La inflación de julio fue de 0,32% explicada por alojamiento, servicios, restaurantes y hoteles

 

El más reciente informe del Dane reveló que la variación del IPC año corrido fue 3,47% y la anual se acerca a 4% (3,97%)

El Dane informó que en julio de 2021 la variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) fue 0,32%, una cifra que dista del dato de 0,00% registrado en julio de 2020.

La variación anual (julio 2020-julio 2021) de la inflación fue 3,97%%, es decir, 2 puntos porcentuales más alta que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,97%.

En cuanto al dato del encarecimiento de los precios en lo corrido del año (primeros siete meses del año), la variación asciende a 3,47%. Esto es 2,35 puntos porcentuales más altos que el mismo período del año pasado.

Según se explica en el comunicado del Dane, el comportamiento mensual del IPC total en julio de 2021 (0,32%) se explicó principalmente se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (0,80%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,38%).

"La división DE Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,38%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: tomate de árbol (5,25%), huevos (4,22%) y condimentos y hierbas culinarias (4,17%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: cebolla (-14,67%), papas (-10,68%) y tomate (-5,71%)", indicó el informe del Dane.

Comportamiento del IPC anual

El comportamiento anual del IPC total en julio de 2021 (3,97%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

"La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 9,81%, siendo esta la mayor variación anual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: aceites comestibles (34,59%), huevos (31,26%) y hortalizas y legumbres frescas (26,18%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (-30,30%), cebolla (-26,60%) y plátanos (-16,95%)", explicó el Dane.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 6,07%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,34%), bebidas (6,60%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,43%). La mayor única de precio se reportó en la subclase: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (-10,03%).

Comportamiento del IPC año corrido

El Dane explicó que el comportamiento año corrido del IPC total en julio de 2021 (3,47%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

"La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación año corrido de 10,17%, siendo esta la mayor variación año corrido. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: papas (56,46%), aceites comestibles (32,31%) y zanahoria (28,69%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (-18,10%), cebolla (-12,57%) y tomate (-10,52%)", indica el informe.

Agregaron que la división de Educación registró una variación año corrido de 4,77%, siendo esta la segunda mayor variación año corrido.

"En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: inscripciones y matrículas en postgrados (10,17%), diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (6,89%) y educación preescolar y básica primaria (5,14%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no formal (1,69%), pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (2,00%) y educación secundaria (3,80%)", indican en el comunicado.

La inflación de julio fue de 0,32% explicada por alojamiento, servicios, restaurantes y hoteles (larepublica.co)

Lluvia de propuestas que quieren introducir en la reforma tributaria

 

Se analizan cientos de proposiciones para construir un texto de ponencia para el primer debate.

Amnistías para infractores de tránsito, alivios o ayudas a jóvenes, entre las 180 proposiciones.

Aunque la nueva propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llegó al Congreso el pasado 20 de julio con mayor consenso político, los congresistas ya le han empezado a colgar nuevas propuestas e ideas.

El Gobierno está analizando cientos de proposiciones de congresistas para poder construir un texto de ponencia para el primer debate. Van radicadas unas 180. Algunas de ellas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda, otras están a la espera de discusión. Siendo optimistas, esperan tener listo el articulado la próxima semana.

Hasta el momento, hay propuestas de todo tipo. Desde los que piden mayor alcance de programas como el Paef o tarifas diferenciadas para las mipymes hasta los que proponen mayores alivios para los deudores, cambios de multas, de tratados de libre comercio o de clasificación de los municipios, entre otros temas.Para los más vulnerables

El foco de esta tributaria, que busca 15,2 billones de pesos, es atender a los más vulnerables, y siguen llegando más proposiciones encaminadas en este sentido. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo propone que los jóvenes menores de 30 años que no hayan tenido contratos laborales formales ni de aprendizaje, y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, podrán conseguir empleo a través de un contrato especial por un periodo no inferior a 1 año ni superior a 2 años.

Para los jóvenes, la presidenta de la Comisión Tercera de Senado, María del Rosario Guerra, también pide que se otorgue un bono equivalente al valor de la financiación de la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero que realicen sus estudios de pregrado en instituciones privadas.

Respecto al empleo, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez pide que se incluyan como beneficiarios del Paef a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, y en materia de género, la representante por la Alianza Verde Catalina Ortiz ya tiene aprobada la proposición para garantizar que al menos una mujer de cinco tenga presencia en el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Sin embargo, seguirá insistiendo en una mayor presencia.

En cuanto a las empresas, muchos de ellos lanzaron su propuesta. Por ejemplo, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda también tiene aprobada la idea de aumentar el alcance del régimen simple, y John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres, propone que la tarifa de renta sea del 27 por ciento para las mipymes y de 35 por ciento para las demás a partir del año gravable 2022.

Con el objetivo obtener recursos para generar empleo, el senador Ciro Ramírez propuso que se establezca un impuesto del 10 por ciento sobre altos salarios a partir de 25 millones de pesos para todos los funcionarios del sector público y el privado.Ayudas para la reactivación

El equipo del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está analizando las propuestas.

Sobre la mesa está una propuesta radicada por varios congresistas que ayudaría a los productores agropecuarios. En esta se propone poner en marcha un mecanismo de devolución automática de IVA para bienes exentos, siempre y cuando los ingresos se encuentren soportados en facturas electrónicas. Con ello, se permitiría un mayor control sobre la evasión y un mayor flujo de caja para los empresarios.

“El Gobierno lo aprobó con los coordinadores ponentes. Actualmente, se demora en devolver el IVA en el sector agropecuario, entonces, aprovechando la factura, la idea es que se pueda hacer de manera automática. Y como las empresas necesitan liquidez para salir adelante, es importante que las cuentas entre las compañías y la Dian se puedan resolver de manera más fácil”, explicó el representante Christian Munir Garcés.

Este también radicó otra proposición en la que busca que se revisen los tratados de libre comercio que están actualmente vigentes para que se puedan beneficiar los exportadores y otra en la que pide que el Gobierno se comprometa a radicar ante el Congreso un proyecto de ley de reforma laboral estructural que busque la reducción de la informalidad laboral urbana y rural.

En materia de reactivación, la senadora Guerra también solicita que cuando se celebren los tres días sin IVA se tenga en cuenta las estufas que utilizan gas natural o GLP y que no gozan, de momento, de este beneficio. “Estas se habían quedado por fuera. La medida podría beneficiar, sobre todo, a las zonas rurales que utilizan más estos electrodomésticos”, explicó.

Recaudos de las reformas tributarias

Alivios tributarios

Debido a la coyuntura de la pandemia se piden beneficios temporales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Por ejemplo, se habla de un beneficio de extemporaneidad, es decir, que no tengan que pagar multas, o en la tasa de interés de mora.

En concreto, el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, pide un nuevo artículo para facultar a la Dian para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Con ello, los más beneficiados serían los empresarios, que tendrían a su alcance una herramienta jurídico-procesal idónea para sanear sus obligaciones fiscales.La parte regional

El representante a la Cámara Carlos Cuenca Chaux propone que se cataloguen como municipios de tercera categoría los que tengan una población comprendida entre 30.001 y 50.000 habitantes.

“Arauca, Puerto Carreño, Inírida, Mitú, San José del Guaviare, Mocoa, Yopal y Leticia son de sexta categoría y administran pobreza.Para ser de tercera piden requisitos de competitividad que no se van a cumplir. Propongo que se lo den a las ciudades con 30.001 habitantes. Ello les generaría mayores ingresos”, explicó.

Con el propósito de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen una mayor liquidez, el representante del Partido Liberal John Jairo Roldán pide que se autorice a las asambleas departamentales y concejos municipales para que a través de ordenanzas y acuerdos establezcan alivios tributarios.

El representante César Lorduy solicitó que los gobernadores, alcaldes distritales y municipales puedan decretar amnistías a los infractores de tránsito hasta por 12 meses.

Por su parte, Ortiz pide que en los contratos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de los aeropuertos, los recursos también se puedan usar para inversiones conexas al transporte público que mejoren el acceso al aeropuerto. Por ejemplo, una bahía en la terminal de Palmira para salir hacia el aeropuerto.

Otras propuestas que vendrían

Algunos congresistas no han radicado todavía sus proposiciones, pero ya tienen pensadas las propuestas que presentarán al equipo del Ministerio de Hacienda.

Este es el caso de la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda, quien planea radicar una proposición para eliminar las facultades extraordinarias del Presidente para escindir, fusionar y modificar la estructura del Estado.

También propondrá que las organizaciones y asociaciones religiosas paguen el impuesto predial sobre los bienes que no tienen un uso estricto en el oficio religioso o que las personas que ganen más de 10 millones de pesos paguen un impuesto adicional.

Además, solicitará que no se cobre una tarifa generalizada de renta a las empresas del 35 por ciento. Para ello, propondrá que las micro paguen 30 por ciento y las pequeñas, 32 por ciento. Congresistas piden IVA a las compras digitales

Las tensiones entre las grandes plataformas tecnológicas como Amazon y el comercio local llegaron a la discusión de la reforma tributaria. En busca de equilibrar la cancha entre estos dos, puesto que las primeras no pagan IVA ni arancel en los paquetes iguales o inferiores a 200 dólares que entran bajo la modalidad de tráfico postal, de momento, hay radicadas dos proposiciones.

La primera, del representante por Cambio Radical César Lorduy, pide que se elimine este beneficio completamente, es decir, que todas las importaciones que entren tengan que empezar a pagar IVA. En la segunda, del senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo, se propone que el beneficio del IVA sea solo para los paquetes iguales o inferiores a 30 dólares.

Si bien los comerciantes respetan que estos paquetes de pequeño valor entren sin arancel, Fenalco, Acopi y la Cámara Colombiana de Confección y Afines no están de acuerdo en que tampoco tengan que pagar la tarifa general de 19 por ciento de IVA.

Esto, porque en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos que entró en vigor en mayo de 2012 dice que no se establece como tal ese compromiso.

Al contrario, argumentan que en el texto solo aparece la expresión “aranceles o impuestos” y que este último es entendido como sinónimo del primero. Adicional a ello, tampoco ven con buenos ojos que los paquetes puedan entrar desde cualquier parte del mundo sin pagar impuestos porque el acuerdo solo se firmó con Estados Unidos.

“El arancel hay que respetarlo, pero no estamos de acuerdo con el IVA. Además, el resto del mundo también tiene esa ventaja sin tener acuerdos con nosotros”, manifestó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco.

Por ello, de seguir así, los comerciantes estiman que en 2022 el país dejaría de recibir más de 1 billón de pesos por este IVA que no se cobra y que el hueco podría elevarse a 1,48 billones de pesos en 2023. Estos consideran que se produce una competencia desleal y un impacto negativo, sobre todo para el empleo.

Además, argumentan que estas reglas facilitan el contrabando técnico puesto que dan pie a la figura de la subfacturación, que es la declaración de las mercancías importadas por un valor inferior al precio real y, al mismo tiempo, se pone en riesgo la seguridad de los consumidores puesto que no hay verificaciones de cumplimiento de requisitos técnicos ni normas de conformidad a la entrada de los productos.

Sin embargo, para otros actores, estas reglas representan una oportunidad. Por ejemplo, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), dice que los productos pequeños por valor inferior a 200 dólares que llegan vía correo desde Estados Unidos facilitan el comercio entre los dos países y, en especial, benefician al consumidor final pues se reducen costos y se evitan intermediarios.

Intereses de créditos dejaron de caer y el riesgo aumentó

 Informe del Banco de la República dice que la cartera financiera se ha venido recuperando, aunque las provisiones de los bancos se mantienen altas.

El Banco de la República dijo que la solvencia de los bancos está por encima de lo requerido.

El Banco de la República dijo en su Informe de Política Monetaria que el crédito en el sistema financiero “se siguió recuperando, en un entorno de tasas de interés de préstamos que dejaron de caer, pero que continúan en niveles históricamente bajos y de materialización del riesgo de crédito”.

La entidad dijo que en el segundo trimestre la cartera en moneda nacional dejó de desacelerarse en términos anuales, con una dinámica de desembolsos similar a la registrada antes de la pandemia.

El informe de Política Monetaria dice que entre marzo y junio la recuperación de la cartera comercial y de los desembolsos a ese sector fue importante, y se alcanzó de nuevo el saldo elevado observado un año atrás, cuando las empresas requirieron niveles significativos de liquidez para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Asimismo, menciona que la cartera dirigida al microcrédito se mantuvo relativamente estable, mientras que la hipotecaria, y en menor medida la de consumo, se aceleraron. Esto se dio en un entorno de tasas de interés de crédito que registraron leves aumentos en algunos grupos (comercial y consumo) a finales de junio, pero que se mantienen en niveles históricamente bajos en términos nominales y reales.

El informe señala que este comportamiento de las tasas de interés, el menor diferencial entre las tasas de interés de crédito y las de los títulos de deuda pública, y el buen desempeño de las ventas en algunos sectores económicos para los cuales usualmente se requiere crédito (construcción, vehículos, prendas de vestir) apuntan a condiciones propicias para que la demanda de crédito se siga recuperando.

ADVERTENCIA

Sin embargo, el Emisor advierte que el riesgo de crédito aumentó, las provisiones se mantienen altas y algunos bancos han retirado de su balance una parte de su cartera vencida. No obstante, las utilidades del sistema financiero se han recuperado y sus niveles de solvencia se mantienen por encima del mínimo regulatorio.

Y añade que en la medida en que se han vencido las prórrogas y plazos autorizados por la Superintendencia Financiera para aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas, se observó un incremento importante en la cartera vencida, a niveles similares a los observados en la crisis financiera internacional de 2008.

El informe revela que los niveles históricamente altos de las provisiones de cartera, los cuales se han mantenido relativamente constantes en lo corrido de 2021, les permitieron a los establecimientos de crédito atender esta situación y retirar de su balance una parte de los préstamos de difícil recaudo.

Pese a todo esto, en abril las utilidades del sistema financiero se recuperaron, después de la caída persistente registrada desde finales de 2019. La solvencia total (21,7%) y básica (16,9%) observadas mantienen un amplio margen frente a las requeridas por la Superintendencia Financiera, 9,0% y 4,5%, respectivamente, resalta el informe.

DEPÓSITOS A LA VISTA

El informe resalta que las tasas de interés de los depósitos continúan históricamente bajas, a pesar de los aumentos recientes registrados en los plazos largos. Así, los depósitos a la vista siguen ganando importancia en el financiamiento de los bancos.

En el segundo trimestre las tasas de interés a un día (la interbancaria y el indicador bancario de referencia, IBR) se mantuvieron similares a la tasa de interés de política monetaria (1,75%), mientras que el IBR a tres y seis meses y las tasas de interés de los CDT a plazos más largos aumentaron.

Las expectativas sobre posibles incrementos en la tasa de política monetaria o una mayor percepción de riesgo pudieron contribuir a este comportamiento, dice el Emisor.

Facturación electrónica: novedades en el software gratuito de la Dian

 

Con la entrada en vigor del anexo 1.8 de facturación electrónica, la Dian realizó ciertos ajustes en su software de facturación gratuito.

Lo anterior, con el propósito de adaptar su plataforma a dicho anexo, incluyendo nuevas funcionalidades.

Conoce aquí las mejoras implementadas en esta plataforma.

A través de la Resolución 000012 de febrero 9 de 2021, la Dian adoptó la versión 1.8 del anexo técnico de facturación electrónica mediante el cual se implementaron ajustes en el sistema de facturación.

Para tal efecto, la administración tributaria tuvo que realizar ciertas actualizaciones a su software gratuito, con el fin de adaptar su plataforma a las exigencias del anexo en mención, incorporando nuevas funcionalidades que facilitan la generación y expedición de la factura electrónica.

A continuación, abordamos las mejoras implementadas en este software que deberán conocer todos aquellos que optaron por expedir sus facturas electrónicas mediante esta opción.

Incorporación de usuarios

Al momento de ingresar a la plataforma de facturación, se podrá encontrar un menú en donde se podrán crear los usuarios autorizados para ingresar al servicio gratuito, sin necesidad de recibir el token de acceso, a través del correo electrónico del representante legal de la entidad facturadora.

Por tanto, ahora es posible contar con diferentes usuarios con sus respectivos perfiles y permisos asociados para emitir las facturas electrónicas a nombre de la persona jurídica obligada a facturar.

Información adicional para la representación gráfica de la factura electrónica

Se adicionó información a la representación gráfica de la factura electrónica, tal como información complementaria de extensión, anticipos pagados en la operación, la posibilidad de establecer y visualizar el logo de la compañía que emite la factura, entre otros.

Nuevos campos para las responsabilidades tributarias

Dentro de cada formulario del servicio gratuito se ajustaron algunos campos de cada uno de los documentos de factura para agregar información relacionada con la orden de compra, responsabilidades tributarias, campos opcionales para información propia de quien expide la factura, así como también se modificó la configuración de los datos de identificación de la compañía.

Formularios para las distintas modalidades de factura electrónica

La Dian incluyó un formulario para cada una de las distintas modalidades de factura electrónica que podrán expedirse, tales como:

Factura de venta.

Factura AIU.

Facturación electrónica de venta de exportación.

Factura de mandato.

Factura de contingencia.

Generación de notas débito y crédito a partir del documento emitido

Se incorporó la generación de notas débito y crédito a partir de las facturas electrónicas cargando toda la información desde el documento emitido, sin necesidad de diligenciar los datos inicialmente incluidos en la factura.

Generación de eventos sobre los documentos recibidos

Con el fin de preparar el servicio gratuito para el Radian, se puso a disposición de los usuarios la posibilidad de generar eventos sobre los documentos recibidos.

Estos ajustes buscan que el software gratuito dispuesto por la Dian se encuentre acorde con los requerimientos del anexo 1.8 de facturación electrónica, además de facilitar el manejo de esta plataforma y cumplir las necesidades de quienes opten por facturar a través de esta.

Novedades en el software gratuito de facturación electrónica (actualicese.com)

Las opciones de Colombia para aprovechar los recursos del FMI

 Con la aprobación de activos de reserva o DEG por US$650.000 millones, el país recibirá US$2.800 millones adicionales.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, US$650.000 millones, para ayudar a las naciones en su manejo de la pandemia de Covid-19 y el aumento de su deuda a raíz de la crisis. De este monto Colombia se llevaría una tajada de cerca de US$2.800 millones (aproximadamente $10 billones) de estos activos de reserva o Derechos Especiales de Giro (DEG).

Si bien este tipo de recursos van directamente a nutrir las reservas del Banco de la República, la inquietud que surge ahora, en medio de un panorama en el que el déficit fiscal continúa ampliándose, y las presiones en torno a los costos de la reactivación económica han abierto la puerta a cómo se podrían aprovechar mejor estos recursos.

El viernes pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que por ahora no hay una postura clara sobre cómo se podrían aprovechar estos recursos desde la Nación más allá de las reservas.

“Esta es una decisión, sobre cómo se daría, todavía está en proceso de parte del Fondo Monetario Internacional, seguramente a finales del mes de agosto estaría la decisión en firme y cualquier decisión que se tome sobre este asunto tendría que ser en conjunto con el Banco de la República quien es la autoridad al mando de las reservas internacionales espaciales, y los Derechos Internacionales de Giro constituyen un activo de reserva”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

Incluso, desde el Emisor también se ha reconocido el papel que podrían tener estos recursos para la recuperación del país. En el informe del primer semestre que radicó ayer el gerente del banco central ante el Congreso se establece que “(...) otro factor de apoyo global que puede mejorar la posición internacional del país es la propuesta de asignación de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI recientemente aprobada por el Directorio del Fondo y que será ratificada en agosto de este año por parte de la asamblea de gobernadores de este organismo”.

De este modo, se abre la puerta para revisar si estos recursos se puedan aprovechar para sortear la crisis, pues según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, esta inyección, que no se efectuaba desde 2009 tras la crisis de ese año cuando se emitieron US$250.000 millones, funcionará como un “propulsor” para la estabilidad económica mundial.

“La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros y abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo”, dijo

Vale la pena recordar que los DEG son un activo de reserva internacional utilizados por los países miembros del FMI cuyo valor está vinculado a una cesta de monedas. Los DEG se asignan entre los países, quienes pueden intercambiarlos por monedas de libre uso de otros de los países miembros y de esta forma reforzar su liquidez sin incrementar su deuda.

MARGEN DE MANIOBRA

La inquietud que surge entonces, en medio de la coyuntura y la intención detrás de la aprobación de los DEG es ¿qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno para aprovecharlos?

“Algo que todavía no se tiene claro desde el Gobierno y el Banco de la República y es cómo se puede usar. Lo que muestra la respuesta que ha dado el ministro Restrepo es que el Ministerio de Hacienda quisiera explorar la posibilidad de usar esos recursos para financiamiento del déficit fiscal”, aseguró Andrés Pardo Amézquita, director de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investment, quien sostuvo que lo primero que deben hacer los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, es trabajar conjuntamente y mirar la normativa de parte del Fondo Monetario Internacional sobre cómo se pueden usar estos DEG.

“Los DEG se los inventaron para que hagan parte de las reservas internacionales, pero dada la coyuntura el FMI seguramente decidió hacer esta emisión de DEG con algunas cláusulas especiales para que el uso de los DEG pueda darse más allá de lo que típicamente se da, sobre todo pensando en la situación actual, donde se necesita que los países con más necesidades puedan usar recursos adicionales no solo para aumentar las reservas internacionales, sino también para poderlas usar para mitigar los efectos de la pandemia o para un tema de reactivación económica”, explicó Pardo.

Desde Corficolombiana, su director de Investigaciones económicas, José Ignacio López, aseguró por su parte que también que “lo primero es mirar realmente cómo se pueden usar, pues todavía no hay suficiente claridad. Pero en principio esos recursos deberían ir a complementar las reservas. Lo que no es claro es si el Gobierno quisiera hacer uso de esas reservas adicionales”, dijo.

López mencionó que el Gobierno podría “hacer una emisión afuera y asegurarse que alguna de esas reservas el Banco las usará para comprar esa emisión. Así podría tal vez sustentar una emisión más grande en el mercado internacional, y esos serían unos activos que tendría el Banco de la República”. Pero aclaró que todavía el panorama no es claro sobre las restricciones legales de que se puede hacer y que no.

“En principios las reservas están diseñadas como salvaguardia frente a una salida eventual de inversionistas, pero este año hemos visto lo contrario, un flujo de inversionistas de portafolio, pero no se descarta que suban las tasas de interés en EE. UU., haya una salida de capital, y el Banco podría utilizar esas reservas internacionales para tranquilizar el mercado. Ese puede ser un uso más usual, pero hay que mirar si se puede plantear también un uso más fiscal”.

Los puntos pendientes que no enfrenta la reforma tributaria 2.0

 Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes se identificaron ‘mensajes equivocados’ sobre impuesto de renta, descuento del ICA y exenciones.

Amedida que se acerca la discusión del nuevo proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Inversión Social, surgen más los análisis en torno a sus componentes. Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes, en su más reciente Nota Macroeconómica, se analizó cómo la propuesta “es políticamente viable y tiene la virtud de generar nuevos ingresos muy necesarios, al tiempo que ajusta la regla fiscal para ayudar a recuperar la golpeada credibilidad fiscal del país. Pero no avanza hacia la estructura fiscal deseable, perpetuando algunas inequidades y agravando otras”.

De hecho, el documento analiza las dos fuentes grandes de nuevos recursos del proyecto: subir los impuestos de renta empresarial de 30% a 35%; y limitar los descuentos del ICA de esa renta empresarial. Sumados estos dos ítems aportan cerca de $11 billones anuales y explican tres cuartas partes de los ingresos nuevos.

En el caso del impuesto de renta el documento menciona que “una tarifa de renta a las empresas de 35% es un retroceso que nos aleja aun más de nuestros pares de la región y de la Ocde”. Justamente, con la Ley de financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento de 2019 se había logrado una reducción progresiva.

“Desde vieja data sabemos que la estructura tributaria colombiana es atípica en el contexto latinoamericano y en los países de la Ocde, en el sentido de recargar buena parte de la tributación en los negocios, y una tajada muy pequeña sobre las personas naturales. Esta reforma paradójicamente lo que hace es ahondar esa característica del sistema tributario colombiano”, explicó Marc Hofstetter, docente de la facultad de Economía de la U. de los Andes y uno de los autores del documento.

Otro de los elementos que revisa el análisis es la propuesta de limitar el descuento del ICA al 50%. El documento sostiene, por un lado, que recupera algo de recaudo frente al actual descuento completo, y que por el otro, amortigua el golpe de la reforma sobre la tributación de las empresas.

“Pero esto no resuelve ni el mal diseño del ICA ni la descoordinación entre niveles de gobierno que se produce cuando un impuesto local como el ICA se puede descontar del impuesto de renta nacional”, aclara la publicación.

También, se menciona cómo la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales o exenciones para muchos sectores productivos en Colombia, y se recuerda que “han sido criticados insistentemente por comentaristas, algunos sectores políticos y por la comisión tributaria que el propio Gobierno encargó”.

Otro de los participantes del análisis, Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de los Andes y docente de la facultad, enfatizó en que “se había construido un consenso de lo nefastas que son la proliferación de exenciones, en vez de subir la tasa corporativa general, es dañino porque afecta la productividad, y no será una medida permanente, porque es tan alta la tasa que en el futuro se tendrá que revisar”.

La Nota Económica dice también que al subir las tasas de renta para grupos o sectores económicos que no son privilegiados hoy, “la cancha queda aún más desnivelada”, y esto también incide negativamente en la legitimidad del sistema tributario.

En cuanto a los impuestos a las personas naturales, si bien el documento reconoce que muchos de los propuestos en el primer proyecto de reforma de este año resultaron inviables, como aumentar las cargas sobre el 30% o incluso el 20% de hogares más ricos del país, no considera “justificable”, por ello, renunciar a incrementar la carga sobre el 5% o el 1% de hogares más ricos. “De hecho, este parece ser el primer paso necesario para construir un legitimidad que luego permita demandar un apoyo”, dice la publicación.

“Es importante destacar también los mensajes que esto manda, a pesar de que se pueda entender que el contexto político hace difícil que se aumenten los impuestos a las personas naturales, lo que nos parece preocupante es el mensaje de que ese aspecto en el incremento en la base gravable y aumentar el impuesto a las personas se vuelve intocable”, dijo Andrés Álvarez, profesor de la facultad de Economía de los Andes y participante del artículo.

También el documento dice que al prolongar la normalización tributaria se envía un mensaje equivocado.

PUNTOS POSITIVOS

Por otro lado, el documento destaca también algunos logros en materia de recaudo y propuestas que trae consigo la iniciativa. Asegura que el principal mérito de la reforma es que, generando un necesario flujo de recursos fiscales adicionales, parece tener un camino más seguro para su aprobación que la anterior, y destaca los esfuerzos por conseguir ingresos a partir de luchar contra evasión y controlar el gasto.

Representante a la Cámara denuncia supuesto 'mico' en tributaria 2.0

 Según el congresista, el articulado contempla un beneficio para las inversiones de capital extranjero.

El Congreso de la República está tramitando la reforma tributaria 2.0,

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander, denunció un supuesto 'mico' en el articulado de la reforma tributaria 2.0 que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio.

Vale la pena recordar que 'mico', cuando está encarmado en temas políticos, hace referencia al texto que se incluye, de último momento, en algún proyecto, lo que genera sorpresa entre quienes lo estudian.

Según Chacón, "hemos descubierto que la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso de la República trae consigo un beneficio tributario dirigido a los extranjeros con mayores recursos económicos que decidan obtener utilidades por realizar inversiones en el país".

Puntualmente, explicó, "el artículo 8 del proyecto de Ley número 027 de 2021 (ley de 'inversión social') pretende modificar el literal f del artículo 18-1 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir la tarifa de retención del impuesto sobre la Renta del 5 % al 0 % sobre las utilidades obtenidas por las inversiones de capital extranjero en valores de Renta fija pública y privada".

En otras palabras y según palabras del representante Chacón, la medida significa que este tipo de inversiones no pagarán impuesto de Renta sobre las utilidades que generen.

"Actualmente, el numeral 2 del mismo artículo 18-1 establece que este tipo de inversiones únicamente se gravan con Renta por vía de retención en la fuente. Por ello, establecer retención del 0 % representará la exoneración del impuesto de Renta a estas inversiones, con lo cual no pagarán impuesto de Renta", añadió.

Criticó también que, mientras la inversión extranjera recibe ese tipo de beneficios, "a las empresas nacionales se les impondrá mayor carga fiscal porque de estas el proyecto de ley espera generar un mayor recaudo por un valor de 11 billones de pesos".

En el articulado de la tributaria se defiende esta modificación diciendo que se mejorará la competitividad del país para atraer inversión extranjera, pero Chacón considera que "la iniciativa afecta negativamente la competitividad de la industria nacional frente a la industria extranjera".

El presidente de la Andi aseguró que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía con la vacunación masiva

 Pese a estar gravemente golpeado, el sector empresarial ha mostrado resiliencia ante la llegada de la pandemia, los bloqueos generados en el paro nacional y las restricciones a múltiples sectores para contrarrestar los contagios por covid-19.

LR habló con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, con el fin de conocer los avances en el proceso de vacunación privada, las expectativas frente a la reforma tributaria y su congreso anual.

LOS CONTRASTES

Jaime Alberto CabalPresidente de Fenalco Nacional

“Ya hay una recuperación importante del número de empleados, especialmente en el comercio con 480.000 puestos de trabajo, pero todavía hay un rezago frente a 2019”.

Estamos en el debate de la nueva reforma tributaria y se prevé que el empresariado ponga 69% de lo planteado originalmente, que son $15,2 billones. ¿El palo si está para cucharas después de ver que la mayoría de ingresos cayeron en 2020?

En este momento la tributaria no es un capricho, es una necesidad que tiene nuestro país para poder atender definitivamente el tema de sostenibilidad fiscal que se vio afectada por la pandemia.

Las personas naturales tuvieron un golpe gigante como consecuencia del covid-19, y ¿cuál es la posible fuente de recursos para atender la tributaria?, pues el país debe elegir el mal menor, y me atrevo a decir que eso puede ser que las empresas hagan un esfuerzo solidario importante y así lo han expresado.

Se prevé que entre austeridad y control a la evasión del Gobierno se recauden cerca de $5 billones, ¿Es suficiente esta meta o se queda corta?

No hay duda de que hay que hacer esfuerzos en todos los sectores y en todo el espectro económico, entonces, por una parte, está el esfuerzo que el Gobierno tiene que hacer de reducir el gasto en algunas cosas para poder aumentarlo en otras, eso es una reorientación del gasto y es razonable que se haga.

Del mismo modo, en Colombia hay que hacer un esfuerzo para reducir la evasión, pues ha habido sectores que históricamente nunca han atendido, ni han sido solidarios con la economía y los gastos de funcionamiento.

No puede ser que, por la vía de vestirse de entidad sin ánimo de lucro, exista alguna entidad que no quiera pagar impuestos.

¿Qué opina sobre las proposiciones actuales al proyecto?

Me preocupa que salgan nuevas propuestas en la tributaria y que comience a llenarse de arandelas. Será muy importante que los congresistas acompañen al país con una tributaria limpia y transparente, que no nos llene de incomodidades o desconfianzas.

Esta tributaria no es la de hacer cambios estructurales, es la de solucionar la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social del país a raíz de las emergencias que nos ubicó la pandemia.

¿Teme que en esta legislatura sigan impulsando proyectos que afecten al sector, como lo que pasó con la reducción de la jornada laboral?

El verdadero temor está en que eventualmente lleguen proyectos con carácter populista, movidos en razones de que estamos en un periodo electoral y que alguien quiera ganarlo con cosas que no se pueden cumplir o que sean insostenibles desde el punto de vista fiscal.

También nos preocupan las medidas que se traten de tomar y que afecten la creación de empleo.

Esto es a lo que Colombia se tiene que dedicar. Si producimos empleo vamos a ser capaces de atender la pobreza, la inequidad, los problemas de salud y educación, entre otros.

Hay que recordar que Colombia tiene una informalidad que supera 50%, y esto tiene muchas implicaciones como la competencia desleal entre las compañías que no pagan salarios plenos o prestaciones sociales versus las que sí lo hacen y eventualmente tienen una carga diferencial importante.

Estas son las preocupaciones que se exacerban en tiempos electorales. Sí asusta que el apetito electoral supere a la responsabilidad.

El desempleo en junio fue de 14,4%, 5,4 puntos porcentuales mejor con relación a junio de 2020, pero continúa la brecha en equidad de género y desempleo juvenil ¿Qué hacer para cambiar este panorama?

Ese porcentaje es muy malo. No podemos imaginarnos un país con un desempleo de 14%, eso no puede pasar. Además, cuando miramos la combinación del indicador para jóvenes mujeres, el desempleo puede superar niveles de 30%, es decir que tres de cada 10 mujeres jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran. Sin duda ese es un frente en el que las políticas públicas se tienen que concentrar.

Se sabe que en el empleo juega un papel importante el Gobierno nacional, pero juega un papel casi igual o más importante, que las políticas públicas de los mandatarios locales se enfoquen en la generación de trabajo.

Agregaría que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía, y la mejor manera de hacerlo es que haya una vacunación masiva.

¿El tejido empresarial ya se recuperó de los daños ocasionados por el paro o las previsiones de crecimiento para este año se opacaron?

La economía ha demostrado una capacidad de reaccionar verdaderamente sorprendente, en mi opinión.

Cuando vi las cifras de junio comparadas con las de mayo, que estábamos completamente paralizados por el paro, uno se sorprende de cómo la economía se reactiva y trata de volver a operar.

De manera que hay muchas cosas que sí se han reactivado como el comercio, las actividades financieras o temas de servicios, así como algunos temas de producción que no requieren de grandes inventarios y en eso vamos.

¿Cuál es la apuesta que tienen en la Andi sobre el crecimiento económico para 2021?

En este momento proyectamos que deberíamos estar entre 5,5% y 6,5% en el crecimiento económico de este año. Sin embargo, dependerá de la capacidad que tengamos para reconstruir los eslabones que se vieron afectados durante el paro nacional, de la capacidad de ingreso de las familias, del empleo y de cómo Colombia se va posicionando en el entorno internacional.

Esas son nuestras proyecciones y todos tenemos que trabajar en el país para que sucedan.

La confianza empresarial volvió a subir en junio y se ubicó en 37,2% ¿Cree que esta tendencia se mantendrá con la reactivación de todos los sectores y el avance en la vacunación?

No solamente la confianza empresarial, sino la confianza del consumidor dependerá de esos factores.

Todo esfuerzo que hagamos en lograr establecer barreras de contención al contagio y que protejan más, nos va a permitir retomar la actividad económica.

Ese falso dilema que se planteó al inicio de la pandemia y que creo que fue un error muy grande, de decir que la única forma que teníamos para protegernos era encerrarnos, le costó muchísimos años a la humanidad, de manera que la vacunación es el gran antídoto contra el virus mismo, que nos permite con mayor tranquilidad fortalecer la reactivación.

A propósito de la inmunización ¿Qué opina sobre la implementación de un carné de vacunación para permitir el ingreso a ciertos establecimientos o actividades?

Esto no es nuevo en la humanidad. Cuando alguien quiere entrar a un país como Brasil, por ejemplo, le exigen que se vacune contra la fiebre amarilla, ¿por qué lo hacen?, no solamente porque la gente se debe cuidar, sino porque ellos tienen la responsabilidad de proteger a muchas otras personas.

El libre albedrío tiene un límite y es en el momento en el que estamos poniendo en riesgo a más gente. Por ende, yo estoy de acuerdo en que efectivamente se generen mecanismos para que, en ciertas condiciones, se les pida a las personas unos esquemas completos de vacunación.

¿Cómo va el proceso de Empresas por la Vacunación? ¿Cuántas empresas se sumaron?

Ya 560.000 personas fueron vacunadas, eso quiere decir que vamos por más de la mitad. Fueron cerca de 2.990 compañías las que se terminaron uniendo y esperamos poder terminar de aquí a tres semanas las primeras dosis de todos, para luego seguir con las segundas dosis.

Del 9 al 13 de agosto se llevará a cabo el Congreso Empresarial ¿Qué novedades traerá esta versión?

Vamos a estar dando grandes debates que requiere el país en este momento; hablaremos de transformación digital, de innovación, de educación, de empresas inspiradoras, de superación de pobreza, capitalismo consciente, lucha de la corrupción, entre otros temas.

Tenemos invitados a 12 precandidatos presidenciales y cada uno va a tener 15 minutos para exponer sus ideas. El evento tendrá un formato híbrido.

¿Ha visto incertidumbre entre los empresarios de cara a las elecciones 2022? ¿Cree que la situación política y social podría seguir cobrando factura?

Lo importante es que haya una campaña limpia, sin violencias y con verdades.

La incertidumbre, por supuesto existe, pero estamos esperando que los precandidatos nos cuenten sus planes, objetivos y en qué se diferencian los unos de los otros para este juego democrático.

EL PERFIL

Bruce Mac Master es economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en desarrollo económico. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Dirigió el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, donde lideró la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables. Entre 2010 y 2011 fue designado como viceministro de Hacienda; fue cofundador de Compartamos con Colombia, la Fundación Granitos de Paz y estuvo en la Junta Directiva de la Fundación Pies Descalzos.

Contrato a término fijo: renovación cuando la trabajadora está en embarazo

 

La Corte Constitucional determinó el procedimiento que deben seguir los empleadores para terminar el contrato de trabajo a término fijo con una trabajadora en embarazo.

Esto con ocasión de que estas trabajadoras se encuentran protegidas por el fuero de estabilidad laboral reforzada.

El contrato a término fijo es aquel que tiene una fecha de terminación establecida. Para terminar este contrato, el empleador debe entregar al trabajador un preaviso con mínimo treinta (30) días de anticipación, en el cual le notifique que no se renovará el contrato.

Teniendo en cuenta lo dicho, cuando una trabajadora entra en estado de gravidez, se genera para ella de manera automática el fuero de estabilidad laboral reforzada una vez el empleador sea notificado de la situación. El fuero tiene la finalidad de proteger a la trabajadora frente a un despido con ocasión de su condición.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica cómo procede la renovación de un contrato a término fijo con una trabajadora en estado de gravidez:

Terminación de contrato a término fijo con trabajadora en embarazo

Mediante la Sentencia SU-075 de 2018, la Corte Constitucional indicó que, para terminar el contrato de trabajo a término fijo con una trabajadora con fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad, podrá seguirse cualquiera de los siguientes procedimientos:

Antes de que llegue la fecha de terminación del contrato y de entrega del preaviso, el empleador debe dirigirse al Ministerio del Trabajo con las pruebas que demuestren la fecha pactada de finalización del contrato y que la actividad o el cargo que la trabajadora ejercía será suprimido, es decir, que el cargo dejará de existir y por esta razón no puede prorrogarse el contrato con la trabajadora.

Frente a esta situación, el Mintrabajo determinará si concede o no el permiso. En caso de que lo conceda, el empleador puede enviar el preaviso a la trabajadora y finalizar el contrato en la fecha pactada; si la autorización no es concedida, no podrá despedir a la trabajadora y deberá ajustarse a las recomendaciones realizadas por el ministerio.

En caso de que no se haya realizado la solicitud de autorización al Mintrabajo, este no la haya concedido o falte poco tiempo para que llegue la fecha de terminación del contrato, lo que debe hacer el empleador es extender el término del contrato hasta que la trabajadora culmine la licencia de maternidad o el período de lactancia. Al respecto, debe precisarse que esta extensión no supone la prórroga del contrato, solamente se amplía su término.

En el evento en que la trabajadora haya incurrido en una de las justas causas de terminación del contrato de trabajo previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, el empleador podrá acudir al Mintrabajo con las pruebas para demostrar la ocurrencia del hecho y así obtener la autorización para terminar el contrato de trabajo.

Frente a lo dicho, debe tenerse en cuenta que en ninguna circunstancia el empleador puede terminar el contrato con una trabajadora en estado de gestación sin autorización del Ministerio del Trabajo, debido a que este fuero tiene como finalidad evitar que sea discriminada por su condición.

Renovación de contrato para trabajadora en gestación (actualicese.com)

IVA a compras digitales enfrenta a las plataformas y al comercio local

 A través de una proposición en la tributaria 2.0 buscan gravar las transacciones de comercio electrónico desde el exterior por debajo de US$200.

En el primer trimestre se realizaron 133,4 millones de transacciones digitales en el país.

El proyecto de reforma tributaria 2.0, o ley de Inversión Social, que recientemente radicó el Gobierno ante el Congreso no solo se ha caracterizado por modificar gravámenes que se introdujeron en la tributaria aprobada en 2019, sino por retomar discusiones y propuestas de ese entonces.

La bancada del Centro Democrático prepara una proposición que busca que las importaciones por correo digital de menos de US$200 paguen IVA.

Según el partido de Gobierno, estos productos pueden representar al año US$900 millones, y dejan de pagar IVA por $650.000 millones aproximadamente.

Y estiman que para 2023 este tipo de compras superarían los US$2.000 millones, y si se les cobrara IVA ingresarían $1,5 billones en tributación al país.

Precisamente, una propuesta muy similar intentó “colarse” en la reforma tributaria de 2019. El entonces director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Andrés Romero, anunció la intención de introducir un gravamen de 4% para las compras digitales no residenciadas en Colombia y se calculaba que podría generar alrededor de $250.000 millones al año, pero finalmente la propuesta no se incluyó en la ponencia del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico de 2019.

En su momento, entidades como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) criticaron la iniciativa por el impacto sobre las compras digitales. Este medio consultó la postura actual de la CCCE, pero desde la entidad prefirieron no manifestarse por ahora, misma posición que adoptaron compañías como Amazon, Linio o Mercadolibre cuando fueron consultadas por este medio.

Andrés López, country manager para Colombia de la multinacional de comercio electrónico Aeropost, asegura que “hay que mirar si nos interesa más revender cosas en el mercado interno o en pensar en cómo fortalecer más a los empresarios colombianos para que sean más competitivos también internacionalmente”.

López enfatiza en cómo desde el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. hay unos compromisos adquiridos por Colombia en torno a facilitar las importaciones y establecer un mínimo de valor sobre el cual no se cobraran impuestos en el país. “Las exportaciones colombianas hoy entran gratis a EE.UU. hasta US$800. Si como país dejamos de honrar estos compromisos ellos también pueden empezar a gravar nuestros productos”, asegura López.

OTRA CARA DE LA MONEDA

Por el contrario, los comerciantes locales ven con buenos ojos una posibilidad como esta. “Fenalco ha venido proponiendo esto, celebramos que en el Congreso de la República estas ideas estén haciendo eco”, dijo Rafael España, director Económico de Fenalco, quien destacó que en otros países están acordando gravar a las grandes plataformas.

Así mismo, desde la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCConfección), su presidente Camilo Rodríguez, asegura que esto podría “equilibrar la cancha” y que “prácticamente hay una competencia desleal, pues plataformas como Amazon, Alibaba, Ebay, entre otras, no pagan ni aranceles ni IVA en el territorio nacional y las empresas nacionales sí”.

Rodríguez argumenta que si bien el TLC se firmó con EE.UU, eso no quiere decir que todo lo que comercializa por estas plataformas proviene de ese país y que, por ende, “hay mucha triangulación”. Además, refiere que el país tiene un hueco fiscal, y que estos cobros podrían facilitar el recaudo de recursos.

“Nos hemos unido Fenalco, Acopi, la Cámara de la Confección, Acicam y la unión de los centros comerciales, en estos puntos que consideramos importantes”, aseguró el vocero de la CCConfección.

Bajo esta lógica, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, asegura que habría otras alternativas para honrar los tratados internacionales. “Indudablemente afectaría el comercio electrónico, por eso planteamos una posición intermedia, que se deje la puerta abierta. Se quiere ver la posibilidad de que las zonas francas funcionen como centros de ese comercio electrónico, es parte de lo que se ha estado mirando, poder mantener esa exención por medio de estas zonas", dice Díaz.

Finalmente, Danilo Virviescas, docente de la cátedra de comercio exterior para el centro de estudios ejecutivos de posgrado de la U. Central, asegura que “una decisión de estas tiene un doble impacto”.

En el comercio exterior, por un lado, le quitaría dinamismo a la demanda de productos importados por parte de los colombianos.

“Una decisión de estas se hace para desincentivar ese consumo externo que tiene el país y si les ponen aranceles, y además IVA, que impacta el precio de las ventas, los consumidores también perderían poder adquisitivo. Estos impuestos desincentivan la importación de estos productos y artificialmente aumenta el precio”.

Por otro lado, se busca proteger la producción nacional y habría un incentivo para que el consumidor deje de mirar el mercado externo y empiece a consumir lo que producimos dentro de Colombia, justo en este momento en que se busca que las pequeñas y medianas empresas tengan un respiro”, explica Virviescas.

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AUGE DEL COMERCIO

Las compras digitales y el e-commerce han venido creciendo en los últimos años a nivel global, y particularmente se han visto impulsadas desde la pandemia, por lo que el mercado de hoy dista mucho del de hace dos años, cuando se presentó una propuesta similar en la tributaria.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio Electrónico, en 2019 en el primer trimestre se registraron en el país $4,97 billones en ventas en línea y se reportaron 45,3 millones de transacciones digitales. Por el contrario, y si se compara, para el primer trimestre de 2021 las cifras ya ascendían respectivamente a $8,56 billones para el caso de las ventas en línea en Colombia y 133,4 millones de transacciones digitales.

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La reforma tributaria 2.0 se quedaría corta en la cobertura social

 Un análisis de Fasecolda compara el alcance de las inversiones del proyecto con lo que se buscaba cubrir con la iniciativa anterior.

Algunos voces consideran que existen fallas en el planteamiento de la tributaria 2.0 y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.

Incrementar el recaudo es la base de cualquier reforma tributaria o fiscal, y de la mano con ello vienen los objetivos de financiar alternativas para reducir las brechas sociales y proteger a los más vulnerables.

En el marco de la pandemia el Gobierno y el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se pusieron la meta de sacar adelante la denominada 'ley de solidaridad sostenible', una reforma cuya meta ascendía a los $23,4 billones, y que tuvo que ser retirada del Congreso tras las criticas de múltiples sectores y el estallido social del paro nacional.

Con la caída de la reforma, y de Carrasquilla, llegó la oportunidad para que el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentara una iniciativa menos ambiciosa, el proyecto de Inversión Social, con una meta de recaudo de $15,2 billones, y en palabras del ministro, “sin impuestos que afecten el bolsillo de la clase media y baja”.

A pesar de esta propuesta fue radicada en el Congreso hace más de una semana, algunas voces consideran que existen fallas en su planteamiento y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.

Desde la dirección de estudios económicos de Fasecolda, su director, Hernán Avendaño Cruz, realizó un comparativo entre la cobertura de las principales iniciativas sociales del proyecto de reforma tributaria, y de la tributaria 2.0 para 2021.

“La política social, una de las ganancias grandes que había con la reforma anterior, quedó reducida notablemente. La reforma de Carrasquilla proponía que el Ingreso Solidario fuera permanente y que tuviera una cobertura para 18 millones de personas, esta tiene una cobertura de apenas 9,8 millones. Ese era un punto fundamental, porque la pandemia golpeó muy duro a muchas personas y esa cobertura era un paliativo esencial”, asegura Avendaño.

En el proyecto de reforma anterior se plantaban transferencias promedio por individuo de $23.582 para 5,2 millones de personas y de $11.143 para 13,5 millones por medio del Programa Ingreso Solidario a través del Sisben, y se tenía el objetivo de que se convirtiera en una política permanente, que tan solo para 2022 costaría $3,3 billones.

En el nuevo proyecto el objetivo está en transferencias de $160.000, y cobijar a 3,3 millones de hogares, equivalentes a 9,8 millones de personas. Este apoyo solo se tendría asegurado hasta el momento hasta 2022, y se estima que para 2021 costaría $2,1 billones, y en 2022 $6,6 billones, en total de $8,7 billones.

Vale la pena destacar que la meta de impacto del Gobierno con esta iniciativa es reducir pobreza extrema hasta el nivel que teníamos antes de la pandemia, es decir, de 15,1% a 9,6% y reducir los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%.

Por el lado de los incentivos para la creación del empleo juvenil el proyecto anterior buscaba implementar un esquema con subsidios a las cotizaciones de seguridad social en pensiones y en salud, exoneración del pago de parafiscales, así como la no afiliación a cajas de compensación familiar por cinco años, para jóvenes entre 18 y 28 años que accedan a su primer empleo.

Y para los empleadores que hubieran contratado nuevos empleados con dichas características, no estarían obligados a realizar los aportes parafiscales.

En la tributaria 2.0 la meta esta en un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo con el que se podrá cubrir cerca del 40% de la seguridad social de los empleos con el que se espera beneficiar a cerca de 271.000 personas. Un programa con un costo de $236.000 millones para 2021 y $573.000 millones para 2022.

“Hay que reconocer que sí hay incentivos en materia de empleo, pero son menores a los que había en el proyecto de Carrasquilla”, asegura Avendaño.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, el día que presentó al Congreso de la República el articulado de la tributaria 2.0, que busca recaudar $15,2 billones al año.

ARCHIVO PARTICULAR

Por el lado del programa de apoyo al empleo formal (Paef), la reforma de Carrasquilla se concentró en asegurar $1,5 billones hasta junio de este año, mientras que en el 'proyecto de inversión social' sí se estarían garantizando recursos hasta diciembre de este año, con un costo de $1,1 billones.

Finalmente, Avendaño compara en su análisis la cobertura en educación superior. Mientras que en el proyecto original se buscaba reforzar Generación E como política de Estado y ampliar los recursos que se destinan a este para cubrir hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad, en el proyecto actual, con Matrícula cero, se busca destinar mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Este programa cuesta $700.000 millones por año.

“Al Gobierno que llegue le toca llegar con otra reforma debajo del brazo, toca hacer otra reforma, porque 2023 no está financiado”, concluye.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

El proyecto tiene una meta de recaudo menor, y por ende menores fuentes de ingresos, partiendo de la base de gravar menos a la clase media y la clase baja.

“El país perdió la oportunidad de avanzar a una reforma estructural, en el anterior proyecto había ampliación de la base tributaria en el IVA y en el impuesto de renta y aumentaba también por el lado de los dividendos las tarifas, que es un impuesto a personas adineradas", critica Avendaño.

"Y por otro lado eliminaba exenciones, un avance de una reforma estructural, pero acá no hay nada de eso, básicamente se enfoca en subir el impuesto de renta a las empresas”, agrega.

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