Aumento en renta, cambio en el ICA y subsidios se enfocan en compañías. Expertos señalan que la mayor carga la asumen las pequeñas.
La ampliación de la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) también incidirá en las empresas
Con la aprobación de la reforma tributaria o Ley de Inversión Social en las plenarias de Cámara y Senado son varios los cambios que quedan en firme para el sistema tributario.
Esta reforma, la tercera de la actual administración, se caracteriza por apelar en buena parte a la solidaridad del empresariado, pues de los $15,2 billones que se buscan recaudar con las fuentes permanentes, $10,6 billones provienen de la nueva tarifa de renta a las empresas y la aplicación del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a solo el 50%.
Las empresas son las que reciben el mayor impacto del proyecto. Por un lado, no solo se elevó el impuesto de renta a 35%, lo que representa un incremento de 4 puntos frente a la tarifa de 31% que se tenía para 2021, y que venía de un proceso de desmonte gradual, sino que el sector financiero tendrá una sobretasa de 38%.
Así mismo, con el desmonte del beneficio tributario del descuento en el ICA, según explica Nicolás Carrero, contador y abogado especializado en temas tributarios y director de Carrero Asociados, se puede subir automáticamente 2 puntos el impuesto de renta.
“La verdad es una reforma costosa para el empresariado, llámense empresas grandes, medianas o pequeñas”, explicó Carrero, quien cuestionó que son muy tibios algunos beneficios para las empresas que generen empleo a personas jóvenes entre 18 y 28 años.
Este es otro de los cambios que trae el articulado e impacta directamente al sector privado, pues el incentivo a la creación de nuevos empleos otorga un subsidio de 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales entre 18 y 28 años y de 10% para trabajadores que no correspondan a jóvenes y que tengan un salario de hasta 3 salarios mínimos legales vigentes.
La ampliación de la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) también incidirá en las empresas, ya que con esta ley se extiende hasta diciembre de 2002.
También se crea un auxilio de hasta 20% por cada trabajador para las empresas que por el paro hayan visto afectados sus ingresos hasta en 20% durante mayo y junio.
EFECTO EN LAS PYMES
Aunque son varios los subsidios que se tienen para las empresas, una de las preocupaciones está relacionada con el impacto sobre las pequeñas y microempresas que tiene la reforma por el alza en la tarifa de renta. Sin embargo, también se incluyó como medida para mitigar ese aumento una ampliación en el régimen simple.
En el proyecto se incluyó un cambio en el umbral de 80.000 UVT, que ahora se eleva a 100.000 UVT (aproximadamente $3.600 millones a precios de 2021).
Con este régimen se permite que, con una sola declaración, se puedan pagar hasta 6 impuestos, con tarifas que varían de acuerdo con la actividad económica y el nivel de ingresos de las empresas, y oscilan entre el 1,8% y el 14,5% de los ingresos brutos. Y de acuerdo con el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se beneficiarán al menos a 400.000 micro y pequeños empresarios con una tarifa diferencial.
Otro de los auxilios pensados en las pequeñas empresas tiene que ver con dos medidas para los bares y restaurantes que estén sujetos al Régimen Simple.
La ley establece que para el año 2022, no serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo (Impoconsumo) y también que no deberán pagar IVA durante esa vigencia.
“Como las reformas tributarias de los últimos años, se sigue sin abordar estructural e integralmente el tema del recaudo, siendo las personas y las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, las que llevan la carga tributaria más pasada. Eran necesarias medidas más contundentes para apaciguar la carga tributaria las PYMES y reconstruir el tejido empresaria”, manifestó por su parte Claudia Navas, analista de Control Risks.
De hecho, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de los microempresarios, destacó que “la tarifa diferencial parece que en esta ocasión no es posible, sin embargo se ajustó el régimen Simple y probablemente también tienen un margen para extenderle”.
Quintero aseguró que seguramente en una próxima reforma estructural se podrá analizar esta tarifa diferencial.
PERSONAS NATURALES
Si bien la reforma desde el principio planteó dejar intactos los impuestos a personas naturales, los ciudadanos sentirán algunos efectos. Un ejemplo de ello son las medidas para fortalecer el sistema de facturación electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que permitirán mitigar la evasión de impuestos, así como las posibilidades de terminaciones de acuerdos contenciosos administrativos con la entidad de forma directa.
Así mismo, el principal propósito del proyecto era continuar financiando los programas sociales, como es el caso de Ingreso Solidario, la renta básica de emergencia por $160.000 que cobijará a 4.1 millones de hogares. También 700.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 pertenecientes a familias vulnerables se beneficiarán del programa de gratuidad en educación superior. Por otro lado, se incluyeron facilidades de pago para las infracciones de tránsito.
FUENTES ESTIMADAS DE INGRESO
La meta de esta reforma está en recaudar $15,2 billones de fuentes permanentes de ingreso. Entre ellas, se tienen las medidas de austerirdad en el gasto público, que aportarán por lo menos $1,9 billones. equivalentes a 0,2% del PIB:
También, se estima que las medidas para la reducción de la evasión representarán $2,7 billones, mientras que la tarifa general de renta de 35% dejaría $6,7 billones y el Descuento de ICA $3,9 billones.
Entre las fuentes transitorias está la sobretasa al sector financiero que en 2023 dejaría $415.000 millones, en 2024 $448.000 millones y $482.000 millones en 2025.
Con el impuesto de normalización, la estimación que hace el Min Hacienda es de $300.000 millones en 2021 y de $360.000 millones en 2022. La facilitación de procesos de pago de impuestos a través de terminación por mutuo acuerdo, significarán $600.000 millones a 2022.
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