Las causas del fin de las tasas bajas, además del alza de la inflación

El aumento de la tasa de intervención del Emisor también se justifica para no castigar el ahorro.

Emisor prevé que IPC cierre el año en 4,1 %, y analistas subrayan se busca evitar su desborde.

Luego del impacto de la pandemia, que llevó al Banco de la República a reducir de forma considerable su tasa de intervención para facilitar la recuperación de los sectores productivos, y tras casi un año de mantenerla en 1,75 por ciento, contando la decisión de la junta directiva del viernes anterior, el país se alista para que una política monetaria un poco más restrictiva por parte del Emisor, a raíz de las presiones que viene teniendo la inflación, cuya cifra anualizada a junio iba en 3,63 por ciento y en julio llegó a 3,97 por ciento, según el Dane.

Pero, adicionalmente, hay otros elementos en la economía que podrían desajustarse de continuar con un nivel de tasa real (descontando la inflación) que hoy es negativo, y que es preciso corregir para evitar efectos colaterales.

De hecho, en las minutas de la reunión de los codirectores del Emisor, que se conocieron este martes, los codirectores de la entidad reseñaron que la aceleración de la inflación obedeció, primordialmente, a choques de oferta originados en el alza de precios de los alimentos perecederos por las dificultades de abastecimiento en medio de los bloqueos viales, así como producto del retiro parcial de los alivios a las tarifas de servicios públicos y el aumento en el precio de los combustibles.

Y a ello se sumaron factores de origen externo, como el incremento de los precios internacionales de bienes básicos y materias primas y los mayores costos logísticos y de transporte marítimo, que acentuaron la presión sobre el índice de precios al consumidor (IPC), aunque destacaron que la inflación sin alimentos ni regulados continuó en un nivel bajo, de 1,87 por ciento en junio.

Por estos factores, los miembros de la junta directiva coincidieron en que se estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia, pero también por la consecutiva revisión al alza de los pronósticos de crecimiento.

Por ello, su debate interno giró en torno a las razones que justificarían una decisión inmediata o posterior para iniciar el retiro parcial del estímulo monetario que la economía ha venido recibiendo desde el inicio de la pandemia, es decir, comenzar a subir las tasas desde la próxima sesión o dar un margen de tiempo adicional.Aspectos de fondo

Para Andrés Langebaek Rueda, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, la principal preocupación que está viendo el Emisor es el crecimiento, ya que si bien todo desemboca en la inflación, el banco tiene otros objetivos, entre ellos que la economía crezca y que no existan desajustes que la afecten.

Y explica que una inflación anual de 3,63 por ciento a junio y una tasa de intervención del 1,75 por ciento quiere decir que la tasa es ‘supernegativa’ en términos reales, y mantenerla no es sensato ni conveniente, no solo porque puede haber un crecimiento demasiado grande en el PIB y en la demanda que termine por generar alzas más fuertes en los precios, sino porque hay otros desbalances que se dan cuando las tasas de interés son muy bajas.

Por ejemplo, el ahorro recibe una remuneración muy baja y esos bajos intereses castigan la rentabilidad, que en el caso pensional puede generar bajos rendimientos para los afiliados, y en los fondos privados las personas tendrían que ahorrar más tiempo para tener la misma pensión, dado que su plata rentaría menos.

El analista señala también que si bien estas tasas muy bajas pueden favorecer a quienes quieren tomar deuda, la tarea del Banco de la República es que exista un punto de equilibrio entre unos y otros.

Y comparte la tesis de que es muy probable que este año ya no se cumpla la meta de inflación, cuyo rango meta es del 2 al 4 por ciento, porque en octubre se podría llegar al 3,9 por ciento anual, en noviembre al 4,1 por ciento y el año cerraría en 4,2 por ciento, según las proyecciones del Grupo Bolívar.

De hecho, en su informe semestral al Congreso, el equipo técnico del Banco de la República ahora pronostica que la inflación finalizará el año en 4,1 por ciento, fuera del rango meta, y ratifica que se prevé que su junta directiva aumentará la tasa de intervención en los próximos meses e, incluso, según el documento, el pronóstico de trayectoria de la tasa de intervención estimado por sus codirectores es más alto que el visto por los analistas encuestados en julio.

“El banco dice que si bien la inflación no la vamos a cumplir este año muy probablemente, su escenario central es que va a volver a entrar a encajar en el rango meta, pero existe un riesgo de que no y por eso es mejor evitar un riesgo de desborde”, explica Langebaek.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, manifiesta que sus estimaciones apuntan a que el año cierre con una tasa de intervención del 2,25 por ciento, para dos incrementos antes de acabar el año, uno en octubre y otro en diciembre.

Pero señala que este ciclo de incremento de tasas de interés muy seguramente será más lento de lo esperado. Esto porque si bien la tasa neutral en Colombia está alrededor del 4,25 por ciento, la economía sigue en fase de recuperación y crece por debajo de su potencial, al tiempo que en 2022 será más complejo mantener el ritmo de avance que se logre en 2021 frente al bache de 2020.

Dólar y materias primas presionan

Según Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, el aumento de tasas para evitar que la inflación se desborde el próximo año será gradual porque se prevé un año 2022 flojo, ya que el aumento en el dólar que se ha visto este año va a encarecer los bienes importados, generando presiones sobre los precios al consumidor y una menor inversión.

Y explica que a esto se une que los valores de las materias primas a nivel internacional están subiendo mucho, por la reactivación, y eso en la práctica genera presiones adicionales en el índice de precios al consumidor, que hacen que el Banco de la República esté un poco preocupado.

Según el analista, a nivel mundial, este año, hasta agosto, los precios del aceite de palma han subido 96 por ciento; los del maíz, un 65 por ciento; los del azúcar, un 38 por ciento, en tanto que los del trigo han repuntado 14 por ciento, y no es seguro que sus costos se moderen durante el 2022.

Podrán deducir impuestos si contratan población vulnerable

 

Las empresas podrán acceder a estos beneficios de inmediato. 

El Gobierno de Iván Duque, con la finalidad de facilitar la empleabilidad de los sectores vulnerables, implementó una serie de alivios tributarios para las empresas que contraten víctimas del conflicto, personas en situación de pobreza, de discapacidad o adultos mayores, entre otros.

“Dentro del paquete de incentivos están: rentas exentas, descuentos tributarios y créditos fiscales. En el caso de la contratación de personas en condición de discapacidad, existen deducciones hasta del 200 por ciento y puntos favorables cuando presenten licitaciones públicas”, indicó el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera.

En el caso de que una empresa emplee a mujeres víctimas de la violencia, y que sea comprobable, podrá deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.

Si una organización está interesada en contratar personas con discapacidad tendrán derecho a deducir de la renta el 200 por ciento del valor de los salarios y prestaciones sociales. La cuota de aprendices, la cual es obligatoria, podrá disminuirla en un 50 %.

“Hay beneficios en la tarifa de impuestos sobre la renta para las micro y pequeñas empresas del 25 % y medianas y grandes empresas, del 50 % para nuevas sociedades que inicien sus actividades en las zonas más afectadas por el conflicto armado”, afirmó la directora General de Prosperidad Social, Susana Correa.

Si una compañía quiere contratar adultos mayores, que no tengan pensión, también tendrá beneficios. En este caso será en el impuesto sobre la renta con una deducción del 120 %.

Estos beneficios se pueden generar si la contratación se hace directamente y no por empresas de servicios temporales.

En la cartilla también se contempla el beneficio por creación de empresas de economía naranja, que generen empleo y las exonera de renta los próximos 7 años.

¡Atención empresas! Podrán deducir impuestos si contratan población vulnerable | Noticias elempleo.com

Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital

 

El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca

En el lanzamiento de la nueva herramienta Radian para impulsar el factoring electrónico en el país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), anunció que dejará atrás el Muisca y se dará paso a un nuevo sistema.

El director de la entidad, Lisandro Junco, aseguró que para hacer esta renovación se invertirán US$250 millones y que el proceso licitatorio para la transformación terminará en enero del próximo año.

Anunciaron que se acabará el Muisca y se dará paso a un nuevo sistema. ¿Cuál es el costo de esta transformación?

Vamos a invertir US$250 millones, que son de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. De esos US$250 millones, 80% equivale a nuevas plataformas tecnológicas. Hay que recordar que la Dian solo tiene un software, que es Muisca, sin embargo, vamos a tener cinco softwares con varias aplicaciones.

LOS CONTRASTES

Iván DuquePresidente de Colombia

“Una de las grandes apuestas de nuestro Gobierno ha sido la modernización del Estado. La Dian ha sido protagonista de este proceso”.

¿Cuáles van a ser?

El primero es el nuevo sistema de gestión tributaria, queremos darle una vista 360 al contribuyente. Lo segundo es el sistema de gestión aduanera, que nos va a permitir tener, en tiempo real, los movimientos de mercancías. Lo tercero es tener un software de analítica, porque la Dian lo que tiene en este momento son datos, y hay que monetizar esos datos para luchar contra la evasión.

Cuarto, tenemos que entender que nuestros servicios tienen que ser multinube híbrida. Y el último tema son los servicios compartidos.

¿Este sistema ya tiene un nombre?

No lo hemos bautizado, pero en este momento ya estamos ad portas de sacar el proceso licitatorio. Tenemos que asignar esta licitación, de talle internacional, en enero de 2022.

Lo que nos ha ordenado el señor Presidente Iván Duque es que en enero de 2022 ya tenemos que tener el desarrollador y el camino para alimentar la información de Muisca a estos nuevos softwares.

¿Cómo quedará el sistema colombiano frente a los demás de la región?

Nosotros tenemos un objetivo mayor y es ser la primera administración tributaria y aduanera digital. Que uno no piense en la Dian como el funcionario con una chaqueta en un aeropuerto, en un puerto o en las calles; la Dian va a ser cualquier mecanismo de captura de datos, a eso es a lo que le estamos apostando y obviamente no hay precedentes en la región ni en el continente.

Hablando de Radian, ¿cómo contribuirá esta nueva herramienta a la reactivación?

El sinónimo de Radian es liquidez. Hoy en día 60% de las facturas electrónicas que se emiten en la Dian, que son más de cinco millones, tienen ventas a plazos. Lo que nuestros empresarios necesitan es liquidez y en ese objetivo creemos que Radian les va a permitir vender esas facturas o financiar esas facturas a tasas muy económicas en pro de poder seguir adquiriendo materia prima. Hay un logro mucho más importante que van a tener esos empresarios y es mantener el empleo.

¿Cuál es la meta con esta herramienta?

La apuesta es poder tener 60.000 emisores que transen facturas electrónicas dentro del sistema Radian.

“Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital” (larepublica.co)

Inversión extranjera directa: oportunidad para sectores estratégicos tras un mal año

 

El 2020 será recordado como el año con menor inversión extranjera directa (IED) recibida en América Latina y el Caribe en la última década. En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia, la región recibió durante el año US$105.480 millones por este concepto, lo que representa un 34,7% menos que en 2019 y 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012.

A nivel mundial, los montos de IED se redujeron un 35%, alcanzando aproximadamente US$1 billón, lo que representa el valor más bajo desde 2005. Latinoamérica se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en algunos países de América del Sur.

De acuerdo la CEPAL el contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta y dispar. La búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación y planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales…

Dian podrá otorgar rebajas de capital, intereses y sanciones a empresas en reorganización

 

Mincomercio expidió el Decreto 939 de agosto 19 de 2021, mediante el cual reglamenta el Decreto Ley 560 de 2020 para establecer la forma en que se podrán otorgar rebajas de capital, intereses y sanciones a empresas en procesos de insolvencia y/o reorganización afectadas económicamente por el COVID-19.

El pasado 19 de agosto de 2021 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 939, por medio del cual agregó los artículos del 2.2.2.9.7.1 hasta 2.2.2.9.7.7 al DUR 1074 de mayo de 2015, reglamentando de esa forma la norma del parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Ley 560 de abril de 2020 (declarado exequible con la sentencia de la Corte Constitucional C-237 de julio 8 de 2020) por medio del cual se establecieron procesos abreviados (que durarían solo hasta abril 15 de 2022) para permitir que las empresas (de persona natural o jurídica) afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 puedan acogerse a procesos de reorganización.

En la norma del parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Ley 560 de abril 2020 se había dispuesto lo siguiente:

Parágrafo 3. A efectos de preservar la empresa y el empleo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital. Las acreencias de primera clase a favor de estas entidades públicas quedarán subordinadas en el pago dentro de dicha clase, respecto de las acreencias que mejoren su prelación, como consecuencia de la financiación a la empresa en reorganización, por parte de los titulares de acreencias afectas al concurso.

En vista de lo anterior, a través del Decreto 939 de agosto 19 de 2020 se indicó lo siguiente:

“podrán solicitar a la Dian y demás entidades del Estado (nacionales o territoriales) que les concedan rebajas sobre el capital, los intereses y las sanciones que les estén adeudando a tales entidades. ”

a. Solamente las empresas que actúen entre abril 15 de 2020 y abril 15 de 2022 acogiéndose a los procesos de insolvencia y/o reorganización empresarial contemplados en la Ley 550 de 1999, la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 de abril de 2020 y el Decreto Ley 772 de junio 3 de 2020, y que lo hayan hecho a causa de la emergencia social y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, podrán solicitar a la Dian y demás entidades del Estado (nacionales o territoriales) que les concedan rebajas sobre el capital, los intereses y las sanciones que les estén adeudando a tales entidades.

b. Las anteriores rebajas de capital no se podrán conceder sobre los valores que estén adeudando por concepto de retenciones en la fuente, IVA o INC, pues tales tributos son simplemente recaudados por las empresas que entran en insolvencia pero ya fueron pagados por los consumidores finales.

c. Las rebajas de capital, intereses y sanciones no podrán aplicarse a deudas derivadas de decisión de condena en procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la República o por las contralorías territoriales.

d. Las entidades territoriales podrán hacer rebajas de capital, intereses, sanciones o multas cuya administración tengan a su cargo, pero primero deberán aprobarlo mediante sus asambleas departamentales o concejos municipales.

e. Los porcentajes máximos de rebaja serán los establecidos en la tabla de 6 rangos que quedó contenida en el artículo 2.2.2.9.7.4 del DUR 1074 de mayo de 2015, los cuales serán mayores si la empresa que entra en insolvencia acuerda hacer el pago de sus acreencias en un tiempo más corto. Así, por ejemplo, si se pacta hacer el pago en los primeros 3 años de ejecución del acuerdo de reorganización, se le podrá conceder una rebaja del 40 % del capital y del 80 % de las sanciones e intereses. Pero si acuerda hacer el pago en los primeros 4 años de ejecución del acuerdo de reorganización, se le podrá conceder una rebaja del 30 % del capital y del 70 % de las sanciones e intereses. En el último rango de la tabla se indica que si las acreencias las piensa cubrir en períodos de más de 7 años, entonces la rebaja del capital, de los intereses y de las sanciones serán de 0 %.

f. Será causal de pérdida de los beneficios la declaratoria por parte del juez concursal de incumplimiento por el no pago oportuno de las cuotas y obligaciones que se deriven del cumplimiento del acuerdo, así como el no pago de las obligaciones que por ley se consideren como gastos de administración.

Beneficios para empresas en reorganización e insolvencia (actualicese.com)

Tributaria: con factura electrónica atajarán evasión en venta de inmuebles

 

Las notarías mantendrán el deber de informar que la escritura debe reflejar el valor de la venta.

La idea del sistema de georreferenciación en la Dian no se ajustaba a la realidad tras la pandemia.

En la ponencia del proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria, con la que se inicia el primer debate en el Congreso, los ponentes y el Gobierno acordaron eliminar el artículo 9, que creaba un sistema de georreferenciación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el cual los notarios deberían utilizar para establecer el valor el valor de los inmuebles de las compraventas que se protocolizan con escrituras ante las notarías.

Aunque para algunos el cambio podría interpretarse como un retroceso en la idea de la lucha contra la evasión, el senador Juan Samy Merheg, autor de la iniciativa de retiro del artículo, justificó la proposición argumentando que, legalmente, la fijación del valor comercial de los bienes inmuebles en Colombia no es potestad de la Dian, y que hacerlo iba en contra de la autonomía de la voluntad privada de los particulares para establecer las condiciones de los contratos y negocios jurídicos por ellos celebrados y el principio contractual de consensualidad, entre otros.

Y además, en momentos en que el país necesita dinamizar la economía, podría ocurrir que comercialmente y para la Dian, un inmueble cueste, por ejemplo, 800 millones de pesos, pero realmente dentro del mercado solo ofrecen por este entre 600 o 700 millones, o que su dueño sea alguien en una condición de insolvencia y necesite liquidez.

En ambos casos, según la proposición, esto haría que muchos propietarios tuvieran que vender sus bienes muy por debajo del valor que fije la Dian, pero terminarían pagando un impuesto mayor a las ganancias ocasionales por un valor que realmente no reciben en su totalidad, dadas estas situaciones del mercado o de decisiones en que las partes pacten un menor valor.

Además el artículo retirado obligaba a los notarios a registrar las transacciones por el valor que indicara dicho sistema de georreferenciación, para no convertirse en responsables solidarios ante la Dian por la diferencia de valores, o simplemente haría que el negocio no se celebre.Momento inconveniente

Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a EL TIEMPO que en la coyuntura actual una medida de este tipo puede generar dificultades porque puede haber muchas ventas que estén siendo afectadas por el impacto de la pandemia y esto haría que las transacciones no reflejaran correctamente su valor en las condiciones de mercado actuales.

Y dijo que aunque es claro que esta medida no se entendería bien de cara a la reactivación económica del país, en el proceso de construcción de la ponencia el director de la Dian, Lisandro Junco, dijo que con el incremento que se está proponiendo en el uso de la factura electrónica para nuevas transacciones, por allí también se puede hacer un control de la compra venta de viviendas para efectos de tributación.

“Él no le ve inconveniente e incluso cree que con lo ya tiene en factura electrónica es suficiente”, aseguró el ministro Restrepo.

400.000 empresas podrían tributar con régimen simple

 Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que este punto que se amplió en la reforma alivia la carga impositiva de las pequeñas compañías.

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, destacó la importancia de la normalización.

Esta semana el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social pasó su primer debate en el Congreso. El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló de los principales cambios y lo que se espera para su aprobación final.

¿Qué tanto cambió lo que se presentó el 20 de julio frente a lo que hay hoy?

En principio teníamos 35 artículos y hoy 55, porque se eliminó uno en el debate. Es importante entender que esta iniciativa se construye también con el Congreso y todas las propuestas que se incluyeron responden a las líneas esenciales de la iniciativa: se tienen nuevas fuentes ingresos, un mecanismo diferencial para fortalecer el régimen simple, nuevos instrumentos de reactivación y un foco social en la mujer.

Tampoco se toca a la clase media, no se afecta a pensionados y no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta. Coincidimos en la necesidad de una renta básica de emergencia, el subsidio a la nómina, en extender programas como el de subsidio a los jóvenes para generación de empleo y que haya también sostenibilidad fiscal.

¿Cómo afectan al recaudo estos cambios?

Hay dos cosas nuevas de renta: las facilidades de pago en materia tributaria pueden generar $0,6 billones, $0,3 billones este año y otros $0,3 billones el próximo, y las facilidades para la enajenación de activos previamente incautados a la mafia nos permite tener un acceso a un potencial de $1,4 billones en activos inmobiliarios y $2,4 billones en sociedades de comercialización, que no se va a dar hasta que se realice esto, pero que más adelante puede beneficiar al país. El cambio sería en las fuentes transitorias, el recaudo de $15,2 billones se refiere a las fuentes permanentes.

También hay cambios que generan más gasto, ¿cuánto pueden costar?

En el subsidio a la nómina, ese apoyo de cinco puntos adicionales es del orden de $40.000 millones este año. El apoyo a las empresas afectadas por el paro es un esfuerzo de unos $400.000 millones. Todavía no tenemos el dato exacto de cuántas empresas se beneficiarían, pero tendrían que ser firmas afectadas por los bloqueos y claramente en ingresos.

Un artículo establece IVA a las compras digitales desde el exterior por debajo de US$200, ¿cómo manejar esto con los TLC?

Justamente por ello el artículo que se incluye respeta en su integridad los acuerdos de libre comercio vigentes. Vale decir que se respetarán esos beneficios adquiridos con aquellos dos países con los cuales se ha firmado un beneficio de ese tipo de minimis, particularmente con EE.UU., porque en Corea es más con aranceles. Ninguno otro lo tiene.

Lo que se busca es que todo aquel sin acuerdos e importe por debajo de US$200, deberá pagar IVA para que se logre una equidad tributaria con lo que se produce a nivel nacional.

La mayoría del tejido empresarial son microempresas, ¿no se les da muy duro con una tarifa de renta de 35%?

Por eso es que estamos fortaleciendo al régimen simple. Se incrementa el margen para que más empresarios, calculamos que alrededor de 400.000, puedan terminar tributando menos. Estamos hablando solo de micro y pequeñas empresas, y como queda concebido la idea es que todas las micro y pequeñas empresas puedan ser parte del régimen simple.

La normalización ha sido muy sido criticada, ¿no es efecto negativo seguir usando este mecanismo?

Por eso se contempla una tarifa superior y un componente adicional de anticipo. Acá lo importante es lograr que esos capitales que no se han declarado lo hagan y empiecen a tributar en el país, y ese es el mejor camino para hacerlo.

¿Cómo seguiría el cronograma del proyecto?

Lo que viene ahora es el debate en plenarias de Senado y Cámara. Esperaría que se dé en la semana entre el 7 y el 10 de septiembre y que podamos avanzar lo más rápido posible por las necesidades sociales del país, porque a final de cuentas esta iniciativa tiene como propósito esta estructura de protección social, que con los otros programas vigentes permitirían llegar a 25 millones de colombianos.

Si bien la reforma atiende necesidades de gasto, no resuelve otros problemas estructurales, ¿se necesita otra reforma pronto?

Esta reforma, con las rentas permanentes que tiene, reduce el déficit fiscal gradual y progresivamente, genera superávit fiscal primario entre 2024 y 2025 y reduce la deuda pública y la estabiliza en un orden de 62%. Eso lo logra la reforma, si se quiere hacer algo adicional ya correspondería al próximo gobierno estudiarlo.

¿Cuándo arrancaría la discusión de Presupuesto?

Esta semana lo presentamos a las comisiones económicas. Es un presupuesto histórico, difícil de lograr, porque había que garantizar primero la sostenibilidad social, luego la reactivación económica y tercero un compromiso con la austeridad en el gasto público y reducir el déficit fiscal, porque se retorna a la regla fiscal, y por eso se llega al final a un presupuesto ese orden, de $350 billones. Es histórico en materia de inversión, cerca de $62 billones, con un énfasis en lo social y en la reactivación.

¿Cómo están las perspectivas del PIB?

En el Ministerio nos mantenemos en 6%, pero vemos que los actores nacionales e internacionales ya están hablando del 7% y el 8%, pues hay optimismo respecto a la reactivación económica. La resiliencia de la economía y el empresariado están mostrando una enorme capacidad de reactivación, más rápida de lo que se había pensado, y en la medida en que esto siga así será una gran noticia para el país y el empleo.

¿Qué falta para que se refleje esto en el empleo?

Lo primero es crecer y lo segundo es contar con instrumentos nuevos para generar empleo, como los subsidios a la nómina para jóvenes entre 18 y 28 años de la ley de inversión social, así como otros subsidios, son incentivos muy valiosos.

De podrían generar alrededor de 700.000 nuevos empleos y se cuidarían 400.000, y a eso hay que sumar el plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, que tiene la meta de generar 2 millones de trabajos formales.

‘400.000 empresas podrían tributar con régimen simple’ | Reforma tributaria | Economía | Portafolio

El 11,2% de colombianos aseguró que no recibió ingresos en julio

 El Dane publicó el informe Pulso Social en el que reveló que a 8 de 10 personas no les alcanza para ahorrar.

De cada 10 ciudadanos, uno no percibió ingresos en julio. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su reporte de Pulso Social para julio, en el cual reveló que 11,2% de los colombianos no devenga ingresos actualmente, una tasa que asciende a 13,7% en el caso de las mujeres y se mantiene en 7,2% para los hombres.

Justamente, el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, enfatizó en este punto como un indicador que permite medir la recuperación de los hogares, ya que si se compara con el resultado de julio de 2020, mes en que el Dane empezó a registrar la encuesta Pulso Social, se percibe una diferencia de 16,4 puntos porcentuales (pps), dado que en julio de 2020 eran 27,6% de las personas las que aseguraban no estar percibiendo ingresos.

En julio de 2020 el porcentaje de hombres que indicó no estar registrando ingresos estaba en 22,1%, 14,9 puntos por encima del dato de julio de este año, y por el lado de las mujeres eran 30,9%, lo que implica una diferencia de 17,2 pps en la variación anual en la medición.

“Una de las variables más importantes que nos mide indirectamente qué está pasando con las condiciones de empleabilidad está asociada con la pregunta que hacemos de si usted tiene ingresos o no, y si tiene, si pueden ahorrar o no. La situación más crítica es que nos digan, no tengo ingresos”, comentó Oviedo.

El director del Dane se refirió a como para el mes de julio se tiene una brecha de casi 5 puntos porcentuales en la respuesta cuando el “informante idóneo” (el jefe de hogar) forma parte de una familia que durante el último año ha estado en situación de pobreza, ya que en estos casos la posibilidad de no contar con ingresos asciende a 13,9%.

“Para los hogares que estaban fuera de esa condición de pobreza vemos una menor prevalencia, de apenas 8,9% de ellos respondiendo no contar con ingresos”, explicó Oviedo.

Así mismo, el Dane dio a conocer que, por regiones, la ciudad con el mayor porcentaje de personas que respondieron en julio que no tienen ingresos están en Sincelejo, con 40,3% de la población encuestada en la ciudad, seguida por Popayán (39,8%) y Valledupar (38,5%). Por el contrario, en Bucaramanga el porcentaje de personas que respondieron no devengar ingresos está en 2,8%, en Santa Marta en 4,1% y en Pasto en 4,6%, lo que ubica a estas tres ciudades como las del indicador más bajo.

Por otro lado, la entidad informó también que 77,3% de los jefes de hogar consultados por la autoridad estadística respondió negativamente a la pregunta sobre si actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos y solo 11,5% de los ciudadanos de las 23 principales ciudades del país respondieron afirmativamente.

En el caso de los hogares que se catalogan como pobres la imposibilidad de ahorrar está en 81,5% de las personas en esta categoría, mientras que 73,8% de los que no son pobres indicaron no poder guardar parte de su ingreso. En el caso de los que sí tienen posibilidad de ahorrar, la brecha es mucho mayor, pues solo 4,6% de los hogares pobres está en posibilidad de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que si se mira por los hogares que no se encuentran en niveles de pobreza la posibilidad asciende a 17,3% de las familias.

INDICADOR DE CONFIANZA

El reporte de Pulso Social presentó también el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que se ubicó en 35 puntos, el más alto de los últimos 13 meses, desde julio de 2020. Esto, además representa un aumento de 3,3 puntos frente al registrado en junio de este mismo año. Por sexo, este indicador fue 35,2 para los hombres y 34,9 para las mujeres.

El Dane mostró también como el 46,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en julio de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 42,4% era igual. Al mismo tiempo, para el 48,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 15,3% será peor.

“Estamos observando un nivel máximo de confianza del consumidor de 35 puntos. Todavía persisten algunas perspectivas muy negativas de parte de los hogares, pero estamos observando una corrección muy importante, es el mejor resultado no solo en lo corrido del año, sino desde que iniciamos con esta encuesta de Pulso Social”, dijo Oviedo.

Según el director del Dane, “tenemos una consolidación del nivel de confianza de los hogares, donde los motores fundamentales están asociados con el avance que han visto los hogares en la comparación presente pasado de la situación económica de los hogares”.

Por otro lado, el reporte también evidenció que 69,8 % de las familias dijo sentir que tiene menos posibilidades de acceder a artículos de primera necesidad actualmente, en comparación con hace 12 meses, y en cuanto a su capacidad de gasto, el 9,6 % de las familias cree que podrá salir de vacaciones en los próximos 12 meses, aumentando y alcanzando niveles similares a los que se tenían en diciembre del 2020.

EL EFECTO DE LAS VACUNAS

En la encuesta otro factor que se destacó es la brecha que se presenta en materia de vacunación, ya que mientras en los hogares pobres la respuesta afirmativa fue de 42,8% de las jefaturas de hogar, en aquellos que no son pobres la vacunación ya asciende al 66% de los encuestados, lo que muestra una diferencia de 23,2 puntos porcentuales.

“La brecha entre las jefaturas de hogar pobres, y aquellas que no se encontraban en situación de pobreza incrementó, ya que era de 21 puntos porcentuales en el mes de junio”, explicó Oviedo.

En cuanto al avance en la inmunización, la encuesta mostró como para julio se llegó a un nivel de 55,3% de los participantes.

El 11,2% de colombianos aseguró que no recibió ingresos en julio | Economía | Portafolio

El efecto dominó de las insolvencias se acelerará este año por la pandemia de covid-19

 

Contar con una aseguradora de crédito comercial eficaz que identifique a los socios comerciales de alto riesgo romperá la cadena de posibles insolvencias

El primer semestre del año 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió 615 solicitudes de insolvencia por parte de empresas, lo que representa un aumento de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Si bien se hubiera esperado que fueran menos que el año 2020, un último informe de la entidad explicó que “la insolvencia tiene un periodo de maduración de seis a 18 meses, por lo que los rezagos de la crisis generarán un incremento de solicitudes del año 2020 en el 2021”.

Adicional a ello, con la previsión de que los gobiernos empiecen a eliminar las ayudas estatales este año y debido a la falta de liquidez, muchas empresas tendrán que enfrentarse al reto de lidiar contra la morosidad de los clientes, y el detectar a aquellos a quienes es seguro y viable venderle será clave para proteger a su empresa contra las insolvencias y poder seguir a flote.

La situación ha disparado la posibilidad de que las cadenas de suministro mundiales sufran un efecto dominó de insolvencias generalizado, lo cual significa una reacción en cadena que se inicia cuando una empresa insolvente es incapaz de responder por sus obligaciones con sus socios comerciales.

Los riesgos relacionados con la insolvencia de los clientes son claros: sin la protección adecuada, si vende a crédito se enfrenta a una pérdida financiera importante. Además, cabe la posibilidad de que se produzcan procedimientos judiciales prolongados y desgastantes.

Por otro lado, los riesgos relacionados con la insolvencia de los proveedores pueden ser igual de negativos: van desde la pérdida de anticipos y depósitos, hasta la interrupción de la producción y la prestación de servicios, que también pueden conducir a la insolvencia de su empresa.

En el actual entorno económico, la visibilidad y la conciencia del riesgo son indispensables. Tener una visión de 360 grados de lo que está ocurriendo a su alrededor y en el entorno de sus socios será clave para protegerse. Esto implica vigilar de cerca todos los factores que podrían conducir a la insolvencia del negocio e incorporarlos a su estrategia de gestión de las relaciones comerciales.

En este sentido, el seguro de Crédito es una herramienta clave que no se limita al pago de una prima y a una posterior indemnización, sino que comienza desde el principio y se centra, cada vez más, en la prevención predictiva de los riesgos comerciales latentes.

Una aseguradora de crédito comercial eficaz hará todo lo que esté a su alcance para identificar a los socios comerciales de alto riesgo y romper la cadena de posibles insolvencias antes de que comience.

Por ejemplo, nuestras evaluaciones de riesgo se basan en los datos de nuestra red de analistas que continuamente estudia los cambios diarios en la solvencia de las empresas que representan 92% del PIB mundial.

Si quiere proteger su negocio frente a la falta de pago de sus clientes contacte con nosotros.

El efecto dominó de las insolvencias se acelerará este año por la pandemia de covid-19 (larepublica.co)

PIB en Colombia creció 17,6% en el segundo trimestre de 2021

 

En el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto de Colombia creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020, valor que estuvo impulsado principalmente por las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, según lo explicó Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

De acuerdo con Oviedo, en los meses de abril, mayo y junio, todas las ramas de las actividades mostraron un crecimiento, pero entretenimiento y actividades artísticas sobresalieron por tener un aumento del 83,8%, seguida por transporte y alojamiento con un crecimiento de 40% y manufacturas con 32,5%, las cuales en conjunto aportaron 11,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Asimismo, el director del DANE explicó que el crecimiento reflejado en este segundo trimestre, obedeció también al comportamiento de factores como el gasto en consumo final que incrementó un 21,8 %, la formación bruta de capital que creció 29,5 %, las exportaciones con un aumento en 15,4 % y las importaciones con un crecimiento de 45,8 %.

Es de resaltar que para el primer semestre de este 2021, el PIB en Colombia creció 8,8% frente a los primeros seis meses de 2020. Sin embargo, para la serie corregida por efecto estacional, y en comparación con el primer trimestre de 2021, la economía decreció 2,4%.

Tributaria: con factura electrónica atajarán evasión en venta de inmuebles

 

Las notarías mantendrán el deber de informar que la escritura debe reflejar el valor de la venta.

La idea del sistema de georreferenciación en la Dian no se ajustaba a la realidad tras la pandemia.

En la ponencia del proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria, con la que se inicia el primer debate en el Congreso, los ponentes y el Gobierno acordaron eliminar el artículo 9, que creaba un sistema de georreferenciación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el cual los notarios deberían utilizar para establecer el valor el valor de los inmuebles de las compraventas que se protocolizan con escrituras ante las notarías.

Aunque para algunos el cambio podría interpretarse como un retroceso en la idea de la lucha contra la evasión, el senador Juan Samy Merheg, autor de la iniciativa de retiro del artículo, justificó la proposición argumentando que, legalmente, la fijación del valor comercial de los bienes inmuebles en Colombia no es potestad de la Dian, y que hacerlo iba en contra de la autonomía de la voluntad privada de los particulares para establecer las condiciones de los contratos y negocios jurídicos por ellos celebrados y el principio contractual de consensualidad, entre otros.

Y además, en momentos en que el país necesita dinamizar la economía, podría ocurrir que comercialmente y para la Dian, un inmueble cueste, por ejemplo, 800 millones de pesos, pero realmente dentro del mercado solo ofrecen por este entre 600 o 700 millones, o que su dueño sea alguien en una condición de insolvencia y necesite liquidez.

En ambos casos, según la proposición, esto haría que muchos propietarios tuvieran que vender sus bienes muy por debajo del valor que fije la Dian, pero terminarían pagando un impuesto mayor a las ganancias ocasionales por un valor que realmente no reciben en su totalidad, dadas estas situaciones del mercado o de decisiones en que las partes pacten un menor valor.

Además el artículo retirado obligaba a los notarios a registrar las transacciones por el valor que indicara dicho sistema de georreferenciación, para no convertirse en responsables solidarios ante la Dian por la diferencia de valores, o simplemente haría que el negocio no se celebre.Momento inconveniente

Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a EL TIEMPO que en la coyuntura actual una medida de este tipo puede generar dificultades porque puede haber muchas ventas que estén siendo afectadas por el impacto de la pandemia y esto haría que las transacciones no reflejaran correctamente su valor en las condiciones de mercado actuales.

Y dijo que aunque es claro que esta medida no se entendería bien de cara a la reactivación económica del país, en el proceso de construcción de la ponencia el director de la Dian, Lisandro Junco, dijo que con el incremento que se está proponiendo en el uso de la factura electrónica para nuevas transacciones, por allí también se puede hacer un control de la compra venta de viviendas para efectos de tributación.

“Él no le ve inconveniente e incluso cree que con lo ya tiene en factura electrónica es suficiente”, aseguró el ministro Restrepo.

Valor en libros de las acciones muestra que están baratas

 El mercado colombiano es uno de los más castigados del mundo, ya que tiene una desvalorización superior al 7% este año.

En general, las acciones colombianas muestran un espacio potencial para seguir subiendo de precio como lo han venido haciendo desde el pasado 9 de agosto.

Este jueves, el índice MSCI Colcap subió el 0,28% y cerró en 1.329,67 puntos con lo que en apenas 10 días ya recuperó la mitad de la caída que traía este año. La cifra negativa de todas maneras es del 7,53% desde enero.

Solo con la lupa puesta en el indicador Q de Tobin (aunque hay varios), y que mide la relación entre el valor en la bolsa de una empresa y su valor intrínseco, es decir, si está sobrevalorada o infravalorada, las principales firmas muestran que se están negociando en promedios bajos, según el sector en el que están.

Y aunque en el mercado de acciones colombiano, de las 41 con alguna o mucha negociación apenas dos títulos se negocian dos veces por encima de su valor en libros, otras 13 un poco más de una vez y 26 por debajo de una vez, eso no quiere decir que estén sobrevaloradas o recalentadas, ya que lo que se debe mirar son los flujos futuros de las compañías en los que se deben tener en cuenta sus planes de ensanche, inversiones, mercado internacional, alianzas, y compras, entre otros aspectos.

Pero en cambio, lo que sí se ve es que la mayoría de títulos representan una oportunidad potencial para subir de cotización.

Según el analista certificado, Andrés Moreno, en el caso del sector petrolero es muy común que las acciones de esas firmas se negocien hasta cuatro veces su valor en libros y en el caso de Colombia, Ecopetrol y Canacol se negocian con indicadores que apenas sobrepasan dos veces. En el sector de energía también es común que las compañías se negocien en la bolsa más de dos veces su valor en libros y en el caso de ISA, su precio no llega a ese indicador y en casos como los papeles del GEB y Celsia, sus indicadores son más bajos.

Lo que los analistas advierten es que al mirar las cifras no hay que llamarse a engaños comparando la Q de Tobin de una petrolera con una constructora o un banco, ya que cada sector responde a unas dinámicas de negocio y mercado que no pueden compararse.

En Colombia los bancos y entidades financieras están negociándose como máximo a 1,4 veces su valor en libros y en su mayoría no llegan a una vez y el estándar es que estos pueden negociarse hasta tres veces el valor en libros.

Hay que recordar que entre 2005 y 2006 los bancos colombianos llegaron a negociarse en la bolsa hasta tres veces su valor en libros “y ahí sí había una clara sobrevaloración”, dice Moreno.

Un ejemplo de una baja valoración en el mercado frente al valor en libros son las acciones de holdings como el Grupo Argos ya que es normal que se negocien similar a su valor en libros, pero esos dos títulos están muy por debajo de ese indicador.

Para Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, uno de los primeros parámetros de un inversionista del mercado accionario es “buscar una empresa con buena situación financiera, perspectiva de crecimiento y una Q de Tobin baja. Eso le indica si está barata o subvalorada”.

Otro tema que hay que ver, es que algunos papeles pueden representar una oportunidad de compra pero tener una baja liquidez.

Estas son las cinco ciudades de Colombia que tienen el menor costo de vida en la región

Bucaramanga y Cali son las ciudades en las que es más barato vivir en américa del sur, según la base de datos del portal Numbeo

La base de datos del portal Numbeo, que recopila y compara los precios a nivel mundial de los costos de vida, los precios de la canasta básica, transporte y demás factores, mostró en su actualización de mitad de año que, en Suramérica, las ciudades colombianas son las baratas para vivir.

Esto, a través del Índice de Costo de Vida para 2021, que fue encabezado por la capital Uruguaya, Montevideo, y cerrado por las cinco ciudades colombianas incluidas en la medición: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga.

La metodología del índice es relativa a los precios de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, es decir, la Gran Manzana se consolida como punto de referencia de 100% en el índice. Lo anterior significa que, si por ejemplo, una ciudad tiene un índice de costo de vida de 140, quiere decir que es 40% más cara que Nueva York. Por el contrario, si tiene un índice de costo de vida de 30, quiere decir que es 70% más barata que la ciudad de referencia.

La variable del costo de vida es un indicador relativo sobre los precios de bienes que se pueden consumir, incluyendo en su totalidad los productos que hacen parte de la canasta básica de alimentos, restaurantes, transporte y servicios. Sin embargo, este número ponderado no incluye los valores en los que puede incurrir un ciudadano por concepto de alquiler, hipoteca o crédito de vivienda.

También se incorporan otros indicadores, como lo son el índice de alquiler, que denota cuáles son las ciudades que tienen rentas de apartamentos más baratas y más caras, además del índice de comestibles, que es una estimación de los precios de productos de canasta básica o abarrotes y el índice de precios de restaurantes, que compara los precios de las comidas de establecimientos como bares o restaurantes.

El poder adquisitivo local es otro de los índices importantes que aborda el portal estadístico, que muestra, justamente, qué tantos bienes y servicios pueden adquirir las personas en una ciudad determinada con un salario neto promedio.

Es decir, si el poder adquisitivo de una capital es de 60, esto significa que los habitantes de ese territorio pueden permitirse comprar 40% menos de bienes y servicios que los que podrían adquirir las personas que viven en Nueva York con un ingreso promedio.

Con respecto a los resultados del índice, Bucaramanga es la ciudad que tuvo el valor más bajo respecto a los precios de las 19 ciudades analizadas, con un costo de 25,81, siendo 74% más barata que la ciudad de referencia.

Según Johan Mauricio Caldas, economista, abogado y profesor de la Universidad de la Sabana, existen varios factores que explican este fenómeno.

Una de las razones principales es la baja inflación que se ha registrado en el país durante los últimos dos años, además de que el país tiene una de las economías con mayor crecimiento de la región y la afectación por la devaluación en nuestra moneda ha sido significativa.

“Este tipo de estudios comparan el costo tomando como base una misma moneda, el dólar, por ello, aquellos países que tengan su moneda más devaluada tendrán un costo menor”, explicó el experto.

Entre las ciudades de menor costo de vida, a Bucaramanga le siguen: Cali, con un indice de 27,04; Medellín, con 29,44; Barranquilla, con 29,63; y Bogotá, con 30,03.

Sin embargo, aclaró Caldas, que las ciudades sean comparativamente más económicas frente a las de otros países “no significa que para sus propios ciudadanos resulte más barato vivir allí”.

LOS CONTRASTES

Johan Mauricio CaldasEconomista y profesor de la Universidad de la Sabana

“Este tipo de estudios comparan el costo tomando como base una misma moneda, el dólar, por ello aquellos países que tengan su moneda más devaluada tendrán un costo menor”.

Paula CortésPresidente de Anato

“La creciente devaluación del peso colombiano frente a las divisas extranjeras, como el dólar, ha causado un incremento considerable en los viajes de turistas extranjeros al país”.

Respecto a las ciudades que registraron los precios más altos, Montevideo en Uruguay y Santiago en Chile fueron las dos capitales con los precios más altos, registrando índices de 51,11 y 50,50, respectivamente. Es decir, los costos en estas dos ciudades son aproximadamente la mitad de los de la ciudad de referencia.

La presencia de Chile en el podido del listado, explicó Caldas, puede estar asociada a las crisis políticas y sociales recientes, que han causado incertidumbre en la economía. Estas situaciones, añadió, pueden generar fenómenos inflacionarios y salidas de capitales, afectando significativamente los costos dentro de la ciudad y haciéndola poco atractiva para turistas que buscan destinos en los que la moneda extranjera pueda tener mejor tasa de cambio, como sucede en Colombia.

Pese a las problemáticas de devaluación de la moneda nacional, el hecho de que Colombia figure de último en el índice de costo de vida representa también una oportunidad para la reactivación del turismo en medio de la pandemia, pues según Paula Cortés, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), después de la mitad del año, el flujo de turistas se reactivó 68%, tras la constante devaluación del peso colombiano frente al dólar en lo corrido de este año.

Entre el top 10 de las ciudades con mayores costos entran también: Paramaribo, en Suriname, con un índice de 49,3; y Quito y Guayaquil, de Ecuador que registran indicadores de 43,71 y 40,95, respectivamente.

También entran varias ciudades de Brasil, pues Sao Paulo ocupa el puesto seis, con un índice de costo de vida de 40,36; seguido por Brasilia, Santa Cruz de Bolivia, Río de Janeiro y La Paz, en Bolivia.

Respecto al poder adquisitivo, Brasilia es la ciudad que tiene el mejor indicador en América del Sur, seguido por La Paz y Santa Cruz en Bolivia, Santiago de Chile y Montevideo, de Uruguay. 

Activos de los bancos sentirán la crisis económica en 2022, según Standard & Poor’s

 

Los alivios y las dificultades de pago de los colombianos afectaron la cartera de la banca. Sin embargo, según cifras de Asobancaria, este rubro ya se está recuperando

A pesar de la recuperación de la economía, la calidad de los activos de los bancos sigue disminuyendo. Las repercusiones de este comportamiento se sentirán durante los próximos 12 a 18 meses, de acuerdo con el último informe de la agencia calificadora Standard & Poor’s sobre el sector financiero colombiano.

“Consideramos que el sector bancario colombiano ha entrado en una fase de corrección derivada de la recesión económica del año pasado. Como resultado de lo anterior, esperamos que la calidad de los activos y la rentabilidad de los bancos se deterioren. Sin embargo, consideramos que una vez que la economía y el empleo reanuden su crecimiento, el sistema bancario volverá a una fase expansiva y los activos improductivos”, destacó la firma.

En los resultados financieros de los bancos se evidencia que los depósitos o cuentas de ahorro se toman como pasivos, mientras que la cartera es el activo principal de las entidades. Cuando la cartera se ve afectada, los bancos aumentan las provisiones, lo que termina afectando su rentabilidad.

LOS CONTRASTES

Ángela FajardoJefe de estudios financieros de Asobancaria

“Más de 90% de la cartera ya se encuentra sin alivios y la cartera vencida, como porcentaje de la total, presentó menos deterioro de lo que inicialmente se esperaba”.

Wilson TrianaExperto y consultor en banca y seguros

“El ambiente del país afecta los resultados del sistema financiero, hay que generar estrategias de recuperación como buenas tasas y descuentos por pronto pago”.

En línea con esto, la firma calificadora destacó el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), que si bien beneficia a los colombianos, debilita la calidad de la cartera de las compañías. “Los préstamos bajo este programa alcanzaron un máximo de alrededor de 40% del total de créditos, uno de los niveles más altos entre los sistemas bancarios latinoamericanos, lo que refleja que algunos bancos incluyeron automáticamente a sus clientes con productos de consumo e hipotecarios en este programa, independientemente de si lo necesitaban o no”, destacó la calificadora.

Ángela Fajardo, jefe de estudios financieros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), dijo que “la crisis perjudicó los ingresos de muchos hogares colombianos, riesgo que anticipó rápidamente el sector financiero para permitir que los hogares pudieran seguir cumpliendo con sus obligaciones, acogiéndose a los alivios. Más de 90% de la cartera ya se encuentra sin alivios y la cartera vencida, como porcentaje de la total, presentó menos deterioro de lo que inicialmente se esperaba, pues de cada $100 que se encuentran prestados, $95 están al día en sus pagos. Estos niveles se asemejan a los de antes de la pandemia, por lo que no se evidencian señales de alerta”.

A pesar de las conclusiones del informe, S&P señala que el panorama para el sistema nacional es positivo, pues la expansión de la banca continuará una vez supere esta inevitable etapa, producto de las ayudas a través de alivios y el deterioro de la cartera. Según los datos de Asobancaria, el sector ya está “del otro lado” de la crisis.

Activos de los bancos sentirán la crisis económica en 2022, según Standard & Poor’s (larepublica.co)

Tras llamado de la Corte, el debate de la reforma laboral vuelve al ruedo

 

La actualización de la legislación laboral es una gran oportunidad para el país.

Estatuto laboral debe aprovecharse para reglamentar trabajo por horas y salario por regiones.

El reciente llamado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Congreso para que Colombia actualice su legislación laboral mediante la expedición del Estatuto del Trabajo llevó a representantes de los empresarios, analistas económicos y expertos a discutir sobre qué aspectos debe abordar el estatuto y si ese llamado es el definitivo para ocuparse de una reforma laboral, que por factores políticos y de polarización se ha venido postergando.

En su artículo 53, la Constitución Política precisa que tal estatuto debe expedirse bajo los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.

Pero, además, la Constitución también invoca como puntos de partida las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; que haya una situación más favorable para el trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, al igual que la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; la garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, y la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Y sobre la aplicación de los principios de la remuneración mínima vital y proporcional al trabajo, así como la prevalencia de la realidad sobre las formalidades ya establecidas, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes, destaca que, con la Corte, ya no son solo los gremios los que ven la urgencia de poner a tono la normatividad laboral con las nuevas realidades, ya que la legislación data de hace 50 años y solo ha tenido ajustes muy específicos, con la Ley 50 y la Ley 100.Puntos por incluir

Sobre los aspectos que son claves para modificar, el dirigente gremial dice que las distintas disciplinas apuntan hoy más hacia la digitalización y automatización, fenómeno del que Colombia no es la excepción y que hace que muchas actividades no requieran de un trabajo de tiempo completo, ya que, por ejemplo, se pueden prestar servicios profesionales o técnicos por horas o por media jornada, e inclusive hacerlo para varias empresas o para varios clientes.

Y eso da pie a que, según Cabal, en el estatuto se deba incluir la flexibilización de la contratación por horas y un salario integral por hora, que recoge la tasación del salario incorporando la proporcionalidad de las prestaciones sociales de cada hora.

Para ello, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, dice que es esencial que se reglamente bien, porque hoy en día los parámetros de la norma vigente la hacen inoperante.

“Esa mejora al mercado de trabajo podría reducir el desempleo y la informalidad, especialmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes, las mujeres y las personas de menor educación”, precisó.Trabajo en casa

Además, Cabal advierte que si bien la pandemia demostró que la presencialidad en varias actividades no es necesaria, el trabajo desde casa requiere mejor reglamentación, al igual que los subsidios de transporte atados a los incrementos del salario mínimo, para que se transformen en subsidios de conectividad, que puedan usarse tanto para transporte o para cubrir gastos y costos de trabajar por internet desde cualquier parte del país o del mundo.

Por su parte, Juan Carlos Guataquí, consultor en políticas laborales, señala que es necesario encontrar un punto armónico entre los nuevos desafíos de la gran economía y el respeto a la relación laboral de dependencia.

“Hay avances para el caso de Uber y otras plataformas a nivel internacional. Y dado el enorme esfuerzo fiscal que el país está realizando en apoyar la regularización de migrantes venezolanos, el caso de Rappi es estratégico, tanto en términos laborales como sociales. Hay puntos importantes que requieren actualización en el derecho laboral colectivo”, agrega.Oportunidad

Pero cree que no debe confundirse una exhortación a la modernización del Código Sustantivo del Trabajo, que puede beneficiar a todas las partes implicadas, con las motivaciones para una reforma laboral que, dependiendo de su diseño y articulado, puede beneficiar a algunas partes con perjuicio para otras.

“Es una muestra de respeto que las altas cortes no hayan hecho un llamado en este último sentido”, indicó.

A su turno, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, recalca que la actualización de la legislación laboral es una gran oportunidad para resolver problemas que traemos desde hace varios años y que la prioridad, en estos momentos, debe ser la construcción de políticas públicas para favorecer a las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y proteger al adulto mayor.¿Acudir a la Comisión de Concertación?

Los expertos consultados también expusieron las razones por las que el llamado de la Corte Suprema de Justicia para actualizar la legislación laboral debería surtir o no un paso previo ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales.

Mientras que Juan Carlos Guataquí, consultor en temas laborales, cree que no, el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, considera que sí, ya que el objetivo es crear un pacto social que beneficie a todos y sea incluyente. “Es importante que haya concertación y se logre el consenso que este tipo de medidas requieren para salir adelante”, dijo.

Y para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aunque esa idea de buscar acuerdo en esta comisión sería ideal para enriquecer y llevar un proyecto consensuado, “lamentablemente siempre que se ha tratado de plantear temas de reforma de la legislación laboral o actualización de la legislación laboral, las centrales obreras mantienen una posición radical de oposición”, lo cual hace que este paso se vuelva insulso e improductivo.El salario por regiones

En esa modernización de la legislación laboral también debe incluirse, según Mauricio Santamaría, presidente de Anif, la figura de salarios mínimos distintos para las regiones, debido a la disparidad en el costo de vida de cada zona del país, la mano de obra calificada y sus diferencias productivas. “En un país tan diverso como Colombia es absurdo tener el mismo salario mínimo en todas las regiones”, insiste.

Pero Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, partidario también del salario mínimo por regiones, cree que el esquema para el incremento anual del salario debe replantearse, ya que hoy es una negociación de un porcentaje que muchas veces no llega a ningún acuerdo y el Gobierno termina expidiendo un decreto, pero se deja de contemplar la realidad regional.

“Las regiones tienen dinámicas distintas, vocaciones económicas diferentes, tienen, igualmente, costos de vida y poder adquisitivo distintos; de ahí que sea necesario establecer el salario mínimo diferenciado por horas y por regiones para que haya muchas más oportunidades y estímulos para que empresas lleguen a otras regiones o para el desarrollo de proyectos”, recalcó.

No obstante, el consultor Juan Carlos Guataquí cree que los salarios mínimos por regiones son un interesante concepto teórico, pero su implementación y los argumentos prácticos que la apoyarían plantean una situación en la cual sus consecuencias negativas serían mayores que sus beneficios, “por conceptualmente plausibles que estos puedan ser”.

Esperamos lograr $38 billones a través del registro de facturas al cierre de este año

 Por medio de la BMC se negocia $1 billón al año en compras públicas. Cerca de 60% de las empresas que llegan a vender es Pyme

Iván Cajamarca

Comercializar, registrar facturas y encontrar métodos de financiación son algunas de las herramientas que los agricultores pueden encontrar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). A través de esta plataforma se mueve cerca de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país.

La presidente de esa entidad, María Inés Agudelo, aseguró que esperan registrar facturas por $38 billones al finalizar el año, además de $1 billón en compras públicas.

¿En qué negocios se soportan los ingresos de la BMC?

Nosotros estamos en varios mercados y todos ellos vienen con una buena dinámica. Tenemos el registro de facturas, el cual ha tenido un muy buen dinamismo este año, así como el mercado de compras públicas. Además, somos gestores del mercado de gas y tenemos financiación no bancaria en repos. Tal vez el aspecto más golpeado es el mercado de compras públicas.

¿Cuál fue el sector que más creció?

Lo que nosotros llamamos el registro de facturas públicas. Los compradores y productores de bienes agropecuarios inscriben la factura en la bolsa, por lo cual queda exenta de retención en la fuente y se aplaza el pago del impuesto de renta. Cerca de la mitad del PIB agropecuario se registra en nuestra entidad.

¿Cuántas operaciones esperan en 2021?

En el primer semestre estuvimos alrededor de $20 billones. Creemos que vamos a lograr $38 billones en registro de facturas al cierre del año.

En términos de capital movilizado, ¿cuáles son las cifras desde el inicio de la pandemia?

Cuando el sistema financiero tuvo la contracción que evidenciamos el año pasado y se limitó el acceso a financiamiento, sobre todo para el sector agropecuario, el registro de facturas en 2020 ascendió a $35 billones.

LOS CONTRASTES

Mauricio ReinaEconomista e investigador de Fedesarrollo

“El mecanismo de negociación de la BMC permite el funcionamiento de mercados competitivos gracias a la pluralidad de oferentes y la formación objetiva de precios”.

¿Qué papel ha jugado la financiación no bancaria en el sector agropecuario?

Las OIG se han constituido como un producto destinado al proveedor del mercado de compras públicas, sector en el que ha sido muy eficiente. En cuanto a los repos sobre CDM, son los productores que tienen mercancía almacenada quienes más se han visto beneficiados. Esta ha sido una fuente de financiamiento muy importante y creemos que hacia el futuro vamos a profundizar esos mercados, potencializando nuestra licencia hacia otros instrumentos que atiendan sectores rezagados.

¿Cómo puede acceder un agricultor a este proceso?

Cualquier productor que tenga una factura puede beneficiarse de la BMC. Este mecanismo lo que hace es incentivar la formalización del sector. Si el agricultor, por pequeño que sea, tiene una factura, se puede registrar en la bolsa y obtener los beneficios que ofrecemos.

¿Cómo va la licencia bursátil para incursionar en nuevos mercados?

La Bolsa Mercantil, que es la principal plataforma de productos y commodities de este país, está metida en el sector agropecuario, pero también tiene presencia en el sector energético.

Actualmente somos gestores en el mercado de gas y estamos montando un mecanismo de comercialización de energía, el cual va en línea con un interés puntual de las autoridades, en particular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y del Ministerio. Estas instituciones pretenden volver el mercado de los contratos de energía de largo plazo transparente, eficiente y seguro.

¿Cómo se beneficia el Estado de la bolsa?

El comprador, que puede ser cualquier entidad del sector público, expresa su intención de adquirir cualquier bien o servicio, momento desde el cual empezamos a acompañar el proceso.

Luego, llega a la rueda y se convierte en una transacción ciega. El comprador no sabe quién le está vendiendo. Igualmente, entre los diferentes vendedores, ninguno sabe quién está al otro lado, lo cual genera una eficiencia en esta dinámica de compraventa.

¿Qué papel han jugado las Pyme dentro de la actividad comercial y de financiación?

En el mercado de compras públicas, cerca de 60% de las empresas que llegan a vender un bien o un servicio es Pyme, y solo 40% corresponde a empresas grandes. En ese sentido, la bolsa acompaña, a través de las sociedades comisionistas, estos procesos.

El Perfil

María Inés Agudelo es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma institución. Cuenta con una maestría en ciencias de la Universidad de Londres, Birkbeck College. En su trayectoria profesional se ha destacado por participar en la construcción y supervisión de políticas públicas en diversas áreas, las cuales van desde la política monetaria y fiscal, hasta la regulación en temas de seguridad social y del sistema financiero. Es la primera mujer presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), cargo al cual llegó en abril de 2020, después de haber sido miembro de su Junta Directiva.