“Creo que la clase dirigente, que maneja los resortes de la publicidad en un país democrático, debe entender que será mucho más respetable y respetada si abandona retaliaciones o halagos en intentos estériles y fallidos de modificar, cuando no tiene razón, las líneas políticas e informativos de los órganos de expresión e intenta colocar sus órbitas de influencia y de presiones inaceptables e indebidas, en aquellas donde se mueve y debe moverse la libertad de expresión”. Estas palabras fueron pronunciadas por Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, cuando recibió en nombre de Gabriel Cano el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar el 19 de agosto de 1980.
Jaime Michelsen Uribe fue uno de los artífices de la Aseguradora Grancolombiana de Crédito S.A. en 1959. Este fue el primer cimiento para la creación del Grupo Grancolombiano, que en los años siguientes se fue formando con la creación del Banco Grancolombiano, la Corporación Financiera Grancolombiana, la Grancolombiana de Promociones, la Capitalizadora Grancolombiana, la Almacenadora Grancolombiana y los Fondos Grancolombiano y Bolivariano. Ese portento económico ubicó a Michelsen como una de las mentes más audaces y lo convirtió en uno de los hombres más poderosos en el país.
Con el pasar de los días, Michelsen se hizo también con otras empresas que se situaban en distintos puntos del mercado y de la banca: Banco de Colombia, Car-Set, Pronta S.A., Politécnico Grancolombiano, Granahorrar, Diners Club, Simesa S.A., Cine Colombia y Selecciones del Reader’s Digest hacían parte de este emporio que logró mover, según la revista Semana, el 62 % del mercado accionario en Colombia.
A principios de la década de 1970, específicamente en 1972, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 678, que avalaba la creación de corporaciones de ahorro y vivienda, una estrategia que ayudaba a la economía del país al potenciar la remuneración del ahorro por parte de los empresarios. Esto ayudó para que en los años posteriores la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda y la sociedad Graninversión S.A. —que manejaba los Fondos de Inversión Grancolombiano y Bolivariano— llevaran a Michelsen y a sus compañías a la cúspide de la prosperidad y de la rentabilidad.
Sin embargo, en medio de los vientos prósperos y de los negocios fructíferos, Hernando Agudelo Villa, exministro de Hacienda, puso la primera piedra en el camino de Michelsen, que, si bien fue inocua en su momento, marcó el primer antecedente de la lupa que recaía sobre acciones sospechosas o reprochables que se estaban realizando en la banca y en el ámbito financiero en Colombia. La insistencia de Agudelo llegó a la Procuraduría y al Gobierno del liberal Julio César Turbay.
El Grupo quería seguir en alza y en cabeza de su líder vieron la posibilidad de adquirir la Compañía Nacional de Chocolates, fundada como Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja en los primeros años de la década de 1920. Los inversionistas, a inicios de los años 80, se vieron atraídos por la valorización de las acciones del Grupo y lo llevaron a obtener captaciones de $4.000 millones. Esto, de alguna manera, mantenía el auge económico de las empresas pertenecientes a Michelsen y le daba la seguridad de adueñarse de la Compañía Nacional de Chocolates por medio de los fondos de inversión que captaban el dinero de las compañías financieras e industriales que hacían parte del emporio.
Sin embargo, en medio de los vientos prósperos y de los negocios fructíferos, Hernando Agudelo Villa, exministro de Hacienda, puso la primera piedra en el camino de Michelsen, que, si bien fue inocua en su momento, marcó el primer antecedente de la lupa que recaía sobre acciones sospechosas o reprochables que se estaban realizando en la banca y en el ámbito financiero en Colombia. La insistencia de Agudelo llegó a la Procuraduría y al Gobierno del liberal Julio César Turbay.
El Grupo quería seguir en alza y en cabeza de su líder vieron la posibilidad de adquirir la Compañía Nacional de Chocolates, fundada como Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja en los primeros años de la década de 1920. Los inversionistas, a inicios de los años 80, se vieron atraídos por la valorización de las acciones del Grupo y lo llevaron a obtener captaciones de $4.000 millones. Esto, de alguna manera, mantenía el auge económico de las empresas pertenecientes a Michelsen y le daba la seguridad de adueñarse de la Compañía Nacional de Chocolates por medio de los fondos de inversión que captaban el dinero de las compañías financieras e industriales que hacían parte del emporio.
Paralelo a esos movimientos que luego se consideraron como una valorización manipulada por la figura de los “autopréstamos”, el Gobierno Nacional dictó un decreto que les prohibía a los fondos de inversión obtener acciones de empresas que furan vigiladas por la Superintendencia Bancaria, así como también le prohibió explícitamente a Graninversión S.A. administrar los fondos Bolivariano y Grancolombiano.
En vista de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, encabezado por el político liberal Julio César Turbay, Michelsen decidió negociar las acciones de las compañías financieras pertenecientes al Grupo Grancolombiano para cambiarlas con las acciones que las empresas tenían de la Compañía Nacional de Chocolates. Así, lo que los dirigentes querían evitar era la venta de las acciones en la Bolsa de Valores.
Las especulaciones sobre los manejos financieros del Grupo Grancolombiano aumentaron y desde la Comisión Nacional de Valores, dirigida por Hernán Echavarría, se presentaron denuncias sobre las manipulaciones del banquero y dueño del Grupo con los dineros de los fondos de inversiones. Esto provocaría más adelante un distanciamiento de Echavarría con Turbay por una serie de conspiraciones entre la familia Michelsen y los industriales antioqueños de la época, pues se decía en algunas esferas privadas que la persecución contra Jaime Michelsen y sus compañías se debía a un interés de estos por adueñarse del mercado de la región de Antioquia. Las denuncias que en años anteriores había realizado Agudelo y que fueron escuchadas por Echavarría y Turbay, destaparon el escándalo financiero más importante de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.
Desde el Congreso de la República, William Jaramillo promovió debates sobre los manejos financieros de Michelsen y desde la rama Judicial, Julio Lancheros, juez 20 de instrucción militar, ordenó una investigación a Graninversión S.A. por el manejo de los fondos de inversión.
“Regresa al Tribunal proceso contra el Grupo Grancolombiano”. Ese título perteneciente a la página número nueve de la edición impresa del 26 de enero de 1982 en El Espectador anunciaba un nuevo y crucial capítulo de las investigaciones sobre los “autopréstamos” del Grupo a la hora de adquirir la Compañía Nacional de Chocolates años antes.
Hugo Restrepo Ramírez, lector de El Espectador en aquella época, envió un mensaje al periódico que fue publicado en la sección “Cartas de los lectores” en la edición del 3 de abril y en el cual preguntaba por los anuncios obsoletos de cine en los teatros de Bogotá. A raíz de este cuestionamiento, el periódico respondió: “La disminución de los avisos de cines obedece a la supresión de la pauta publicitaria ordenada por Cine Colombia S.A., empresa controlada por el Grupo Grancolombiano. Tanto el titular de la respuesta (“Tenaza publicitaria”) como el editorial del domingo 4 de abril, titulado “La tenaza económica” marcaron la génesis de una disputa entre el medio y el Grupo liderado por Michelsen.
En esa famosa editorial, El Espectador fijó de nuevo sus principios liberales y reafirmó su compromiso con informar a la ciudadanía de manera transparente. Su postura afirmaba que el Grupo Grancolombiano aplicó un veto publicitario por las investigaciones que se estaban realizando. A esto, el Grupo habló por medio de su vicepresidente, un par de días después, argumentando que la disminución en la circulación del periódico era la causa central del retiro de la pauta publicitaria en las páginas de El Espectador.
Guillermo Cano, que no claudicaba en sus esfuerzos por revelar la verdad de los escándalos que sacudían al país y sin perder de vista los tiempos nebulosos que se avecinaban a causa del narcotráfico y su intrusión en el poder estatal, coordinó una unidad de investigación que se encargara de seguirle la pista a la crisis financiera desatada por el Grupo Grancolombiano y su enorme influencia en el mercado nacional.
Juan Guillermo Cano, Fabio Castillo, Héctor Giraldo, Édgar Caldas y Luis de Castro fueron los escogidos por el director del periódico para mantener en el radar todo lo que estuviera relacionado con el caso. Personas como Diego de Narváez, Héctor Melo, William Jaramillo y Jorge Child, entre otros, también publicaron en las páginas del medio sobre el proceso que se llevaba a cabo para esclarecer las maniobras de Michelsen y así determinar la gravedad y la certeza de los delitos por los cuales se le acusaba.
Hugo Restrepo Ramírez, lector de El Espectador en aquella época, envió un mensaje al periódico que fue publicado en la sección “Cartas de los lectores” en la edición del 3 de abril y en el cual preguntaba por los anuncios obsoletos de cine en los teatros de Bogotá. A raíz de este cuestionamiento, el periódico respondió: “La disminución de los avisos de cines obedece a la supresión de la pauta publicitaria ordenada por Cine Colombia S.A., empresa controlada por el Grupo Grancolombiano. Tanto el titular de la respuesta (“Tenaza publicitaria”) como el editorial del domingo 4 de abril, titulado “La tenaza económica” marcaron la génesis de una disputa entre el medio y el Grupo liderado por Michelsen.
En esa famosa editorial, El Espectador fijó de nuevo sus principios liberales y reafirmó su compromiso con informar a la ciudadanía de manera transparente. Su postura afirmaba que el Grupo Grancolombiano aplicó un veto publicitario por las investigaciones que se estaban realizando. A esto, el Grupo habló por medio de su vicepresidente, un par de días después, argumentando que la disminución en la circulación del periódico era la causa central del retiro de la pauta publicitaria en las páginas de El Espectador.
Guillermo Cano, que no claudicaba en sus esfuerzos por revelar la verdad de los escándalos que sacudían al país y sin perder de vista los tiempos nebulosos que se avecinaban a causa del narcotráfico y su intrusión en el poder estatal, coordinó una unidad de investigación que se encargara de seguirle la pista a la crisis financiera desatada por el Grupo Grancolombiano y su enorme influencia en el mercado nacional.
Juan Guillermo Cano, Fabio Castillo, Héctor Giraldo, Édgar Caldas y Luis de Castro fueron los escogidos por el director del periódico para mantener en el radar todo lo que estuviera relacionado con el caso. Personas como Diego de Narváez, Héctor Melo, William Jaramillo y Jorge Child, entre otros, también publicaron en las páginas del medio sobre el proceso que se llevaba a cabo para esclarecer las maniobras de Michelsen y así determinar la gravedad y la certeza de los delitos por los cuales se le acusaba.
Debates en el Senado, declaraciones de funcionarios públicos, decisiones desde los tribunales, los procesos y acciones del Grupo Grancolombiano por años fueron tenidos en cuenta por la unidad de investigación de El Espectador para contextualizar a sus lectores sobre el presente, las causas y los efectos de todo lo que significaba la crisis financiera. Y si bien las noticias nunca culminaron, fue hasta el 11 de diciembre de 1982 cuando el periódico publicó, casi que a diario, un adelanto o una actualización sobre lo que se comentaba y lo que se aclaraba del Grupo Grancolombiano, de los inversionistas afectados, de la caída inminente del emporio y de las tácticas u operaciones que el Gobierno tenía en mente para solucionar una de las mayores crisis financieras en la historia de Colombia.
En la edición impresa de la Revista Dinero del 17 de enero de 1995, la familia Michelsen expresó: “En los fondos Grancolombiano y Bolivariano ningún ahorrador perdió, ni se manipuló el dinero de los inversionistas. Su desmonte fue provocado por una medida ad hoc e injusta, el artículo 9, ordinal c, del Decreto 384 de 1980, que los obligó súbitamente a liquidar a pérdida sus acciones de entidades financieras”.
