domingo, junio 20, 2021

Cómo se aplicaría la ley que pretende pasar de 48 a 42 horas la jornada laboral semanal

 Te contamos cómo funcionaría la ley que quiere reducir la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales.


Solo falta un debate para que se haga realidad. Foto: iStock.

Los derechos laborales se han ido transformando a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, en plena Revolución Industrial, las jornadas laborales eran extensas, muchos tenían que trabajar hasta 18 horas, sin embargo, esto produjo una serie de manifestaciones sociales, pues las condiciones no eran óptimas para el buen desempeño del trabajador.

Un siglo después, en Chicago, Estados Unidos, las organizaciones obreras buscaron mejorar las condiciones laborales por lo que hicieron la propuesta de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso.

En Colombia, fue hasta el decreto 1 de 1934 el que permitió la jornada laboral de ocho horas en el país y se ratificaron los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de ese momento se dio vigencia a la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, en la carga laboral de todo empleado industrial en el país.

87 años después esto quiere dar otro giro en Colombia. El proyecto que busca disminuir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales está a un solo debate de convertirse en ley. La Comisión Séptima de la Cámara le dio el sí a uno de los últimos proyectos que impulsó el partido de Gobierno.

Cómo se aplicaría

Si triunfa el proyecto de ley el límite de horas de trabajo semanales pasaría de 48 a 42 horas, que se distribuirían en 5 o 6 días de común acuerdo entre empleador y trabajador. Se aplicaría paulatinamente y empezaría este año con 47 horas laborales, en 2022 con 26 horas, en 2023 con 44 y en 2024 ya se aplicarían las 42 horas a la semana.

El proyecto advierte que, si se convierte en ley, obliga a que no se reduzcan los salarios por el recorte de la jornada laboral en el país.

Sin embargo, algunos gremios advierten que esta propuesta afectaría la contratación empresarial y tendría un alto costo en la economía, que, según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se estima en $14 billones.


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