Intereses de créditos dejaron de caer y el riesgo aumentó

 Informe del Banco de la República dice que la cartera financiera se ha venido recuperando, aunque las provisiones de los bancos se mantienen altas.

El Banco de la República dijo que la solvencia de los bancos está por encima de lo requerido.

El Banco de la República dijo en su Informe de Política Monetaria que el crédito en el sistema financiero “se siguió recuperando, en un entorno de tasas de interés de préstamos que dejaron de caer, pero que continúan en niveles históricamente bajos y de materialización del riesgo de crédito”.

La entidad dijo que en el segundo trimestre la cartera en moneda nacional dejó de desacelerarse en términos anuales, con una dinámica de desembolsos similar a la registrada antes de la pandemia.

El informe de Política Monetaria dice que entre marzo y junio la recuperación de la cartera comercial y de los desembolsos a ese sector fue importante, y se alcanzó de nuevo el saldo elevado observado un año atrás, cuando las empresas requirieron niveles significativos de liquidez para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Asimismo, menciona que la cartera dirigida al microcrédito se mantuvo relativamente estable, mientras que la hipotecaria, y en menor medida la de consumo, se aceleraron. Esto se dio en un entorno de tasas de interés de crédito que registraron leves aumentos en algunos grupos (comercial y consumo) a finales de junio, pero que se mantienen en niveles históricamente bajos en términos nominales y reales.

El informe señala que este comportamiento de las tasas de interés, el menor diferencial entre las tasas de interés de crédito y las de los títulos de deuda pública, y el buen desempeño de las ventas en algunos sectores económicos para los cuales usualmente se requiere crédito (construcción, vehículos, prendas de vestir) apuntan a condiciones propicias para que la demanda de crédito se siga recuperando.

ADVERTENCIA

Sin embargo, el Emisor advierte que el riesgo de crédito aumentó, las provisiones se mantienen altas y algunos bancos han retirado de su balance una parte de su cartera vencida. No obstante, las utilidades del sistema financiero se han recuperado y sus niveles de solvencia se mantienen por encima del mínimo regulatorio.

Y añade que en la medida en que se han vencido las prórrogas y plazos autorizados por la Superintendencia Financiera para aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas, se observó un incremento importante en la cartera vencida, a niveles similares a los observados en la crisis financiera internacional de 2008.

El informe revela que los niveles históricamente altos de las provisiones de cartera, los cuales se han mantenido relativamente constantes en lo corrido de 2021, les permitieron a los establecimientos de crédito atender esta situación y retirar de su balance una parte de los préstamos de difícil recaudo.

Pese a todo esto, en abril las utilidades del sistema financiero se recuperaron, después de la caída persistente registrada desde finales de 2019. La solvencia total (21,7%) y básica (16,9%) observadas mantienen un amplio margen frente a las requeridas por la Superintendencia Financiera, 9,0% y 4,5%, respectivamente, resalta el informe.

DEPÓSITOS A LA VISTA

El informe resalta que las tasas de interés de los depósitos continúan históricamente bajas, a pesar de los aumentos recientes registrados en los plazos largos. Así, los depósitos a la vista siguen ganando importancia en el financiamiento de los bancos.

En el segundo trimestre las tasas de interés a un día (la interbancaria y el indicador bancario de referencia, IBR) se mantuvieron similares a la tasa de interés de política monetaria (1,75%), mientras que el IBR a tres y seis meses y las tasas de interés de los CDT a plazos más largos aumentaron.

Las expectativas sobre posibles incrementos en la tasa de política monetaria o una mayor percepción de riesgo pudieron contribuir a este comportamiento, dice el Emisor.

Facturación electrónica: novedades en el software gratuito de la Dian

 

Con la entrada en vigor del anexo 1.8 de facturación electrónica, la Dian realizó ciertos ajustes en su software de facturación gratuito.

Lo anterior, con el propósito de adaptar su plataforma a dicho anexo, incluyendo nuevas funcionalidades.

Conoce aquí las mejoras implementadas en esta plataforma.

A través de la Resolución 000012 de febrero 9 de 2021, la Dian adoptó la versión 1.8 del anexo técnico de facturación electrónica mediante el cual se implementaron ajustes en el sistema de facturación.

Para tal efecto, la administración tributaria tuvo que realizar ciertas actualizaciones a su software gratuito, con el fin de adaptar su plataforma a las exigencias del anexo en mención, incorporando nuevas funcionalidades que facilitan la generación y expedición de la factura electrónica.

A continuación, abordamos las mejoras implementadas en este software que deberán conocer todos aquellos que optaron por expedir sus facturas electrónicas mediante esta opción.

Incorporación de usuarios

Al momento de ingresar a la plataforma de facturación, se podrá encontrar un menú en donde se podrán crear los usuarios autorizados para ingresar al servicio gratuito, sin necesidad de recibir el token de acceso, a través del correo electrónico del representante legal de la entidad facturadora.

Por tanto, ahora es posible contar con diferentes usuarios con sus respectivos perfiles y permisos asociados para emitir las facturas electrónicas a nombre de la persona jurídica obligada a facturar.

Información adicional para la representación gráfica de la factura electrónica

Se adicionó información a la representación gráfica de la factura electrónica, tal como información complementaria de extensión, anticipos pagados en la operación, la posibilidad de establecer y visualizar el logo de la compañía que emite la factura, entre otros.

Nuevos campos para las responsabilidades tributarias

Dentro de cada formulario del servicio gratuito se ajustaron algunos campos de cada uno de los documentos de factura para agregar información relacionada con la orden de compra, responsabilidades tributarias, campos opcionales para información propia de quien expide la factura, así como también se modificó la configuración de los datos de identificación de la compañía.

Formularios para las distintas modalidades de factura electrónica

La Dian incluyó un formulario para cada una de las distintas modalidades de factura electrónica que podrán expedirse, tales como:

Factura de venta.

Factura AIU.

Facturación electrónica de venta de exportación.

Factura de mandato.

Factura de contingencia.

Generación de notas débito y crédito a partir del documento emitido

Se incorporó la generación de notas débito y crédito a partir de las facturas electrónicas cargando toda la información desde el documento emitido, sin necesidad de diligenciar los datos inicialmente incluidos en la factura.

Generación de eventos sobre los documentos recibidos

Con el fin de preparar el servicio gratuito para el Radian, se puso a disposición de los usuarios la posibilidad de generar eventos sobre los documentos recibidos.

Estos ajustes buscan que el software gratuito dispuesto por la Dian se encuentre acorde con los requerimientos del anexo 1.8 de facturación electrónica, además de facilitar el manejo de esta plataforma y cumplir las necesidades de quienes opten por facturar a través de esta.

Novedades en el software gratuito de facturación electrónica (actualicese.com)

Las opciones de Colombia para aprovechar los recursos del FMI

 Con la aprobación de activos de reserva o DEG por US$650.000 millones, el país recibirá US$2.800 millones adicionales.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, US$650.000 millones, para ayudar a las naciones en su manejo de la pandemia de Covid-19 y el aumento de su deuda a raíz de la crisis. De este monto Colombia se llevaría una tajada de cerca de US$2.800 millones (aproximadamente $10 billones) de estos activos de reserva o Derechos Especiales de Giro (DEG).

Si bien este tipo de recursos van directamente a nutrir las reservas del Banco de la República, la inquietud que surge ahora, en medio de un panorama en el que el déficit fiscal continúa ampliándose, y las presiones en torno a los costos de la reactivación económica han abierto la puerta a cómo se podrían aprovechar mejor estos recursos.

El viernes pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que por ahora no hay una postura clara sobre cómo se podrían aprovechar estos recursos desde la Nación más allá de las reservas.

“Esta es una decisión, sobre cómo se daría, todavía está en proceso de parte del Fondo Monetario Internacional, seguramente a finales del mes de agosto estaría la decisión en firme y cualquier decisión que se tome sobre este asunto tendría que ser en conjunto con el Banco de la República quien es la autoridad al mando de las reservas internacionales espaciales, y los Derechos Internacionales de Giro constituyen un activo de reserva”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

Incluso, desde el Emisor también se ha reconocido el papel que podrían tener estos recursos para la recuperación del país. En el informe del primer semestre que radicó ayer el gerente del banco central ante el Congreso se establece que “(...) otro factor de apoyo global que puede mejorar la posición internacional del país es la propuesta de asignación de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI recientemente aprobada por el Directorio del Fondo y que será ratificada en agosto de este año por parte de la asamblea de gobernadores de este organismo”.

De este modo, se abre la puerta para revisar si estos recursos se puedan aprovechar para sortear la crisis, pues según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, esta inyección, que no se efectuaba desde 2009 tras la crisis de ese año cuando se emitieron US$250.000 millones, funcionará como un “propulsor” para la estabilidad económica mundial.

“La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros y abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo”, dijo

Vale la pena recordar que los DEG son un activo de reserva internacional utilizados por los países miembros del FMI cuyo valor está vinculado a una cesta de monedas. Los DEG se asignan entre los países, quienes pueden intercambiarlos por monedas de libre uso de otros de los países miembros y de esta forma reforzar su liquidez sin incrementar su deuda.

MARGEN DE MANIOBRA

La inquietud que surge entonces, en medio de la coyuntura y la intención detrás de la aprobación de los DEG es ¿qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno para aprovecharlos?

“Algo que todavía no se tiene claro desde el Gobierno y el Banco de la República y es cómo se puede usar. Lo que muestra la respuesta que ha dado el ministro Restrepo es que el Ministerio de Hacienda quisiera explorar la posibilidad de usar esos recursos para financiamiento del déficit fiscal”, aseguró Andrés Pardo Amézquita, director de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investment, quien sostuvo que lo primero que deben hacer los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, es trabajar conjuntamente y mirar la normativa de parte del Fondo Monetario Internacional sobre cómo se pueden usar estos DEG.

“Los DEG se los inventaron para que hagan parte de las reservas internacionales, pero dada la coyuntura el FMI seguramente decidió hacer esta emisión de DEG con algunas cláusulas especiales para que el uso de los DEG pueda darse más allá de lo que típicamente se da, sobre todo pensando en la situación actual, donde se necesita que los países con más necesidades puedan usar recursos adicionales no solo para aumentar las reservas internacionales, sino también para poderlas usar para mitigar los efectos de la pandemia o para un tema de reactivación económica”, explicó Pardo.

Desde Corficolombiana, su director de Investigaciones económicas, José Ignacio López, aseguró por su parte que también que “lo primero es mirar realmente cómo se pueden usar, pues todavía no hay suficiente claridad. Pero en principio esos recursos deberían ir a complementar las reservas. Lo que no es claro es si el Gobierno quisiera hacer uso de esas reservas adicionales”, dijo.

López mencionó que el Gobierno podría “hacer una emisión afuera y asegurarse que alguna de esas reservas el Banco las usará para comprar esa emisión. Así podría tal vez sustentar una emisión más grande en el mercado internacional, y esos serían unos activos que tendría el Banco de la República”. Pero aclaró que todavía el panorama no es claro sobre las restricciones legales de que se puede hacer y que no.

“En principios las reservas están diseñadas como salvaguardia frente a una salida eventual de inversionistas, pero este año hemos visto lo contrario, un flujo de inversionistas de portafolio, pero no se descarta que suban las tasas de interés en EE. UU., haya una salida de capital, y el Banco podría utilizar esas reservas internacionales para tranquilizar el mercado. Ese puede ser un uso más usual, pero hay que mirar si se puede plantear también un uso más fiscal”.

Los puntos pendientes que no enfrenta la reforma tributaria 2.0

 Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes se identificaron ‘mensajes equivocados’ sobre impuesto de renta, descuento del ICA y exenciones.

Amedida que se acerca la discusión del nuevo proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Inversión Social, surgen más los análisis en torno a sus componentes. Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes, en su más reciente Nota Macroeconómica, se analizó cómo la propuesta “es políticamente viable y tiene la virtud de generar nuevos ingresos muy necesarios, al tiempo que ajusta la regla fiscal para ayudar a recuperar la golpeada credibilidad fiscal del país. Pero no avanza hacia la estructura fiscal deseable, perpetuando algunas inequidades y agravando otras”.

De hecho, el documento analiza las dos fuentes grandes de nuevos recursos del proyecto: subir los impuestos de renta empresarial de 30% a 35%; y limitar los descuentos del ICA de esa renta empresarial. Sumados estos dos ítems aportan cerca de $11 billones anuales y explican tres cuartas partes de los ingresos nuevos.

En el caso del impuesto de renta el documento menciona que “una tarifa de renta a las empresas de 35% es un retroceso que nos aleja aun más de nuestros pares de la región y de la Ocde”. Justamente, con la Ley de financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento de 2019 se había logrado una reducción progresiva.

“Desde vieja data sabemos que la estructura tributaria colombiana es atípica en el contexto latinoamericano y en los países de la Ocde, en el sentido de recargar buena parte de la tributación en los negocios, y una tajada muy pequeña sobre las personas naturales. Esta reforma paradójicamente lo que hace es ahondar esa característica del sistema tributario colombiano”, explicó Marc Hofstetter, docente de la facultad de Economía de la U. de los Andes y uno de los autores del documento.

Otro de los elementos que revisa el análisis es la propuesta de limitar el descuento del ICA al 50%. El documento sostiene, por un lado, que recupera algo de recaudo frente al actual descuento completo, y que por el otro, amortigua el golpe de la reforma sobre la tributación de las empresas.

“Pero esto no resuelve ni el mal diseño del ICA ni la descoordinación entre niveles de gobierno que se produce cuando un impuesto local como el ICA se puede descontar del impuesto de renta nacional”, aclara la publicación.

También, se menciona cómo la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales o exenciones para muchos sectores productivos en Colombia, y se recuerda que “han sido criticados insistentemente por comentaristas, algunos sectores políticos y por la comisión tributaria que el propio Gobierno encargó”.

Otro de los participantes del análisis, Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de los Andes y docente de la facultad, enfatizó en que “se había construido un consenso de lo nefastas que son la proliferación de exenciones, en vez de subir la tasa corporativa general, es dañino porque afecta la productividad, y no será una medida permanente, porque es tan alta la tasa que en el futuro se tendrá que revisar”.

La Nota Económica dice también que al subir las tasas de renta para grupos o sectores económicos que no son privilegiados hoy, “la cancha queda aún más desnivelada”, y esto también incide negativamente en la legitimidad del sistema tributario.

En cuanto a los impuestos a las personas naturales, si bien el documento reconoce que muchos de los propuestos en el primer proyecto de reforma de este año resultaron inviables, como aumentar las cargas sobre el 30% o incluso el 20% de hogares más ricos del país, no considera “justificable”, por ello, renunciar a incrementar la carga sobre el 5% o el 1% de hogares más ricos. “De hecho, este parece ser el primer paso necesario para construir un legitimidad que luego permita demandar un apoyo”, dice la publicación.

“Es importante destacar también los mensajes que esto manda, a pesar de que se pueda entender que el contexto político hace difícil que se aumenten los impuestos a las personas naturales, lo que nos parece preocupante es el mensaje de que ese aspecto en el incremento en la base gravable y aumentar el impuesto a las personas se vuelve intocable”, dijo Andrés Álvarez, profesor de la facultad de Economía de los Andes y participante del artículo.

También el documento dice que al prolongar la normalización tributaria se envía un mensaje equivocado.

PUNTOS POSITIVOS

Por otro lado, el documento destaca también algunos logros en materia de recaudo y propuestas que trae consigo la iniciativa. Asegura que el principal mérito de la reforma es que, generando un necesario flujo de recursos fiscales adicionales, parece tener un camino más seguro para su aprobación que la anterior, y destaca los esfuerzos por conseguir ingresos a partir de luchar contra evasión y controlar el gasto.

Representante a la Cámara denuncia supuesto 'mico' en tributaria 2.0

 Según el congresista, el articulado contempla un beneficio para las inversiones de capital extranjero.

El Congreso de la República está tramitando la reforma tributaria 2.0,

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander, denunció un supuesto 'mico' en el articulado de la reforma tributaria 2.0 que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio.

Vale la pena recordar que 'mico', cuando está encarmado en temas políticos, hace referencia al texto que se incluye, de último momento, en algún proyecto, lo que genera sorpresa entre quienes lo estudian.

Según Chacón, "hemos descubierto que la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso de la República trae consigo un beneficio tributario dirigido a los extranjeros con mayores recursos económicos que decidan obtener utilidades por realizar inversiones en el país".

Puntualmente, explicó, "el artículo 8 del proyecto de Ley número 027 de 2021 (ley de 'inversión social') pretende modificar el literal f del artículo 18-1 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir la tarifa de retención del impuesto sobre la Renta del 5 % al 0 % sobre las utilidades obtenidas por las inversiones de capital extranjero en valores de Renta fija pública y privada".

En otras palabras y según palabras del representante Chacón, la medida significa que este tipo de inversiones no pagarán impuesto de Renta sobre las utilidades que generen.

"Actualmente, el numeral 2 del mismo artículo 18-1 establece que este tipo de inversiones únicamente se gravan con Renta por vía de retención en la fuente. Por ello, establecer retención del 0 % representará la exoneración del impuesto de Renta a estas inversiones, con lo cual no pagarán impuesto de Renta", añadió.

Criticó también que, mientras la inversión extranjera recibe ese tipo de beneficios, "a las empresas nacionales se les impondrá mayor carga fiscal porque de estas el proyecto de ley espera generar un mayor recaudo por un valor de 11 billones de pesos".

En el articulado de la tributaria se defiende esta modificación diciendo que se mejorará la competitividad del país para atraer inversión extranjera, pero Chacón considera que "la iniciativa afecta negativamente la competitividad de la industria nacional frente a la industria extranjera".

El presidente de la Andi aseguró que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía con la vacunación masiva

 Pese a estar gravemente golpeado, el sector empresarial ha mostrado resiliencia ante la llegada de la pandemia, los bloqueos generados en el paro nacional y las restricciones a múltiples sectores para contrarrestar los contagios por covid-19.

LR habló con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, con el fin de conocer los avances en el proceso de vacunación privada, las expectativas frente a la reforma tributaria y su congreso anual.

LOS CONTRASTES

Jaime Alberto CabalPresidente de Fenalco Nacional

“Ya hay una recuperación importante del número de empleados, especialmente en el comercio con 480.000 puestos de trabajo, pero todavía hay un rezago frente a 2019”.

Estamos en el debate de la nueva reforma tributaria y se prevé que el empresariado ponga 69% de lo planteado originalmente, que son $15,2 billones. ¿El palo si está para cucharas después de ver que la mayoría de ingresos cayeron en 2020?

En este momento la tributaria no es un capricho, es una necesidad que tiene nuestro país para poder atender definitivamente el tema de sostenibilidad fiscal que se vio afectada por la pandemia.

Las personas naturales tuvieron un golpe gigante como consecuencia del covid-19, y ¿cuál es la posible fuente de recursos para atender la tributaria?, pues el país debe elegir el mal menor, y me atrevo a decir que eso puede ser que las empresas hagan un esfuerzo solidario importante y así lo han expresado.

Se prevé que entre austeridad y control a la evasión del Gobierno se recauden cerca de $5 billones, ¿Es suficiente esta meta o se queda corta?

No hay duda de que hay que hacer esfuerzos en todos los sectores y en todo el espectro económico, entonces, por una parte, está el esfuerzo que el Gobierno tiene que hacer de reducir el gasto en algunas cosas para poder aumentarlo en otras, eso es una reorientación del gasto y es razonable que se haga.

Del mismo modo, en Colombia hay que hacer un esfuerzo para reducir la evasión, pues ha habido sectores que históricamente nunca han atendido, ni han sido solidarios con la economía y los gastos de funcionamiento.

No puede ser que, por la vía de vestirse de entidad sin ánimo de lucro, exista alguna entidad que no quiera pagar impuestos.

¿Qué opina sobre las proposiciones actuales al proyecto?

Me preocupa que salgan nuevas propuestas en la tributaria y que comience a llenarse de arandelas. Será muy importante que los congresistas acompañen al país con una tributaria limpia y transparente, que no nos llene de incomodidades o desconfianzas.

Esta tributaria no es la de hacer cambios estructurales, es la de solucionar la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social del país a raíz de las emergencias que nos ubicó la pandemia.

¿Teme que en esta legislatura sigan impulsando proyectos que afecten al sector, como lo que pasó con la reducción de la jornada laboral?

El verdadero temor está en que eventualmente lleguen proyectos con carácter populista, movidos en razones de que estamos en un periodo electoral y que alguien quiera ganarlo con cosas que no se pueden cumplir o que sean insostenibles desde el punto de vista fiscal.

También nos preocupan las medidas que se traten de tomar y que afecten la creación de empleo.

Esto es a lo que Colombia se tiene que dedicar. Si producimos empleo vamos a ser capaces de atender la pobreza, la inequidad, los problemas de salud y educación, entre otros.

Hay que recordar que Colombia tiene una informalidad que supera 50%, y esto tiene muchas implicaciones como la competencia desleal entre las compañías que no pagan salarios plenos o prestaciones sociales versus las que sí lo hacen y eventualmente tienen una carga diferencial importante.

Estas son las preocupaciones que se exacerban en tiempos electorales. Sí asusta que el apetito electoral supere a la responsabilidad.

El desempleo en junio fue de 14,4%, 5,4 puntos porcentuales mejor con relación a junio de 2020, pero continúa la brecha en equidad de género y desempleo juvenil ¿Qué hacer para cambiar este panorama?

Ese porcentaje es muy malo. No podemos imaginarnos un país con un desempleo de 14%, eso no puede pasar. Además, cuando miramos la combinación del indicador para jóvenes mujeres, el desempleo puede superar niveles de 30%, es decir que tres de cada 10 mujeres jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran. Sin duda ese es un frente en el que las políticas públicas se tienen que concentrar.

Se sabe que en el empleo juega un papel importante el Gobierno nacional, pero juega un papel casi igual o más importante, que las políticas públicas de los mandatarios locales se enfoquen en la generación de trabajo.

Agregaría que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía, y la mejor manera de hacerlo es que haya una vacunación masiva.

¿El tejido empresarial ya se recuperó de los daños ocasionados por el paro o las previsiones de crecimiento para este año se opacaron?

La economía ha demostrado una capacidad de reaccionar verdaderamente sorprendente, en mi opinión.

Cuando vi las cifras de junio comparadas con las de mayo, que estábamos completamente paralizados por el paro, uno se sorprende de cómo la economía se reactiva y trata de volver a operar.

De manera que hay muchas cosas que sí se han reactivado como el comercio, las actividades financieras o temas de servicios, así como algunos temas de producción que no requieren de grandes inventarios y en eso vamos.

¿Cuál es la apuesta que tienen en la Andi sobre el crecimiento económico para 2021?

En este momento proyectamos que deberíamos estar entre 5,5% y 6,5% en el crecimiento económico de este año. Sin embargo, dependerá de la capacidad que tengamos para reconstruir los eslabones que se vieron afectados durante el paro nacional, de la capacidad de ingreso de las familias, del empleo y de cómo Colombia se va posicionando en el entorno internacional.

Esas son nuestras proyecciones y todos tenemos que trabajar en el país para que sucedan.

La confianza empresarial volvió a subir en junio y se ubicó en 37,2% ¿Cree que esta tendencia se mantendrá con la reactivación de todos los sectores y el avance en la vacunación?

No solamente la confianza empresarial, sino la confianza del consumidor dependerá de esos factores.

Todo esfuerzo que hagamos en lograr establecer barreras de contención al contagio y que protejan más, nos va a permitir retomar la actividad económica.

Ese falso dilema que se planteó al inicio de la pandemia y que creo que fue un error muy grande, de decir que la única forma que teníamos para protegernos era encerrarnos, le costó muchísimos años a la humanidad, de manera que la vacunación es el gran antídoto contra el virus mismo, que nos permite con mayor tranquilidad fortalecer la reactivación.

A propósito de la inmunización ¿Qué opina sobre la implementación de un carné de vacunación para permitir el ingreso a ciertos establecimientos o actividades?

Esto no es nuevo en la humanidad. Cuando alguien quiere entrar a un país como Brasil, por ejemplo, le exigen que se vacune contra la fiebre amarilla, ¿por qué lo hacen?, no solamente porque la gente se debe cuidar, sino porque ellos tienen la responsabilidad de proteger a muchas otras personas.

El libre albedrío tiene un límite y es en el momento en el que estamos poniendo en riesgo a más gente. Por ende, yo estoy de acuerdo en que efectivamente se generen mecanismos para que, en ciertas condiciones, se les pida a las personas unos esquemas completos de vacunación.

¿Cómo va el proceso de Empresas por la Vacunación? ¿Cuántas empresas se sumaron?

Ya 560.000 personas fueron vacunadas, eso quiere decir que vamos por más de la mitad. Fueron cerca de 2.990 compañías las que se terminaron uniendo y esperamos poder terminar de aquí a tres semanas las primeras dosis de todos, para luego seguir con las segundas dosis.

Del 9 al 13 de agosto se llevará a cabo el Congreso Empresarial ¿Qué novedades traerá esta versión?

Vamos a estar dando grandes debates que requiere el país en este momento; hablaremos de transformación digital, de innovación, de educación, de empresas inspiradoras, de superación de pobreza, capitalismo consciente, lucha de la corrupción, entre otros temas.

Tenemos invitados a 12 precandidatos presidenciales y cada uno va a tener 15 minutos para exponer sus ideas. El evento tendrá un formato híbrido.

¿Ha visto incertidumbre entre los empresarios de cara a las elecciones 2022? ¿Cree que la situación política y social podría seguir cobrando factura?

Lo importante es que haya una campaña limpia, sin violencias y con verdades.

La incertidumbre, por supuesto existe, pero estamos esperando que los precandidatos nos cuenten sus planes, objetivos y en qué se diferencian los unos de los otros para este juego democrático.

EL PERFIL

Bruce Mac Master es economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en desarrollo económico. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Dirigió el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, donde lideró la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables. Entre 2010 y 2011 fue designado como viceministro de Hacienda; fue cofundador de Compartamos con Colombia, la Fundación Granitos de Paz y estuvo en la Junta Directiva de la Fundación Pies Descalzos.

Contrato a término fijo: renovación cuando la trabajadora está en embarazo

 

La Corte Constitucional determinó el procedimiento que deben seguir los empleadores para terminar el contrato de trabajo a término fijo con una trabajadora en embarazo.

Esto con ocasión de que estas trabajadoras se encuentran protegidas por el fuero de estabilidad laboral reforzada.

El contrato a término fijo es aquel que tiene una fecha de terminación establecida. Para terminar este contrato, el empleador debe entregar al trabajador un preaviso con mínimo treinta (30) días de anticipación, en el cual le notifique que no se renovará el contrato.

Teniendo en cuenta lo dicho, cuando una trabajadora entra en estado de gravidez, se genera para ella de manera automática el fuero de estabilidad laboral reforzada una vez el empleador sea notificado de la situación. El fuero tiene la finalidad de proteger a la trabajadora frente a un despido con ocasión de su condición.

En el siguiente video, Angie Marcela Vargas, abogada consultora en derecho laboral, explica cómo procede la renovación de un contrato a término fijo con una trabajadora en estado de gravidez:

Terminación de contrato a término fijo con trabajadora en embarazo

Mediante la Sentencia SU-075 de 2018, la Corte Constitucional indicó que, para terminar el contrato de trabajo a término fijo con una trabajadora con fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad, podrá seguirse cualquiera de los siguientes procedimientos:

Antes de que llegue la fecha de terminación del contrato y de entrega del preaviso, el empleador debe dirigirse al Ministerio del Trabajo con las pruebas que demuestren la fecha pactada de finalización del contrato y que la actividad o el cargo que la trabajadora ejercía será suprimido, es decir, que el cargo dejará de existir y por esta razón no puede prorrogarse el contrato con la trabajadora.

Frente a esta situación, el Mintrabajo determinará si concede o no el permiso. En caso de que lo conceda, el empleador puede enviar el preaviso a la trabajadora y finalizar el contrato en la fecha pactada; si la autorización no es concedida, no podrá despedir a la trabajadora y deberá ajustarse a las recomendaciones realizadas por el ministerio.

En caso de que no se haya realizado la solicitud de autorización al Mintrabajo, este no la haya concedido o falte poco tiempo para que llegue la fecha de terminación del contrato, lo que debe hacer el empleador es extender el término del contrato hasta que la trabajadora culmine la licencia de maternidad o el período de lactancia. Al respecto, debe precisarse que esta extensión no supone la prórroga del contrato, solamente se amplía su término.

En el evento en que la trabajadora haya incurrido en una de las justas causas de terminación del contrato de trabajo previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, el empleador podrá acudir al Mintrabajo con las pruebas para demostrar la ocurrencia del hecho y así obtener la autorización para terminar el contrato de trabajo.

Frente a lo dicho, debe tenerse en cuenta que en ninguna circunstancia el empleador puede terminar el contrato con una trabajadora en estado de gestación sin autorización del Ministerio del Trabajo, debido a que este fuero tiene como finalidad evitar que sea discriminada por su condición.

Renovación de contrato para trabajadora en gestación (actualicese.com)

IVA a compras digitales enfrenta a las plataformas y al comercio local

 A través de una proposición en la tributaria 2.0 buscan gravar las transacciones de comercio electrónico desde el exterior por debajo de US$200.

En el primer trimestre se realizaron 133,4 millones de transacciones digitales en el país.

El proyecto de reforma tributaria 2.0, o ley de Inversión Social, que recientemente radicó el Gobierno ante el Congreso no solo se ha caracterizado por modificar gravámenes que se introdujeron en la tributaria aprobada en 2019, sino por retomar discusiones y propuestas de ese entonces.

La bancada del Centro Democrático prepara una proposición que busca que las importaciones por correo digital de menos de US$200 paguen IVA.

Según el partido de Gobierno, estos productos pueden representar al año US$900 millones, y dejan de pagar IVA por $650.000 millones aproximadamente.

Y estiman que para 2023 este tipo de compras superarían los US$2.000 millones, y si se les cobrara IVA ingresarían $1,5 billones en tributación al país.

Precisamente, una propuesta muy similar intentó “colarse” en la reforma tributaria de 2019. El entonces director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Andrés Romero, anunció la intención de introducir un gravamen de 4% para las compras digitales no residenciadas en Colombia y se calculaba que podría generar alrededor de $250.000 millones al año, pero finalmente la propuesta no se incluyó en la ponencia del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico de 2019.

En su momento, entidades como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) criticaron la iniciativa por el impacto sobre las compras digitales. Este medio consultó la postura actual de la CCCE, pero desde la entidad prefirieron no manifestarse por ahora, misma posición que adoptaron compañías como Amazon, Linio o Mercadolibre cuando fueron consultadas por este medio.

Andrés López, country manager para Colombia de la multinacional de comercio electrónico Aeropost, asegura que “hay que mirar si nos interesa más revender cosas en el mercado interno o en pensar en cómo fortalecer más a los empresarios colombianos para que sean más competitivos también internacionalmente”.

López enfatiza en cómo desde el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. hay unos compromisos adquiridos por Colombia en torno a facilitar las importaciones y establecer un mínimo de valor sobre el cual no se cobraran impuestos en el país. “Las exportaciones colombianas hoy entran gratis a EE.UU. hasta US$800. Si como país dejamos de honrar estos compromisos ellos también pueden empezar a gravar nuestros productos”, asegura López.

OTRA CARA DE LA MONEDA

Por el contrario, los comerciantes locales ven con buenos ojos una posibilidad como esta. “Fenalco ha venido proponiendo esto, celebramos que en el Congreso de la República estas ideas estén haciendo eco”, dijo Rafael España, director Económico de Fenalco, quien destacó que en otros países están acordando gravar a las grandes plataformas.

Así mismo, desde la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCConfección), su presidente Camilo Rodríguez, asegura que esto podría “equilibrar la cancha” y que “prácticamente hay una competencia desleal, pues plataformas como Amazon, Alibaba, Ebay, entre otras, no pagan ni aranceles ni IVA en el territorio nacional y las empresas nacionales sí”.

Rodríguez argumenta que si bien el TLC se firmó con EE.UU, eso no quiere decir que todo lo que comercializa por estas plataformas proviene de ese país y que, por ende, “hay mucha triangulación”. Además, refiere que el país tiene un hueco fiscal, y que estos cobros podrían facilitar el recaudo de recursos.

“Nos hemos unido Fenalco, Acopi, la Cámara de la Confección, Acicam y la unión de los centros comerciales, en estos puntos que consideramos importantes”, aseguró el vocero de la CCConfección.

Bajo esta lógica, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, asegura que habría otras alternativas para honrar los tratados internacionales. “Indudablemente afectaría el comercio electrónico, por eso planteamos una posición intermedia, que se deje la puerta abierta. Se quiere ver la posibilidad de que las zonas francas funcionen como centros de ese comercio electrónico, es parte de lo que se ha estado mirando, poder mantener esa exención por medio de estas zonas", dice Díaz.

Finalmente, Danilo Virviescas, docente de la cátedra de comercio exterior para el centro de estudios ejecutivos de posgrado de la U. Central, asegura que “una decisión de estas tiene un doble impacto”.

En el comercio exterior, por un lado, le quitaría dinamismo a la demanda de productos importados por parte de los colombianos.

“Una decisión de estas se hace para desincentivar ese consumo externo que tiene el país y si les ponen aranceles, y además IVA, que impacta el precio de las ventas, los consumidores también perderían poder adquisitivo. Estos impuestos desincentivan la importación de estos productos y artificialmente aumenta el precio”.

Por otro lado, se busca proteger la producción nacional y habría un incentivo para que el consumidor deje de mirar el mercado externo y empiece a consumir lo que producimos dentro de Colombia, justo en este momento en que se busca que las pequeñas y medianas empresas tengan un respiro”, explica Virviescas.

​

AUGE DEL COMERCIO

Las compras digitales y el e-commerce han venido creciendo en los últimos años a nivel global, y particularmente se han visto impulsadas desde la pandemia, por lo que el mercado de hoy dista mucho del de hace dos años, cuando se presentó una propuesta similar en la tributaria.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio Electrónico, en 2019 en el primer trimestre se registraron en el país $4,97 billones en ventas en línea y se reportaron 45,3 millones de transacciones digitales. Por el contrario, y si se compara, para el primer trimestre de 2021 las cifras ya ascendían respectivamente a $8,56 billones para el caso de las ventas en línea en Colombia y 133,4 millones de transacciones digitales.

IVA a compras digitales enfrenta a las plataformas y el comercio local | Reforma tributaria | Economía | Portafolio

La reforma tributaria 2.0 se quedaría corta en la cobertura social

 Un análisis de Fasecolda compara el alcance de las inversiones del proyecto con lo que se buscaba cubrir con la iniciativa anterior.

Algunos voces consideran que existen fallas en el planteamiento de la tributaria 2.0 y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.

Incrementar el recaudo es la base de cualquier reforma tributaria o fiscal, y de la mano con ello vienen los objetivos de financiar alternativas para reducir las brechas sociales y proteger a los más vulnerables.

En el marco de la pandemia el Gobierno y el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se pusieron la meta de sacar adelante la denominada 'ley de solidaridad sostenible', una reforma cuya meta ascendía a los $23,4 billones, y que tuvo que ser retirada del Congreso tras las criticas de múltiples sectores y el estallido social del paro nacional.

Con la caída de la reforma, y de Carrasquilla, llegó la oportunidad para que el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentara una iniciativa menos ambiciosa, el proyecto de Inversión Social, con una meta de recaudo de $15,2 billones, y en palabras del ministro, “sin impuestos que afecten el bolsillo de la clase media y baja”.

A pesar de esta propuesta fue radicada en el Congreso hace más de una semana, algunas voces consideran que existen fallas en su planteamiento y que el proyecto se queda corto en su objetivo de atender a los más vulnerables.

Desde la dirección de estudios económicos de Fasecolda, su director, Hernán Avendaño Cruz, realizó un comparativo entre la cobertura de las principales iniciativas sociales del proyecto de reforma tributaria, y de la tributaria 2.0 para 2021.

“La política social, una de las ganancias grandes que había con la reforma anterior, quedó reducida notablemente. La reforma de Carrasquilla proponía que el Ingreso Solidario fuera permanente y que tuviera una cobertura para 18 millones de personas, esta tiene una cobertura de apenas 9,8 millones. Ese era un punto fundamental, porque la pandemia golpeó muy duro a muchas personas y esa cobertura era un paliativo esencial”, asegura Avendaño.

En el proyecto de reforma anterior se plantaban transferencias promedio por individuo de $23.582 para 5,2 millones de personas y de $11.143 para 13,5 millones por medio del Programa Ingreso Solidario a través del Sisben, y se tenía el objetivo de que se convirtiera en una política permanente, que tan solo para 2022 costaría $3,3 billones.

En el nuevo proyecto el objetivo está en transferencias de $160.000, y cobijar a 3,3 millones de hogares, equivalentes a 9,8 millones de personas. Este apoyo solo se tendría asegurado hasta el momento hasta 2022, y se estima que para 2021 costaría $2,1 billones, y en 2022 $6,6 billones, en total de $8,7 billones.

Vale la pena destacar que la meta de impacto del Gobierno con esta iniciativa es reducir pobreza extrema hasta el nivel que teníamos antes de la pandemia, es decir, de 15,1% a 9,6% y reducir los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%.

Por el lado de los incentivos para la creación del empleo juvenil el proyecto anterior buscaba implementar un esquema con subsidios a las cotizaciones de seguridad social en pensiones y en salud, exoneración del pago de parafiscales, así como la no afiliación a cajas de compensación familiar por cinco años, para jóvenes entre 18 y 28 años que accedan a su primer empleo.

Y para los empleadores que hubieran contratado nuevos empleados con dichas características, no estarían obligados a realizar los aportes parafiscales.

En la tributaria 2.0 la meta esta en un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo con el que se podrá cubrir cerca del 40% de la seguridad social de los empleos con el que se espera beneficiar a cerca de 271.000 personas. Un programa con un costo de $236.000 millones para 2021 y $573.000 millones para 2022.

“Hay que reconocer que sí hay incentivos en materia de empleo, pero son menores a los que había en el proyecto de Carrasquilla”, asegura Avendaño.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, el día que presentó al Congreso de la República el articulado de la tributaria 2.0, que busca recaudar $15,2 billones al año.

ARCHIVO PARTICULAR

Por el lado del programa de apoyo al empleo formal (Paef), la reforma de Carrasquilla se concentró en asegurar $1,5 billones hasta junio de este año, mientras que en el 'proyecto de inversión social' sí se estarían garantizando recursos hasta diciembre de este año, con un costo de $1,1 billones.

Finalmente, Avendaño compara en su análisis la cobertura en educación superior. Mientras que en el proyecto original se buscaba reforzar Generación E como política de Estado y ampliar los recursos que se destinan a este para cubrir hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad, en el proyecto actual, con Matrícula cero, se busca destinar mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Este programa cuesta $700.000 millones por año.

“Al Gobierno que llegue le toca llegar con otra reforma debajo del brazo, toca hacer otra reforma, porque 2023 no está financiado”, concluye.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

El proyecto tiene una meta de recaudo menor, y por ende menores fuentes de ingresos, partiendo de la base de gravar menos a la clase media y la clase baja.

“El país perdió la oportunidad de avanzar a una reforma estructural, en el anterior proyecto había ampliación de la base tributaria en el IVA y en el impuesto de renta y aumentaba también por el lado de los dividendos las tarifas, que es un impuesto a personas adineradas", critica Avendaño.

"Y por otro lado eliminaba exenciones, un avance de una reforma estructural, pero acá no hay nada de eso, básicamente se enfoca en subir el impuesto de renta a las empresas”, agrega.

Reforma tributaria 2.0: análisis asegura que se quedaría corta en cobertura social | Reforma tributaria | Economía | Portafolio

Paga Todo Virtual: transacciones en línea y en tiempo real

 Un canal con soluciones y servicios que busca facilitarles los trámites a millones de usuarios.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la transformación digital es un proceso de explotación de tecnologías digitales, que tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores económicos generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y creación de productos y servicios (1).

En medio de ese contexto, los canales digitales como vías de distribución de servicios y transacciones en línea y tiempo real son hoy en día una necesidad, sobre todo después de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, la cual tuvo una influencia directa en el desarrollo y evolución de los mismos.

Ejemplo de lo anterior es el canal digital transaccional de Paga Todo, la red multiservicios más importante en Bogotá y Cundinamarca, que brinda soluciones al instante y en todo lugar, y que hoy en día cuenta 12.000 terminales de servicio conectados en la capital del país y en los 116 municipios de Cundinamarca. Paga Todo ofrece en su canal físico un amplio portafolio de productos que por más de 18 años le han facilitado la vida a sus usuarios para realizar recargas, apostar, hacer pagos, enviar y recibir dinero, reclamar subsidios y comprar el SOAT.

“Nosotros dividimos nuestra oferta de portafolio en dos y hemos priorizado la homologación de estos servicios en el canal digital sobre los productos que más utilizan y benefician a nuestros usuarios. La primera y más importante porque se alinea muy fuerte con el ‘core’ de la compañía son los juegos de suerte y azar, en donde tenemos cuatro modalidades de Chance como el tradicional, Paga Millonario, Súper Chance y Maxi Chance. Adicional, contamos con venta de loterías y recargas a BetPlay, uno de nuestros aliados a nivel de apuestas deportivas. A esto se suman otros productos que lanzamos este año y que han sido un éxito como la venta del SOAT y las recargas a operadores de telefonía celular y DirecTV”, afirma Juan Carlos Avellaneda, gerente de mercadeo de Paga Todo.

Los servicios en línea y tiempo real con los que cuenta Paga Todo Digital en su aplicación móvil y web transaccional fueron creados según la promesa de valor de la compañía, pues esta radica en facilitarles los trámites diarios a los ciudadanos, mientras se acercan a ellos, suplen sus necesidades y se adaptan a esta nueva realidad, que les ha permitido ser referentes dentro de la industria multiservicios.

“Parte de la promesa de la marca es facilitarle la vida a nuestros usuarios y la pandemia nos permitió hacerlo de una forma más acelerada. Si bien nuestra aplicación ya llevaba dos años en el mercado y en el 2019 tuvimos un muy buen año y esperábamos que el 2020 fuera más satisfactorio, la crisis que se generó la vimos como una oportunidad al haber tenido esos pilares desarrollados y poder enfrentarnos a cada uno de los retos que sin duda se presentarían”, continúa Avellaneda.

Pero precisamente hablando sobre dichos retos y dificultades, el equipo de Paga Todo se enfocó en los problemas a los que se ven enfrentados algunos clientes al manejar los canales digitales y aplicaciones que tienen que ver con transacciones y dinero. La mayor parte del público de esta red transaccional son los mayores de 18 años, sin embargo, se concentra un alto porcentaje en mayores

de 35 años, quienes, en algunos casos, no están tan familiarizados con las transacciones autogestionadas desde las plataformas a través de dispositivos digitales.

“Esa fue una de las dificultades a la cual nos enfrentamos. El tema no era solo colocar la aplicación en el mercado, sino también tener un plan fuerte de comunicación y acompañamiento para esos usuarios, exigiéndonos desarrollar una aplicación que fuera muy intuitiva y estuviera dentro de los parámetros de consumo para el público de mayor edad”, explica Avellaneda.

Legalidad y seguridad

La seguridad de las operaciones en línea es quizás uno de los temas que más preocupan al momento de hacer uso de la tecnología. Sin embargo, el canal digital de Paga Todo funciona de tal manera, que sus clientes pueden tener la seguridad y tranquilidad de que sus datos están completamente protegidos. Dicha empresa, realiza las respectivas validaciones de los datos ingresados por las personas emitiendo códigos de autorización al momento del registro. En lo que se refiere al consumo en general, están soportados por una de las pasarelas de pago más seguras del mercado y en cuanto a los juegos garantizan que los premios se hagan efectivos cuando hay un ganador.

“Además de darles a los usuarios la oportunidad de realizar transacciones sin salir de casa y hacerlos partícipes de nuestras promociones y beneficios, en Chance somos los únicos autorizados para efectuar este tipo de servicios en Bogotá y Cundinamarca. Nuestro juego es un juego legal y muy importante porque las regalías que genera este juego se transfieren al sector salud”, dice Avellaneda.

​

PAGA TODO

Más servicios para más personas

Con 51.537 usuarios registrados en el 2021, 74,66 por ciento hombres y 25,34 mujeres en su canal digital transaccional, Paga Todo tiene previsto seguir ampliando la oferta de sus productos. Actualmente, su canal físico tiene más de 400 soluciones que pretenden migrar al canal digital.

“Buscamos homologar todo el portafolio que tenemos en el canal físico y día a día estamos trabajando por invertirle más a la aplicación para que las personas tengan todo disponible al alcance de un clic. Nos hemos dado cuenta de que quienes descargan la aplicación, se quedan, es decir, nuestros usuarios se sienten a gusto con los servicios y la experiencia que viven al interactuar con ella y las facilidades que les otorgamos, por lo que hoy queremos invitar a todos los lectores a que la descarguen, jueguen, hagan sus trámites, diligencias y compras”, puntualiza Avellaneda.

Por último, cabe resaltar que el objetivo de la marca este año es superar las 200.000 descargas, seguir conquistando nuevos usuarios y fidelizando a los actuales. Recuerde que está disponible para Android, iOS y Huawei. Para conocer los servicios de Paga Todo, ingrese a www.pagatodo.com.co

*La venta del Chance de Paga Todo está autorizado por la Lotería de Bogotá quien es la concedente en la región y los demás productos como BetPlay por Coljuegos.

Con la reforma tributaria se continuarán aprobando exenciones sin evaluación y sustento alguno

 

Analistas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dicen que se seguirán aprobando beneficios tributarios sin saber cuánto aumentaría el crecimiento económico o el empleo.

Se trata de aprobar y mantener vigentes los que contribuyan a los objetivos en materia de recaudo y progresividad.

El Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el nuevo proyecto de reforma tributaria, con el que espera incrementar los ingresos fiscales en 0,2 % del PIB en 2022 y en 1,2 % del PIB a partir de 2023, lo que equivale a 15 billones de pesos.

Esta nueva reforma cuenta con tres fuentes permanentes obtenidas: renta a las empresas (10,6 billones de pesos), control de la evasión (2,7 billones) y austeridad estatal (1,9 billones).

«El país necesita una reforma tributaria que siga nuestros principios constitucionales de equidad, progresividad y eficacia. Necesitamos una reforma que le cobre más impuestos a quienes tienen más ingresos, iguale las cargas tributarias a quienes ganen lo mismo o a las empresas que realicen una misma actividad, y que desincentive la evasión», afirman Alejandro Rodríguez, investigador de De Justicia y Juan David Oviedo, magister en Economía de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad del Valle.

En el análisis Algunos temas pendientes para la nueva reforma tributaria, escrito por ellos y publicado en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dicen que el Estatuto Tributario es muy complejo y está lleno de regímenes especiales que son un gran obstáculo para que el sistema tributario cumpla con sus principios constitucionales.

Por lo que se necesita más que nunca diseñar un proceso sistematizado para la aprobación y evaluación de cada beneficio tributario que se contemple introducir en el Estatuto Tributario, al igual que para los beneficios que están vigentes.

Para ellos, pensando en la progresividad del sistema tributario en el contexto de la nueva reforma tributaria, el tema de los beneficios tributarios es de vital importancia.

Atención especial a los beneficios tributarios

En la primera propuesta de reforma tributaria, retirada en medio del paro nacional, se proponía eliminar la mayoría de las exenciones y en esta nueva propuesta solo se elimina el aumento del descuento del ICA del 100 % en la renta, quedando en 50 %, y se extienden algunos beneficios aprobados en la Ley de Turismo.

«La academia y diversas personas expertas en temas fiscales se han opuesto a estas medidas tributarias, pues no es claro que los supuestos utilizados en los modelos de expectativa de recaudo o crecimiento económico a partir de las exenciones que se introducen, se puedan materializar en la vida real», piensan.

“opacidad en el proceso de aprobación de beneficios por cuenta de la presión de grupos de interés ha hecho que en el país se aprueben exenciones sin sustento técnico”

Adicionalmente, la opacidad en el proceso de aprobación de beneficios por cuenta de la presión de grupos de interés ha hecho que en el país se aprueben exenciones sin sustento técnico.

«Es decir, que se aprueben beneficios sin estimaciones rigurosas acerca de cuánto aumentaría el crecimiento económico, la inversión o el empleo por cuenta de ello. Tampoco se han evaluado los beneficios aprobados para saber si están cumpliendo su objetivo. La exención de IVA para las cirugías plásticas es un ejemplo de esto», analizan.

«No se trata de bloquear la existencia de beneficios tributarios. Se trata, más bien, de aprobar y mantener vigentes los que realmente contribuyan a los objetivos del sistema tributario en materia de recaudo y progresividad, o a otros objetivos sociales legítimos», agregan.

Evaluar los beneficios tributarios

¿Quién llevaría a cabo estas evaluaciones? Esta tarea sería realizada por Oficina Técnica de Asistencia Presupuestal -OATP- del Congreso. Esta oficina, aunque fue creada mediante la Ley 1985 de 2019, todavía tiene pendiente su puesta en marcha, indica la publicación.

Curiosamente en el Estatuto Orgánico del Presupuesto se establece que esta oficina debe hacer parte del debate del Presupuesto General de la Nación el Congreso de la República. Sin embargo, la oficina no ha sido constituida por lo que en el presupuesto vigente no se tuvieron en cuenta sus consideraciones y parece ser que el próximo presupuesto también va a aprobarse sin seguir la directriz establecida en la Ley.

Garantizar el arranque de la OATP debe ser una de las prioridades de la nueva reforma tributaria. Que atraiga el mejor capital técnico y humano. Que sea lo que necesita el Congreso: una instancia técnica, independiente, con una dirección escogida por concurso. Que esté lejos de convertirse en un botín burocrático.

«Además, tener esta oficina puede equilibrar capacidades técnicas entre el ejecutivo y legislativo en temas fiscales, como se observa en Estados Unidos con la Congressional Budget Office», concluye el análisis.

Evaluación y sustento de las exenciones tributarias (actualicese.com)

NIA 540, NIA 315 y Código de Ética: en la mira para ser actualizados por el CTCP

 

IAASB emitió un documento donde propone modificaciones a las Normas de Aseguramiento, de Control de Calidad y de Servicios Relacionados.

Se propondrán cambios a la NIA 315 (revisada) para que los auditores realicen procedimientos de evaluación de riesgos acordes con el tamaño y naturaleza de la entidad.

Uno de los objetivos dentro del plan de trabajo presentado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– para el segundo semestre de este año será expedir recomendaciones para la actualización de las Normas de Aseguramiento de la Información.

Las Normas de Control de Calidad, de Aseguramiento de la Información, de los Servicios Relacionados y de ética profesional son estándares de aceptación internacional sobre las cuales se establecen estudios y revisiones periódicas. Como indica el documento:

El CTCP continuará trabajando para que las modificaciones establecidas por los organismos internacionales sean analizadas y evaluadas, siguiendo el debido proceso de consulta pública previsto en la ley.

Para lograr lo anterior, elaborará los documentos de discusión pública, solicitará el apoyo de las autoridades y de los comités técnicos y de expertos, y presentará a las autoridades de regulación las propuestas para el ajuste de los marcos técnicos de aseguramiento que actualmente están contenidos en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015.

Algunas de las modificaciones realizadas a estos marcos técnicos, que requieren ser analizados y evaluados para alinearlos con las disposiciones legales aplicables en Colombia, son las siguientes:

Normas de ética profesional

“la versión del Código de Ética que se aplica en Colombia corresponde a la emitida en el año 2014”

Desde el CTCP se explica que la versión del Código de Ética que se aplica en Colombia corresponde a la emitida en el año 2014, por lo que es necesario efectuar las recomendaciones derivadas del proceso de discusión pública realizado en el segundo semestre del año 2020 y primer semestre del año 2021.

Hecho lo anterior, se recomendaría a los ministerios la mejor forma de incluir dicho Código de Ética en la legislación nacional y hacerla concordante con las normas de ética que se incluyen en la Ley 43 de 1990.

Modificaciones en las Normas de Aseguramiento según cambios en el Código de Ética

El IAASB emitió un documento donde se proponen modificaciones a las Normas de Aseguramiento, de Control de Calidad y de Servicios Relacionados.

Este se enfoca en: el glosario, NIGC 1, NIA 200, NIA 220, NIA 240, NIA 250, NIA 260, NIA 600, NIA 610, NIA 620, NIA 700, NIA 720, NIA 800, NIA 805, NIA 810, IAPN 1000, NIER 2400, ISAE 3000, ISAE 3402, ISAE 3410, ISAE 3420, NISR 4410 y el marco internacional de encargos de aseguramiento.

Se requiere establecer los proyectos de actualización siguiendo el debido proceso previsto en la ley.

NIA 540 – Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar

La NIA 540 modifica la norma actualmente incorporada en el anexo 4 del Decreto 2270 de 2019, modificatorio del DUR 2420 de 2015, cambios que se aplican en el ámbito internacional desde diciembre 15 de 2019.

NISR 4400 – Procedimientos previamente acordados

La NISR 400 fue modificada utilizando las convenciones de redacción del proyecto, claridad para que este estándar sea consistente con otros estándares emitidos por el IAASB, cambios que se aplicarán en el ámbito internacional a partir del 1 de enero de 2022.

NIA 315 (revisión 2019) – Identificación y evaluación de riesgos de incorrección material

Se espera proponer cambios a la NIA 315 (revisada), estableciendo requisitos más sólidos y orientación detallada para impulsar a los auditores a realizar procedimientos de evaluación de riesgos adecuados de manera acorde con el tamaño y la naturaleza de la entidad.

Se prevé que estas revisiones se centrarán en mejorar el enfoque del auditor para comprender la entidad, su entorno (incluido su control interno) y las actividades de evaluación de riesgos a la luz del entorno cambiante; se aplicarán en el ámbito internacional a partir de diciembre 15 de 2021.

Actualización Normas de Aseguramiento de la Información (actualicese.com)