Luis Carlos Reyes, director de la Dian.
Luis Carlos Reyes dice que el recaudo de esta medida dependerá de que salga adelante la ley. Incluso si se aprueba, tomaría tiempo.
Cada vez hay más alertas sobre un posible incumplimiento de la regla fiscal este año si la Dian que lidera Luis Carlos Reyes no logra recaudar los 10 billones de pesos que hay en litigios con la entidad y que se preveían resolver en 2024.
Y es que en el Presupuesto General de la Nación, aprobado por 502 billones de pesos, el Gobierno contemplaba recaudar estos recursos a punta de una nueva ley que permitiera solucionar los conflictos de manera más rápida, a través de árbitros especializados. Sin embargo, esta no ha llegado y los resultados del recaudo tributario son cada vez más “preocupantes”.
En el primer trimestre del año se recaudaron 67,2 billones de pesos, un crecimiento nominal de 4,7 por ciento anual, pero que en términos reales supone tasas negativas.
“Las cifras de recaudo en lo corrido del año son preocupantes”, asegura José Ignacio López, presidente de Anif.
A los expertos les preocupa el recaudo tributario.
Según cálculos de este centro de estudios económicos, el recaudo del 2024 estaría entre 3 y 7 billones de pesos por debajo de los 289 billones de pesos proyectados por el Gobierno debido al bajo crecimiento económico. A ello, habría que sumarle el faltante fiscal que “muy probablemente” ocurrirá en la medida en que los ingresos asociados al arbitramiento de litigios no se materialicen.
“La Dian recaudaría menos de 2 billones de pesos por concepto de litigios, ampliando el hueco fiscal entre 11 y 15 billones de pesos”, sentenció López.
Alertas tempranas
Diferentes expertos y congresistas alertaron desde el inicio de la dificultad de materializar estos recursos porque estos litigios suelen demorarse años en resolverse.
“Los billones que sustentan el incremento en el gasto público en el Presupuesto del 2024 están en duda, lo que deja al Gobierno sin margen de maniobra para enfrentar alguna contingencia en la que los ingresos estén por debajo de lo proyectado”, resaltaba en ese momento Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
También la congresista Katherine Miranda ya decía en agosto pasado que el Presupuesto estaba “desfinanciado” y que esta propuesta era “antitécnica”.
Igualmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) habló desde el comienzo de la inconveniencia de contar como ingresos estructurales el recaudo de la Dian a través de litigios. "De llegar a conseguir estos recursos, algo que depende de perfeccionar ciertos marcos jurídicos, serían por una sola vez. El problema es que el espíritu de la regla es programar gasto permanente y financiarlo con ingresos permanentes y en este caso son temporales. Es como si una persona se compromete a pagar el gasto del mercado con la venta de un carro", opinaba Andrés Velasco, director técnico del Carf.
Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
Flexibilizar la regla fiscal
Con el paso de los meses han sido cada vez más voces las que se han unido a ese llamado de alerta e incluso desde el Gobierno ya han anunciado que radicarán ante el Congreso un proyecto de ley que les permita poder flexibilizar la regla fiscal.
“Buscamos darle flexibilidad: una cosa es tener un país que crece al 3, 4 o 10 por ciento, y otra es una regla para Colombia, que el año pasado creció a solo 0,6 por ciento”, afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, buscará flexibilizar la regla fiscal.
Ante ello, Richard Francis, director sénior de calificaciones para las Américas de Fitch Ratings, le dijo a este medio que no le sorprende el cambio, pues tenían dudas de que el Gobierno pudiera alcanzar a cumplir el déficit de 5,3 por ciento del PIB proyectado para este año, dado que los ingresos proyectados dependían en gran medida de una administración tributaria “incierta” y de las medidas de litigio.
“La credibilidad de la política fiscal ha caído en los últimos años y fue un factor clave en nuestra decisión de rebajar la calificación por debajo del grado de inversión en 2021”, resaltó.
También para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la intención de flexibilizar la regla fiscal es “inoportuna e inconveniente”. “Terminará encareciendo el costo de la deuda, retrasando la recuperación de la demanda privada, especialmente de la inversión”, le señaló a este medio.
¿Cómo se planeaba recaudar?
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), la Dian había identificado nuevos deudores y había sistematizado más de 7.000 procesos legales por cerca de 27 billones de pesos.
Sin embargo, como estos litigios se demoran en promedio 8 años en resolverse, desde la entidad abogaron por crear una nueva figura de arbitraje que les permitiera acelerar estos procesos de tal forma que solo duren un año.
Para ello, la Dian buscaba llevar a cabo una estrategia normativa en conjunto con el Ministerio de Justicia para poder ejecutar estos procesos de manera más eficiente, priorizando el arbitramento en lugar de esperar sentencias.
En concreto, lo que se planteó es que para este tipo de controversias exista la posibilidad de resolverlas por árbitros expertos en Tribunales de Arbitramento y no por jueces.
En derecho, la figura del arbitraje es un mecanismo alternativo que permite solucionar conflictos sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, sino a través de árbitros especializados. El laudo que estos dictan tiene los mismos efectos legales que una sentencia judicial.
Como la Dian no tiene iniciativa legislativa, el Ministerio de Hacienda fue el que radicó en noviembre ese proyecto de ley; sin embargo, nunca avanzó.
“Se le apuesta mucho al tema del arbitraje tributario, pero hoy en día, ni siquiera cursa en el Congreso un proyecto de ley para implementarlo”, sentenció el experto Manuel Felipe García.
Luis Carlos Reyes, director de la Dian, se ha convertido en uno de los funcionarios más populares entre los ciudadanos por el uso de sus redes sociales.
¿Consecuencias de que no haya ley?
El director de la Dian le dijo a EL TIEMPO que sin esa ley la solución de este tipo de conflictos queda, como hoy, únicamente en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa y, por ende, no sería posible implementar el arbitraje.
“Es necesario tener presente que la Dian advirtió que el recaudo de esta medida depende del cambio legislativo y su oportunidad y así quedó plasmado en el Marco Fiscal. Así, entre más tiempo tarde el proyecto de ley en ser aprobado, menor será el recaudo que podremos ver por este concepto en el año en curso”, sentenció.
Y añadió: “Incluso si se aprueba el proyecto de ley de inmediato, el tiempo requerido para capacitar a los árbitros y poner en marcha el proceso de arbitraje de litigios se tomaría la mayor parte del resto de año. Por lo tanto, el recaudo posible por este monto sería cercano a cero”.
Entre tanto, Reyes dijo que continuarán con la implementación de estrategias y acciones que permitan recaudar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado.
En derecho, la figura del arbitraje es un mecanismo alternativo que permite solucionar conflictos sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, sino a través de árbitros especializados.
¿Dan las cuentas?
Aparte del recaudo producto de tales litigios, el Gobierno también contemplaba obtener este año billones adicionales por cuenta de la lucha contra la evasión y elusión tributaria gracias a los mayores dientes que se la ha dado a la Dian con su ampliación de planta.
Según el experto García, en el hipotético caso de lograr todo el recaudo tampoco darían las cuentas y no se cumpliría con el déficit fiscal de 5,3 por ciento proyectado para este año.
“Como los ingresos son inciertos, pero los gastos no tanto, para no “volarnos” ese 5,3 por ciento deben subir los ingresos (difícil) o reducirse los gastos (que creo no va a suceder). Esto podría llevar a una necesidad de mayor endeudamiento, castigando la percepción de riesgo”, opinó.
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