El ascenso de los consejos fiscales en América Latina y el Caribe

 

Los consejos fiscales son instituciones técnicas que tienen como mandato la evaluación de políticas fiscales de los gobiernos. La existencia de estos consejos puede llevar a una mayor rendición de cuentas en materia fiscal, contribuyendo así a mejorar la calidad de las políticas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En la última década se ha observado un fuerte aumento en el número de consejos fiscales que existen en el mundo, tendencia que fue aún más pronunciada entre los países de América Latina y el Caribe (ALC). Mientras que en 2014 solo existían 3 consejos fiscales en ALC, actualmente existen 12 (ver Mapa 1). Este fuerte incremento en el número de consejos fiscales en la región ha llegado a que ALC se convierta en la segunda región del mundo con más consejos fiscales, solo por detrás de Europa, donde existen 31.

En este blog resumimos las principales características de los consejos fiscales que existen ALC. También presentamos recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos, las cuales se desprenden de un análisis de mejores prácticas internacionales.

Mapa: Consejos fiscales en América Latina y el Caribe

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2023); se ha sumado el Consejo Fiscal Asesor de Paraguay y el de Jamaica.

*El Comité Consultivo para la Regla Fiscal fue reemplazado en 2021 por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Ley 2155 de 2021).

*El Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda de Chile fue reemplazado en 2019 por el Consejo Fiscal Autónomo (Ley N° 21.148 (cfachile.cl)).

Arreglos institucionales para la autonomía de los consejos fiscales

Dado el mandato de los consejos fiscales de evaluar las políticas fiscales de los gobiernos, la autonomía de estas instituciones es de crucial importancia para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones. Para alentar una mayor autonomía de los consejos fiscales, los países de la región han establecido distintos arreglos institucionales. De los 12 consejos fiscales existentes en la región, nueve son considerados órganos técnicos independientes de carácter consultivo, dos son comisiones/comités parlamentarios, y uno es un centro de estudios vinculado al poder legislativo.

Si bien la gran mayoría de los consejos de la región son denominados independientes, todos estos están adscritos a distintos órganos de gobierno, lo que puede afectar su autonomía. Una práctica común observada en la región es adscribirlos al poder legislativo, como se observa en los casos de Bahamas, Brasil, Granada, Jamaica y México.

En los restantes siete consejos fiscales la normativa se dispone una vinculación con el Ministerio de Finanzas, en mayor o menor medida. Por ejemplo, el consejo peruano está directamente vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la normativa de otros consejos indica dependencia del ministerio de hacienda para el uso de recursos materiales (Costa Rica y Uruguay) o en la definición de honorarios (Colombia). El consejo fiscal chileno es el que muestra mayor independencia, ya que puede, por ejemplo, celebrar convenios de asistencia técnica-profesional con instituciones académicas o corporaciones sin fines de lucro y cuenta además con un presupuesto que se determina anualmente a través de la ley de presupuesto del sector público.

Otro aspecto que puede afectar la autonomía de facto de los consejos fiscales es el proceso de designación de sus miembros. Estos procesos son muy diversos en los países de la región. Como lo muestra la Tabla 1, en siete países (Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) los ministerios de finanzas tienen un peso importante en este proceso. Para evitar posibles conflictos de interés, algunos países como Chile, Colombia y Costa Rica requieren la aprobación y/o designación de miembros desde el poder legislativo. En cambio, en los casos de Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay la designación de miembros del consejo proviene desde el poder ejecutivo, refrendada por el ministro de finanzas.

Algo más a destacar sobre los integrantes de los consejos fiscales es la posibilidad de continuidad en funciones de sus integrantes, ya que esto puede robustecer la autonomía frente a cambios de gobierno. En el caso de ALC, siete consejos tienen estipulada la posibilidad de reelección de sus miembros.

Tabla 1. Arreglos institucionales de consejos fiscales en ALC (Ver archivo en PDF).

Principales productos informativos ofrecidos por los consejos fiscales en ALC

Dada la misión de los consejos fiscales de aumentar la rendición de cuentas de los gobiernos sobre la política fiscal implementada, es importante analizar los productos que estos consejos elaboran y ponen a disposición, tanto del poder legislativo, ente encargado de aprobar los presupuestos y la política tributaria, como de la sociedad en su conjunto. La tabla 2 presenta esta información.

Los productos generados más comúnmente por los consejos fiscales de ALC son:

Informes sobre responsabilidad fiscal y proyecciones fiscales. La mayoría de los consejos de la región producen análisis de propuestas de presupuestos y se analiza el cumplimiento de las reglas fiscales. En países como Chile y Colombia, los consejos emiten informes de proyecciones fiscales. Otras tareas que realizan los consejos de la región son estimaciones del resultado fiscal estructural (Uruguay) o análisis de riesgos fiscales (Brasil).

Informes de seguimiento. Algunos consejos publican informes de seguimiento tributarios (Brasil y Colombia). En México, se han emitido informes de seguimiento a la economía.

Análisis ex-post de ejecución del presupuesto. Seis de los consejos en la región han realizado análisis ex-post sobre ejecución del presupuesto (Bahamas, Brasil, Chile, Granada, México y Perú).

La producción más robusta, variada y extensa de productos informativos que se pone a disposición del público general se observa en los casos de los consejos de Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú. De este grupo se destaca Colombia, cuyo consejo fue reformado recientemente (2021), y ha producido la mayor variedad y cantidad de informes analíticos.

En lo que respecta a la rendición de cuentas para el poder legislativo, destacan el caso el colombiano y el chileno, donde semestralmente los consejos deben presentar reportes a los legisladores sobre cómo vienen desempeñando sus funciones y atribuciones.

Tabla 2. Marco legal y publicaciones realizadas.

País	Normativa	Productos publicados	Enlace	Periodicidad
Bahamas	Fiscal Responsibility Act (FRA)	A) Reporte de estrategia fiscal 2020 B) Revisión del presupuesto anual 2022   Según el sitio oficial, están por publicarse: Reportes de revisión de mitad de año Cuentas anuales	2020-2022	A y B: Anual
Brasil	Resolución No. 42, de 2016.	A) Informes de seguimiento tributario B) Notas técnicas C) Estudios especiales D) Presentaciones y otros documentos E) Informes de situación fiscal (carga fiscal, evolución de ingresos, gastos fiscales, normas fiscales, entre otros) F) Comentarios de IFI	2017-2023	A: Mensual   B, C, D, E, F: Sin periodicidad
Chile	Ley N°21.148	A) Informes al Congreso B) Notas del Consejo Fiscal (reflexiones, aspectos fiscales de la constitución, recomendaciones, entre otros). C) Informes técnicos (propuesta de cambios metodológicos, reglas fiscales, experiencias y consideraciones de revisiones del gasto, etc.)   Cuenta además con un calendario de publicaciones.	2019-2023	2019-2023 A: Semestral B y C: Sin periodicidad
Colombia	Ley 2155 de 2021	A) Informe al congreso B) Discusiones del Consejo. C) Informes y documentos técnicos (PIB tendencial, elasticidades, reforma pensional, plan financiero, etc.). D) Documentos de investigación	2022-2023	A: Semestral   B, C, D: Sin periodicidad
Granada	Fiscal responsibility Act 2015	A) Análisis de informes de las finanzas públicas B) Ingresos C) Deuda (análisis sobre finanzas públicas y deuda) D) Presupuesto y gasto E) Gasto federalizado (avance financiero, obligaciones financieras) F) Análisis de informes institucionales (artículo 42, cuenta pública, estructura programática) G) Macroeconomía H) Deuda subnacional I) Paquete económico J) Investigaciones	2016-2023	A, G, J: Sin periodicidad   B, C, E, H: Trimestral   D, F, I: Anual
México	Estatuto de la organización técnica y administrativa y del servicio de carrera de la cámara de diputados	A) Análisis de informes de las finanzas públicas B) Ingresos C) Deuda (análisis sobre finanzas públicas y deuda) D) Presupuesto y gasto E) Gasto federalizado (avance financiero, obligaciones financieras) F) Análisis de informes institucionales (artículo 42, cuenta pública, estructura programática) G) Macroeconomía H) Deuda subnacional I) Paquete económico J) Investigaciones	2016-2023	A, G, J: Sin periodicidad   B, C, E, H: Trimestral   D, F, I: Anual
Perú	Ley 21680	A) Informes (opiniones sobre marco macroeconómico, reglas fiscales, riesgos fiscales, proyecciones, etc.). B) Comunicados C) Reportes técnicos D) Notas de discusión E) Otros documentos (plan de trabajo, resoluciones de la secretaria técnica, etc.).	2016- 2023	A, B, C, D, E: Sin periodicidad
Uruguay	Decreto 315/021	A) Informes del CF: – Cálculo del resultado fiscal estructural; – Informe proceso de convocatoria al Comité de Expertos y revisión del cálculo del PIB potencial 2023-2032.	2021-2023	A: Anual

Fuente: elaboración propia con base a normatividades y sitios oficiales de los CFs.

Principales aportes de los consejos fiscales sobre los impactos fiscales del COVID-19

Los consejos fiscales también pueden volver muy relevantes en el seguimiento y análisis del comportamiento de los gobiernos en períodos de emergencia económica. Esto quedó claramente manifestado durante el COVID-19, donde varios consejos fiscales de la región realizaron reportes y seguimiento de los efectos que la pandemia sobre los impactos de la pandemia sobre las finanzas públicas.

La tabla 3 ofrece un resumen de los principales productos que los consejos realizaron relacionados con la pandemia. Los productos que realizaron más países fueron análisis de impactos económicos y presupuestarios (en Brasil, Chile, México y Perú), seguido por el monitoreo de la activación de la cláusula de escape o suspensión de las reglas fiscales (Bahamas, Brasil y Granada). En algunos países también se dio seguimiento a la transparencia de los procedimientos implementados por la emergencia sanitaria (Brasil, Chile, Granada).

Tabla 3. Aportaciones de los consejos fiscales ante la pandemia

Fuente: elaboración propia con información extraída de los portales oficiales de los Consejos Fiscales y la Base de datos de los Consejos Fiscales: La actualización de 2021, del FMI. (https://www.imf.org/en/Data/Fiscal/fiscal-council-dataset)

Áreas de oportunidad para los consejos fiscales de ALC.

Si bien los consejos fiscales de la región han presentado importantes avances en los análisis y evaluaciones que realizan de la política fiscal, aún existen áreas de oportunidad para robustecer su accionar. La experiencia internacional arroja diferentes mejores prácticas que los países de la región pueden considerar para incrementar la efectividad de sus consejos fiscales. Algunas mejores prácticas que destacan son:

Participar formalmente en el proceso de definición del presupuesto. Los consejos fiscales de la región no cuentan con un rol formal en los procesos de definición del presupuesto. Solo los consejos de Chile, México, y Uruguay asisten a consultas formales o audiencias, cuando son convocados. Algunos países fuera de la región han involucrado a los consejos en los procesos presupuestarios de una manera más activa, por ejemplo, requiriendo que sus proyecciones macroeconómicas sean las que se tengan que utilizar para la elaboración de los presupuestos y de los marcos fiscales de mediano plazo. Este es el caso de Reino Unido, donde el Tesoro deben usar los pronósticos de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria para el diseño del presupuesto.

Habilitar mecanismos de revisión externa sobre su desempeño. Para incrementar la credibilidad de los propios consejos, estos pueden ser sujeto a evaluaciones externas sobre el desempeño de sus funciones. El Reino Unido también presenta un ejemplo en este sentido, donde la legislación vigente estipula que la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido debe ser evaluada por lo menos una vez cada cinco años.

Estimular el debate público sobre políticas del gobierno. Los consejos fiscales pueden fungir como una instancia que provee a la ciudadanía análisis para un mejor entendimiento de los impactos fiscales de las políticas públicas. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, donde la oficina presupuestaria del congreso elabora estimaciones sobre los costes y/o impactos fiscales de la mayoría de los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes o en el Senado. Otros ejemplos interesantes se encuentran en Australia y los Países Bajos, donde los consejos fiscales de dichos países emiten informes que muestran los impactos que podrían tener en el presupuesto las propuestas de gobierno realizadas por los partidos políticos.

Identificar los impactos del cambio climático en las finanzas públicas. Este tipo de análisis es fundamental para fomentar un debate público de alto nivel respaldado por evidencia y rigurosidad técnica, que contribuya a la definición de políticas fiscales efectivas, sostenibles y equitativas. Estos análisis ya se realizan en los Países Bajos, Reino Unido y Canadá.

Impulsar y promover la investigación en materia fiscal. Esto se puede lograr mediante la ampliación de los equipos propios de investigación como a través de una vinculación formal con académicas y/o organizaciones civiles.

Ampliar el uso de los datos gubernamentales y de técnicas analíticas modernas para mejorar la calidad de las proyecciones y análisis fiscales. Un ejemplo de esto es la oficina para análisis de políticas económicas de Países Bajos, la cual cuenta con un equipo de ciencia de datos encargado de utilizar métodos como machine learning en sus pronósticos.

¿Te interesa saber más sobre gestión fiscal?.

El ascenso de los consejos fiscales en América Latina y el Caribe - Gestión fiscal (iadb.org)

Ministerios de economía y finanzas frente al cambio climático: 7 avances en la agenda fiscal verde

 

Ya no hay vuelta atrás, los ministerios de economía y finanzas están en el centro de la acción climática. Se requiere de estos ministerios en la lucha contra el cambio climático, ya que tanto los objetivos de descarbonización como los de resiliencia y protección de la biodiversidad exigen acciones estratégicas que requieren de sus capacidades de gestión, liderazgo y coordinación únicas.

¿Qué están haciendo y discutiendo los ministerios de finanzas para impulsar la gestión fiscal verde? En este blog resumimos los principales avances de esta agenda, que está siendo impulsada por la Plataforma Regional de Cambio Climático de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de América Latina, una red de trabajo integrada por los 26 países miembros prestatarios del BID, y que fue tema de discusión durante los diálogos técnicos y reuniones que los países tuvieron desde el lanzamiento de la Plataforma en agosto de 2022.

1. Los países se beneficiarían de fortalecer sus estrategias financieras climáticas

Estos instrumentos son comúnmente utilizados por los países para orientar las finanzas públicas y privadas hacia el financiamiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y las Estrategias de Largo Plazo (LTS), identificando acciones y objetivos a alcanzar. En los últimos años ha habido un enorme incremento en el desarrollo de estas estrategias, contabilizándose unas 40 en todo el mundo. Durante el primer semestre de 2023, la Plataforma analizó casos de 16 países dentro y fuera de la región para identificar las mejores prácticas en el diseño e implementación de estas estrategias. Entre las principales recomendaciones se encuentra:

Realizar diagnósticos robustos y consultas con actores del sistema financiero.

Considerar una mezcla de líneas estratégicas generales y medidas específicas, priorizando las de mayor impacto.

Considerar la combinación de enfoques de estabilidad económica y competitividad con los objetivos de descarbonización.

Identificar cuáles intervenciones generan mayores beneficios netos sociales, económicos y en resultados con los objetivos de las LTS y NDC.

Mitigar los riesgos relacionados a activos varados, transición energética y cambios en las políticas de subsidios.

Evaluar los flujos de financiamiento, ya que no siempre se requiere gastar más en cambio climático sino gastar mejor.

Contar con una estrategia financiera frente al cambio climático puede llevar además a fortalecer el marco legal, así como a institucionalizar instrumentos y procesos relacionados a las finanzas públicas.

2. Emisiones temáticas soberanas son cada vez más relevantes

Los instrumentos de deuda sostenible se están volviendo cada vez relevantes en los mercados de capitales. De acuerdo con cifras deClimate Bonds Initiative, hasta el cierre de 2022 los bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y de transición (GSS+) alcanzaron casi 900 mil millones de dólares, un 5% del mercado mundial de bonos. En América Latina, las emisiones temáticas han aumentado significativamente en los últimos años y representan un 25% de la deuda regional de todos los emisores, siendo los emisores soberanos una tercera parte del total emitido.

Para apoyar a los países a incursionar en el mercado de deuda sostenible, la Plataforma ha desarrollado una guía práctica en la que se describe el proceso de emisión de dos tipos de bonos, los estructurados con base en el uso de fondos (UoP). Ej. verdes, azules, sociales y sostenibles y los vinculados a sostenibilidad (SLB). La guía resume conceptos clave y detalla el paso a paso en la estructuración de estos instrumentos, así como tres estudios de casos de bonos temáticos emitidos por México, Chile y Uruguay. Entre las principales ventajas de las emisiones temáticas, el documento señala:

Alineación de políticas con contribuciones a objetivos sostenibles

Priorización de iniciativas ambientales y sociales estratégicas para el desarrollo sostenible e inclusivo

Diversificación de la base de inversionistas

Acceso a financiamiento en condiciones favorables de costo, plazo y demanda

Desarrollo de mercado de capitales

Apalancamiento de capital privado

La guía se encuentra en proceso de publicación por parte del BID, y será de utilidad para tesorerías y oficinas de deuda pública de la región. Asimismo, a través de la Plataforma se ha facilitado el intercambio de experiencias entre países, fortaleciendo las capacidades de los ministerios de la región en este tema.

3. Nuevo impulso a los canjes de deuda por naturaleza

Otro instrumento financiero sostenible que está generado alto interés en los ministerios es el canje de deuda por naturaleza. Este permite a deudores soberanos lograr alivios parciales en el saldo o servicio de su deuda pública a cambio de redireccionar parte de estos ahorros fiscales a inversiones en conservación ambiental. Además de los beneficios ambientales, estos canjes permiten a los países mejorar el perfil de su deuda externa, los tenedores obtienen retornos por la venta de la deuda y las organizaciones medioambientales fortalecen su accionar en el sector. Un reporte de 2018 del Congressional Research Service de Estados Unidos daba cuenta de la realización de más de 140 transacciones de este tipo en países en desarrrollo desde su surgimiento en 1984.

Recientemente este instrumento ha sido aplicado con éxito en Belice (2021), Barbados (2022) y Ecuador (2023), con participación activa del BID en los dos últimos casos. Estas transacciones permitieron reducir el coste de la deuda, resultando en ahorros significativos para los países, lo que les permite redirigir recursos e invertir en la protección de sus activos naturales, resiliencia de ecosistemas marinos y conservación de la biodiversidad, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Ecuador hay un ahorro de US$ 1.100 millones, con lo que invertirá US$ 323 millones para la protección de las Islas Galápagos.

4. Taxonomías sostenibles son fundamentales para tener acceso a información oportuna y de calidad

Las taxonomías verdes o sostenibles constituyen un sistema de clasificación para identificar si un activo o actividad económica, proyecto o inversión contribuye al cumplimiento de los objetivos ambientales priorizados por un país o región y en qué medida lo hacen. Al mismo tiempo, contribuyen a la homologación de criterios y definiciones para las finanzas sostenibles, a través de un lenguaje común, facilitando el acceso a información oportuna y evitando el riesgo de que gobiernos y empresas exageraren el impacto de sus acciones para combatir el cambio climático (greenwashing) o sobre temas sociales clave (socialwashing).

Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con varias instituciones, incluyendo el BID, publicó el documento Marco Común de Taxonomías de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe, que busca ser una referencia voluntaria para actores en la región que deseen alinearse con las mejores prácticas internacionales y de la Unión Europea, cuya taxonomía es la base para la construcción de taxonomías adaptadas al contexto local.

En 2022, Colombia fue el primer país de la región en publicar su Taxonomía Verde, siguiéndole México con su Taxonomía Sostenible, lanzada en 2023. Ambos casos tienen características similares ya que toman como referencia la de la Unión Europea, pero también particularidades como son la incorporación de otros elementos ambientales en el caso de Colombia y, en el caso de México, la inclusión de un índice de igualdad de género. En la actualidad, otros bloques regionales (Centroamérica) y países de la región, como Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y República Dominicana, han manifestado su interés o se encuentran en el proceso de desarrollo de sus propias taxonomías verdes. La Plataforma estará apoyando a los países en la aplicación de esta herramienta a través del intercambio de experiencias con países pioneros tanto de la región como de fuera, así como con la producción de recursos de conocimiento y desarrollo de capacidades en esta temática.

5. Mecanismos de precio al carbono pueden ayudar a aumentar los ingresos fiscales

Desde su implementación bajo el Protocolo de Kioto, los mercados de carbono han ganado popularidad. A la fecha, se registran 73 iniciativas de precios al carbono implementadas a nivel global, que cubren aproximadamente 12 gigatoneladas de CO2 equivalente y representan 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos del Banco Mundial.

Existen diversos instrumentos de precios al carbono y entre los tres más comunes se encuentran: los impuestos al carbono (o impuestos verdes), los sistemas de comercio de derecho de emisiones y los mercados de créditos de emisiones. En América Latina y el Caribe, cinco países ya están implementando algún mecanismo de precio al carbono –Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay– cubriendo el 17% de las emisiones regionales de gases de efecto invernadero.

Durante el último año, la Plataforma ha desarrollado un estudio marco que busca mejorar el entendimiento de estos instrumentos de precios al carbono y las expectativas sobre los mismos en en la región. La investigación realizada analiza las barreras percibidas para su implementación y la experiencia de dos países con mecanismos activos: Chile y Colombia.

El análisis, a ser publicado próximamente, concluye que los impuestos al carbono pueden ser un vehículo para captar recursos fiscales adicionales que luego se canalicen vía el presupuesto para apoyar la política ambiental. Si bien existe evidencia que los precios de carbono reducen emisiones en ciertos sectores, no se encontró evidencia de que sean un instrumento eficaz para incentivar los cambios tecnológicos requeridos que lleven hacia emisiones netas cero. Esto es en parte consecuencia de que los países encuentran dificultades de economía política para implementar precios de carbono altos y con una cobertura más extensa, además de la existencia de barreras regulatorias y monopolios que impiden la introducción de nuevas tecnologías. Bajo esta luz, y considerando las bajas tasas de tributación efectivas del carbono en los países de ALC, una buena política de precios para ayudar a cumplir metas de descarbonización debiera mirar primero la revisión de subsidios a los combustibles fósiles.

6. Gestión financiera púbica verde es incipiente y países necesitan establecer rutas de acción

La gestión financiera pública (GFP) verde se perfila como una tendencia y una gran oportunidad para todos los países de la región. Cuando hablamos de GFP verde nos referimos a promover una mejor integración de la acción climática en todo el ciclo del gasto público, desde la planificación fiscal y presupuestaria hasta el seguimiento y evaluación de la eficiencia del gasto.

Entre las prácticas de GFP verde se encuentran, por ejemplo, los marcos de medio plazo verdes, herramientas de presupuestación verde, como los clasificadores o marcadores climáticos, y los estados contables verdes, entre otros. Para conocer cómo los países vienen adoptando estas prácticas, una de las principales metodologías de diagnóstico utilizada se conoce como Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) y, en este caso particular, su módulo climático (PEFA-Clima), el cual examina en qué medida un país está preparado para respaldar y fomentar la implementación de políticas de cambio climático.

Dado que el PEFA-Clima es una herramienta relativamente reciente, solo dos países de la región lo han aplicado hasta ahora: Paraguay y Costa Rica. La Plataforma analizó estos dos casos, y más allá del resultado de cada país, se concluye que la integración de la acción climática en las políticas, normas, procedimientos, procesos y sistemas de GFP es una tarea compleja y de largo aliento. Por ello, la principal recomendación es que los países establezcan rutas de acción o planes de trabajo que, en función de sus capacidades, les permitan avanzar de manera gradual y sistemática en la adopción de las mejores prácticas internacionales de GFP verde. Como recomendación destaca también la importancia de establecer un orden de prelación en la implementación de estas herramientas, focalizando esfuerzos e impulsando la complementariedad entre herramientas.

7. Es necesario enverdecer los sistemas de gestión de la inversión pública

La inversión pública verde es una herramienta para impulsar el crecimiento sostenible, ya que contribuye tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático. Esto incluye la inversión en infraestructura que sea baja o nula en carbono, que sea resiliente a los impactos del clima cambiante y que tenga impactos positivos en el medio ambiente.

El BID estima que construir la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos climáticos requiere inversiones anuales de alrededor de 5% del PIB hasta 2030. Esto representa una oportunidad, pues no sólo minimiza los riesgos por activos varados, sino que también puede generar ahorros por remediación de daños futuros, sin dejar de mencionar los beneficios sociales que estas acciones conllevan.

Durante el último año, la Plataforma evaluó cómo se están incorporando actualmente los criterios de cambio climático en los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) de tres países: Argentina, Costa Rica y Colombia. Para ello utilizó la metodología de Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública Climática (C-PIMA), desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A partir de los casos estudiados, derivaron algunos lineamientos para incorporar la acción climática en los SNIP de manera progresiva en función de la madurez de cada sistema. En términos generales se releva la importancia de planear inversiones con base en las prioridades y necesidades más apremiantes del país, la mejora de los mecanismos de coordinación institucional, especialmente en países con mayor descentralización.

El BID se encuentra trabajando en un diagnóstico transversal sobre la inclusión de criterios de cambio climático en los sistemas nacionales de Inversión Pública en América Latina y el Caribe y publicará una serie de productos de conocimiento para apoyar a los países a enverdecer sus sistemas de inversión pública.

Conclusión

La agenda de trabajo de la Plataforma demuestra que los países de América Latina y el Caribe están empeñados en transformar los ministerios de economía y finanzas en una pieza clave para alcanzar la neutralidad de carbono y detener la pérdida de naturaleza en nuestras economías. En su más reciente reunión de alto nivel (asistir el video abajo), en septiembre de 2023 en Santiago de Chile, los ministerios de finanzas miembros de la Plataforma emitieron por primera vez una declaración conjunta en la que ratifican su compromiso con la acción climática y la biodiversidad.

Durante el mismo encuentro, el ministerio de hacienda de Chile asumió la presidencia pro tempore de la Plataforma para el periodo 2023-2024 con un ambicioso plan de trabajo para impulsar el fortalecimiento institucional de los miembros y promover el desarrollo de soluciones innovadoras con el fin de impulsar políticas fiscales verdes basadas en las mejores prácticas internacionales y adaptadas al contexto regional. La inacción ya no es una opción.

Ministerios de economía y finanzas frente al cambio climático: 7 avances en la agenda fiscal verde - Gestión fiscal (iadb.org)

Modernizando la gestión de la tesorería gubernamental en América Latina: ¿Cuáles son las oportunidades?

 

Las tesorerías gubernamentales son la dependencia de gobierno responsable de administrar los recursos financieros del Estado. Generalmente tienen entre sus responsabilidades concentrar los ingresos del Estado y realizar los pagos. De esta forma, las tesorerías gubernamentales desempeñan un rol fundamental en la gestión financiera de los países.

Para conocer la calidad de gestión de las tesorerías públicas e identificar oportunidades de modernización, el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) implementaron la Encuesta sobre Gestión de Tesorería en América Latina y el Caribe, en preparación para el XIII Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas realizado en Lima en octubre de 2023.

El principal objetivo de la encuesta fue obtener una visión integral de la situación actual de las tesorerías en la región e identificar áreas con oportunidades de mejora. Para esto, la encuesta indagó sobre las estrategias, herramientas y procedimientos empleados por las tesorerías de la región en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo sus pronósticos de flujo de caja, programación financiera, cuenta única del tesoro, medios de pago, deuda flotante, coordinación, entre otros temas.

La encuesta 2023 se elaboró usando como modelo las Encuestas FOTEGAL-BID sobre gestión de tesorerías de América Latina de 2016 y la de Pronósticos y Programación de Caja de 2019. Adicionalmente, la selección de preguntas tomó en consideración diversas publicaciones que identifican mejores prácticas en esta área. Una de ellas fue la publicación Gestión financiera publica en América Latina: la clave de la eficiencia y la transparencia, elaborada conjuntamente entre el BID y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La edición 2023 de la encuesta se compuso de 39 preguntas principales, distribuidas en ocho bloques y una sección transversal[1]. Catorce países de América Latina contestaron la encuesta, casi el 80% de los 18 países miembros de FOTEGAL, muy similar a los 15 países que habían contestado en el 2016.

Principales hallazgos de la encuesta 2023 sobre gestión de tesorería

1. La frecuencia de la revisión de los planes de caja es muy diversificada.

Relevancia Situación regional 2023

La frecuencia de los planes de caja es crucial para una gestión financiera precisa y adaptable a las necesidades específicas, ya que esto facilita la toma de decisiones informadas.

Estos planes deben asegurar la coherencia con las proyecciones de los presupuestos anuales y deben analizar diferentes frecuencias de tiempo, incluso frecuencias diarias. 92% de los países elaboran planes anuales mensualizados.

79% elaboran planes mensuales con base diaria.

Chile ha avanzado con elaboración de “Planes anuales con base diaria”.

2. Sigue predominando el uso de planillas tipo Excel o similares para preparar pronósticos de caja y almacenar los datos de estos pronósticos.

Relevancia Situación regional 2023.

La utilización de metodologías y herramientas tecnológicas avanzadas en la elaboración de pronósticos de caja mejora la precisión y la previsibilidad de los recursos.

Facilitan la conectividad, proporcionan un mayor almacenamiento y análisis de datos, y ofrecen plataformas más eficientes y confiables. 100% elaboran los pronósticos en hojas de cálculo (Excel o similares).

Colombia, Brasil y Panamá usan un módulo informático específico para pronósticos, y Argentina usa Hyperion.

La adopción de tecnologías más avanzadas en tesorería, como la inteligencia artificial y Business Intelligence, todavía es incipiente en la región.

3. Se ha avanzado en la identificación de recursos faltantes y de reserva de liquidez.

Relevancia Situación regional 2023.

La gestión de activos y pasivos, incluyendo la identificación de recursos faltantes y reservas de liquidez, permiten maximizar el rendimiento de los saldos de caja inactivos y minimizar los costos de endeudamiento de corto plazo, de manera diaria. Todos los países encuestados han reportado identificar los recursos faltantes.

79% han reportado realizar lo propio para la reserva de liquidez.

Solo 50% cuenta con estrategias integrales de gestión de activos y pasivos.

4. La gestión de deuda flotante ha mejorado y tiene espacio para mejorar todavía más.

Relevancia Situación regional 2023.

La deuda flotante, que consiste en obligaciones pendientes de pago de un año fiscal al otro, constituye un pasivo para el estado.

Por lo tanto, la implementación de una gestión eficiente, que incluya la formalización y estandarización de los criterios de pago, no solo asegura la transparencia, sino también promueve la rendición de cuentas fiscal, y manejo de riegos financieros. 10 países de 14 han declarado contar con una definición legal de lo que es deuda flotante.

64% han reportado realizar informes formales de deuda flotante.

42% cuenta con estrategias formales de gestión de deuda flotante, y solamente el 36% qué tipo de gasto tiene prioridad en el pago.

5. La cobertura de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) se sigue incrementado.

Relevancia Situación regional 2023.

La ampliación de la cobertura de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) resulta clave para mejorar la eficiencia de los flujos de caja.

La cobertura total de la CUT sobre las transacciones del gobierno es una meta que los gobiernos deben seguir para mejorar la eficiencia y el control de los recursos financieros. 8 de 14 países cuentan con cobertura de la CUT en más del 90% de las instituciones.

4 países han aumentado la cobertura de la CUT en los últimos 12 meses.

Chile ha modificado en el último año el marco legal para crear una CUT.

6. Los pagos e ingresos por medios electrónicos son la práctica más frecuente en la región.

Relevancia Situación regional 2023.

Los medios electrónicos de recaudación y pago indican una modernización en la gestión financiera de las tesorerías, no solo agilizando el tiempo en que se realizan las transacciones y mejorando la trazabilidad y transparencia en el manejo de fondos públicos, sino que además ha servido para disminuir los costos asociados a la gestión de pagos en papel. 85% de los países reportaron realizar prácticamente el 100% de los pagos a proveedores, de nómina y de la CUT por medios electrónicos.

67% de las tesorerías logra el 100% de sus ingresos mensuales por medios electrónicos.

Más de 70% usa la liquidación bruta en tiempo real, un incremento desde el 47% identificado en el 2016.

7. Se han mejorado los indicadores de calidad y eficiencia en la recaudación de ingresos por las tesorerías.

Relevancia Situación regional 2023.

Reducir el tiempo que los ingresos permanecen en el sistema financiero es importante para mejorar la eficiencia, reducir costos, minimizar riesgos y optimizar la gestión de recursos, lo que contribuye a una mayor estabilidad y eficiencia financiera. Los ingresos fiscales permanecen en los bancos durante 1,65 días en promedio, antes de ser remitidos a la tesorería (2,43 días promedio registrados en 2016).

En 64% de los países el tiempo de permanencia de los ingresos en los bancos no supera 24 horas antes de ser transferido a las tesorerías.

8. La mitad de las tesorerías cuentan con mecanismos formales de coordinación y/o cooperación con otros entes públicos.

Relevancia Situación regional 2023.

La coordinación es esencial en la gestión de caja y deuda, especialmente cuando los administradores influyen en los mercados financieros.

Esto requiere una delimitación clara de responsabilidades entre los administradores de caja, deuda pública y autoridades monetarias como el banco central para un funcionamiento eficiente del sistema financiero. Siete países de catorce han establecido mecanismos formales a través de comités de coordinación con el banco central.

Seis países han implementado mecanismos de colaboración entre las tesorerías del gobierno central y las de los gobiernos subnacionales.

Tres países han avanzado hacia una gestión integrada de caja y de deuda en una única dirección o departamento (Colombia, Perú y Brasil).

Cinco oportunidades para avanzar la modernización de la gestión de las tesorerías de la región

Los resultados de la encuesta muestran que hay una oportunidad para que los países de la región aceleren sus esfuerzos de modernización de la gestión de sus tesorerías para aumentar su eficiencia y transparencia.

Entre las principales oportunidades se destacan: Impulsar la modernización de herramientas, la formalización de prácticas y un enfoque continuo de la eficiencia en la gestión de caja y en la colaboración interinstitucional. Por ejemplo, la adopción de metodologías y herramientas tecnológicas más avanzadas para la preparación de pronósticos y el almacenamiento de datos es muy importante para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en una buena gestión de tesorería. Fomentar la formalización e inclusión de criterios de priorización de pagos en leyes y regulaciones relacionadas a la gestión de deuda flotante. La modernización en esta área puede ayudar a optimizar el manejo de pasivos y riesgos financieros. Expandir el número de organismos públicos y la cantidad de recursos propios de las entidades incluidos dentro de la Cuenta Única del Tesoro, lo que contribuiría para una gestión de caja más eficiente y transparente. Expandir la cobertura de los pagos electrónicos a prácticamente todos los pagos, promoviendo la trazabilidad, eficiencia y transparencia. El avance de la liquidación bruta en tiempo real también debería alcanzar prácticamente a la totalidad de los países de la región en los próximos años. Promover la colaboración y coordinación entre las tesorerías y otras entidades gubernamentales, tales como los bancos centrales, pues son importantes para fomentar una mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos y fortalecer la capacidad financiera en la región.

¿Te interesa saber más sobre gestión de tesorería?

Modernizando la gestión de la tesorería gubernamental en América Latina: ¿Cuáles son las oportunidades? - Gestión fiscal (iadb.org)

Recaudo de impuestos superará el 2022, pero no alcanzará la meta

 Un reciente informe advierte que la caída en el recaudo externo y la desaceleración económica, pasarán factura en el cierre de este año.

Pago de impuestos

El Centro de Investigaciones Económicas de Corficolombiana dio a conocer un reporte en el que advierte que si bien el recaudo de impuestos en Colombia está creciendo, la dinámica económica que enfrenta el país le pasará factura a este tema y no permitirá que el país alcance la meta que se propuso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

De acuerdo con los cálculos presentados por Corfi, el recaudo tributario en Colombia aumentó 27,0% anual, impulsado por un incremento de 49,0% en el impuesto de renta que refleja el efecto de las reformas tributarias de 2021 y 2022.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp).

Más noticias de Gobierno

GOBIERNO

Petro lanza bases del acuerdo nacional, tras cita con grandes empresarios del país.

GOBIERNO

Comcel y ETB, entre los que más contratan con el Estado.

Revisando las cuentas de la Dian se puede establecer que el recaudo con corte a septiembre va en $192,37 billones, lo cual marca un repunte respecto a los $141,67 que se llevaban en ese mismo lapso del 2022. No obstante, la meta del MFMP para este año es de $274,2 billones, punto que no creen que se alcance en los meses que faltan.

Portafolio entrevistó a Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, quien explicó que teniendo en cuenta que factores como la desaceleración económica le están pasando factura al recaudo de impuestos y que se debe tener en cuenta que todavía falta que la crisis cobre un poco más de fuerza.

“El Gobierno ya está un poco colgado frente al objetivo que se fijó y que está trazado en el marco fiscal. Frente a una posibilidad de repunte que ayude a cerrar la brecha, hay que tener presente que las tendencias muestran que ya hay algunos impuestos como el IVA, como el cuatro por mil, que están empezando a incorporar la desaceleración de la economía en la medida que hay menos actividad”, explicó Romero.

El analista agregó que pese a que los ingresos por impuestos están creciendo este año por debajo del objetivo, esto no se ha sentido con fuerza, debido al rezago en la ejecución presupuestal que hay por parte del Gobierno Nacional.

Impuestos en Colombia.

iStock

“En particular, los gastos totales del GNC (Gobierno Nacional Central) en los primeros ocho meses del año ascendían a $224,4 billones, lo que representa el 59,3% de lo previsto para todo 2023 en el MFMP. Por su parte, los ingresos totales en el mismo período fueron de $206,5 billones, esto es 66,8% de la meta para este año estipulada en el mismo marco”, agregó el experto.

El informe detalla que ante esto esperan que en los últimos meses del año mejore la ejecución del gasto y se modere la dinámica de ingresos del gobierno, de manera que el déficit del GNC sería cercano a 4,0% del PIB en 2023, “lo cual será en todo caso inferior a la meta planteada en el MFMP. En particular, la ejecución del Presupuesto General de la Nación”.

​

Renta ($120 billones) e IVA ($53,6 billones) siguen siendo los impuestos que más recursos le generan al país. Así mismo, es importante tener en cuenta que la recaudación tributaria externa es menor a la del 2022 y esto, según Corficolombiana, también es muestra de cómo la desaceleración está golpeando este ítem de la economía.

“Si esto debiera dejar una lección, yo creo que, para el 2024, no tanto para este año, sería que hay que revisar si las metas de ingresos tributarios son consistentes con el comportamiento que está teniendo la economía”, dijo Romero.

Para el analista económico, “es muy probable que esos indicadores de recaudo sean menos positivos el próximo año porque van a reflejar la debilidad que está teniendo la economía y particularmente la inversión, que es lo más preocupante”.

Cabe recordar que este mismo centro de investigaciones publicó hace algunos días otro reporte en el que advierte que hay una desconexión entre la carga tributaria y la realidad económica que enfrenta el país por cuenta de la desaceleración y genera una alta presión sobre las empresas.

En sus resultados detallaron que “el incremento de los ingresos tributarios en 2023 contrasta con la desaceleración de la economía colombiana, evidenciando que el aumento de la carga de impuestos está pesando en contra del aparato productivo”.

Ante ello, desde Corficolombiana resaltaron que es necesario revisar detenidamente lo que está pasando en el país en materia económica para evitar que la caída de la economía golpee con más fuerza a las empresas y los hogares y esto siga afectando el pago de impuestos en Colombia.

Recaudo de impuestos superará lo alcanzado en 2022 | Impuestos | Economía | Portafolio