Desde hace mucho tiempo se habla en el medio de la necesidad de exigir un examen de idoneidad profesional a los contadores públicos. Incluso hubo un intento fallido de la Junta Central de Contadores hace algunos años para implantar pruebas para el ejercicio profesional, que fracasó por la falta de competencia de la Junta para esa exigencia.
El año pasado (2018), los abogados quedaron sometidos a lo que no hemos podido lograr que se haga para la contaduría pública: examen habilitante para ejercer el derecho. Como era de esperarse, esta norma ha sido criticada por muchos abogados e instituciones relacionadas con el derecho por diferentes razones, hasta el punto de ser demandada, particularmente el artículo 2, por considerarse inequitativo para los abogados recién graduados frente a los abogados en ejercicio.
Al declarar la exequibilidad, consideramos importante resaltar la siguiente expresión de la Corte, en su Sentencia C-138 de marzo del presente año:
“En razón a la misión o función social que están llamados a cumplir, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico. De esta forma, en desarrollo del artículo 26 de la Constitución , es claro que “las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social” y adicionalmente prevé que “la ley podrá exigir títulos de idoneidad” y que “las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones”. Puesto que la “delimitación de cada uno de estos componentes no se agota en la norma constitucional”, la Carta le reconoce al legislador un margen de configuración para regular cada actividad. En el mismo sentido, en el artículo 95 del mismo ordenamiento Superior, se les impone a los ciudadanos el deber de respetar los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, consagrando también la obligación ciudadana de colaborar con la administración de justicia.” (Negrita y cursiva en el texto).
En otro aparte, la Corte expresa:
"Con fundamento en lo anterior, es dado afirmar que en Colombia no existen controles estatales para la obtención del título profesional de abogado, tampoco para el ingreso a la profesión, y en lo referente a la vigilancia de los profesionales el control disciplinario se ha criticado por la escasez de sanciones. En este orden, la inexistente cultura de las colegiaturas obligatorias – que habitualmente se encargan del registro, seguimiento y vigilancia de los abogados – y la falta de resultados en el control disciplinario hacen parte de la realidad jurídica colombiana. Bajo este escenario, promover un examen de idoneidad podría actuar como una de las formas o herramientas de control, al sujetar el ejercicio profesional a la obtención de un puntaje mínimo. Siendo así, en el caso concreto de la norma objeto de revisión el objetivo central de dicho examen es verificar la idoneidad de los graduados en derecho…”
Uno casi que podría reemplazar la palabra “abogado” o “derecho” por la de “contador público” o “contaduría pública” y prácticamente los argumentos de la Corte les son aplicables.
Siempre hemos sostenido que, en la cadena de la profesión, la puerta de entrada al ejercicio carece de controles que garanticen la calidad y hemos sostenido que efectuar pruebas estatales o avaladas por el Estado es apenas natural en una profesión que también implica una alta responsabilidad social, como lo ha manifestado la misma Corte en otras sentencias.
Creemos que estos exámenes no son necesarios para todos los contadores per se, pero sí para quienes se van a dedicar al Aseguramiento o la revisoría fiscal. Es en estos casos donde la inexistencia de controles permite el ejercicio irresponsable de la profesión y facilita el incumplimiento legal y la corrupción ante el ejercicio de profesionales con baja preparación o que incumplan la normatividad técnica.
En momentos en que la Superintendencia de Sociedades adelanta mesas de discusión para la reforma de la Ley 222, incluyendo cambios en la regulación sobre revisoría fiscal, un asunto como este ni siquiera está siendo considerado.
Es claro que un examen no es una panacea, pero también lo es que es una prueba de los múltiples aspectos que requiere modificar la profesión, por lo cual consideramos que no son simples ajustes a algunos artículos del Código de Comercio lo que generará verdaderos cambios en el ejercicio, sino un proyecto serio y responsable de reforma profesional, lo cual no se vislumbra en la actualidad, sencillamente porque no hay voluntad política.
[1] Cabe agregar que la norma contenida en el artículo 26 de la Constitución, no es nueva. Tiene su antecedente en el artículo 39 de la Constitución anterior, correspondiente al artículo 15 del acto legislativo No. 1 de 1936, que en sus incisos primero y segundo disponía: " Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas. Reforma constitucional que, a su vez, posiblemente tuvo su origen en el artículo 1 de la ley 67 de 1935, que estatuyó: " El ejercicio de la profesión de médico, abogado, ingeniero y sus semejantes, constituye una función social". (Nota de la sentencia).
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