El Plan Nacional de Desarrollo, que radicó el Gobierno en el Congreso y que tendrá hasta el próximo 7 de mayo para convertirse en ley, busca crear un sistema de protección social que permita ayudar a las personas más vulnerables.
Para ello, se le dará prioridad a la generación de empleo y, si es necesario, se otorgarán transferencias monetarias a los hogares más pobres. Adicionalmente, se fortalecerán los instrumentos que cubren los riesgos de desempleo y protección a la vejez. La meta es bajar la incidencia de pobreza multidimensional de 16 por ciento a un rango de entre 9,5 y 11,5 por ciento en este cuatrienio
En este nuevo sistema, que será liderado por el Departamento de Prosperidad Social, se establecerá un solo programa (denominado Renta Ciudadana) que armonizaría las transferencias monetarias. El monto de estas tendrá un componente condicionado y otro no condicionado. Dicho dinero dependerá del número de integrantes del hogar y de la clasificación socioeconómica de acuerdo con el Sisbén o el instrumento de focalización que haga sus veces.
Además, también se contempla la entrega de recursos en especie para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ello, se creará una transferencia en especie que se llamará ‘hambre cero’.
Otro punto importante de los próximos cuatro años será la economía popular. Esta se define dentro del Plan como los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas) en cualquier sector económico.
En el documento se indica que se buscará que los trabajadores de la economía popular tengan acceso a la protección para la vejez, a los riesgos laborales y al sistema de salud. Incluso, se habla de crear un Consejo Nacional de la Economía Popular, como organismo asesor y consultivo del Gobierno, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular.
“El impulso a la economía popular parte de una comprensión de sus dinámicas intrínsecas. Estas actividades generan valor social y económico significativo, y una vez entendido su funcionamiento y lógica de acción, se implementarán mecanismos que contribuyan a su crecimiento y productividad”, se lee en las bases del Plan.A reportar ingresos
En el Plan se indica que se buscará que todos los hogares reporten sus ingresos. Se creará el Registro Social de Hogares (RSH) y se implementará de manera gradual. Para esto, el Departamento Nacional de Planeación, liderado por Jorge Iván González, diseñará y liderará un esquema de ventanilla única que permita integrar los servicios y trámites hacia el ciudadano en el marco de la focalización y acceso a los programas sociales.Topes en viviendas de interés social
En el Plan se estipula que la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos y cuyo valor no exceda de 3.552 UVT (unos 150,6 millones de pesos). Además, se indica que el valor máximo de la vivienda de interés prioritario será de 2.368 UVT (unos 100,4 millones de pesos).
También se dice que el Gobierno podrá establecer excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por 3.947 UVT (167,4 millones de pesos) para este tipo de viviendas, cuando incorporen criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos establecidos, o se encuentren ubicadas en áreas consolidadas de la ciudad, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere el 1’000.000 de habitantes y existan presiones en el valor del suelo, o en suelos con tratamiento de renovación urbanística o en territorios de difícil acceso, o que respondan a características culturales, geográficas o climáticas específicas, teniendo en cuenta la asequibilidad de las viviendas.
Y también podrá establecer, a partir de estudios técnicos, un valor superior a las 3.552 UVT (unos 150,6 millones de pesos) en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, y de mano de obra.
A través del Ministerio de Vivienda se definirán, en un plazo inferior a un año desde la entrada en vigor del Plan, las condiciones socioeconómicas que deben cumplir los hogares, los mecanismos aplicables para ser elegibles en la política habitacional, las características mínimas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, así como las medidas activas y/o pasivas de sostenibilidad que deben incluir las viviendas de interés social.
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