Dian modificó algunos códigos de sus direcciones seccionales de impuestos y aduanas nacionales

 

Con la Resolución 000065 de agosto 9 de 2021, la Dian creó el código 91 para la dirección de aduanas de Bogotá y eliminó el código 36 para la dirección de impuestos de Cartago, Valle.

La Resolución 000064 de agosto 9 de 2021 define las direcciones seccionales en las que será supervisado cada municipio.

El pasado 9 de agosto de 2021 la Dian expidió su Resolución 000065, por medio de la cual se hicieron algunas reestructuraciones en materia de las codificaciones con que se identifican las distintas dependencias que componen a dicha entidad.

Por tanto, a través del artículo 4 de dicha Resolución se volvió a redefinir el listado completo de los códigos que identifican a las direcciones seccionales de impuestos y a las direcciones seccionales de aduanas.

En comparación con el listado de códigos que se venían utilizando hasta el momento (establecido con las Resoluciones 000007 de 2008, 000010 de 2008 y 000012 de noviembre 4 de 2008), se observa lo siguiente:

a. La Dian eliminó el código 36, que distinguía a la dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Cartago, razón por la cual se entiende que los contribuyentes que antes utilizaban dicho código ahora solo seguirán utilizando el código 21 que distingue a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá.

b. El código 03, que identificaba a la dirección seccional de aduanas de Bogotá, ahora se utilizará para identificar a la dirección seccional de aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado.

c. La Dian agregó el nuevo código 91 que identificará a la dirección seccional de aduanas de Bogotá.

d. El código 31, que identificaba a la dirección seccional de impuestos de grandes contribuyentes, ahora corresponderá a la dirección operativa de grandes contribuyentes.

Por tanto, el nuevo listado completo de los códigos de las direcciones seccionales es el siguiente:

Código	Lugares administrativos
00	Nivel central
01	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Armenia
02	Dirección seccional de impuestos de Barranquilla
03	Dirección seccional de aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado
04	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga
05	Dirección seccional de impuestos de Cali
06	Dirección seccional de impuestos de Cartagena
07	Dirección seccional de impuestos de Cúcuta
08	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Girardot
09	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Ibagué
10	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Manizales
11	Dirección seccional de impuestos de Medellín
12	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Montería
13	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Neiva
14	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Pasto
15	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Palmira
16	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Pereira
17	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Popayán
18	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Quibdó
19	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Santa Marta
20	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tunja
21	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá
22	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Villavicencio
23	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Sincelejo
24	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Valledupar
25	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Riohacha
26	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Sogamoso
27	Dirección seccional de impuestos y aduanas de San Andrés
28	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Florencia
29	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Barrancabermeja
31	Dirección operativa de grandes contribuyentes
32	Dirección seccional de impuestos de Bogotá
34	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Arauca
35	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Buenaventura
37	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Ipiales
38	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Leticia
39	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Maicao
40	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Tumaco
41	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá
42	Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Carreño
43	Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Puerto Inírida
44	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Yopal
45	Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas Mitú
46	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Puerto Asís
48	Dirección seccional de aduanas de Cartagena
78	Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de San José del Guaviare
86	Dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Pamplona
87	Dirección seccional de impuestos y aduanas de Barranquilla
88	Dirección seccional de aduanas de Cali
89	Dirección seccional de aduanas de Cúcuta
90	Dirección seccional de aduanas de Medellín
91	Dirección seccional de aduanas de Bogotá

 

Además, es necesario estudiar por aparte el texto de los artículos 2 a 5 de otra resolución, la 000064 de agosto 9 de 2021, para conocer cuáles son los municipios de Colombia que serán supervisados por cada una de las diferentes direcciones seccionales anteriormente destacadas.

En relación con los nuevos cambios que se introdujeron en el listado de los códigos de las direcciones seccionales es importante tener presente que en el artículo 11 de la misma Resolución 000065 de agosto 9 de 2021 se dispuso:

Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del décimo quinto día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se aplicará la codificación incluida en la presente resolución y se entenderá que para todos los efectos legales esta es la fecha de entrada en vigencia de la estructura de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecida en el Decreto 1742 de 2020 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Así mismo, las codificaciones utilizadas en las resoluciones anteriores a la entrada en vigencia de la presente se entenderán inactivadas.

Parágrafo transitorio. Hasta tanto se realicen los ajustes de codificación incluidos en el presente acto en los sistemas de información o aplicativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian–, se continuará aplicando en los mismos la codificación anterior a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Dian deberá simplificar trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2125 del 4 de agosto de 2021, la Dian tendrá que simplificar trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Además, se les dará descuentos en la tarifa de inscripción en el registro mercantil. Conoce más detalles al respecto.

El pasado 4 de agosto de 2021 fue expedida la Ley 2125, cuyo objetivo es establecer incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, y la creación de una política pública para el emprendimiento femenino, a fin de incrementar su capacidad productiva, participación en el mercado y exaltar su contribución en el desarrollo económico y social del país.

Nota: recuérdese que los artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del DUR 1074 de mayo de 2015 contienen los criterios para definir cuándo las empresas de persona natural o jurídica pueden ser calificadas como micro, pequeñas o medianas empresas; además, las mujeres a quienes se refiere la Ley 2125 de agosto de 2021 serían aquellas que figuran en alguna de las 16 categorías mencionadas en su artículo 18, entre ellas las mujeres reconocidas como víctimas del conflicto armado, mujeres en situación de discapacidad o las madres comunitarias del ICBF, etc.

Dentro de las normas incluidas en el texto de dicha ley se dispuso que la Dian tendrá la tarea especial de simplificar los trámites tributarios que le apliquen al tipo de empresas anteriormente mencionadas. En efecto, en el artículo 10 de la Ley 2125 de 2021 se lee:

Artículo 10: Simplificación de trámites. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– dispondrá de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para elaborar una ruta de atención y simplificación de trámites para las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. El Gobierno nacional reglamentará sobre la materia.

Al respecto, es necesario tener presente que desde enero de 2019 la Dian ha dedicado bastantes esfuerzos para que las pequeñas empresas (ya sean de persona natural o jurídica) que cumplan con todos los requisitos de los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario –ET– se puedan acoger voluntariamente al régimen simple (creado con el artículo 66 de Ley 1943 de 2018, ratificado con el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 y reglamentado imperfectamente con los Decretos 1468 de agosto de 2019 y 1091 de agosto de 2020).

Desde la creación del régimen simple hasta junio de 2021 un total de 36.339 contribuyentes (17.938 personas jurídicas y 18.401 personas naturales) se habían acogido al régimen simple; de dicho total, unos 17.000 fueron contribuyentes que se inscribieron por primera vez en el RUT.

Por tanto, es fácil suponer que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2125 de agosto de 2021 anteriormente citado, la Dian seguirá estimulando a que las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres piensen en optar por el régimen simple. Sin embargo, tal como lo dice el texto de la norma, el Gobierno nacional hará una reglamentación especial al texto de dicho artículo para establecer nuevas normas que simplifiquen aún más los procesos tributarios a cargo de las empresas lideradas por mujeres.

“el Gobierno nacional también fijará un descuento en la tarifa de inscripción en el registro mercantil para las nuevas micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres”

Por último, es importante destacar que en el artículo 11 de la Ley 2125 de agosto de 2021 se estableció que el Gobierno nacional también fijará un descuento en la tarifa de inscripción en el registro mercantil para las nuevas micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, siempre y cuando obtengan el “signo distintivo” a que se refieren los artículos 16 a 21 de la Ley 2125 de 2021.

Simplificación de trámites para mipymes lideradas por mujeres (actualicese.com)

Invertir el patrimonio en USA tiene ventajas y retos

 El cambio de vida que implica para cualquier persona establecerse en un país diferente al de su nacionalidad, conlleva un cambio en el patrimonio y el tipo de inversiones que se realizan en el país de destino.

Quienes emigran a Estados Unidos tienen en esta jurisdicción múltiples posibilidades de inversión al tratarse de una economía con una moneda fuerte y un centro financiero de reconocimiento mundial.

El patrimonio invertido en el extranjero

Una de las formas más comunes por medio de las cuales se realizan inversiones en Estados Unidos es a través de sociedades LLC – Limited Liability Company o sociedades de responsabilidad limitada, que permite a los extranjeros no residentes americanos hacer inversiones inmobiliarias o en negocios americanos sin tener aún estatus de residentes o ciudadanos.

Inclusive si este tipo de sociedades se constituyen en determinados Estados como Delaware, puede tener un tratamiento tributario preferencial, muy llamativo para quienes están buscando cómo invertir su patrimonio.

Otra forma de diversificar el patrimonio de quien emigra a Estados Unidos es realizando inversiones de portafolio, ya que el mercado de acciones en dicho país es muy nutrido y teniendo el patrimonio en dólares, es muy fácil llevar a cabo dicha inversión incluso a través de plataformas tecnológicas.

Oportunidades para las startups

Una forma de diversificar el patrimonio bastante interesante e innovadora es a través del Crowdfunding o fondos de inversión colectiva, donde varias personas alrededor del mundo hacen inversiones pequeñas para colocarlas de manera conjunta en apoyo a productos o proyectos creativos e innovadores.

En su mayoría las startups que están en etapas de desarrollo, son las que captan inversiones de los Crowdfunding para impulsar y retornar utilidades interesantes a los inversionistas.

Ahora bien, tratándose de inversiones que pueden impactar positiva o negativamente el patrimonio de la persona que decide emigrar, es necesario tener claras las implicaciones legales, fiscales, y laborales de cada una de las inversiones que se van a realizar.

Tenga en cuenta que en algunos casos se requiere tener empleados para acceder a prerrogativas en materia tributaria, y que algunas inversiones tienen mayores riesgos que otras, para lo cual existen varios bufetes de abogados en Colombia y USA que brindan la asesoría necesaria para tomar una decisión acertada respecto a las inversiones.

Invertir el patrimonio en USA tiene ventajas y retos - Tributar

Recaudo tributario a julio llegó a $100 billones según la Dian

 El 74,2% de los impuestos correspondieron a retención en la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros.

De acuerdo con la Dian, con este balance a julio se tiene un cumplimiento del 103,3% de la meta de recaudo de impuestos al séptimo mes del año.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) entregó el balance del recaudo de impuestos a nivel nacional con corte a julio, con lo que se llegó a $100 billones, 12,7% por encima del balance de los primeros siete meses del año pasado, cuando se logró un recaudo de $88,71 billones.

De acuerdo con la Dian, con este balance a julio se tiene un cumplimiento del 103,3% de la meta de recaudo de impuestos al séptimo mes del año.

En lo corrido de los primeros siete meses del año, el 74,2% del recaudo correspondió a retención en la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros. El aporte por renta fue de $33,3 billones, equivalente al 33% del recaudo anual, por el impuesto a las ventas se recogieron $24,05 billones, y por aduanas $16,7 billones.

Así mismo, mientras que por medio de los tributos asociados a la actividad económica interna el recaudo fue de $83,24 billones, con los tributos asociados al comercio exterior se recaudaron $16,74 billones y el recaudo acumulado con TIDIS fue por $4,56 billones.

La Dian destacó también que en los primeros siete meses de 2021 el recaudo por gestión de cobro en los primeros siete meses del año fue de $9,86 billones, por gestión efectiva por fiscalización $5,60 billones.

En cuanto a las cifras de julio, la Dian reportó que se recaudaron $14,84 billones, una variación positiva del 35,2% en relación con el mismo período de 2020 en el que se alcanzó un recaudo de $10,98 billones. En el séptimo mes del año la meta de cumplimiento llegó a 98,4%.

Discriminado por tipo de impuesto, en julio se recaudaron $5,01 billones por retención a título de renta, $4,8 billones por IVA y $2,7 billones por medio de aduanas.

Recaudo tributario a julio llegó a $100 billones según la Dian | Impuestos | Economía | Portafolio

Cómo consultar gratis y por Internet su historia de crédito?

 

Historia de crédito: la historia crediticia puede influir a la hora de conseguir un empleo.

Datacrédito tiene habilitada la plataforma para monitorear la información crediticia.

En esta época de crisis sanitaria, que de a poco se va superando, tras dejar un muy marcado tercer pico de la pandemia provocada por el covid-19, la economía es una otra de los puntos centrales de los colombianos para este segundo semestre del presente año.

Para que los ciudadanos puedan conocer su situación financiera en esta época, Datacrédito tiene habilitada la consulta gratuita del historial crediticio.

La empresa es una de las dos centrales de riesgo que existen en Colombia, la otra es TransUnión, antes conocida como Cifin. Estas entidades privadas se dedican, entre otras actividades, a recolectar información crediticia y financiera de las personas.

Estas instituciones que albergan reportes relacionados con créditos también recogen datos de productos de telefonía móvil y de las cuentas de nómina. Cuando un banco o una entidad financiera estudian una solicitud de préstamo o crédito, contrastan la información de las centrales de riesgo y de otras fuentes para tomar una decisión. Es por eso que los reportes que poseen estas entidades son valiosos.

Debido a la coyuntura actual, Datacrédito está permitiendo acceder a algunos de sus datos de forma gratuita, aparte de otros servicios que tienen un costo como el Plan Perfil Financiero y el Plan Protege, que cuenta con otros beneficios.

Para consultar su historial crediticio, basta con que entre a la página midatacredito.com. En el acceso gratuito puede consultar lo siguiente:

Historia de crédito detallada

Reclama a la entidad si tienes algún problema.

Revisa si las entidades consultaron tu historial para concederte un crédito.

Alertas al sistema financiero

Te suplantaron

Perdiste tu cédula

Vives en el exterior

Si usted ya ha creado una cuenta en Datacrédito, bastará con que digite su número de cédula y su contraseña.

Es recomendable que antes de registrarse conozca los términos legales y la política de privacidad, porque debe entregar información personal para consultar su situación financiera.

La plataforma lo remitirá directamente a su historial crediticio. Allí aparecerán detalles como el resumen general de sus reportes, las cuentas que tiene abiertas en la actualidad y las cuentas que ya ha cerrado.

No obstante, para conocer datos más específicos, como el puntaje que le han dado las entidades financieras, tendrá que pagar un dinero adicional.

Historia de crédito: Cómo consultarla gratis por Internet - Finanzas Personales - Economía - ELTIEMPO.COM

Corte determina que afiliación a seguridad social no elimina condición de vulnerabilidad

 

El pronunciamiento se da luego de que la Uariv le suspendiera la ayuda humanitaria a la familia de una mujer que cotiza la salud

La Corte Constitucional determinó que la sola afiliación al régimen de seguridad social de alguna persona en un grupo familiar, no elimina la condición de vulnerabilidad que puede tener una familia desplazada.

Este pronunciamiento se dio luego de que a un hombre de 67 se le suspendiera la ayuda humanitaria por parte de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), aunque él y su familia sean víctimas de desplazamiento forzado desde 2010, reconocidos por el Registro Único de Víctimas (RUV).

La decisión de la Uariv se dio luego de evidenciar que la hija del accionante cotizaba al régimen contributivo de salud y que contaba con una cuenta bancaria con un monto igual o superior a dos salarios mínimos.

“Es necesario revisar si el solicitante de la ayuda humanitaria pertenece al

régimen contributivo y distinguir si está afiliado en calidad de beneficiario o

cotizante, y para cada situación, determinar si la persona que cotiza

contribuye efectivamente al sostenimiento económico del beneficiario, o si el

empleo es estable y/o le permite sufragar las necesidades básicas", indicó el fallo de la alta Corte.

La magistrada Gloria Ortiz explicó que esos factores no determinan la condición de vulnerabilidad de una familia y, además, son las variables las que determinan la situación socioeconómica del solicitante y no una afiliación.

La Uariv también había suspendido el fallo porque la familia había presentado la declaración de ser víctimas de desplazamiento forzado hace más de 10 años. La Corte calificó el argumento de no ser "razonable", pues el paso del tiempo no determina la superación de una situación de emergencia.

La entidad le dio 15 días a la Uariv para que vuelva a hacer un estudio de la situación familiar y, si es el caso, reanudar el pago en un plazo del mismo tiempo.

Corte determina que afiliación a seguridad social no elimina condición de vulnerabilidad (asuntoslegales.com.co)

El proyecto de reforma tributaria que retiró el Gobierno no tenía nada estructural

 

Jairo Villabona afirma que la reforma tributaria es necesaria, el sistema es regresivo y que esto es evidente, pero debe hacerse una reforma de fondo.

El 1 % más rico del país solo contribuye con una tasa efectiva de renta de 1,5 %, mientras que los asalariados contribuyen con más del 14 %.

Jairo Orlando Villabona, profesor asociado e investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, coincide con quienes afirman que el Estatuto Tributario es una colcha de retazos muy compleja, ya que con la reforma tributaria que se hace cada año se eliminan o reforman artículos.

¿Con el retiro del anterior proyecto de ley se perdió la oportunidad de contar con una reforma tributaria estructural?

El proyecto no tenía nada de estructural, no solucionaba los problemas de equidad vertical y horizontal, es decir que las personas más ricas no iban a pagar más impuestos, los asalariados e independientes iban a continuar con mayor carga.

¿Las propuestas que se presentarían serían temporales y en un par de años se estaría discutiendo una nueva reforma tributaria?

Ese es el problema de todos estos Gobiernos en Colombia, las soluciones son coyunturales y de corto plazo para cubrir los déficits, nunca han pensado en soluciones a largo plazo. Hacia el futuro la situación se ve peor por cuanto se vendieron las empresas de servicios públicos, las mineras y los bancos, y se aumentó la deuda en más de un 300 % entre 2008 y 2021.

El Estatuto Tributario es una colcha de retazos muy compleja, ya que con la reforma tributaria que se hace cada año se eliminan o reforman artículos.

¿Cuál debe ser la estrategia para que las empresas tributen más? ¿Está de acuerdo con que estas deben pagar más impuestos?

En efecto, la tasa efectiva en Colombia en el impuesto de renta no es el 50 %, 60 % o 70 % como dicen los directores de los gremios en los medios.

Hemos realizado estudios en la Universidad Nacional con los agregados de las declaraciones de renta, y la tasa efectiva entre 2000 y 2016 era en promedio del 17 %; los bancos, del 16 %; y el sector financiero sin los bancos, del 9 %.

Eso sucede por la cantidad de beneficios tributarios con nombre y apellido que se otorgan por los compromisos de los políticos por la financiación de sus campañas políticas, en especial por los grandes grupos económicos, esto incluso se describe en estudios de la Cepal.

¿Qué manejo se les debe dar a los impuestos de las personas naturales para no afectar el bolsillo de la clase media?

“personas de mayores ingresos, que son los que concentran gran parte de los ingresos y la riqueza, tienen unas tasas efectivas muy bajas”

La solución está a la mano. En los países que tienen políticas tributarias progresivas, las personas naturales contribuyen con el 8,2 % del PIB; en el impuesto de renta en Colombia es cerca del 1,3 % del PIB, lo que sucede porque las personas de mayores ingresos, que son los que concentran gran parte de los ingresos y la riqueza, tienen unas tasas efectivas muy bajas.

El 1 % más rico del país solo contribuye con una tasa efectiva de renta de 1,5 %, mientras que los asalariados contribuyen con más del 14 %.

¿Cómo atacar la evasión? Analistas dicen que, si se fiscalizara mejor, no habría necesidad de una reforma tributaria

En primer lugar, los evasores y sus asesores, cuando se trate de montos desde 500 millones y no desde 5.000 millones de pesos, deben ir a la cárcel, no casa por cárcel ni batallones, y pagar todas las sanciones.

Actualmente, si admiten la culpa no los llevan a la cárcel; esto es un incentivo para seguir haciéndolo. En el resto del mundo van a la cárcel y pagan las multas. Deben prohibirse operaciones con paraísos fiscales, incluida Panamá, si no hay intercambio de información automática.

La Dian tiene una sexta parte de funcionarios de las administraciones de la OCDE y un porcentaje muy bajo en fiscalización, esto debe corregirse. Debe ser una entidad autónoma para evitar el clientelismo, y todos los funcionarios deben ser escogidos por méritos, hacer una verdadera carrera administrativa, hacer una universidad interna como en otros países y tener una mayor capacitación.

La reforma tributaria es necesaria y el sistema es regresivo, esto es evidente, pero debe hacerse una reforma de fondo.

¿Cómo lograr que nuestro sistema tributario se transforme en uno progresivo y equitativo?

Para empezar, prohibiendo la financiación de campañas políticas por grupos económicos, eliminado los beneficios tributarios y dejando aquellos que generen empleo y desarrollo, por ejemplo, a industrias que generen valor agregado.

Lograr que los dividendos realmente paguen impuestos, que sea obligatorio decretarlos como se hace en todo el mundo, que así se distribuyan en acciones o se entreguen a otra empresa o se hagan a través de una compañía holding colombiana para que paguen el impuesto. Así mismo, que tengan las mismas tarifas de las demás rentas, por ejemplo, las laborales; en tal sentido, se deben eliminar las rentas cedulares.

Deben incrementarse las tarifas de los ingresos más altos al menos hasta el 50 %, como sucede en los países con sistemas progresivos. También, las altas herencias deben gravarse no con el 10 %, sino con el 50 %, y debe existir una tabla progresiva. Lo mismo para el impuesto al patrimonio, este no debe comenzar desde 5.000 millones de pesos, sino desde 1.400 millones, excluyendo una vivienda de 500 millones.

Reforma tributaria no estructural (actualicese.com)

Reducción de la jornada laboral: tratamiento de días festivos

 

Recientemente fue expedida la ley que reduce la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales.

La ley establece que los días festivos deben computarse como días laborales y no afectan la continuidad contractual. ¿Cómo será el tratamiento de estos días una vez inicie dicha reducción?

¿En qué consiste la nueva jornada máxima establecida en la Ley 2101 del 2021? ¿Cómo afecta esta ley los festivos?

Mediante de la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, el Congreso de la República aprobó la reducción de la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales. Esta ley establece que la reducción se realizará de manera gradual a partir del año 2023, no obstante, los empleadores pueden implementar la nueva jornada laboral definitiva (42 horas) a partir de la expedición de la ley en mención.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en Derecho Laboral, explica en qué consiste la Ley 2101 de 2021 y el tratamiento de los días festivos con ocasión de la reducción de la jornada laboral:

Tratamiento de los días festivos

El numeral 4 del artículo 174 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– dispone que los días festivos no interrumpen la continuidad de la relación contractual y deben computarse como si en estos días el trabajador hubiese prestado sus servicios. Esto supone que estos días deben ser pagados con el valor de un (1) día de salario normal aunque hubieran sido de descanso para el trabajador.

Atendiendo a esto, se tiene que la reducción de la jornada laboral no afecta en ningún sentido el disfrute y remuneración de los días festivos, ya que la mencionada Ley 2101 de 2021 no realiza ningún cambio en el artículo que regula esta disposición y, además, establece que ninguna garantía laboral de los trabajadores podrá verse afectada por dicha reducción.

Se tiene entonces que, una vez inicie la reducción de la jornada laboral, los empleadores deberán continuar pagando los días festivos con normalidad.

Por último, conviene mencionar que esta nueva ley solo modifica el artículo 161 del CST (jornada laboral), el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017 (día de la familia) y el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 (espacios de recreación para los trabajadores).

Reducción de la jornada laboral y tratamiento de días festivos (actualicese.com)

Anticipo de 2021 a la normalización de 2022 se realizaría en noviembre de 2021

Así lo contempla el proyecto de decreto que publicó el Ministerio de Hacienda el 23 de septiembre de 2021 para reglamentar lo dispuesto en los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de 2021.

Para el pago de dicho anticipo la Dian tendrá que crear un nuevo código dentro del formulario 490 de pago en bancos.

El pasado 23 de septiembre de 2021 el Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de decreto por medio del cual se reglamentaría la nueva y singular versión de normalización tributaria del año 2022 aprobada mediante los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de septiembre 14 de 2021.

En efecto, la norma contenida en la Ley 2155 de 2021 establece que los evasores que han mantenido activos ocultos, o han incluido pasivos ficticios en su declaración de renta y estén interesados en normalizarlos, solo presentarán la declaración especial de normalización entre enero y febrero 28 de 2022 usando como base los activos omitidos o pasivos ficticios que existan a enero 1 de 2022 y aplicándoles un 17 %.

Esta vez, como algo singular, se les exigirá realizar entre septiembre y diciembre de 2021 un anticipo con el 50 % de lo que será el impuesto que liquidarán en el año 2022, y para ello utilizarán los activos omitidos que actualmente posean, o los pasivos ficticios que actualmente han venido incluyendo en las declaraciones de renta.

En el caso de los activos que se utilicen como base para liquidar el anticipo, es claro que nadie puede garantizar que los seguirán teniendo al 1 de enero de 2022 (pues los pueden perder por robos, incendios o porque se los gastan ante una necesidad, etc.), y en tal caso el mencionado “anticipo” se volverá automáticamente un saldo a favor del evasor.

Pese a lo imperfecto de la norma, el proyecto de decreto reglamentario establece que el mencionado anticipo se tendrá que liquidar utilizando el formulario 490 de pago en bancos, pero para ello la Dian tendrá que emitir primero una resolución creando el nuevo código especial que se utilizaría dentro de dicho formulario 490.

Además, las fechas para el pago quedarían de la siguiente forma (sin importar si quien lo realiza es persona natural o jurídica):

Si el último dígito es:	Hasta el día:
1 o 2	Noviembre 16 de 2021
3 o 4	Noviembre 17 de 2021
5 o 6	Noviembre 18 de 2021
7 u 8	Noviembre 19 de 2021
9 o 0	Noviembre 22 de 2021

 

“quienes cancelen dicho anticipo en noviembre de 2021 lo único que harán en su declaración de renta del año gravable 2021 es incluir el monto de dicho anticipo como una “cuenta por cobrar a la Dian””

Por tanto, quienes cancelen dicho anticipo en noviembre de 2021 lo único que harán en su declaración de renta del año gravable 2021 es incluir el monto de dicho anticipo como una “cuenta por cobrar a la Dian”, pero no tienen que incluir los activos omitidos ni eliminar los pasivos ficticios.

Luego, entre enero y febrero 28 de 2022, usando los activos omitidos que sí posean en enero 1 de 2022, o informando los pasivos ficticios a dicha fecha, presentarán la declaración especial de normalización (para lo cual se deberá esperar que la Dian expida una nueva versión del formulario 445 similar al que se usó durante 2020, pero que claramente incluirá esta vez como novedad el renglón donde se podrá restar el anticipo pagado durante 2021).

Además, si los activos omitidos que se normalizarán durante 2022 son activos que a enero 1 del mismo año se encuentran ubicados en el exterior, y el declarante es un residente fiscal en Colombia, o es una persona jurídica nacional, y el monto de todos los activos poseídos en el exterior supera el equivalente a 2.000 UVT para dicho año, en tal situación esos activos se tendrán que informar en la declaración de “activos en el exterior” (formulario 160) del año 2022, la cual se presentará entre abril y octubre de 2022 (de acuerdo con las fechas que se fijen en el calendario tributario que se expedirá en diciembre de 2021).

“al final del año gravable 2022 será cuando los activos omitidos que se normalizaron al comienzo del año se podrán incluir en el patrimonio fiscal a diciembre 31 de la declaración de renta del año gravable 2022”

Posteriormente, al final del año gravable 2022 será cuando los activos omitidos que se normalizaron al comienzo del año se podrán incluir en el patrimonio fiscal a diciembre 31 de la declaración de renta del año gravable 2022 (si es que se siguen teniendo a dicha fecha).

Por otra parte, en el proyecto de decreto publicado el 23 de septiembre de 2021 se lee:

El valor del anticipo efectivamente pagado podrá descontar del valor a pagar en la declaración del Impuesto de Normalización Tributaria a que se refiere el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 2155 de 2021. Cualquier diferencia o saldo a pagar pendiente se deberá cancelar en los términos señalados en dicho inciso.

Cualquier saldo a favor o pago en exceso que se pudiese generar como consecuencia del pago del anticipo de que trata este artículo, deberá ser reconocido al contribuyente en los términos señalados en el Estatuto Tributario.

Parágrafo. El no pago total y oportuno del anticipo dará lugar a las sanciones consagradas en el Estatuto Tributario sobre la materia.

Nótese que la norma admite que el anticipo puede generar un “saldo a favor”, pero solo dice que este “deberá ser reconocido al contribuyente”. Lo correcto es que la norma sea más clara y especifique si dicho saldo a favor solo se puede pedir en devolución o si también se puede utilizar para hacer compensaciones con los saldos a pagar que se posean en otros impuestos.

Nota: para conocer más detalles sobre los más importantes cambios introducidos con la Ley 2155 de septiembre de 2021, adquiere el producto virtual multimedia del Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese: ¿Cómo aplicar la reforma tributaria, Ley de Inversión Social 2155 de 2021? Este producto virtual incluirá conferencias en línea separadas por capítulos, un libro en Word descargable y el acceso a múltiples archivos complementarios en Excel, Word y PDF. Se puede adquirir desde ya, y estará disponible desde noviembre 1 de 2021.

Anticipo de normalización se realizaría en noviembre de 2021 (actualicese.com)

Liquidador de aportes a ARL para trabajadores independientes

 

Este liquidador en Excel te permitirá calcular los aportes a riesgos laborales de los trabajadores independientes de acuerdo con el nivel de riesgo en el que se encuentre la actividad contratada.

Además, incluimos dos (2) ejemplos prácticos respecto a la liquidación de estos aportes.

Los trabajadores independientes en Colombia tienen la obligación de cotizar a la ARL sobre el valor de los ingresos que obtengan mensualmente.

El aporte a la ARL se calcula sobre el ingreso base de cotización del trabajador independiente multiplicado por la tarifa que le aplique según el nivel de riesgo en el que se encuentre clasificada la actividad contratada, tal como se explica en la siguiente tabla:

Actividad laboral

Nivel de riesgo

Porcentaje de cotización

Sector financiero, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes, etc. I 0,52%

Procesos de manufactura como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacenes por departamentos, algunas labores agrícolas, entre otras. II 1,04%

Procesos de manufactura como fabricación de agujas, alcohol, artículos de cuero. III 2,44%

Procesos manufactureros como la fabricación de aceites, cerveza, vidrio, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. IV 4,35%

Manejo de arenas, asbesto, bomberos, explosivos, construcción y explotación petrolera. V 6,96%

¿Quién debe asumir el aporte a la ARL?

En el caso de los independientes con contratos de prestación de servicios le corresponde al contratista o al contratante asumir el aporte a riesgos laborales según el nivel de riesgo en el que se encuentre clasificada la actividad contratada (ver el artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 1072 de 2015):

Si la actividad contratada corresponda al nivel de riesgo I, II o III, le corresponde al contratista asumir el valor del aporte a riesgos laborales.

Si la actividad se encuentre clasificada en el nivel de riesgo IV o V, el valor del aporte a riesgos laborales deberá ser asumido por el contratante.

En el caso de los trabajadores independientes por cuenta propia y los rentistas de capital, les corresponderá siempre asumir por su cuenta los aportes a riesgos laborales, pues no tienen relación directa con ningún contratante.

Liquidador de aportes a ARL para trabajadores independientes

Teniendo en cuenta lo explicado hasta aquí, compartimos el siguiente liquidador en Excel, en el cual se podrán calcular fácilmente los aportes a riesgos laborales de los trabajadores independientes.

Además, incluimos dos (2) ejemplos prácticos respecto a la liquidación de estos aportes.

Descarga aquí nuestro Liquidador de aportes a ARL para trabajadores independientes.

Importante:

Los trabajadores que devenguen ingresos mensuales inferiores a un (1) smmlv no deben realizar aportes a seguridad social. Estos trabajadores deben informar a su contratante dicha situación para que le realicen la afiliación al piso de protección social. Al respecto, ver nuestro Liquidador de aportes en el piso de protección social: trabajadores dependientes e independientes.

Liquidador de aportes a ARL para trabajadores independientes (actualicese.com)

Indemnización por no pago de la liquidación del contrato cuando se devenga el salario mínimo

 

La ley indica que el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador, al finalizar la relación laboral, la liquidación del contrato de trabajo, so pena de indemnizarlo.

¿Cómo se realiza el cálculo de esta indemnización cuando el trabajador devenga el salario mínimo? Conoce estas disposiciones.

La ley establece que a la terminación del contrato de trabajo le corresponde al empleador pagar al trabajador la liquidación de este, es decir, los valores causados que no han sido pagados por concepto de salario, prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías) y descansos remunerados. Al respecto, conviene mencionar que esta indemnización debe ser pagada indistintamente de si el contrato finalizó por justa o injusta causa.

En este sentido, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– establece que si el empleador no realiza el pago de esta liquidación a la terminación del contrato, o a más tardar en el próximo pago de nómina, deberá pagar al trabajador un indemnización de un (1) día de salario por cada día de retardo.

En el siguiente vídeo, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica cómo procede el pago de la indemnización cuando un empleador no paga la liquidación del contrato oportunamente:

Indemnización por falta de pago de la liquidación del contrato cuando el trabajador devenga el salario mínimo

El mencionado artículo 65 del CST establece dos situaciones respecto al pago de esta indemnización; una es aquella en la que el trabajador devenga más de un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– y la otra cuando el trabajador devenga hasta un (1) smmlv.

Respecto al primer caso, se establece que esta indemnización deberá pagarse de la siguiente manera:

El valor de un (1) día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses o hasta cuando se verifique el pago, si el tiempo fuere menor.

A partir del mes 25 se pagarán intereses moratorios al valor de la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria.

En lo referente al segundo grupo de trabajadores, quienes devengan el smmlv, debe pagarse el valor de un (1) día de salario por cada día de retardo independientemente del tiempo que el empleador demore en realizar el pago de la indemnización, lo cual supone que el mencionado término de 24 meses no aplica para los trabajadores si devengan este tipo de salario.

En la siguiente infografía realizamos una síntesis de lo dicho en la ley y la jurisprudencia respecto a la indemnización por no pago de la liquidación del contrato de trabajo cuando el trabajador devenga el salario mínimo:

Respecto a este trato diferenciado entre los trabajadores según el monto del salario que devenguen para determinar el pago de la indemnización, según la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-781 de 2003, se debe a que aquellos trabajadores que devengan hasta un (1) smmlv se encuentran en una situación de desventaja en comparación con quienes perciben un valor superior, la cual, a su vez, se agrava en el momento cuando el trabajador pierde su empleo, no le es pagada la correspondiente liquidación y la mora en el pago de esta última supera los dos (2) años, generándose de esta forma un perjuicio para el trabajador, así como para quienes dependen de él o su núcleo familiar. Para esto, la Corte señala:

(…) advierte la Corte que el trato diferente (…) en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente, está fundado en una justificación objetiva y razonable, ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que, desde el punto de vista económico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior. Situación que se acentúa cuando quedan cesantes en su empleo y la mora supera los veinticuatro (24) meses, donde el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales amenaza graves perjuicios tanto para el trabajador como para quienes de él dependen.

(Los subrayados son nuestros).

En igual sentido, la Corte indica que la diferenciación en el pago de la indemnización no supone la vulneración del derecho a la igualdad sino que, por el contrario, lo hace efectivo, pues según el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el Estado debe proteger a las personas que por su situación económica se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, lo cual no se lograría si se le impusiera a los trabajadores que devengan hasta un (1) smmlv la carga de asumir un menor valor en el pago de dicha indemnización por la negligencia del empleador. Al respecto, la Corte dispone:

Así las cosas, lejos de atentar contra el derecho de igualdad, la norma acusada pretende hacerlo efectivo, pues al prolongar para los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo la vigencia del régimen de indemnización moratoria previsto en el artículo 65 del CST, el legislador cumple con el mandato del artículo 13 de la Carta que le impone al Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta, objetivo que tal vez no se lograría si en caso de mora en el pago de las acreencias laborales por un lapso superior a los veinticuatro (24) meses dichos trabajadores no contaran con un mecanismo como el previsto en el artículo 65 del CST, el cual sanciona drásticamente al empleador que a la terminación del contrato de trabajo no cancela los salarios y prestaciones sociales.

(Los subrayados son nuestros).

Por último, el pago de la indemnización moratoria por el no pago de la liquidación del contrato solo puede ser declarado por un juez de la República si se demuestra la mala fe del empleador, es decir, que este último teniendo los medios para realizar el pago de la liquidación no procedió a hacerlo.

Entonces, si por el contrario se demuestra que el empleador no tenía los recursos para pagar la liquidación por alguna circunstancia de fuerza mayor, no procederá el pago de la indemnización.

Indemnización por no pago de la liquidación del contrato de trabajo (actualicese.com)