En la actualidad, ser emprendedor es visto por unos como la alternativa para obtener mayores ingresos y ser independiente. Para otros es la única alternativa frente al desempleo. Desafortunadamente, cualquiera que sea la motivación, hay un exceso de emprendimientos que no tienen impactos significativos sobre el valor agregado del país. Ante esto, tanto las empresas como el gobierno deben poner de su parte.
Según los más recientes estimativos que se pueden obtener a partir de la información de Confecámaras, en Colombia hay aproximadamente 1.600.000 empresas. Este universo empresarial se encuentra concentrado en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales representan el 99,8 % del total. La fracción restante está reservada para las grandes compañías. Por supuesto, si se toman solamente a las personas jurídicas, la cifra de empresas se reduce a unas 450.000, de las cuales 90 % son microempresas; 7 %, pequeñas; 1,8 %, medianas; y un 0,7 %, grandes.
Sin un mayor análisis, una lectura despreocupada de estas cifras saldrá a celebrar el espíritu emprendedor de los colombianos, su empuje y la orientación a “salir adelante”. Sin embargo, aunque las cualidades de los colombianos no están en duda, cabe preguntarse si ese afán emprendedor realmente es beneficioso. Es decir, ¿de qué tipo de emprendimiento se está hablando?, ¿generan empleo esas micro y pequeñas empresas?, ¿son productivas?
Si bien es cierto que la empresa privada es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, también lo es que no toda iniciativa empresarial es igual de relevante. Es por esto que, antes de exaltar el nacimiento de cientos de nuevas empresas cada mes, el enfoque debería ser hacia la calidad de estas. Siguiendo con las cifras que revela Confecámaras, en el primer semestre de este año se crearon 178.844 unidades productivas –un crecimiento del 4,2 % con respecto al mismo periodo de 2018–, pero, al mismo tiempo, se sabe que la mitad de ellas no habrá sobrevivido más allá de un quinquenio.
Hace poco, la profesora de la Universidad de los Andes y PhD. en economía, Marcela Eslava, causó revuelo al mencionar que, grosso modo, en Colombia sobran los emprendimientos, pero su calidad e impacto es escaso. Es aquí donde se deben centrar los esfuerzos tanto de las políticas públicas, como de la iniciativa emprendedora, para crear empresas de calidad, sostenibles y con proyección a largo plazo. ¿Será posible?
Más allá de Colombia
Hace unas décadas, hablar de emprendimiento era tabú. Aquel que no quería ingresar al mundo laboral como empleado de una gran empresa –o de una cualquiera– era visto como un marginado, simple y, erróneamente, como perezoso. Por fortuna, mucha agua ha pasado bajo el puente y hoy los emprendedores son vistos como una especie de superhéroe, que se enfrentan al sistema tradicional y luchan por sacar adelante sus ideas.
A este respecto, lo único que ha cambiado es la percepción que la sociedad tiene del emprendedor, pues tanto en el pasado como en el presente, aquel que se atreve a crear empresa asume riesgos que otros preferirían evitar. De hecho, la atención mediática positiva hacia los emprendedores en el país, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), se ubica sobre el 60 %, dejándola como la tercera más alta de la región y por encima a varios países de Europa y Asia.
Debido a esto, ahora criticar el emprendimiento es mal visto, pues se está “atacando” el imaginario del pequeño empresario exitoso que fue capaz de salir adelante con su idea de negocio, a pesar de todas las dificultades.
Sin embargo, cuando la crítica es constructiva –como el preguntarse por el impacto y la calidad de las nuevas empresas–, los argumentos deberían ser tenidos en cuenta. Por cada Rappi, hay miles de emprendimientos que fracasaron; y por cada restaurante o miscelánea que se abre en un barrio, otros cuantos cerraron definitivamente (o apenas logran subsistir) y su relevancia y proyección es limitada.
Pero el fenómeno de los emprendimientos de bajo impacto no es solo colombiano y está más que identificado por entidades como el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), algo que también menciona la profesora Eslava. En la región, según esos organismos multilaterales, el auge del emprendimiento se da más como una alternativa al desempleo, que por una identificación real de mercados potenciales y desarrollo de ideas de negocio.
Una muestra de esto tiene que ver con las tasas de actividad emprendedora (TAE). Los cálculos del CAF muestran que la TAE promedio de los países de la OCDE es tres veces menor a la de Latinoamérica y Asia, mientras que en comparación con el Medio Oriente y el norte de África la diferencia es poco más del doble. Esto deja sobre el papel la idea de que, en países con menor desarrollo y oportunidades, el emprendimiento es visto como una alternativa frente al desempleo y los bajos ingresos.
En esta misma línea, el GEM 2018 mostró que para el 35 % de los emprendedores la necesidad fue el principal motivador para crear empresa. Sin embargo, destacó que en todas las regiones se presenta una gran heterogeneidad. Entonces, al mirar con más detalle las cifras para Colombia y otros países de la región, pareciera que la necesidad no es la madre del emprendimiento.
Los datos de los emprendedores colombianos en 2018, dejan ver que la oportunidad supera a la necesidad en una relación de 3,6 a 1. Pero, incluso, en otros países vecinos la tendencia es similar. Para el caso de Brasil y Uruguay, que tuvieron las menores relaciones TAE por oportunidad vs TAE por necesidad, la primera superaba a la segunda en un 36 %.
¿Quiere decir esto que el argumento de que hay mucho emprendimiento y poco impacto está errado? La respuesta es un tajante “no”.
Las dimensiones del emprendimiento
Si bien los datos del GEM parecen echar al traste el argumento de la necesidad como motor de la nueva creación de empresa, vale la pena dar una mirada más detallada a lo que se considera oportunidad. Sin el ánimo de criticar las métricas de este estudio periódico –que es de suma importancia–, sí hay que decir que dentro de lo que se conoce como oportunidad, cuentan a aquellos que buscan mejorar sus ingresos o tener independencia.
Esto hace que haya algo de necesidad camuflada dentro de los que respondieron ser emprendedores por convicción y oportunidad. En algunos casos, la línea entre una y otra categoría tiende a ser delgada, por lo que podría decirse que existe algún grado de sobreestimación de la variable de oportunidad –aunque no hay elementos suficientes que permitan demostrarlo matemáticamente con los datos disponibles–.
Al margen de la construcción del indicador, hay otros elementos que se suman y dan más peso a la aseveración del bajo impacto que tiene el emprendimiento en Colombia y sus vecinos: la innovación y el empleo.
En este contexto, los emprendedores con esta categoría son aquellos que ponen en el mercado productos o servicios nuevos en un marco de nula o escasa competencia o que establecen nuevas unidades de negocio. Desafortunadamente, Colombia no se destaca en el listado de las TAE innovadoras. De hecho, solo el 16 % de la TAE puede considerarse como generadora de nuevos productos o servicios, mientras que Chile está a la cabeza de la región con el 47,8 %. El consuelo viene de parte de Brasil, que se encuentra en el fondo de la lista al llegar solo al 3,71 %.
Por el lado del empleo, se destaca que, en el caso colombiano, para 2018, el emprendimiento tiende a ser unipersonal –en concordancia con el gran número de microempresas que se mencionó al inicio–. Es más, el 100 % de la TAE del país es de este tipo. Pero el problema real no es ese, pues en principio no hay ningún inconveniente con que en sus inicios una empresa no cuente con más socios, lo preocupante es que, para los próximos cinco años, esos emprendimientos no tienen planeado contratar más personal que el que ya tienen.
Unido a esto, hay que recalcar la alta informalidad tanto empresarial como laboral que hay en el país. Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, estimó que el 59 % de las empresas y el 37 % del empleo urbano en Colombia, no son formales. Este aspecto termina haciendo eco en otros aspectos que favorecen al desarrollo empresarial, como el acceso al crédito y la apertura a nuevos mercados.
Esto, en últimas, termina por golpear a la productividad y eficiencia, ya no solo de esas pymes informales, sino de todo el aparato productivo del país. Así se cierra un círculo nada virtuoso, en el que se termina fomentando la aparición de más emprendimientos de baja calidad, potencial e impacto, acrecentando las pérdidas de eficiencia para toda la economía.
Es por esto que se deben atacar varios frentes tanto desde el lado público, como el privado para maximizar y explotar el potencial que los emprendedores pueden entregarle al país. De esta manera el emprendimiento debe ser tomado como algo más allá de simplemente una alternativa al desempleo (o subempleo) o como un medio para incrementar los ingresos. Este debe ser sólido, eficiente, sostenible y con proyección. La tarea no es fácil, pero el camino por recorrer ya está demarcado y algunos pasos se empiezan a dar.
Políticas públicas, convicciones privadas
Hasta aquí, el mensaje es a descartar la llamada “startup mania” –término referido al incentivo de crear emprendimientos sin reparar en su pertinencia– y enfocarse en promover emprendimientos de calidad. En cierta medida, esto terminará por depurar el “exceso” de iniciativas vacuas que actualmente se tiene. La pregunta, obviamente, es cómo hacerlo.
Pretender aplicar una única receta para atacar el problema del bajo impacto de los emprendimientos no es factible. Cada país cuenta con particularidades propias que deben ser tenidas en cuenta al momento de implementar cualquier tipo de políticas de desarrollo productivo. No obstante, hay algunos puntos en común que, con algunos ajustes menores según se requiera, pueden funcionar sin reparar en la latitud en la cual se apliquen.
En este sentido, la OCDE identificó un conjunto de medidas que apuntan a ese objetivo. Una de las principales es la de analizar el entorno y generar alianzas. Para ello, se deben identificar a los emprendimientos, segmentándolos según sus características y etapas de su negocio, pero siempre poniendo al sector privado como líder del proceso, pues –como mencionamos en ediciones anteriores de La Nota Económica– el sector público no es el mejor al momento de elegir puntualmente empresas a promover.
Asimismo, hay que desechar la estandarización de los instrumentos de apoyo a los emprendimientos en favor de las especificidades de cada contexto. Esto se debe a que no todo lo que funciona para una empresa va a tener el mismo efecto y resultado en otra. Entonces, lo que se debe hacer es fomentar los espacios de discusión entre emprendedores para que sean ellos mismos los que determinen qué es lo que pueden aprovechar de la experiencia ajena. Con lo cual se tiene casi que un instrumento aplicable a gran escala, pero que es aprovechable de manera personalizada.
A la par de esto, se deben planear políticas a corto, mediano y largo plazo. Esto, toda vez que, conforme se haga más fácil crear emprendimientos y estos sean cada vez más innovadores. El Estado debe estar preparado para atender los nuevos retos que ellos imponen. Un claro ejemplo de esto tiene que ver con la regulación de plataformas como Uber o Rappi, en las que no hay claridad acerca de qué camino se debería tomar en campos como el laboral y el de uso del espacio público.
Algo similar ocurre con la industria del cannabis, cuyo marco regulatorio, pese a estar un poco más desarrollado, también se está quedando rezagado frente a las necesidades de la industria emergente. Si estas áreas grises se presentan en temas relativamente fáciles de entender y tratar, ¿qué puede esperarse de asuntos que involucren la inteligencia artificial o la bioética? Ya no se trata de legislar para el momento sino para lo que está por venir.
Adicionalmente, toda política encaminada a promover emprendimientos tiene que ser cuantificable, de lo contrario no es posible aprender de los errores para afinar las iniciativas gubernamentales. En últimas, lo que debe preguntarse el Estado (y el emprendedor) es si las ayudas que se están otorgando sí están generando los efectos esperados. Además, los programas de incentivos funcionan mejor cuando se imponen condiciones de desempeño sobre los receptores de las ayudas y cuando se establecen mecanismos de salida de los mismos, por lo que es necesario implementarlos en cualquier diseño de política.
El panorama colombiano
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, establecen algunas medidas bien encaminadas para fomentar el emprendimiento, pero que, quizás requieren de ajustes hacia la creación de empresas de alto impacto.
Una de las primeras medidas tiene que ver con la educación para el emprendimiento. Mediante la coordinación entre diferentes entidades se busca crear una cultura de emprendimiento que cuente con el apoyo y seguimiento del gobierno.
El Ministerio de Educación actualizará sus programas a partir de la educación media, para desarrollar en los estudiantes habilidades necesarias para el emprendimiento, como la lectura del entorno, planificación y creatividad. Esto va en la misma vía de lo recomendado por la OCDE, de cara al pensamiento de corto, mediano y largo plazo, así como a generar impacto por medio de los nuevos negocios. Esta iniciativa es de vital importancia para desarrollar en los potenciales empresarios los conocimientos necesarios para crear empresas que generen valor y tengan impacto en el agregado social y económico del país.
Otra de las medidas es la promoción de la formalización y apoyo al desarrollo empresarial, el cual se puso en marcha con la Ley 1943 de 2018, mediante el régimen simple de tributación y el pago simplificado. Esto, sumado a la reforma tarifaria del registro mercantil, que, entre otras modificaciones, incluye tomar a los ingresos como base de cobro y a la simplificación normativa del impuesto de industria y comercio. Tal iniciativa es relevante, no solo desde el punto de vista de la creación de nuevas empresas, sino de la atracción de capital que promueva emprendimientos innovadores y productivos.
Así mismo, se impartió la directriz para que desde el Min- Hacienda, MinTrabajo y DNP, se incentive la formalización laboral, “al flexibilizar los esquemas de vinculación, afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social”. Esto es algo que, de cara al avance tecnológico de los últimos años, será de vital importancia para las nuevas empresas. Sin embargo, a la luz de lo que ha pasado con la regulación de las diferentes aplicaciones y plataformas de movilidad y servicios, esto parece ser un saludo más a la bandera. Ojalá en esto estemos equivocados.
Como complemento de esto hay que destacar las iniciativas de Innpulsa Colombia, las fábricas de productividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el programa de transformación productiva. Todo esto suma al momento de potenciar los emprendimientos y demás mipymes, al ayudarles a dar el salto hacia la generación de valor de alto impacto.
Alrededor de todo esto, en las bases del PND también se encuentra el objetivo de fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control. Para ello se pretende –en buena hora a nuestro juicio– “sistematizar la información”, con lo cual se hace más eficiente el seguimiento y control de las normas, un aspecto que, como se mencionó previamente, es vital al momento de determinar deficiencias en las políticas públicas.
La importancia de estas medidas radica en que el Estado se desliga de la responsabilidad de identificar por sí mismo a las empresas y emprendimientos a promover. En cambio, se busca nivelar el campo de juego para todos los actores, propendiendo por tener un marco normativo eficiente y equitativo. Esto concuerda con las recomendaciones de la OCDE sobre dejar que sea el sector privado el que tome el protagonismo, mientras que el sector público se preocupa por garantizar el cumplimiento de las reglas de juego.
Ojalá se pase del papel a la práctica, pues el emprendimiento no puede ser una simple válvula de escape para el desempleo. Las propuestas están bien encaminadas, pero las dudas están en su ejecución, no solo por la burocracia estatal, sino por el compromiso y voluntad de los emprendedores.
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