Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que este punto que se amplió en la reforma alivia la carga impositiva de las pequeñas compañías.
José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, destacó la importancia de la normalización.
Esta semana el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social pasó su primer debate en el Congreso. El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló de los principales cambios y lo que se espera para su aprobación final.
¿Qué tanto cambió lo que se presentó el 20 de julio frente a lo que hay hoy?
En principio teníamos 35 artículos y hoy 55, porque se eliminó uno en el debate. Es importante entender que esta iniciativa se construye también con el Congreso y todas las propuestas que se incluyeron responden a las líneas esenciales de la iniciativa: se tienen nuevas fuentes ingresos, un mecanismo diferencial para fortalecer el régimen simple, nuevos instrumentos de reactivación y un foco social en la mujer.
Tampoco se toca a la clase media, no se afecta a pensionados y no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta. Coincidimos en la necesidad de una renta básica de emergencia, el subsidio a la nómina, en extender programas como el de subsidio a los jóvenes para generación de empleo y que haya también sostenibilidad fiscal.
¿Cómo afectan al recaudo estos cambios?
Hay dos cosas nuevas de renta: las facilidades de pago en materia tributaria pueden generar $0,6 billones, $0,3 billones este año y otros $0,3 billones el próximo, y las facilidades para la enajenación de activos previamente incautados a la mafia nos permite tener un acceso a un potencial de $1,4 billones en activos inmobiliarios y $2,4 billones en sociedades de comercialización, que no se va a dar hasta que se realice esto, pero que más adelante puede beneficiar al país. El cambio sería en las fuentes transitorias, el recaudo de $15,2 billones se refiere a las fuentes permanentes.
También hay cambios que generan más gasto, ¿cuánto pueden costar?
En el subsidio a la nómina, ese apoyo de cinco puntos adicionales es del orden de $40.000 millones este año. El apoyo a las empresas afectadas por el paro es un esfuerzo de unos $400.000 millones. Todavía no tenemos el dato exacto de cuántas empresas se beneficiarían, pero tendrían que ser firmas afectadas por los bloqueos y claramente en ingresos.
Un artículo establece IVA a las compras digitales desde el exterior por debajo de US$200, ¿cómo manejar esto con los TLC?
Justamente por ello el artículo que se incluye respeta en su integridad los acuerdos de libre comercio vigentes. Vale decir que se respetarán esos beneficios adquiridos con aquellos dos países con los cuales se ha firmado un beneficio de ese tipo de minimis, particularmente con EE.UU., porque en Corea es más con aranceles. Ninguno otro lo tiene.
Lo que se busca es que todo aquel sin acuerdos e importe por debajo de US$200, deberá pagar IVA para que se logre una equidad tributaria con lo que se produce a nivel nacional.
La mayoría del tejido empresarial son microempresas, ¿no se les da muy duro con una tarifa de renta de 35%?
Por eso es que estamos fortaleciendo al régimen simple. Se incrementa el margen para que más empresarios, calculamos que alrededor de 400.000, puedan terminar tributando menos. Estamos hablando solo de micro y pequeñas empresas, y como queda concebido la idea es que todas las micro y pequeñas empresas puedan ser parte del régimen simple.
La normalización ha sido muy sido criticada, ¿no es efecto negativo seguir usando este mecanismo?
Por eso se contempla una tarifa superior y un componente adicional de anticipo. Acá lo importante es lograr que esos capitales que no se han declarado lo hagan y empiecen a tributar en el país, y ese es el mejor camino para hacerlo.
¿Cómo seguiría el cronograma del proyecto?
Lo que viene ahora es el debate en plenarias de Senado y Cámara. Esperaría que se dé en la semana entre el 7 y el 10 de septiembre y que podamos avanzar lo más rápido posible por las necesidades sociales del país, porque a final de cuentas esta iniciativa tiene como propósito esta estructura de protección social, que con los otros programas vigentes permitirían llegar a 25 millones de colombianos.
Si bien la reforma atiende necesidades de gasto, no resuelve otros problemas estructurales, ¿se necesita otra reforma pronto?
Esta reforma, con las rentas permanentes que tiene, reduce el déficit fiscal gradual y progresivamente, genera superávit fiscal primario entre 2024 y 2025 y reduce la deuda pública y la estabiliza en un orden de 62%. Eso lo logra la reforma, si se quiere hacer algo adicional ya correspondería al próximo gobierno estudiarlo.
¿Cuándo arrancaría la discusión de Presupuesto?
Esta semana lo presentamos a las comisiones económicas. Es un presupuesto histórico, difícil de lograr, porque había que garantizar primero la sostenibilidad social, luego la reactivación económica y tercero un compromiso con la austeridad en el gasto público y reducir el déficit fiscal, porque se retorna a la regla fiscal, y por eso se llega al final a un presupuesto ese orden, de $350 billones. Es histórico en materia de inversión, cerca de $62 billones, con un énfasis en lo social y en la reactivación.
¿Cómo están las perspectivas del PIB?
En el Ministerio nos mantenemos en 6%, pero vemos que los actores nacionales e internacionales ya están hablando del 7% y el 8%, pues hay optimismo respecto a la reactivación económica. La resiliencia de la economía y el empresariado están mostrando una enorme capacidad de reactivación, más rápida de lo que se había pensado, y en la medida en que esto siga así será una gran noticia para el país y el empleo.
¿Qué falta para que se refleje esto en el empleo?
Lo primero es crecer y lo segundo es contar con instrumentos nuevos para generar empleo, como los subsidios a la nómina para jóvenes entre 18 y 28 años de la ley de inversión social, así como otros subsidios, son incentivos muy valiosos.
De podrían generar alrededor de 700.000 nuevos empleos y se cuidarían 400.000, y a eso hay que sumar el plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, que tiene la meta de generar 2 millones de trabajos formales.
