Con la tributaria el Gobierno espera mejorar indicador. Analistas señalan necesidad de explicar mejor la hoja de ruta y opciones más allá de subsidios
“El impacto social de la reforma tributaria que ha estimado el Ministerio de Hacienda es realmente significativo. Podemos reducir la pobreza y la pobreza extrema en 4 puntos porcentuales, básicamente a través de los gastos sociales que se hacen por medio de estos mayores recursos”, dijo el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el pasado 8 de agosto, tras la radicación del proyecto con el que el Gobierno aspira recaudar $25 billones en 2023.
Esta meta, que se acompaña también con el objetivo de reducir los indicadores de desigualdad, pues Hacienda estima que el Coeficiente de Gini cambiaría de 0,54 a 0,51 de aprobarse como está el proyecto de reforma, podría no ser tan fácil de alcanzar según los expertos.
Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión S.A.S., menciona que en la exposición de motivos del proyecto están los supuestos, y el que sustenta esta simulación de los efectos de la reforma parte de que la mitad del nuevo recaudo ($12,5 billones) se iría a transferencias monetarias.
“Si esto es así, sería bueno que el gobierno dijera cuáles son los canales para hacer efectiva esa redistribución. La reforma solo es concreta en cómo va a recaudar, pero no hay claridad por otros anuncios sobre los canales de redistribución”, comenta Angulo, quien además cuestiona qué tan verosímil es que el gobierno gaste la mitad del recaudo en transferencias monetarias.
“De entrada es una meta ambiciosa, porque son 4 puntos porcentuales en un año, una caída que no se ha visto en la historia desde que hay medición. Y en presencia de una inflación alta es un desafío bien importante”, aseguró el experto.
Desde Corficolombiana, José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones económicas, dice que con los recursos adicionales se esperaría que aumenten los programas sociales. Sin embargo, dijo que su impacto aún no es claro.
“Esa reducción de pobreza podría ser consistente dependiendo del uso de los recursos de la reforma. Entonces, sin conocer una destinación específica o los programas es muy difícil evaluar esa reducción en pobreza asociada a la reforma tributaria”, mencionó el economista.
Asimismo, Eduardo Lora, exdirector de Fedesarrollo y asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, también tiene algunas dudas sobre la meta del Gobierno.
“Pensaría que si es a través de transferencias, la reforma que se está discutiendo no da, pero incluso si no saliera recortada del Congreso, una parte de los recursos deben dedicarse a reducir el déficit. Esas promesas redistributivas que aparecen en el proyecto de reforma son muy ambiciosas”, dijo Lora.
El experto reconoce que la reducción de la pobreza no es solo un tema de transferencias, y que por ello la ruta que trace el Plan Nacional de Desarrollo también es crucial.
“Una ayuda que me parece fundamental que ha propuesto Petro, y que es un consenso de muchos, son los $500.000 de pensión básica, eso tiene un efecto importante sobre la pobreza, pero con una reforma pensional bien hecha, no la que se está proponiendo desde el Gobierno”, indica también el exdirector de Fedesarrollo.
Y es que mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, y con ello los indicadores de pobreza y desigualdad no es tarea sencilla. Por ello Andrés Langebaek, director ejecutivo de investigaciones económicas de Grupo Bolívar-Davivienda considera que para reducir la pobreza hay que tener ‘las dos caras de la moneda alineadas’.
“Una es el esfuerzo por redistribuir, pero la otra es el esfuerzo por crecer. A los países que crecen les cuesta menos trabajo mejorar su distribución del ingreso, tienen un potencial. Pero es un equilibrio complejo, muchas veces si los impuestos castigan a las empresas pueden retrasar el crecimiento y eso puede tener un impacto sobre la desigualdad. Por eso no es tan sencillo”, dice.
Desigualdad
Una de las instituciones que articulan los esfuerzos para reducir la pobreza es el Departamento de Prosperidad Social (DPS), encargado de gestionar los subsidios de los cinco programas que tiene vigente el Estado: Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la Devolución del IVA.
Solo hasta la semana pasada se posesionó la directora del DPS para este Gobierno: Cielo Rusinque, y con su llegada el Presidente anunció también una serie de cambios en la entidad, como devolver funciones que antes tenían los ministerios y que ha venido asumiendo la entidad.
“Hay $500.000 millones que el DPS maneja para vivienda. Eso debería estar en el Ministerio de Vivienda”, así como “$1 billón y pico de recursos para adulto mayor, a través de los famosos bonos de $70.000, $80.000 que no le quitan el hambre a nadie”, dijo el Mandatario, quien enfatizó en que estos fondos debería manejarlos Colpensiones y que por ello se requiere una reforma pensional.
Otro de los anuncios fue la reedición del programa Jóvenes en Paz, que Petro implementó cuando fue Alcalde de Bogotá, y que liderará el DPS , junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
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