Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó cuáles son los puntos de la reforma tributaria que podrían afectar la inversión
El proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno Nacional ha generado ampolla en varios sectores, no solo por su ambiciosa meta de recaudo, de $25 billones, sino por el establecimiento de nuevos tributos, como el de patrimonio, de manera permanente. Juan Guillermo Ruíz, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó por qué cree que algunos puntos del proyecto pueden espantar a los inversionistas y dijo que “la mejor reforma es el crecimiento económico”.
JAIME ENRIQUE GÓMEZSOCIO DE POSSE HERRERA RUIZ
"El gobierno podría pensar en incrementar la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales. No obstante, subirla mucho podría implicar un incentivo a que las personas asumieran riesgos mayores en planeaciones fiscales agresivas por lo que debería pensarse una tarifa del 15% o del 20% como límite".
¿Cuáles son los principales problemas de la tributaria?
El primero es el de presentar una reforma que entiende su esencia en la progresividad, pero que no establece un límite en la imposición. La progresividad como criterio es razonable, pero también es fundamental tener en cuenta que toda tributación debe tener un techo, y el primer gran problema que tiene es que considera que lo fundamental es la progresividad, pero no está valorando la importancia de no exceder la carga impositiva. El segundo es el de plantear un impuesto a las exportaciones; generar tributación basada en la exportación como un hecho generador del tributo es un error tributario y estratégico del país. Y el tercer gran error es establecer un impuesto al patrimonio que tenga el criterio de permanente, esto tiene unas implicaciones inconvenientes para la atracción de inversionistas.
¿Cómo ve la diferencia en tributación que se plantean entre inversionistas residentes y los del exterior?
Cuando un país envía un mensaje a sus inversionistas que implica darle un mejor tratamiento a los no residentes que a los residentes, resulta muy difícil de entender, y con la reforma se está profundizando esa gran asimetría. No deberíamos enviar ese mensaje a los inversionistas colombianos, que es mejor ser no residente que residente.
¿Podrían aumentar los casos de colombianos renunciando a la residencia fiscal acá?
Definitivamente, y lo estamos viendo. Veo con tristeza inversionistas importantes colombianos en procesos de migración y de cambio de residencia que no deberían darse, y muchísimo menos propiciarse desde el punto de vista de la regulación. Y esto se da, primero, por esa asimetría, y segundo, por la carga del impuesto al patrimonio de manera permanente. Este es un error estratégico de política pública tributaria que debería medirse con muchísimo mayor cuidado; el aumento de recaudo inmediato frente al estímulo a la inversión y la competitividad tributaria.
¿Qué efecto pueden tener las tarifas diferenciadas?
En principio, no deberían existir cuando el régimen de tarifa corporativa es único. En Colombia hemos tenidos tarifas diferenciales aplicadas a distintas actividades, en parte para impulsarlas, como en las zonas francas o en turismo. Ahora lo que se pretende es limitar aún más las tarifas diferenciadas eliminando varias. Conceptualmente las tarifas diferenciadas no deberían ser una realidad extendida en el sistema tributario, pero sí debería existir alguna tarifa diferencial para algunos sectores. Podrían limitarse, pero hay que preservar las que son importantes para la competitividad y para el fomento de algunos sectores.
¿A quiénes afectarían más las rentas exentas?
Las rentas exentas, más que a los accionistas, han beneficiado a los negocios. La renta es exenta en la sociedad, no en el dividendo, entonces los accionistas al final terminan pagando el impuesto. Pero hay rentas exentas que son importantes para el desarrollo de ciertas actividades, como la vivienda de interés social y prioritario. Sí deberíamos desescalar las rentas exentas, pero siempre respetando los derechos adquiridos.
¿Cómo se garantizan los derechos adquiridos y las legítimas expectativas frente a los cambios sustanciales que se están proponiendo?
Tenemos que entender y redactar muy bien la norma de transición y la que pretende preservar los derechos adquiridos de los contribuyentes. Es supremamente importante que quien ya ha cumplido las condiciones para poder gozar de un beneficio tributario, condiciones que estaban previstas en la ley, no pueden súbitamente perder esos beneficios por el cambio de ley porque ya tienen un derecho adquirido, se les debe respetar y la jurisprudencia en ese sentido es clara.
¿Es viable la meta de recaudo de $25 billones?
Yo creo que esa no es una meta adecuada. El recaudo esperado para este año tiene un incremento proyectado del orden de 40%, es decir, será un recaudo de más de $200 billones. La reforma plantea un incremento de 10% a 15% del recaudo apretando la tributación de los contribuyentes cumplidos de una manera altamente inconveniente. La mejor manera de recaudar y la mejor reforma tributaria que puede hacerse es el crecimiento económico. Una reforma que espante a los inversionistas va a tener como efecto que el recaudo no se aumente, sino que se disminuya, mi sugerencia es no apretar más a las empresas, el mejor recaudo y la mejor reforma es el crecimiento económico.
¿Qué rescataría del proyecto y sus principales propuestas de ajuste?
Como todas las reformas, esta tiene una intención sana de generar el recaudo que permita estabilizar las cuentas públicas en el mediano plazo. Esa es una idea de responsabilidad política que debe destacarse, el punto es cómo lograrlo. Estamos a la expectativa de ver cuáles son las medidas que van a proponer para combatir la evasión, porque más que gravar a los cumplidos, el recaudo debería venir de quienes no realizan contribución debida al sistema, los evasores.
Y otro tema de fondo es que las reformas tributarias no solamente deben verse desde el punto de vista del recaudo y cuánto se necesita. En cambio, deben procurar un sistema equitativo y justo, y si seguimos midiendo las reformas en función de lo que se necesita y no tenemos una austeridad mayor en el gasto, simplemente a marchitar a la economía. El tema, entonces, debería ponderarse no solo en función de lo que se necesita, sino en cuál es el punto límite en la imposición tributaria del Estado. Si no ponemos techos a la imposición vamos a perder completamente la competitividad tributaria y, en el mediano plazo, vamos a recaudar mucho menos de lo que estamos recaudando hoy.
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