas controla más de la mitad del poder de voto.

Tiene poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad.

Tiene poder para nombrar y revocar la mayoría de los miembros de los órganos de administración de la entidad.

Tiene la mayoría de los votos en los órganos de administración de la entidad.

En síntesis, cuando una entidad controle a otra entidad porque se cumplen los presupuestos de control explicados anteriormente, deberá presentar estados financieros consolidados.

Subsidiarias que no se incluyen en la consolidación

Cuando una entidad del grupo 2 adquiere subsidiarias con el propósito de venderlas dentro de un año desde su fecha de adquisición, puede contabilizarlas como un instrumento financiero, y no existe la obligación de que las consolide en sus estados financieros (ver párrafos 9.3A y 9.3B del Estándar para Pymes).

Subsidiarias en liquidación obligatoria o judicial.

Entidades no obligadas a consolidar estados financieros

En los siguientes casos una entidad controladora no está obligada a consolidar sus estados financieros:

Entidad del grupo 1

Una entidad controladora del grupo 1 no está obligada a consolidar sus estados financieros cuando se cumplan las siguientes circunstancias:

La controladora está controlada por otra entidad, es decir, la entidad es subsidiaria de esa otra entidad.

Los accionistas de la entidad están de acuerdo con que la entidad no presente estados financieros consolidados.

Sus acciones no cotizan en la bolsa de valores, ni está en proceso de hacerlo.

Su controladora final, u otra de las subsidiarias de la controladora final, elabora estados financieros consolidados.

Entidad del grupo 2

De manera similar, una controladora del grupo 2 no está obligada a elaborar estados financieros consolidados cuando (ver párrafo 9.3 del Estándar para Pymes):

Sea subsidiaria de otra entidad, es decir, cuando otra entidad tenga control sobre ella.

Su controladora, u otra de las subsidiarias de esa controladora final, elabora los estados financieros consolidados.

Pasos para consolidar estados financieros

Por último, en la siguiente infografía se pueden consultar los pasos para consolidar los estados financieros de una entidad:

 Estados financieros consolidados: obligados a presentarlos (actualicese.com)

INC de bolsas plásticas no se puede tratar como un costo o gasto deducible en renta

 

Así lo contempla el artículo 512-15 del Estatuto Tributario, norma que también establece que el INC será aumentado para 2021 conforme al incremento del IPC entre enero y noviembre de 2020.

En el texto del artículo 512-15 del Estatuto Tributario –ET–, desde que fue adicionado con el artículo 207 de la Ley 1819 de diciembre de 2016, se lee lo siguiente:

“Artículo 512-15. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. <Artículo adicionado por el artículo 207 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen.

La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla:

Año	Tarifa en pesos por bolsa
2017	$20
2018	$30
2019	$40
2020	$50

 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el Dane al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La Dian, certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas.

El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios).

Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común de IVA.

Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable.

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.

Parágrafo 1°. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0 %, 25 %, 50 % o 75 % del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de Ambiente deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios. También adelantará estudios sobre la caracterización de los plásticos como residuos y de las soluciones ambientales factibles para estas.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará y tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental de las bolsas plásticas importadas; así como evitar una competencia desleal de bolsas importadas o de contrabando.

Parágrafo 3°. Los sujetos pasivos del monotributo podrán acogerse voluntariamente al impuesto. En este caso el monto del impuesto se entenderá incluido en la tarifa fija del monotributo”.

(El subrayado es nuestro).

“el INC de bolsas plásticas no puede ser utilizado como un costo o gasto deducible en renta para quien lo haya pagado”

Como puede observarse, el texto del inciso sexto menciona expresamente que el INC de bolsas plásticas no puede ser utilizado como un costo o gasto deducible en renta para quien lo haya pagado, algo que no sucede con los demás valores por INC, como el de restaurantes, telefonía móvil, vehículos y productos medicinales hechos a partir de cannabis, los cuales sí son deducibles (ver artículos 512-1 y 115 del ET).

La norma anteriormente citada, en combinación con lo establecido en el artículo 512-16 del ET y las reglamentaciones contenidas en el Decreto 2198 de diciembre de 2017 y la Resolución 1481 de agosto de 2018 del Ministerio de Ambiente, establecen que el INC de bolsas plásticas solo debe ser cobrado por las personas naturales y jurídicas responsables del IVA (antiguo régimen común del IVA), y solo cuando entreguen bolsas que no sean biodegradables ni reutilizables.

Adicionalmente, debe destacarse que en el inciso segundo del artículo 512-15 del ET se advierte que, a partir del año 2021, para definir el monto del INC de cada bolsa plástica, se deberá tener en cuenta el incremento en el índice de precios al consumidor entre enero y noviembre 30 del año anterior.

Por tanto, se hará necesario esperar hasta que se cierre el mes de noviembre de 2020 para que el Dane publique cuál fue el incremento del IPC entre enero y noviembre de 2020. Dicho incremento se aplicará al valor actual de $50 por bolsa que se viene cobrando en el presente año, obteniendo de esa forma el valor que se deberá cobrar a partir de enero 1 de 2021.

INC de bolsas plásticas no es deducible en renta (actualicese.com)

Pensión de sobrevivientes: ¿tienen derecho a su reconocimiento los divorciados o separados?

 

La pensión de sobrevivientes es concedida al cónyuge o compañero(a) permanente, para lo cual se exige la vigencia del matrimonio y/o convivencia con el causante.

No obstante, existen situaciones excepcionales, en las que se permite que los excónyuges o excompañeros tengan acceso a dicha pensión.

La pensión de sobrevivencia es una prestación económica otorgada por el sistema general de pensiones, la cual tiene por objeto brindar una protección económica a la familia más cercana del pensionado o afiliado fallecido, otorgando el acceso a una mesada pensional que garantice unas condiciones de vida digna a los familiares del causante que en vida dependían económicamente de él.

Esposa(o) y/o compañera(o) permanente como beneficiario de la pensión de sobrevivencia

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, los familiares que pueden ser beneficiarios de dicha pensión son:

La esposa y/o compañera permanente (puede darse la pensión compartida por convivencia simultánea) del afiliado a la administradora de pensiones, o del pensionado.

Hijos consanguíneos, adoptivos o de crianza, menores de edad o hasta los 25 años si estudian.

En caso de no existir ninguno de los anteriores, serán beneficiarios los padres dependientes económicamente del causante.

Cuando el causante no tenga cónyuge o compañera o compañero permanente, ni hijos menores de 25 años ni padres, serán los hermanos dependientes los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia.

En el caso de la esposa o compañera permanente, que es el asunto que nos convoca, dentro de los requisitos que se debe cumplir para acceder a la prestación se encuentran los siguientes:

Que al momento de la muerte exista efectivamente el vínculo del matrimonio o calidad de compañera permanente.

Que se acredite una convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del pensionado fallecido.

Por lo tanto, se indica, de forma general y abstracta, que, si la pareja de quien murió se divorció o separó de hecho antes de que él pereciera, no tendría derecho a la pensión de sobrevivencia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha determinado una serie de situaciones en las que, de forma excepcional, se modifican dichas reglas. Veamos:

Pensión de sobrevivencia cuando hubo separación de hecho sin divorcio

La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL1399 de 2018, flexibilizó el requisito de convivencia, pues estableció que esta, por un lapso no inferior a cinco (5) años, puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo matrimonial se mantenga intacto. Al respecto, señala la Corte:

“No se trata entonces de regresar a la anterior concepción normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al cónyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época.

(…) Tratándose de la relación del afiliado o pensionado con su cónyuge, esta Corporación ha defendido el criterio según el cual la convivencia por un lapso no inferior a 5 años puede ocurrir ?en cualquier tiempo?, siempre que el vínculo matrimonial se mantenga intacto”.

(Los subrayados son nuestros).

“solo deberá demostrarse que convivieron en cualquier época cinco (5) años y que su vínculo jurídico matrimonial al momento del fallecimiento sigue vigente”

Lo anterior significa que, por ejemplo, si una pareja se casó y convivió por más de cinco (5) años y luego se separó de hecho sin realizar los trámites legales del divorcio, al morir alguno de los cónyuges el sobreviviente tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivencia, pese a que estén separados (no divorciados) en el momento de la muerte, pues lo dicho por la Corte dispone que solo deberá demostrarse que convivieron en cualquier época cinco (5) años y que su vínculo jurídico matrimonial al momento del fallecimiento sigue vigente.

Pensión de sobrevivencia cuando hubo divorcio, pero continuó la convivencia

Mediante la Sentencia SL1727 de 2020, la Corte Suprema de Justicia trajo otra excepción a la regla de la vigencia del vínculo matrimonial al momento de la muerte, pues dispuso que, en el caso de que exista un divorcio, pero persista la convivencia, los cuidados y la ayuda mutua, el cónyuge seguirá teniendo derecho a la pensión de sobrevivencia de su pareja, pues lo que realmente importa es la realidad de los hechos y no las apariencias jurídicas (divorcio) que se quieran dar. Expuso la Corte:

“Recogiendo lo expuesto, no hay duda del error del Tribunal, al desconocer la realidad de una convivencia que se mantuvo sin solución de continuidad, sin importar la apariencia de separación construida a partir de la sentencia de divorcio, a pesar de que la realidad probada en el proceso demostró que la recurrente continuó prohijando atenciones y cuidados a quien fuera su esposo y agresor hasta la fecha de su muerte (…)”.

Por lo anterior, establece la Corte que, de existir el divorcio, si el exesposo sobreviviente demuestra que pese a la finalización del vínculo matrimonial persistió la relación, los cuidados, la ayuda e incluso la cohabitación, podrá acceder a la pensión por muerte de su pareja.

Pensión de sobrevivencia cuando hubo separación por violencia intrafamiliar o de género

Otra situación excepcional en la que una expareja puede acceder a la pensión de sobrevivencia es la dada por la Corte Suprema de Justicia mediante la Sentencia SL2010-2019, en la que establece que, si se llegan a presentar interrupciones en la convivencia y se observa una suspensión en ella debido a actos de violencia de género, malos tratamientos o violencia intrafamiliar, cometidos por el cónyuge fallecido, dichas interrupciones no serán razón para desconocer el derecho al acceso a la pensión de la víctima de violencia intrafamiliar.

Lo anterior, dado que dicha separación momentánea se dio por hechos no atribuibles a la beneficiaria que pretende acceder a la pensión de sobrevivencia, sino que obedecieron a situaciones de maltrato familiar que la pareja sobreviviente no estaba en la obligación de resistir. Sobre ello, expresó la Corte:

“El caso es ilustrativo porque da cuenta de la excepción realizada por la jurisprudencia constitucional al aplicar la norma, cuando aun cumpliéndose los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, se pierde el derecho por ejercer violencia contra la pareja, en virtud de la tutela a bienes jurídicos elementales como son la vida o la integridad física.

En el segundo supuesto, de contornos similares al estudiado, la potencial beneficiaria de la pensión de sobrevivientes fue víctima del maltrato doméstico, y como consecuencia de ello, se produjo la separación entre los cónyuges. Sin embargo, aunque no existía convivencia al momento del deceso del causante, esta Sala en la sentencia CSJ SL 2010-2019 concedió la prestación.

(…)

De allí que resulte inaplazable que, desde la seguridad social, se dé respuesta a los casos de mujeres divorciadas a causa de violencia intrafamiliar y económica, que se ven revictimizadas, bajo la tolerancia institucional, al no poder acceder a la pensión de sobrevivientes del pensionado a quienes, con su trabajo no remunerado en el hogar, ayudaron a construir la prestación por vejez de su pareja”.

Por lo anterior, si una pareja de esposos o compañeros permanente conviven más de 5 años y hubo interrupciones o separaciones en la convivencia debido a actos de violencia intrafamiliar generados por uno u otro, pese a las intermisiones en la convivencia, el cónyuge víctima de la violencia tendrá el derecho a acceder a la pensión de sobrevivencia cuando su expareja fallezca.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo dicho, una expareja puede acceder a la pensión de sobrevivencia de su exesposo o excompañero permanente si:

Convivieron cinco (5) años, hubo separación de cuerpos o de hecho, pero no divorcio.

Convivieron cinco (5) años o más, se divorciaron y, a pesar de ello, continuaron conviviendo o cohabitando.

La convivencia tuvo interrupciones causadas por violencia intrafamiliar o de generó llevadas a cabo por el cónyuge fallecido.

Es de anotar que todas estas situaciones se dan bajo el principio de la realidad sobre las formalidades, el cual nos permite observar que, a pesar de la situación jurídica marital en la que se encontraban al momento del fallecimiento del cónyuge, los jueces deben analizar el caso y tener en cuenta si esa o ese esposo ayudó, colaboró y apoyó en la construcción de la pensión o aportes al sistema de su pareja.

Angie Marcela Vargas Charry

Abogada especialista en Seguridad Social y Conciliación Laboral.

Pensión de sobrevivientes: reconocimiento para excónyuges o excompañeros permanentes (actualicese.com)