Inhabilidad del contador público por familiaridad: consideraciones del CTCP

 

Analizamos si prestar servicios en la entidad donde el representante legal, administrador o gerente es un familiar constituye una inhabilidad del contador público.

Además, exponemos importantes consideraciones sobre el conflicto de intereses de acuerdo con las indicaciones del CTCP.

Para el contador público una inhabilidad representa una condición que le impide su elección y nombramiento para ejercer cierto cargo. Las inhabilidades se deben a hechos, circunstancias o antecedentes de una persona que la excluyen de determinadas labores, debido a que pondrían en peligro su desempeño al impedirle su independencia y transparencia.

Estos son ejemplos de situación de inhabilidad del contador público:

Ser contador y representante legal de forma simultánea de la misma entidad.

Ser revisor fiscal y socio de la misma sociedad a la que presta sus servicios.

Ser revisor fiscal de una copropiedad donde se es familiar del administrador.

Ser contador y administrador de la copropiedad simultáneamente.

Teniendo en cuenta lo mencionado, el Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, explica las inhabilidades del contador público en relación con el ejercicio del revisor fiscal en el siguiente video:

Inhabilidad del contador público por consanguinidad

¿Constituye una inhabilidad para el contador público prestar su servicio en la entidad donde el gerente, representante legal o administrador es su familiar? Esta cuestión es tratada en el Concepto 0103 de 2022 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, en el cual se tratan los impedimentos de un contador para aceptar un cargo en el que podría haber un conflicto de intereses.

Para comprender este tema veamos algunas inhabilidades señaladas en la normativa:

Inhabilidad de la Ley 43 de 1990

Es importante precisar que el artículo 50 de la Ley 43 de 1990 establece para el contador la siguiente inhabilidad:

Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.

En concordancia con lo mencionado, no existe una inhabilidad para el contador público que tenga un parentesco con el gerente o representante legal de la compañía para la que presta sus servicios, salvo cuando el contador actúe en condición de auditor o revisor fiscal, situación por la que se entiende inhabilitado por la ley.

No obstante, para este mismo caso será necesario revisar otras disposiciones relevantes, como las que se presentan a continuación:

Manifestaciones del DUR 2420 de 2015 sobre el conflicto de intereses para el contador público

Los párrafos 220.1 y 220.5 del DUR 2420 de 2015 contienen manifestaciones respecto al conflicto de intereses. Las disposiciones precisan que el contador deberá identificar las circunstancias que podrían originar un conflicto de intereses, pues amenazarían el cumplimiento de los principios fundamentales.

El párrafo 220.5 puntualmente indica lo siguiente:

Cuando un conflicto de intereses origina una amenaza en relación con uno o más de los principios fundamentales, incluidas la objetividad, la confidencialidad o el comportamiento profesional, que no se puede eliminar o reducir a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas, el profesional de la contabilidad en ejercicio no aceptará un determinado encargo o se retirará de uno o más encargos en conflicto.

Conclusión

Para el contador público no constituye una inhabilidad prestar sus servicios en la entidad donde el representante legal o gerente sea su familiar. No obstante, debe considerarse un posible conflicto de intereses.

En otras palabras, aunque la Ley 43 de 1990 y las disposiciones del DUR 2420 de 2015 no prohíban que el contador público preste sus servicios en una entidad en la que tenga vínculos de consanguinidad con el representante legal, el gerente o quien administre la entidad, pero, es su responsabilidad evaluar un posible conflicto de intereses.

Al respecto, el CTCP indica lo siguiente en el Concepto 0103 del 15 de febrero de 2022:

Este Consejo considera que dicha situación podría originar amenazas para el cumplimiento de los principios fundamentales, las cuales, aplicando el marco de referencia del código, deberán ser analizadas por el profesional de la contabilidad, ello con el fin de aplicar las salvaguardas que resulten pertinentes. No obstante lo anterior, si al aplicar todas las salvaguardas disponibles no es posible eliminar o reducir las amenazas a un nivel aceptable, en aras de los principios de independencia responsabilidad (artículo 37 numerales 3 y 4 Ley 43 de 1990) sería posible que el profesional de la contabilidad en la empresa concluyera que es adecuado renunciar a la entidad en la que presta sus servicios.

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Transformación digital: ¿de qué forma las sociedades de contadores pueden implementarla?

 

Para IFAC, las sociedades de contadores deben diseñar estrategias de transformación digital para mejorar sus servicios.

Si los directivos y socios de una sociedad de contadores tienen una visión clara y demuestren compromiso frente a una transformación digital, habrán avances concretos.

Desde el punto de vista de la Federación Internacional de Contadores -IFAC, por sus siglas en inglés- hoy por hoy existe una gran oportunidad para que las sociedades de contadores públicos aceleren la transformación digital para mejorar el cumplimiento de sus objetivos.

En su análisis, What Are Critical Success Factors for PAO Digital Transformations?, IFAC entrega tres recomendaciones para potencializar el anterior planteamiento:

Acelerar la adopción de la transformación digital para mejorar los servicios por parte de los contadores públicos y pensando en los clientes.

Necesitamos diseñar una estrategia de transformación digital respaldada por recursos financieros y humanos para superar nuestra oferta de servicios en medio de la pandemia.

La transformación digital nos ayudará a apoyar a los futuros contadores públicos en las zonas rurales.

IFAC presente una serie de pilares que las sociedades de contadores deben implementar en medio de la transformación digital.

Gobernanza: directivos deben empujar hacia el mismo lado

Mientras la cabeza directiva y los socios de una sociedad de contadores públicos tengan una visión clara y demuestren compromiso frente a una transformación digital, habrán avances concretos.

Pero también hay contrastes: mínima transformación digital por parte de las sociedades, falta de liderazgo, no considerarla una prioridad.

Por lo anterior, «es importante que los directivos asuman el liderazgo en el establecimiento de la dirección y realmente impulse los cambios necesarios», sugiere IFAC.

Diseñar e implementar una estrategia de transformación digital centrada en el usuario

La transformación digital requiere una estrategia articulada que defina objetivos estratégicos, planes de implementación y metas de desempeño con cronogramas.

«Al diseñar la estrategia, la sociedad de contadores debe comprometerse con los miembros y todas las partes interesadas relevantes para garantizar que se incorporen sus necesidades y expectativas. Luego, la estrategia final debe compartirse y comunicarse con ellos», sugiere el análisis.

Posteriormente, debe existir una retroalimentación donde se soliciten comentarios sobre cualquier herramienta digital nueva y solicitar sugerencias para mejorar la experiencia del usuario.

«La estrategia digital debe estar vinculada a la estrategia general de la sociedad, ya que la digitalización sirve como una herramienta para ejecutar la estrategia general», recomienda IFAC.

Estar conectado y beneficiarse del ecosistema de la economía digital del país

Las sociedades de contadores públicos deben estar al tanto de las reformas de transformación digital en su país y mantener relaciones de trabajo estrechas con los departamentos gubernamentales y los funcionarios que impulsan la reforma.

Las reformas gubernamentales parecen centrarse en fortalecer la infraestructura nacional para mejorar el acceso y reducir los costos, mejorar las habilidades digitales, ofrecer plataformas digitales públicas y comerciales para acelerar el uso de los servicios electrónicos y fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos.

«Estas iniciativas pueden tener un impacto directo en la digitalización de las sociedades. Por lo tanto, es crucial que las sociedades se comprometan con las partes interesadas adecuadas, respecto a las reformas nacionales de transformación digital para determinar si pueden beneficiarse de dicha reforma y las actividades relacionadas», afirma IFAC.

“Una transformación digital exitosa requiere contar con el adecuado recursos humano y financiero”

Lo anterior, podría incluir el empoderamiento de los miembros de la sociedad con mayores habilidades digitales, al incluir habilidades tecnológicas en un perfil profesional que se busque, así como ofrecer cursos digitales para sus miembros.

Recursos humanos y financieros adecuadosUna transformación digital exitosa requiere contar con el adecuado recursos humano y financiero. Esto significa realizar inversiones inteligentes hoy para obtener mejores rendimientos y ahorros en el mañana.

“Por lo tanto, las sociedades de contadores pueden ser creativas para asegurar los recursos financieros y humanos necesarios para implementar su estrategia de transformación digital”.

Asegurar el financiamiento podría significar volver a priorizar el presupuesto disponible para enfocarse en las actividades de digitalización que agregarán valor a los miembros y ahorrarán costos en el futuro, asegurar pauta comercial y / o solicitar el financiamiento por parte de donantes.

Sobre los recursos humanos, dependiendo de los recursos financieros disponibles, la sociedad podría designar a alguien para liderar la iniciativa, contratar a un consultor o establecer un comité de transformación digital.

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Indemnización por pérdida de capacidad laboral: conoce cómo se liquida

 

La indemnización por pérdida de capacidad laboral se produce por una enfermedad o accidente que deja secuelas considerables cuando hablamos de una disminución en la capacidad de trabajo.

Te explicaremos cuándo procede una pensión de invalidez o una indemnización por pérdida de capacidad laboral.

Ante la pérdida de capacidad laboral, el trabajador debe acudir a las juntas regionales o nacionales de invalidez, las cuales emiten un dictamen en el que consta el porcentaje de pérdida sufrido y el origen de la enfermedad.

Estos procedimientos se explican con más detalle en el Especial Actualícese Enfermedad de origen laboral: generalidades y trámite de reporte.

Para empezar, observemos de qué manera se hace efectiva la pensión de invalidez:

Pensión de invalidez

La pensión de invalidez es una prestación económica que se otorga a una persona que sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %.

Las situaciones que ocasionan la pérdida de capacidad laboral pueden estar asociadas a enfermedades o accidentes de origen laboral u origen común. Si la autoridad competente determina que el estado de invalidez es de origen común, el reconocimiento de la pensión estará a cargo del fondo de pensiones al que se encuentre afiliado. Por otra parte, si se determina que es de origen laboral, el pago estará a cargo de la administradora de riesgos laborales –ARL–.

Requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgo laboral

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 776 de 2002, cuando la invalidez del afiliado tiene un origen laboral por accidente o enfermedad, será la ARL a la que se encuentre afiliado la llamada a responder. Los únicos requisitos que debe cumplir para su pago es tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50 % y estar afiliado a la ARL.

Cuando un trabajador sea calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50 % o más, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de invalidez en el fondo de pensiones en caso de que sea haya derivado de un accidente de origen común, o por la ARL en caso de que sea un accidente o enfermedad de origen laboral.

Indemnización por pérdida parcial permanente

“Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad entre el 5 % y el 50 %, tiene derecho a que le sea reconocida una indemnización por pérdida parcial permanente solo en el evento en que sea de origen laboral”

En lo que concierne al pago de prestaciones económicas por pérdida de capacidad laboral, encontramos el siguiente escenario:Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad entre el 5 % y el 50 %, tiene derecho a que le sea reconocida una indemnización por pérdida parcial permanente solo en el evento en que sea de origen laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 776 de 2002 a cargo de la ARL.

Identifica el valor de la indemnización que debe recibir un empleado con nuestra Tabla para liquidar indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral.

Liquidación de la indemnización

El Decreto 2644 de 1994 determina una tabla mediante la cual se establecen los porcentajes de pérdida de capacidad laboral y, a su vez, el número de salarios que deben pagarse al trabajador por concepto de indemnización según el porcentaje de dicha pérdida.

Al respecto, debe precisarse que el número de salarios al que hace alusión la tabla no debe determinarse con base en salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–, sino con base en el salario actual que devenga el trabajador.

Ejemplo práctico

Supongamos que un trabajador devenga un salario de $2.000.000, y debido a un accidente laboral tuvo una pérdida de capacidad laboral del 30 %.

Según lo indica el decreto en mención, este trabajador debe ser indemnizado con 14,5 salarios. Esta indemnización podrá determinarse de la siguiente manera:

$2.000.000 × 14,5 = $29.000.000

Así, tenemos que le corresponde a este trabajador una indemnización equivalente a $29.000.000 por ser calificado con una pérdida de capacidad laboral del 30 %.

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Balance de prueba: definición, objetivos e importancia

 

El balance de prueba es una herramienta para la elaboración de estados financieros, puesto que es un informe en el que se ve representada la totalidad de las partidas deudoras y acreedoras.

En este editorial te contamos los objetivos, la importancia y el alcance probatorio de este informe.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– advierte que la definición de balance de prueba no está claramente señalada en la legislación, no obstante, se puede llegar a una definición basada en las doctrinas emitidas al respecto.

El Concepto 132 de octubre 10 de 1997 del CTCP dispone que:

El Balance de Prueba es una relación de los saldos que arroja el sistema contable solicitado con el propósito de confrontar su realidad y dar origen a revisión y corrección derivados del análisis de dichos saldos.

Por su parte, mediante el Concepto Jurídico 220-109681, la Supersociedades expone que:

El Balance de Prueba conocido también como Balance de Comprobación, es en nuestro sentir, un informe de saldos débitos y créditos tanto de cuentas reales o de balance como de cuentas de resultado o de pérdidas y ganancias, que se muestran para determinar que existe el equilibrio contable en la aplicación de la partida doble para los diferentes registros de los hechos económicos.

Según estas definiciones, se concluye que la partida doble permite determinar que en el balance de prueba la totalidad de las partidas debitadas sean las mismas que las partidas acreditadas; de esta manera, se puede comprobar que las partidas registradas en un período estén correctas.

Recordemos que el juego completo de los estados financieros que deben presentar las entidades al final de cada ejercicio de acuerdo con su grupo de convergencia son:

“el balance de comprobación funciona como un informe interno para elaborar los estados financieros y verificar las partidas”

Por lo tanto, el balance de prueba o balance de comprobación no es un estado financiero ni es un informe obligatorio; principalmente, el balance de comprobación funciona como un informe interno para elaborar los estados financieros y verificar las partidas.

Objetivos del balance de prueba

Mediante el Concepto 0317 del 14 de mayo de 2021, el CTCP identifica el alcance del balance de comprobación para la preparación de la información, el cual, entre otros asuntos, permitirá:

Clasificar las partidas que formarán parte de los estados financieros.

Determinar los saldos que formarán parte de los estados financieros.

Establecer los movimientos del período.

Observar el cumplimiento de los principios de reconocimiento, medición inicial y posterior y baja en cuentas.

Analizar los saldos de las partidas de las cuentas.

Determinar los criterios de materialidad e importancia relativa.

Identificar errores de los saldos de cuenta.

Verificar la partida doble.

Identificar si se han realizado estimaciones contables.

El balance de prueba es además una herramienta importante para el revisor fiscal, puesto que permite:

Comprobar la adecuación y ajustes de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor para la preparación de los estados financieros.

Verificar los saldos del balance de prueba con los estados financieros que serán dictaminados.

Realizar procedimientos de auditoría para verificar las afirmaciones.

Aplicar procedimientos de revisión analítica.

Identificar cuentas y afirmaciones de la administración.

Establecer procedimientos de control.

Alcance probatorio del balance de comprobación

El balance de comprobación no constituye por si solo un medio de prueba; no obstante, la contabilidad constituye un medio de prueba cuando cumpla con las consideraciones establecidas en las disposiciones legales, entre ellas:

Los libros de contabilidad deben estar llevados en debida forma (artículo 772 del ET), es decir, cumpliendo las especificaciones legales (Sentencia C-062 de 2008).

Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras (artículo 773 del ET).

Reflejar la situación económica y financiera de la empresa (artículo 773 del ET).

Encontrarse respaldada por comprobantes internos y externos, que sirven de respaldo a los registros contables (artículos 774 del ET y 51 del Código de Comercio).

Llevarse en idioma castellano, por partida doble, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante (artículo 50 del Código de Comercio); la fidedignidad significa que es digna de fe y crédito.

Los registros contables se hacen de manera cronológica, referenciando los comprobantes de contabilidad que los respalden (artículo 53 del Código de Comercio).

Los comprobantes de contabilidad son documentos que se elaboran antes del registro de cualquier operación y en los cuales se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. Cada comprobante deberá tener los documentos que lo justifiquen (artículo 53 del Código de Comercio).

Para finalizar, es importante aclarar que de acuerdo con el Concepto 0317 de 2021:

El balance de prueba no reemplaza los estados financieros de propósito general, quienes deben estar debidamente certificados por el representante legal y del contador bajo cuya responsabilidad fueron elaborados, y dictaminados por parte del revisor fiscal o contador público independiente (si existiere obligación de ello).

Un balance de prueba no tiene el alcance de un estado financiero certificado y dictaminado, el cual debe elaborarse conforme a los requerimientos del marco de información financiera aplicado.

¿Qué es el balance de prueba y cuál es su importancia? | Actualícese (actualicese.com)

Operaciones con criptoactivos sospechosas deben reportarse

 Las plataformas o personas que provean servicios de intercambio de ese tipo de negocios deben informar a Unidad de Información y Análisis Financiero.

Desde ayer las personas naturales o las empresas y plataformas que suministren los servicios de intercambio o compra y venta de criptoactivos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de actividades ilícitas y desde unos montos mínimos.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dijo que cuando esos proveedores adviertan posibles operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en las transacciones o actividades deben informarlo.

Las actividades de intercambio de moneda digital a legal (Fiat), el intercambio entre monedas o activos digitales, la custodia de activos digitales y otros servicios deben reportarse a la UIAF, y las transacciones individuales mayores al equivalente de US$150 o transacciones múltiples mayores a US$450.

La resolución entró a regir desde el momento de su publicación, pero a partir del primero de abril, los reportes deben ser enviados de forma obligatoria.

Para Juan Manuel López, CEO de MarketXM, fintech dedicada a la infraestructura tecnológica para los mercados de capitales, que usa tecnología blockchain como puente entre los activos tradicionales y el ecosistema cripto, la norma va “en línea con los estándares internacionales desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional encargado de brindar asistencia y apoyo a los países en la lucha contra el lavado de activos”.

López aclaró que la obligación de reporte no genera ninguna afectación en el servicio de las plataformas de intercambio, ni una carga adicional para sus usuarios. “De hecho era una medida a la que ya estaban obligadas las plataformas a través del SagriLaft, o sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de la Superintendencia de Sociedades”.

DECLARACIÓN Y CONTROL

De acuerdo con los expertos Santiago Vélez y Santiago Pérez, cofundadores de Universo Cripto, programa de educación en criptomonedas, “debemos entender nuestros activos digitales por lo que son: activos”.

Los expertos recordaron que de no acatar la orden, las personas “podrían estar sujetos a sanciones de parte de estas instituciones y que tengan en cuenta que declarar no siempre es igual a pagar. Creemos firmemente en que esta actividad económica debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley y que esto aportará a la construcción de país”.

También enfatizaron que al utilizar exchanges centralizados, las transacciones que se llevan a cabo con los activos digitales están relacionadas con el nombre de la persona que lo realiza.

Ante la norma, “estas instituciones están obligadas a reportar estos movimientos por lo que no podemos tomarlo a la ligera. De no reportar, podrían verse afectados por futuras sanciones económicas o penales”, advirtieron.

Y dijeron que las criptomonedas son una tecnología que llegó para brindarles facilidades a sus usuarios, pero debemos usarlas con responsabilidad y no olvidar que libertad conlleva responsabilidad”.

Operaciones con criptoactivos sospechosas deben reportarse | Finanzas | Economía | Portafolio

es posible solicitar devolución de saldos en lugar de pensión?

 

Algunos afiliados que cumplen los requisitos para acceder a la pensión de vejez quieren recibir la devolución de los saldos que tienen en su cuenta pensional en lugar de aceptar esta prestación. ¿Pueden hacerlo?

Aquí te contamos qué dice la norma y la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.

Cuando una persona cotiza al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia, sus aportes le permiten acceder a una serie de prestaciones económicas ajustadas a situaciones concretas, tales como la vejez, la invalidez o la muerte.

Respecto a la vejez, los afiliados acceden a una pensión una vez cumplan los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993: la edad (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), un mínimo de semanas cotizadas en Colpensiones (1.300) (para el caso del régimen de prima media con prestación definida –RPM–) y el capital necesario que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– en el caso de las administradoras de fondos de pensiones privadas (régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–).

Cuando un afiliado llega a la edad definida para pensionarse por vejez y no cumple con los requisitos de semanas o de capital suficiente, cuenta con el derecho de recibir, en el caso de Colpensiones, una indemnización sustitutiva por las semanas cotizadas, y en los fondos privados, la devolución de saldos que tenga en su cuenta individual.

En el caso de los fondos privados, es importante resaltar que estos cuentan con una garantía de pensión mínima que permite al afiliado que llegó a la edad sin contar con el capital suficiente y con el mínimo de 1.150 semanas acumuladas acceder a una pensión de un (1) smmlv, subsidiada por el Gobierno nacional (artículo 65 de la Ley 100 de 1993), caso en el cual procede el reconocimiento de la pensión y no la devolución de los saldos.

En muchas ocasiones, los afiliados al llegar a la edad de pensión, una vez consultan el monto de la mesada pensional, encuentran que esta es muy inferior a los ingresos percibidos en la etapa laboral o que corresponde a un (1) smmlv por surgir de la garantía de pensión mínima, razón por la cual desean recibir el dinero que tienen acumulado en lugar de que se les reconozca la pensión, pues prefieren invertir ese dinero, producir con él o comprar inmuebles. Esta situación, aunque se trate de los recursos del afiliado, no será admisible por el sistema.

¿Qué es la devolución de saldos?

La devolución de saldos es una prestación económica dada por los fondos privados de pensiones, regulada en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

Consiste en reintegrar al afiliado todos los saldos acumulados en su cuenta, con el fin de brindarle una protección para que no quede totalmente desamparado en su vejez, dado que no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión.

Los saldos devueltos estarán conformados por el capital acumulado que el afiliado tenga en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional si a este hubiere lugar.

En el siguiente video se explica en qué consiste la devolución de saldos en los fondos privados de pensiones:

¿Puede un afiliado escoger entre recibir la devolución de saldos y la pensión?

Pese a que la devolución de saldos es un derecho de los afiliados al RAIS, es importante resaltar que dicha devolución solo es procedente cuando el afiliado cumple con la edad prevista para acceder a la pensión y no con los demás requisitos para que le sea reconocida.

Es decir que, si el afiliado cuenta con un capital que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) smmlv, o cumple con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión de vejez, no tiene la facultad de elegir la devolución de saldos por encima del reconocimiento de la pensión, dado que el derecho a percibir una pensión es irrenunciable. Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL1142 de 2021 y SL4313 de 2019 dispone:

Conforme lo anterior, es claro que los saldos a los que esta disposición alude como objeto de devolución al afiliado son: (i) el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, incluidos sus rendimientos financieros, y (ii) el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar

Asimismo, la norma en análisis dispone que para acceder a tal valor, el afiliado debe: (i) haber cumplido las edades previstas en el artículo 65 ibidem para acceder a la garantía de pensión mínima, estas son, 62 años en el caso de los hombres y 57 años para las mujeres; (ii) no reunir el mínimo de 1150 semanas que dicho precepto contempla para causar la referida prestación, y (iii) no acumular el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo en el régimen de ahorro individual.

No olvidemos que, en palabras bastante reiteradas de la Corte Suprema de Justicia, el otorgamiento de una pensión es la máxima expresión de la protección de la seguridad social de los afiliados, pues otorga una prestación periódica y vitalicia que asegura una calidad de vida digna para el afiliado y sus beneficiarios, desarrollando el objetivo primordial del sistema: la garantía de la dignidad humana.

“aunque se traten de los recursos y aportes del afiliado, este no puede elegir la devolución de un dinero en lugar de una pensión vitalicia”

Por ello, aunque se traten de los recursos y aportes del afiliado, este no puede elegir la devolución de un dinero en lugar de una pensión vitalicia.

Por esta razón, las administradoras de pensiones tienen la obligación de realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar el reconocimiento de las pensiones, que son periódicas y vitalicias; por ende, no es dado para una administradora reconocer la devolución de los saldos de un trabajador en lugar de una pensión.

Es decir que, cuando nos encontramos ante situaciones en las que el afiliado cumple con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión o cumple con el capital necesario para acceder a la pensión de vejez, no podrá optar por elegir la devolución de saldos; el sistema, en cumplimiento de su objetivo, le otorgará la pensión de vejez correspondiente aun cuando no sea de su agrado.

Requisitos para acceder a la devolución de saldos

Por lo anterior, la devolución de saldos solo se otorgará cuando el afiliado:

Haya cumplido la edad prevista en la ley para acceder a la pensión.

No haya reunido el capital suficiente para financiar una pensión de vejez.

No cumpla con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión.

De tal manera, los afiliados al sistema de pensiones en el régimen privado, aun cuando crean que es más conveniente para ellos recibir la devolución de saldos, si sus aportes consolidan el acceso a la pensión de vejez, el sistema les reconocerá dicha prestación periódica y vitalicia.

¿Elección entre devolución de saldos o pensión? | Actualícese (actualicese.com)

Nómina electrónica: habilitación en el software gratuito dispuesto por la Dian

 

Con la Resolución 000028 de 2022 la Dian anunció la disponibilidad del software gratuito para la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica.

Conoce aquí los detalles para la habilitación de la nómina electrónica y el uso del software gratuito dispuesto por la Dian.

La implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica fue regulada por la Dian mediante la Resolución 000013 de febrero 11 de 2021, posteriormente modificada por las resoluciones 000037 y 000063 del mismo año con el propósito de realizar algunos ajustes al calendario de implementación.

“la Dian expidió la Resolución 000028, mediante la cual anunció la puesta en marcha de su nuevo software gratuito para la funcionalidad del documento soporte de nómina electrónica”

Ahora bien, el 28 de febrero de 2022 la Dian expidió la Resolución 000028, mediante la cual anunció la puesta en marcha de su nuevo software gratuito para la funcionalidad del documento soporte de nómina electrónica, además de la ampliación del plazo especial para la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica de los empleadores hasta con 10 trabajadores a cargo, así como para los sujetos no obligados a facturar nómina electrónica (ver nuestro editorial Nómina electrónica: Dian liberará software gratuito, por ello amplió el plazo para ciertos empleadores).

Con este nuevo servicio gratuito la Dian busca facilitar la implementación de la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica, al cual podrán acceder los empleadores obligados a cumplir con esta tarea.

Proceso para la habilitación de la nómina electrónica

Para realizar la habilitación de la nómina electrónica inicialmente deberá ingresarse al sistema informático de facturación electrónica de la Dian, ya sea como empresa o persona natural, según sea el caso, para lo cual se necesitará el NIT y número de documento de identidad del representante legal o el número de cédula de la persona natural.

Es importante tener en cuenta que el proceso de habilitación para emitir el documento soporte de pago de nómina electrónica puede iniciarse siempre y cuando el empleador se encuentre registrado en el RUT y haya hecho previamente el proceso de habilitación como facturador electrónico.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el sistema informático de facturación electrónica de la Dian posee dos ambientes, uno para habilitación y otro para producción; por ende, debe tenerse especial cuidado al momento de iniciar sesión en cada uno de ellos e identificar muy bien en dónde debe ingresarse para realizar la respectiva habilitación.

Una vez ingreses al sistema de factura electrónica en el ambiente de habilitación, encontrarás un menú vertical en la parte lateral izquierda, donde tienes varias funcionalidades. Elige la opción “Registro y habilitación” y luego haz clic en “Documentos electrónicos” para continuar con el proceso.

Al ingresar a esta opción se podrán encontrar los tipos de documento del sistema, deberás seleccionar “Nómina Electrónica”.

Al elegir este tipo de documento, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “¿Desea iniciar el proceso de habilitación para nómina electrónica y nómina de ajuste?”. Para continuar con el proceso deberás hacer clic en “Aceptar”.

Seguidamente, se podrán ver las opciones de tipo de participante “Emisor” y “Proveedor de servicios tecnológicos”. Para iniciar el proceso como emisor con modo de operación “Solución gratuita” debes seleccionar la opción “Emisor”.

Al seleccionar este tipo de participante, el sistema volverá a mostrar en una ventana emergente el siguiente mensaje: “¿Desea iniciar el proceso como emisor de otros documentos electrónicos?”, elige “Aceptar” para continuar.

Posteriormente, el sistema preguntará: “¿Desea habilitar la transmisión de otros documentos electrónicos en el sistema como emisor de otros documentos electrónicos?”. Para continuar, deberás dar clic en “Aceptar”.

Una vez se habilite la transmisión de otros documentos electrónicos, se deberá seleccionar el modo de operación con el cual transmitirá la nómina electrónica. Allí selecciona la opción “Solución gratuita” y da clic en “Asociar”.

Después de asociar el modo de operación, el sistema mostrará la opción de ir al set de pruebas para realizar la habilitación. Para ver el detalle, debes dar clic en el botón “Set de pruebas”.

A continuación, se muestra el detalle del set de pruebas, en donde se pueden evidenciar los datos del modo de operación, la información del software y la cantidad total de documentos del set. Al hacer clic en el botón “Gráfico” se puede acceder a la gráfica de avance de emisión de documentos del set.

El gráfico permite evidenciar el grado de avance según los documentos que se hayan enviado como parte del set de pruebas. Es importante recordar que la cantidad mínima de documentos solicitados se puede encontrar en la sección “Total de documentos aceptados requeridos” del detalle del set de pruebas.

No es necesario enviar la cantidad de documentos indicada en el total de documentos requeridos, dado que para superar el set de pruebas solo se necesita enviar de forma exitosa la cantidad de documentos indicada en la sección “Total de documentos aceptados requeridos”.

Una vez se hayan enviado los documentos mínimos requeridos para superar el set de pruebas, el modo de operación pasará del estado “En pruebas” a “Habilitado”.

Una vez que el modo de operación “Solución gratuita” haya sido asociado, en el menú lateral izquierdo del menú principal del sistema de facturación aparecerá la opción “Iniciar solución gratuita”, haz clic allí para entrar a la herramienta.

Al ingresar a la solución gratuita, el sistema mostrará las opciones de factura electrónica, nómina electrónica y documento soporte para no obligados a facturar. Allí deberás seleccionar la opción “Nómina electrónica” para empezar a hacer uso del software gratuito para la generación y transmisión de este documento.

No transmitir la nómina electrónica puede acarrear sanción

Es preciso considerar que si bien inicialmente la norma no contemplaba una sanción específica en caso de que no se cumpliera con la transmisión de la nómina electrónica en las fechas correspondientes para cada grupo, la Ley 2155 de 2021 modificó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET– y en su inciso tercero estableció que no transmitir en debida forma los documentos del sistema de facturación (tal como es el caso del documento soporte de pago de nómina electrónica) dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 del ET.

Así mismo, la expedición de los documentos sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción del artículo 652 del ET; no expedir los documentos que hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del ET.

Por tanto, en caso de incumplirse la obligación de transmitirle a la Dian la nómina electrónica, además de no poder imputarse dentro de la declaración de renta el costo de la nómina no transmitida, también será imputable la sanción del artículo 651 del ET, en el cual se lee:

Artículo 651. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El cinco por ciento (5 %) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida;

El cuatro por ciento (4 %) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea;

El tres por ciento (3 %) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea;

Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía del medio por ciento (0,5 %) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, del medio por ciento (0,5 %) del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

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ABC de la actualización de las políticas contables

 

Los negocios son de naturaleza dinámica, por tanto, las políticas contables de la compañía deberán adaptarse a nuevas circunstancias.

En este editorial presentamos las situaciones que podrían originar una actualización de las políticas contables, los plazos y responsables de efectuarla.

Los fundamentos, reglas, principios o directrices que determinan el reconocimiento, medición y revelación de las transacciones de una entidad se encuentran contenidas en las políticas contables, las cuales constituyen una base para elaborar y presentar los estados financieros de una entidad.

Importancia de las políticas contables en una entidad

Como se mencionó anteriormente, las políticas funcionan como los parámetros que debe seguir la entidad para preparar sus estados financieros, los cuales son útiles para la toma de decisiones, además:

Permiten que los usuarios de la información conozcan las bases sobre las cuales la entidad elabora sus estados financieros.

Orientan el trabajo del contador público y del departamento contable.

Garantizan que las transacciones económicas se contabilicen de acuerdo con los lineamientos normativos.

Ayudan a que las transacciones similares se reconozcan de forma homogénea.

Las entidades que lleven contabilidad en Colombia, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, deben observar los lineamientos de los nuevos marcos técnico-normativos dispuestos en el DUR 2420 de 2015 para los tres grupos de convergencia en que se dividieron las entidades del país, observando las siguientes normas:

Grupo de aplicación de Estándares Internacionales

Norma relacionada con las políticas contables

Grupo 1 (Estándar Pleno)

NIC 8 – Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

Grupo 2 (Estándar para Pymes)

Sección 10 – Políticas, estimaciones y errores contables.

Grupo 3 (contabilidad simplificada)

El marco técnico de las normativas no contiene un capítulo específico de las políticas contables, por lo que deben observarse los lineamientos para el grupo 2.

En el siguiente video, Juan Fernando Mejía, consultor de Estándares Internacionales, explica en detalle las diferencias entre las políticas contables de cada grupo de aplicación:

Actualización de las políticas contables

Ahora bien, es importante comprender que los negocios son de naturaleza dinámica, por tanto, las políticas contables de la compañía deberán adaptarse a dichas circunstancias. La siguiente infografía muestra situaciones que pueden dar lugar a una actualización a las políticas establecidas:

1. Actualización por cambio en las operaciones de la entidad

Una entidad puede cambiar sus operaciones de modo sustancial, por ejemplo para el caso de una fusión o escisión, las cuales implican modificaciones al patrimonio. El proceso de combinación de negocios es una situación oportuna para revisar las políticas contables y realizar las actualizaciones a las que haya lugar a efectos del cambio de operaciones.

2. Actualización por cambio en criterios internacionales

“puede suceder que existan revisiones a los Estándares Internacionales que modifiquen el registro de las transacciones y, por tanto, las políticas contables”

También puede suceder que existan revisiones a los Estándares Internacionales que modifiquen el registro de las transacciones y, por tanto, las políticas contables. Tal es el caso, por ejemplo, del momento en que se deben reconocer los ingresos facturados en relación con la entrega de la mercancía al cliente, en el cual debe tenerse en cuenta que los ingresos no solo serán reconocidos en el momento cuando la mercancía es entregada al cliente pues, según el párrafo 23A.3 del Estándar para Pymes, los ingresos ordinarios serán reconocidos cuando:

Sea probable que se efectuará la entrega.

La partida esté disponible, identificada y dispuesta para la entrega al comprador.

El comprador reconozca las condiciones de la entrega diferida y se apliquen las condiciones usuales de pago.

3. Actualización por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha

Para este caso debe tenerse en cuenta que los marcos normativos de los preparadores del grupo 1, 2 y 3 pueden ser utilizados únicamente por entidades que cumplan con la hipótesis de negocio en marcha. De esta manera, si una entidad deja de cumplir con dicha hipótesis o ha decidido liquidarse, deberá abandonar su marco normativo y elaborar sus estados financieros aplicando el marco del anexo 5 del DUR 2420 de 2015.

De acuerdo con la disposición del anexo mencionado, estas entidades deberán reconocer y medir sus activos y pasivos sobre bases distintas (valor de liquidación), lo que indica una necesidad de revisar y actualizar las políticas contables de la entidad.

4. Cuando existan novedades en la planeación tributaria

Algunas entidades optan por realizar el cálculo de la vida útil de los activos por un tiempo inferior al que se venía realizando o por sustraer el valor residual establecido para el cálculo de la depreciación en las políticas contables como estrategia de planeación tributaria.

El anterior es un ejemplo del resultado de la planeación efectuada por la empresa que incide en las políticas contables, por lo que hace necesario ejecutar una actualización sobre las mismas.

Ten en cuenta que…

También las políticas contables deben ser comprobadas y actualizadas cuando son solo una copia del texto contenido en la norma o de un modelo de otra entidad que no define con claridad la política establecida por la empresa. De igual manera, cuando existe una mala redacción de la política que dificulta su comprensión.

Plazo para la actualización de las políticas contables

La norma no exige expresamente un plazo para que las entidades actualicen sus políticas contables, pues esta actualización debe obedecer a la dinámica en que se maneje el negocio.

No obstante, los Estándares Internacionales contienen los lineamientos que deben seguir las entidades; por tanto, según el tipo de entidad, se deberá observar la norma pertinente y los posibles cambios a los que haya lugar. Así las cosas, una pyme, por ejemplo, dedicada a la fabricación o comercialización de un bien o servicio, no únicamente deberá observar las disposiciones de la sección 10 del Estándar para Pymes para la actualización de sus políticas contables, también deberá fijarse en la sección 13 – Inventarios, en la 17 – Propiedades, planta y equipo, en la 28 – Beneficios a empleados, y así sucesivamente en cada una de las normas que le sea aplicable.

Responsable de la actualización de las políticas contables

Es importante aclarar que el responsable, el contenido, la estructura y la revisión de las políticas contables obedecen a los lineamientos establecidos en el control interno de la entidad, así lo aclara el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el Concepto 0041 del 2 de marzo de 2022.

Por consiguiente, el CTCP recomienda que:

Deberá usarse el juicio profesional de personas idóneas en el desarrollo y revisión de las políticas contables con base en el marco técnico normativo correspondiente, con el fin de garantizar que los estados financieros contengan información coherente y consistente, y su grado de detalle dependerá de las circunstancias de la entidad.

Actualización de las políticas contables por el COVID-19

Existen empresas que se vieron obligadas a modificar sus políticas contables debido a la crisis económica originada por el COVID-19. Una vez superada esta crisis surge la pregunta: ¿se deben actualizar nuevamente estas políticas o será necesario mantenerlas por prevención?

Debe tenerse en cuenta que la pandemia obliga a cambiar las políticas contables hacia situaciones de prudencia; al respecto, el Dr. Juan Fernando Mejía, conferencista de Actualícese, resuelve esta inquietud en el siguiente video:

Políticas contables y Decreto 1311 de 2021

El Decreto 1311 de 2021 del Ministerio de Comercio establece una alternativa de contabilización del impuesto diferido para mitigar los efectos del cambio de tarifa del impuesto de renta en el período gravable 2021.

Esta alternativa consiste en que el valor del impuesto diferido derivado del cambio de la tarifa del impuesto de renta, generado por la entrada en vigor de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021, pueda reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que este tratamiento especial para el reconocimiento del impuesto diferido no implica un cambio en las políticas contables, pues obedece a novedades en las disposiciones normativas.

Políticas contables: todo sobre su actualización | | Actualícese (actualicese.com)

Por qué reducir la jornada laboral sería sinónimo de generar más empleo?

 

La idea de debatir la conveniencia de instaurar una semana laboral más corta, sea por ley o de otro modo, que consiga un mayor reparto del trabajo, es positiva.

Forzar la redistribución del tiempo para disminuir el desempleo, es una buena estrategia.

Claudio Aros, colaborador en estudios e informes relacionados con economía y recursos humanos en el OBS Business School. para OBS Business School, afirma en #CharlasConActualícese, que la reducción de la jornada laboral en países como Colombia podría ser una fórmula para crear nuevos empleos.

«Ya que Colombia es un país con proyecciones de empleo complejas, requiere acciones que le permitan dinamizar la creación de nuevos puestos de trabajo», dice.

Sobre la reducción de la jornada laboral, Aros indica que en estos momentos el foco está puesto en el número de horas de trabajo, pero esta discusión no deja de ser relativamente moderna; se trata de una concepción más bien capitalista.

Uno de los principales problemas que la reducción de la jornada laboral podría solucionar tiene que ver con la disminución de la tasa de desempleo.

Desde el punto de vista de Aros, el sistema capitalista, con su autoorganización, no consigue disminuir esos índices. Para analizarlo, está el caso de España, que en 1985 tuvo un incremento del desempleo hasta alcanzar el 21,9 %, y en 1990 disminuyó hasta el 16,3 %, y posteriormente volvió a subir.

En los últimos años las oscilaciones continúan, pero siempre se observa un alto porcentaje de desempleados endémicos.

«En esta situación, surge la idea de debatir la conveniencia de instaurar una semana laboral más corta, ya sea por ley o de otro modo, que consiga un mayor reparto del trabajo. Es decir, forzar una especie de redistribución del tiempo para conseguir disminuir el desempleo«, afirma.

Certificados para apoyar a la industria audiovisual se estrenan en la bolsa

 

Ritmo Salvaje de Netflix es uno de los proyectos desarrollados bajo ese esquema de beneficios.

Desde hace un mes, los Cina se pueden transar en la plaza bursátil del país.

Un mes en la cartelera de estrenos de títulos negociables de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) completaron los Certificados de Inversión Audiovisual (Cina). Se trata de papeles comerciales creados por el gobierno (Decreto 474 de 2020), precisamente, para impulsar a esta industria, considerada líder en Latinoamérica.

Si bien en este corto periodo no se ha realizado ninguna operación con estos nuevos papeles en el mercado bursátil del país, tanto el Gobierno como la propia plaza bursátil comienzan a trabajar en una estrategia de promoción en el mercado y entre los propios inversionistas para que conozcan estos títulos, a través de los cuales los productores extranjeros, de la mano de los nacionales, pueden obtener liquidez para sus proyectos.

Desde la implementación de este instrumento hace dos años, la industria audiovisual del país ha logrado canalizar inversiones de más de un billón de pesos, a través de más de 42 productoras internacionales que han llegado a Colombia a desarrollar sus proyectos fílmicos, en alianza con compañías nacionales, atraídas por los incentivos tributarios establecidos por el Gobierno.

Producciones como Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia, Ritmo salvaje, Juanpis González y Chichipatos, de Netflix; la segunda temporada de la novela Pasión de gavilanes, realizada por la productora mexicana Telemundo; Shark Tank Colombia, de Sony, así como Primate, de Amazon Prime Video, y la segunda temporada de Resistiré, producida por MTV, hacen parte de la lista de proyectos desarrollados en el país por compañías externas y locales, bajo ese esquema de beneficios, según Proimágenes.

Lo particular es que hoy esas productoras foráneas tienen la posibilidad de negociar los Cina en el mercado de valores colombiano, lo cual se convierte en un hito en la historia bursátil del país, pues es la primera vez que se transa en la bolsa un título de estas características, dada su inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores establecida en el Decreto 1701 de 2021.

Una de las características es que dichos papeles nacen desmaterializados y su custodia está a cargo del depósito Centralizado de Valores (Deceval) a nombre de su titular (persona natural o jurídica), quien debe estar representado por una comisionista de bolsa u otra entidad del sector financiero con licencia para comprar y vender en el mercado de valores en el momento de negociarlos allí.

Otro aspecto importante para tener en cuenta, una vez el Ministerio de Cultura entrega al productor el Cina, es que este tiene una vigencia máxima de dos años para ser redimido.

Más recursos monetarios

Para este año, los recursos disponibles para apoyar a esta industria a través de los Cina ascienden a 280.000 millones de pesos y, según el Ministerio de Cultura y Proimágenes, entidades encargadas de su promoción, esos nuevos proyectos pueden generar inversiones hasta por unos 800.000 millones. No obstante, queda un saldo disponible cercano a los 250.000 millones.

“Una gran noticia es que estos certificados desde el 24 de febrero pueden ser negociados en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que permitirá que nuestro país siga atrayendo inversión de productoras audiovisuales internacionales y que nos sigamos consolidando con hechos como el epicentro de las productoras audiovisuales en América Latina”, señaló en su momento Angélica Mayolo, jefa de la cartera de Cultura.

En efecto, el Ministerio de Cultura es la entidad responsable de la emisión de los certificados, previo el cumplimiento de los requisitos por parte de las productoras que hagan la correspondiente solicitud, las cuales, además, pueden aplicar a uno o varios Cina, según la ejecución del proyecto.

Los Cina son un valor negociable que se emite a nombre de un productor audiovisual extranjero que invierte recursos en el país produciendo y/o postproduciendo su proyecto en formatos de cine, serie, video musical, videojuegos o realización audiovisual publicitaria.

La norma establece que estos títulos pueden negociarse en el mercado de valores o transferirse a personas naturales o jurídicas declarantes del impuesto de renta y su valor nominal es equivalente al treinta y cinco por ciento (35 por ciento) del valor de la inversión que realice en Colombia.

Para poder acceder a los Cina, el productor foráneo debe demostrar que la inversión realizada sobre la contratación de personas naturales o jurídicas colombianas es para proveer servicios audiovisuales necesarios para las diversas etapas de producción o posproducción, incluidos servicios de hotelería, alimentación y transporte para la obra respectiva.

Así es la negociación

Expertos de la BVC explicaron que un tenedor de un Cina, que no declara impuestos en Colombia, puede vender su certificado en la bolsa o por fuera de esta, a través de una comisionista que cobra una comisión por esa intermediación.

Entonces, a manera de ejemplo, si el Cina tiene un valor de 1’000.000 de pesos, lo puede vender negociando ese valor con un porcentaje de descuento, que, para este caso, puede ser del 10 por ciento, con lo cual recibirá 900.000 pesos. Ese descuento, dice el experto, es lo que incentiva la venta rápida del título en el mercado.

Ahora bien, quien adquiere el Cina puede usarlo para el pago de sus impuestos en Colombia. Por ejemplo, una empresa de cualquier sector que haya adquirido ese título en la BVC por 900.000 pesos, puede utilizarlo con fines tributarios.

Si el valor de los impuestos de esa compañía es de 2,5 millones, al hacer uso del Cina podrá reducir el pago a solo 1,5 millones con el ahorro de 100.000 pesos conseguido en la negociación en la bolsa de valores, comenta el experto.

Productoras como Netflix, Amazon, Walt Disney, MTV Networks, Telemundo y Apple TV, en asocio con compañías nacionales de la talla de Dynamo, CMO Producciones, Ag Studios Colombia, Alibi Films, Caracol Televisión, Fox Telecolombia, Teleset, Vista Producciones y Mediapro, están entre las primeras que se han acogido a este incentivo del Gobierno.

Esto no solo ha permitido millonarias inversiones en una industria nacional que lo necesita para avanzar en su desarrollo y promoción, sino también ha estimulado la generación de cerca de 6.000 empleos y la transferencia de conocimiento para la formación de capital humano en el país.

Al mismo tiempo, sectores como el hotelero, de restaurantes y transporte se están beneficiando con los rodajes de estas producciones en todo el territorio nacional.‘Van más de 20.000 empleos directos generados’, Angélica Mayolo Obregón, ministra de Cultura.

¿Cuántos proyectos se han visto favorecidos?

Desde su implementación en 2020, 42 proyectos, entre películas, series y realities, han recibido los Certificados de Inversión Audiovisual (Cina), logrando una inversión mayor a un billón de pesos, una cifra sin precedentes, y generando más de 20.000 empleos directos por parte de productoras como Netflix, Amazon, Walt Disney, MTV Networks, Telemundo y Apple TV en asocio con productoras nacionales como Dynamo, CMO Producciones, Ag Studios Colombia, Alibi Films, Caracol Televisión, Fox Telecolombia, Teleset, Vista Producciones y Mediapro.

Los Certificados de Inversión Audiovisual equivalen al 35 por ciento del valor de la inversión que realice una productora extranjera en Colombia.

¿Qué tantos recursos tienen previstos para poder seguir apoyando a la industria este año?

Para este año, el país cuenta con un cupo fiscal de hasta 280.000 millones de pesos para que las productoras internacionales apliquen a los Cina. Los proyectos avalados generarán una inversión de 800.000 millones de pesos. Gracias a los incentivos tributarios, al talento creativo de los colombianos, a la hermosa geografía del país y al acompañamiento institucional, el Gobierno ha logrado que Colombia se convierta en una potencia audiovisual de América Latina.

¿Cómo se dinamiza la economía?

Esta inversión permite la reactivación de la cadena de valor, como hotelería, turismo, logística, restaurantes, personal técnico, de producción, maquillaje, extras y figurantes, entre otros. Además, permite que la marca país se potencie en el mundo.

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