Transparencia por Colombia reveló que hay una mejor protección del gobierno corporativo, aunque existen oportunidades para que mejoren.
El código busca que se incluyan normas que eviten la corrupción en el sector privado.
Transparencia por Colombia reveló ayer la más reciente versión de su ‘Medición de Gestión Empresarial de Riesgos de Corrupción’, en este caso para el año 2023, en la cual dejó claro que si bien con el tiempo las empresas en el país se están blindando mejor para evitar caer en conductas de este tipo, todavía hay muchos retos en el panorama.
Los resultados en esta ocasión dejaron en claro que el avance del mundo corporativo en este tema es satisfactorio, con una calificación promedio del 73%.
En esta oportunidad participaron 17 empresas (12 grandes y 5 medianas) a las cuales se les revisaron temas como el manejo de proveedores, canales de denuncia, disposición de información, protección del denunciante; entre otros.
“Se reconoce el esfuerzo de las empresas en la implementación de los sistemas de denuncia de hechos de corrupción, pero se deben plantear oportunidades de mejora en la implementación de lineamientos para la protección al denunciante, puesto que es un tema que hasta ahora se encuentra en desarrollo por parte de las empresas”, indicaron en el reporte.
En esta oportunidad participaron firmas como Bavaria, Caracol Televisión, Carvajal S.A, Compañía de Puertos Asociados, Compensar, Corona Industrial S.A.S, Grupo Argos, Grupo Colpatria, Grupo Nutresa, Grupo Sura, Sodimac Homecenter y Telefónica Movistar; para el caso de las grandes compañías.
Karina Cruz, directora de Iniciativas Empresariales y Sector Privado en Transparencia por Colombia, explicó que mientras las 12 grandes empresas obtuvieron una calificación promedio del 77%, indicando un nivel de avance satisfactorio. En el caso de las empresas medianas, las cinco participantes alcanzaron una calificación promedio del 64%.
“Estos resultados quisimos revisarlos en una forma un poco más detallada, identificamos asuntos en los que las empresas deben fortalecerse, como en todo no significa que las empresas no han avanzado en este sentido, sino que es muy por el contrario, pues los resultados nos muestran avances importantes”, dijo esta vocera.
Las cinco firmas de categoría mediana que hicieron parte del estudio fueron Bodytech, Cementos San Marcos S.A.S., Russell Bedford DSA, Kaeser Compresores De Colombia S.A.S. y Siderúrgica del Occidente, Sidoc S.A.S. Entre estas, si bien la lucha contra el riesgo de corrupción quedó por encima del 50%; este indicador no fue tan alto como en las grandes.
Teniendo en cuenta estos datos, Transparencia por Colombia estableció cuatro puntos centrales sobre los cuales deben enfocarse las empresas para evitar riesgos en este sentido, dejando claro que más allá de hablar de fallas, lo importante es centrarse en cómo evitar que estas se puedan presentar en el día a día.
“Hemos avanzado decididamente en entender y generar guías y medidas que le permitan a las firmas fortalecer sus procesos de gestión. Cuando llega una denuncia y el denunciante requiere una protección integral, es importante efectivamente asegurar la protección integral de esas personas que toman decididamente la decisión de avanzar en un proceso de denuncia”, agregó Karina Cruz.
En primer lugar el reporte se centra en los patrocinios, dejando claro que es importante establecer una posición clara en el tema, definiendo a quiénes se les otorgarán y los montos correspondientes. De la misma forma, advierten que se deben generar lineamientos específicos en cuanto a las contribuciones sociales “para diferenciar los patrocinios de las donaciones, asegurando que cada uno sea gestionado de manera distinta al interior”.
“Aquí es muy importante tener claro ese protocolo, tener claro los procedimientos, tener claro cuáles son esos pasos que se deben seguir dentro de este proceso, no solo de denuncia, sino de la protección integral del denunciante de corrupción”, agregó.
El segundo punto a enfocarse tiene que ver con el lobby, frente al cual señalan que hay que tener una postura clara desde la corporación frente al lobby o cabildeo. Aunque advierte que actualmente, no se han definido acciones específicas en este ámbito para varios de los revisados.
Para Karina Cruz, tener una política clara contra esta práctica, ayudará a las compañías a mejorar sus relaciones con entidades públicas de manera más eficaz y estructurada; “ya que se dejan las reglas claras desde el principio.
En tercer lugar, agrega que “es fundamental asegurar la protección integral de quienes denuncien actos de corrupción mediante la implementación de un protocolo de medidas de seguridad. Este protocolo debe esclarecer el procedimiento específico dentro de las empresas y detallar los pasos a seguir para aquellos que deseen presentar una denuncia por un caso de estos”.
Por último, hizo un llamado a las firmas para que se establezcan canales de solicitud de información, a los cuales calificó como “transparencia pasiva” por parte de los ciudadanos hacia las empresas, ya que “esto permitirá aplicar planes de mejora para lograr una mayor eficiencia y prontitud, asegurando que estos canales sean cada vez más efectivos para satisfacer las necesidades de grupos de interés”.
Desde Transparencia por Colombia se enfatizó en que hay que valorar los avances que se han logrado hasta el momento en materia de lucha y prevención de la corrupción en el sector empresarial, teniendo en cuenta que este es el primer paso para evitar que este tipo de flagelos afecten a la ciudadanía en general.
Este es un análisis que se viene realizando desde el año 2021, con el fin de apoyar al sector empresarial a evitar que el sector privado caiga en prácticas que puedan dañar su imagen y buen nombre y además que golpeen las finanzas públicas de una nación.
Proteger al denunciante
Uno de los llamados reiterados por parte de Transparencia por Colombia es a que las empresas se concentren en la creación de canales seguros para que cualquier colaborador, cliente, proveedor o ciudadano en general, pueda dar a conocer cualquier tipo de irregularidad que se pueda presentar en su interior.
Esto con el fin de estimular la cultura de la participación e incentivar a que las personas creen frentes en común contra prácticas que puedan ser interpretadas como corrupción, sin importar el contexto en que se dé.
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