Hablaremos con el sistema y la banca con el objetivo de mejorar cifras de inclusión

 

El ministro de Hacienda destacó retos que tiene el Gobierno, dentro de los que incluyó la inflación y perspectivas de crecimiento

En una de las intervenciones más esperadas del Congreso Bancario de Asobancaria en Cartagena, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la economía colombiana tuvo una recuperación “muy vigorosa” después del covid-19, en parte gracias a la vacunación, la cual tildó de “determinante”.

Luego de hacer un balance de la coyuntura económica y financiera actual, el jefe de la cartera resaltó seis retos que tiene el nuevo Gobierno: condiciones sociales débiles, inflación, perspectivas de crecimiento más débiles, déficit comercial, inclusión financiera y finanzas públicas.

En el primer punto destacó los niveles de pobreza y la tasa de desempleo, que aún no se recupera del todo. “Tenemos casi seis millones más de pobres. Hay evidencia de que la desigualdad aumentó en la pandemia y no se ha revertido plenamente”, dijo el ministro, quien aseguró que “en materia de desempleo, la situación sigue siendo compleja. Colombia es uno de los peores casos latinoamericanos, tenemos la tasa más alta y competimos con Brasil”.

En cuanto a la inflación, manifestó que uno de los retos que tiene el Banco de la República es enfrentar el aumento de precios con el alza de tasas sin tener un efecto grande en la actividad productiva. En ese último punto, indicó se van a evidenciar tasas de crecimiento mucho más moderadas, lo que genera retos en materia social y fiscal.

Sobre el sistema financiero, dijo que hay dos temas importantes: la inclusión y la revitalización de los bancos de desarrollo de Colombia. Además, resaltó la baja profundización del mercado de renta variable.

“En materia de créditos la inclusión es todavía muy baja, sobre todo en microempresas. Es un tema esencial y estaremos en un diálogo con el sistema financiero para mejorar las cifras de inclusión crediticia”, señaló.

Del papel del crédito cooperativo dijo que “es mejor, pues implica un menor riesgo y un compromiso más fuerte de los deudores individuales con su asociación. Ese es uno de los instrumentos básicos que podemos impulsar”.

Para el jefe de la cartera, los fondos de garantías son instrumentos importantes, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda.

Como último punto destacó el aumento de la deuda pública durante la pandemia. “El ajuste de la deuda ha sido mucho más débil que en otros países de América Latina. El resultado es la herencia de un déficit primario y total que es sustancial”.

Reiteró la importancia del proyecto de reforma que se presentó ante el Congreso el pasado 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente, Gustavo Petro. “La tributaria es una de las respuestas. También debemos hacer algo en materia de austeridad, no lo haremos solamente vía impuestos”. Resaltó que “esta es la reforma más redistributiva en la historia de Colombia”.

LOS CONTRASTES

Hernando José GómezPresidente de Asobancaria

“Esta es una propuesta que ha hecho el Gobierno, el cual ha sido claro en que está listo para hablar con los diferentes sectores sobre conveniencia y necesidad de ajustes”.

Ocampo enfatizó en que los impuestos a personas naturales en el país aún son muy bajos. Y que se debe mantener el impuesto al patrimonio en su paso por el Congreso.

“El sector financiero no es un parásito”

El presidente Gustavo Petro, en su encuentro con los empresarios la semana pasada, en Cartagena, se refirió a la actividad bancaria como extractiva, asegurando que se beneficia del agro y de la industria, y que en sí misma no genera valor.

Una semana después, y también desde la capital del departamento de Bolívar, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, CEO del Grupo Aval, le contestó al mandatario, manifestando que el sector no es un parásito que afecta a los sectores, sino que es la espina dorsal de la economía colombiana.

“Hablaremos con el sistema y la banca con el objetivo de mejorar cifras de inclusión” (larepublica.co)

Personas buscan consumo de marcas que sean ambiental y socialmente sostenibles

 

Cerca de 58% de las personas encuestadas aseguró que las buenas prácticas de sostenibilidad son decisivas al elegir una marca

Convertirse en una empresa que genera un impacto positivo es de suma importancia. El informe global Edelan Trust Barometer, que encuestó a más de 36.000 personas de 28 países, incluyendo Colombia, mostró que 58% de las personas dice que las buenas prácticas de sostenibilidad son decisivas al momento de elegir una marca.

Por otra parte, en una encuesta realizada en febrero de 2022 a más de 16.000 personas de las 10 economías más grandes del mundo se encontró que tres de cada cinco consumidores (64%) dicen que los productos de marcas ambientalmente sostenibles representaron al menos de la mitad de su última compra.

De igual forma, más de 49% afirmaron que pagaron el valor adicional, que en promedio fue de 59%, por productos calificados como sostenibles o socialmente responsables.

Esta tendencia ha llevado a que se desarrolle en Latinoamérica el Movimiento B, que busca equilibrar el propósito social y ambiental con las ganancias económicas de las empresas. En este movimiento participan más de 5.000 empresas en el mundo, de las cuales 900 están en Latinoamérica y 84 en Colombia.

Así mismo, la multinacional de servicios profesionales EY (Ernst & Young) en un informe declaró que “mucha gente estaría dispuesta a pagar más si su producto reflejara sus propias prioridades”. En este sentido, se evidencia que los consumidores tienen presente la sostenibilidad en sus aspiraciones, por lo cual, están atentos al comportamiento de las marcas y si incorporan dentro de su mecanismo empresarial la reducción del consumo y de los plásticos.

De las empresas colombianas que están comprometidas con el movimiento B, Carolina Restrepo, la directora de sostenibilidad de Maaji, organización que hace trajes de baño y ropa de playa 100% sustentables, explica que “nosotros, somos responsables de lo que ofrecemos y de tocar a los clientes de diferentes maneras. Debemos ser líderes, mostrar alternativas responsables y crear una relación más cercana con ellos, generando un vínculo de reconocimiento mutuo de nuevos valores”.

Así mismo, se ha demostrado que, a la hora de conseguir empleo, los trabajadores también buscan empresas que tengan acciones de responsabilidad social. La última Guía Laboral Hays 2021 demostró que, de más de 2.900 profesionales y 2.500 empleadores de Brasil, Chile, Colombia y México, 27% de estos tienen en cuenta las acciones de la empresa al buscar empleo.

Personas buscan consumo de marcas que sean ambiental y socialmente sostenibles (larepublica.co)

Informalidad y conectividad, entre las principales barreras para el acceso al crédito

 

En Colombia, solo 17,8% de los micronegocios identificados solicitó crédito en 2020 y, sólo 52,8% lo hizo a instituciones financieras reguladas

En la coyuntura de la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena, expertos participaron del panel ‘Profundización del crédito Pymes’, basado en los resultados de un estudio de la Universidad Eafit. El principal ponente fue el decano de la facultad de economía de esa institución, Cesar Tamayo, quien aseguró que las Mipymes juegan un papel clave en el crecimiento económico, la creación de empleos, la cohesión social y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con este estudio, en Colombia se estima que las Mipymes representan más de 99% del tejido empresarial formal en los países en desarrollo y que una de cada diez empresas es una microempresa. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OMT), las Mipymes aportan más de 50% del PIB en los países de ingresos altos, pero menos de una cuarta parte en los países de ingresos bajos.

El Banco Mundial, la Corporación Internacional de Financiación (IFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) estiman que, en países emergentes, estas contribuyen con entre 70% y 95% de las nuevas oportunidades de empleo y con cerca de 35% del PIB.

En Colombia, solo 17,8% de los micronegocios identificados solicitó crédito en el año 2020 y, de ellos, sólo 52,8% lo hizo a instituciones financieras reguladas.

“El acceso al financiamiento es la principal restricción para el crecimiento de las Mipymes. Quizá los recursos públicos deberían ir más a donde la falla del mercado es más grande: las empresas más pequeñas y jóvenes”, dijo Tamayo, quien recalcó que el uso de estos recursos debe acompañarse de una estrategia de evaluación sistemática.

De acuerdo al experto, en el caso de algunas Pymes los problemas de información pueden resolverse con tecnología e innovación en los modelos de evaluación de riesgo, como ya lo está haciendo la industria de Fintech “con relativo éxito”.

Margarita Correa Henao. presidenta de la junta directiva de Bancamia, indicó que otra de las barreras es el costo que representa estar en un contexto informal. Luego, señaló que la conectividad es otro de los limitantes en esta materia.

“Estas son barreras enormes, pero las mujeres encuentran otras adicionales, como por ejemplo el hecho de tener menos ingresos. Las microfinanzas son muy importantes para combatir la pobreza y generar equidad en Colombia”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Elorza. director de Análisis y Evaluación Técnica de la vicepresidencia de Sector Privado de la CAF, explicó que hay barreras sistémicas en América Latina, en donde las mujeres enfrentan “limitaciones” para tener acceso al crédito.

A su turno, Gregorio Mejía, presidente de MiBanco, dijo que en los últimos 15 años Colombia “ha cambiado el mapa y los números” en cuanto a inclusión, pero que la “tarea que se tiene por delante es monstruosa”.

“Este cambio de paradigma nos obliga a salirnos de la caja. Creo que, en términos de la Región y particularmente en Colombia, hay que aceptar la informalidad, que es una característica clara de las pequeñas empresas. Ese debe ser el primer paso antes de hablar de legalidad”, indicó Mejía.

Para el experto, la informalidad que hay en Latinoamérica es “inclusiva”, la cual brinda oportunidades de replantear paradigmas y políticas de Estado que permitan construir otras estrategias.

“La industria está cambiando tremendamente. El modelo de inclusión genera un llamado de urgencia. Creo que los estudios existentes nos invitan a ejecutar”, agregó.

LOS CONTRASTES

César TamayoDecano de Economía de la Universidad Eafit

“El acceso al financiamiento es la principal restricción para el crecimiento de las Mipyme. Debe haber una estrategia de evaluación sistemática”.

En lo anterior coincidió el gerente de la firma Inclusión, Roberto Angulo, quien aseguró que el estudio le da herramientas al sector bancario para acercarse al productivo.

“La gente da por sentado de que no le van a dar crédito formal. Por su parte, los bancos no bajan tanto por el estigma de comparar la informalidad con pobreza. Ni los bancos han cedido ni los más vulnerables se atreven a moverse por los canales formales. El crédito tiene un efecto positivo sobre el desempeño de los micronegocios, cualquiera que sea la clase socioeconómico de su propietario”, explicó.

El vocero agregó que no es suficiente entender la informalidad, sino que hay que “volcarse” hacia ella. “Hay micronegocios robustos que tienen mucho potencial de crecimiento”.

Informalidad y conectividad, entre las principales barreras para el acceso al crédito (larepublica.co)

Los bancos bajo el estrés del ‘Efecto Uber’

 

El sector financiero nunca había sido exigido no solo a competir, sino a acelerar servicios digitales para no perder clientes más sensibles a la tecnología bancaria de cara al usuario

En marzo de 2009 apareció en San Francisco, Estados Unidos, una compañía que comenzó una nueva era para el servicio de transporte urbano en todo el mundo, otrora dominado por los taxis; ahora dicha multinacional, fundada por Travis Kalanick, no solo moviliza pasajeros, sino que entrega comida y toda una suerte de compras de sus usuarios. Lo disruptivo es que no tiene un solo taxi, ni un restaurante o una fábrica textil, pero es de lejos una de las empresas que más conecta a productores con consumidores.

Por supuesto, es Uber, una de esas ideas disruptivas que se diseminaron por todos los países, ha sido perseguida, copiada, alabada, pero hasta ahora, no mejorada. Al punto que hay “uberes” para todos los negocios: Airbnb para los hoteles; WhatsApp para las empresas celulares; Spotify para las compañías de música; Netflix para el cine y la televisión. Y poco a poco a cada servicio que se presta en algún rincón del mundo, le nace su propio Uber.

Los bancos no son la excepción y cada vez es más frecuente que la bancarización crezca de la mano de plataformas confiables como Daviplata, Nequi o Lulo, iniciativas colombianas de los mismos bancos tradicionales que le han salido al paso a tendencias mundiales mejorando y democratizando el servicio financiero. Al punto que el país vive una verdadera fiebre de financieras tecnológicas con el arribo de otras extranjeras como la brasileña Nubank y la argentina Ualá, que han abierto una verdadera competencia hasta ahora inédita, pues la regulación del sector ha impedido esas disrupciones.

Pero muy a pesar de que los usuarios colombianos pueden comprar, prestar, girar y pagar obligaciones, entre otras operaciones y transacciones habituales, aún el mercado no cuenta con un sistema de pagos que le ahorren dinero al cuentahabiente y existan situaciones tan anacrónicas como tener que esperar hasta el día siguiente una consignación por celular de un banco a otro.

Incluso, que una transacción por QR a otra entidad tenga diferentes códigos registrados, es como si para consignar dinero entre varias entidades el usuario debiese usar distintos números de cédula. Otra perla es que el millonario negocio de los giros y remesas (US$5.000 millones anuales) no esté dentro del sistema financiero ni vigilado por la Superintendencia Financiera sino por el MinTIC y carezca de digitalización para los beneficiados de dinero que les llega del exterior. Aún subsisten redes de cajeros independientes incomunicadas que desangran a los usuarios, convirtiendo la autopista por donde se mueve el dinero en una Torre de Babel o el Lejano Oeste, en donde todos cobran por mínimo que sea el movimiento.

Todo se arregla con voluntad particular de los actores del sistema financiero, quienes deben ponerse de acuerdo en hacer homologaciones y facilitarles a los cuentahabientes su acontecer monetario. Hay países que han dado el salto tecnológico bancario, bancarizando de verdad a más población con todos los servicios vía celular y haciéndolos sujetos de créditos. Hoy los bancos están bajo un especial estrés que genera el ‘Efecto Uber’ y los obliga a acelerar un sistema de pagos moderno que le facilite la vida a las personas. Los bancos locales no se han quedado atrás en servicios como los referidos antes, pero en materia de microcobros y unidad de las plataformas entre todos aún hay atrasos.

Los bancos bajo el estrés del ‘Efecto Uber’ (larepublica.co)

Qué son las fundaciones de interés privado (“FIP”)

Según he podido tener evidencia, las “fundaciones” existen desde el imperio romano, pensadas como actos piadosos (“piae causae”), donde un ciudadano creaba una persona jurídica distinta a él para destinar parte de su patrimonio a esa buena causa.

En Colombia, sin duda, tenemos las fundaciones, como entidades sin ánimo de lucro, que buscan mantener la lógica del “altruismo” en su razón de ser.E

Ahora bien, aun cuando hay antecedentes (como lo dispuesto en la sección 80 y siguientes del Código Civil Alemán, entre otros), el Principado de Liechtenstein creó, en 1926, las “Stiftung”, que son fundaciones que pueden tener cuatro finalidades claramente marcadas: (i) interés público o altruista; (ii) fines religiosos, que puede coincidir mucho con el primero; (iii) fundación familiar (Familienstiftung); y (iv) cuidados personales (Personalfürsorgestiftung).

Aquí hay un ingrediente importante, y es tener la libertad de crear fundaciones que no necesariamente tengan una finalidad altruista o de “bien común”, sino que puedan atender a necesidades personales o familiares.

Pensando precisamente en esa posibilidad, con la Ley 25 de 1995 de Panamá (son 37 artículos) tenemos en el “mercado jurídico” a las FIP en nuestro idioma, siendo esta una persona jurídica que tiene un patrimonio que le es entregado por los fundadores, y que se destina a un fin privado, que puede ser precautelar el patrimonio familiar.

¿Qué beneficios tiene una FIP?

Aun cuando tributariamente se pueden hacer muchas consideraciones sobre las FIP, solo se mencionará que, por ejemplo, mientras que en Alemania las FIP no tienen trato preferencial, en Panamá tienen un amplísimo margen de beneficios, como pagar impuestos solo por renta nacional (y no mundial), que se entienda la entrega de bienes a la FIP como una donación y que esta no esté gravada para dicha persona jurídica, beneficios en las escrituraciones de inmuebles, entre otras.

Ahora, más allá de lo tributario (que no es despreciable, más aún en tiempos de turbulencia), hay importantes beneficios, de los cuales quiero resaltar dos: (i) la privacidad de la información; y (ii) la flexibilidad.

La privacidad en las FIP

Por lo menos en Panamá, las FIP tienen una ventaja muy grande y es que se rigen por el “acta fundacional”, que es el acto de creación, y por el reglamento. El acta fundacional es pública, mientras que el reglamento es privado.

Esta facilidad permite, entonces, articular protocolos de familia, organizar el patrimonio familiar marcando los beneficiarios del mismo, tener control de los bienes familiares, sin que eso deba ser público. La discreción patrimonial es un objetivo importante en las familias, sin que ello signifique eludir o evadir impuestos, porque ese no es, ni puede ser, la finalidad.

Y la flexibilidad…

Precisamente por ser una norma muy corta, la Ley 25 panameña contiene uno de los principios, a mi parecer, más relevantes en la gestión del patrimonio: la libertad de configuración.

Cada familia tiene su complejidad, y por lo mismo, tener la posibilidad de tener una fundación para salvaguardar sus bienes y que, a su vez, haya libertad de fijar reglas, condicionamientos, mecanismos de resolución de controversias, generar una administración centralizada de los bienes, pero dividiéndolo en bolsas, es una gran herramienta.

Ahora, en Colombia están como herramientas principales las SAS y los patrimonios autónomos. ¿Podrían ser suficientes?

Asuntos Legales – ¿Qué son las fundaciones de interés privado (“FIP”)? – Accounter 

Los efectos de la reforma en el sistema financiero, según Asobancaria

 Para Hernando José Gómez, presidente de la Asociación, es necesario volver a equilibrar la regla fiscal y reducir el déficit fiscal.

Hernando José Gómez, presidente Asobancaria

Comienza en Cartagena la edición 56 de la Convención Bancaria, ‘Construyendo oportunidades para todos’, el evento más importante del sistema financiero colombiano, que organiza la Asobancaria en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

El evento servirá para que el sector financiero y privado, la academia y los gremios intercambien con el nuevo gobierno sus ideas sobre la forma como el sistema puede seguir aportando en el crecimiento de la economía e impulsar las políticas de la administración de Gustavo Petro, quien clausurará el evento el viernes.

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, habló con Portafolio sobre los temas de la coyuntura actual.

¿Qué opina de la reforma tributaria?

La reforma es necesaria, pues es fundamental en momentos en que comenzamos el ciclo en su parte baja y se empieza a restringir la actividad económica. Es necesario mantener un balance macro y volver a equilibrar la regla fiscal y reducir el déficit fiscal.

La reforma está bien orientada, pues siempre hemos dicho que en Colombia el 80% de impuestos lo pagan las empresas y se espera que las personas de mayores ingresos aporten más.

Lo segundo que tiene de interesante es que trata de eliminar muchas exenciones de varios sectores de la economía, y es bueno el criterio del ministro José Antonio Ocampo, pues el Gobierno dijo que está dispuesto a discutir y si se prueba que el beneficio social de la exención es superior a la pérdida tributaria que tiene, y así se mantendría, pero si la pérdida de recaudo es mayor al beneficio social, pues hay que quitarla.

Nos preocupa la evasión, pues hay que pensar que los asalariados ya han pagado bastantes impuestos y tienen una tasa de tributación normal, aunque estoy de acuerdo en que haya más impuestos a mayores ingresos. Pero como hay tanta evasión, la reforma tributaria debería contemplar que se evite el sobreuso del efectivo, pues eso es fundamentalmente para evadir impuestos o para cometer delitos.

¿Qué más podría incluirse en la iniciativa?

Las grandes transacciones deben realizarse por medio de instrumentos financieros. Incluso, si se puede reducir el uso del efectivo habría espacio para recortar el 4 por 1.000 sin que se disminuya el recaudo por este impuesto, pues si se hacen más operaciones por el sistema financiero, estas permitirían el mayor recaudo a futuro. Hay que recordar que ese impuesto genera muchos incentivos a la desintermediación financiera.

Sobre el tema de la sobretasa al sistema, hemos expresado que estas son antitécnicas e inconvenientes porque pueden afectar la inversión en el sector, pero entendemos la situación fiscal del país y no creemos que este sea el momento de desmontar la sobretasas, pero queremos que sea temporal y no permanente, y eso va a ser parte del diálogo con el gobierno.

¿Hay temas que le gusten y no le gusten de esta reforma tributaria?

Son más o menos las visiones que acabo de expresar en el plano general. No quisiera entrar a polemizar sobre algún sector específico.

¿Cómo le fue al sistema financiero en el semestre?

Al sistema le va bien pues al país le va bien. Cuando se genera empleo y crecimiento a ambos les va bien. Es lo que ha ocurrido durante el primer semestre.

En la medida que la economía crece, la morosidad de la cartera disminuye. Este indicador está actualmente en 3,8%, menor a la prepandemia y, en este sentido, cabe destacar también la demanda por crédito, pues la cartera crece al 14%. Este semestre ha reflejado el buen comportamiento de la economía, aunque sabemos que en el segundo semestre el consumo volverá a sus patrones históricos y el crédito de consumo se moderará.

¿Con esa cartera tan dinámica hay posibilidades de sobreendeudamiento de las familias?

En este momento el nivel de endeudamiento de los hogares está en el 30% del ingreso disponible de las familias y para el pago de sus obligaciones. Somos conscientes de que luego del boom de consumo en el país, esto tiene que moderarse.

La compensación a la restricción del consumo durante la pandemia ya se ha llevado a cabo, ahora tienen que ser la inversión privada y las exportaciones las que tienen que impulsar la economía.

¿El auge de la banca digital y las fintech se ha dado con un desbalance normativo a favor de estas últimas?

Frente a los bancos digitales la normativa sí está equilibrada y les damos la bienvenida a todas estas iniciativas como Lulo Bank, Ualá, Nu, etc. En la medida que a iguales servicios se tenga la misma normatividad le damos la bienvenida a esa nueva competencia, pues aumenta la profundización y la inclusión financiera con más gente utilizando los servicios financieros.

Es interesante, pues en la banca tradicional también se viene aumentando la digitalización y ya hay más de 14 billeteras digitales de los diferentes bancos con liderazgos como Daviplata y Nequi. Esta competencia acelera la digitalización en la oferta y la demanda, y ya el 72% de las operaciones bancarias son digitales.

Además, acaba de salir la primera normatividad del open banking, que busca prestar más servicios a través de las aplicaciones de los bancos y eso generará más trafico de los usuarios y llevar a más nivel de actividad financiera.

¿Solo a punta de tasas se puede combatir la inflación?

El principal instrumento del Banco de la República para controlar la inflación es con tasas. Con un tema de demanda es más fácil que cuando es por un shock de oferta. El Emisor hace lo que tiene que hacer, que es controlar la inflación, el impuesto más malo para los hogares y los trabajadores.

Asobancaria: los efectos de la reforma en el sistema financiero | Finanzas | Economía | Portafolio

creada la unión temporal ya fue ejecutado en su totalidad Concepto DIAN 833 (904914)

 

Tema: Procedimiento tributario

Descriptores: Registro Único Tributario -RUT

Fuentes formales:

Artículos 1.6.1.2.10., 1.6.1.2.18. y 1.6.1.2.19. del Decreto 1625 de 2016

De conformidad con el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas generales que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta cuál es el procedimiento para la cancelación del Registro Único Tributario -RUT cuando el representante legal de una unión temporal no quiere realizar dicho trámite por desacuerdos personales, aunque el contrato para el cual fue creada la unión temporal ya fue ejecutado en su totalidad.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes, no sin antes reiterar que no le corresponde pronunciarse sobre situaciones de carácter particular ni prestar asesoría específica, por lo que corresponderá al peticionario definir, en su caso particular, las obligaciones sustanciales y formales a las que haya lugar.

En primer lugar, se resalta que los trámites de inscripción, actualización y solicitud de cancelación del Registro Único Tributario -RUT, se pueden realizar directamente por el interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente o a través de apoderado debidamente acreditado, el cual no requiere tener la calidad de abogado, según lo dispuesto en el artículo 1.6.1.2.10. del Decreto 1625 de 2016.

En segundo lugar, se destaca que el literal c) del numeral 1 del artículo 1.6.1.2.18. del Decreto

1625 de 2016 establece que, a solicitud de parte, procederá la cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT “Por finalización del contrato de consorcio o unión temporal o cualquier otro tipo de colaboración empresarial”.

Adicionalmente, el artículo 1.6.1.2.19. del mismo decreto establece cuáles son los documentos que se deben acreditar para la solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT de los consorcios, uniones temporales y demás contratos de colaboración empresarial. Particularmente, en su numeral 5 se dispone:

“Artículo 1.6.1.2.19. Documentos para la solicitud de cancelación a solicitud de parte de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). Además de los requisitos exigidos para la actualización del Registro Único Tributario (RUT), se deberán acreditar los siguientes documentos:

(…)Consorcios, uniones temporales y demás contratos de colaboración empresarial.

5.1. Copia física o digital del acta o documento donde conste la terminación del contrato de colaboración empresarial, suscrita por los integrantes del consorcio o unión temporal, o de sus representantes legales cuando se encuentre conformado por personas jurídicas.

5.2. Copia física o digital del acta de finalización del contrato con la entidad contratante, en los casos que conforme con la ley o el contrato, sea obligatoria la liquidación.

5.3. En el evento en que no se haya ejecutado el contrato, comunicación suscrita por la entidad que adjudicó la licitación o contrato dejando constancia del hecho”. (Negrilla fuera de texto)

Así las cosas, se resalta que tanto las causales, trámite y los documentos necesarios para la solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT de las uniones temporales se encuentra debidamente establecido en las normas tributarias referidas. Así, corresponderá al peticionario, en su caso particular, analizar las mismas para proceder con la cancelación del RUT en el marco de la normativa vigente aplicable.

Ahora bien, de acuerdo con la consulta planteada, se evidencia que la misma corresponde a un conflicto entre los particulares que conforman la unión temporal, relación jurídica contractual de particulares que no le corresponde a esta Subdirección analizar ni mucho menos dirimir, pues excedería las competencias legales de este Despacho establecer procedimientos distintos a los ya establecidos en las normas vigentes. En todo caso, de considerarlo necesario, podrá el peticionario solicitar a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario de esta entidad mayor información al respecto, esto en el marco del artículo 14 del Decreto 1742 de 2020.

Por último, se resalta que el literal a) del numeral 2 del artículo 1.6.1.2.18. del Decreto 1625 de 2016 señala que podrá proceder la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT “Por inactividad tributaria, por la ausencia de registros en las bases de datos electrónicas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que evidencia la inexistencia de operaciones comerciales, financieras, tributarias, aduaneras o cambiarias de las personas registradas” siempre que se cumpla con lo previsto en el parágrafo del mismo artículo.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“Doctrina”, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

Cacelacion del RUT de una UT cuando el contrato para el cual fue creada la unión temporal ya fue ejecutado en su totalidad Concepto DIAN 833 (904914) – Accounter

El déficit comercial alcanzó US$6.810 millones hasta junio

 Según el Dane, el desbalance en las cuentas se redujo en 1,41% frente al primer semestre de 2021. EE. UU. fue el primer destino de las importaciones.

El déficit comercial alcanzó US$6.810 millones hasta junio.

La balanza comercial del país cerró el primer semestre del 2022 con un déficit de US$6.714,5 millones FOB, según el balance del comercio internacional que presentó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Vale resaltar que la balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país. En el caso de Colombia, el Dane la presenta mensualmente.

Para el caso del primer semestre del 2022 , las exportaciones sumaron US$26.637,7 millones FOB (valor neto), mientras que las importaciones alcanzaron los US$35.352,2 millones FOB, lo que arroja el resultado del déficit mencionado de US$6.714,5 millones FOB.

Ahora bien, este resultado es un 1,41% menor que el obtenido en el mismo período del año 2021, cuando el déficit sumó US$6.810 millones FOB, tras las exportaciones por US$18.189 millones FOB e importaciones por el orden de los US$24.999 millones FOB.

Si bien es un número relativamente menor al registrado en el año pasado, el déficit comercial del primer semestre de 2022 ya supera en 53,7% al registrado en 2019, cuando el valor fue de US$4.367,1 millones FOB.

De acuerdo con los datos históricos de la entidad, el déficit comercial alcanzado en el primer semestre de 2022 se acerca al total alcanzado en el 2018 de US$7.040 millones FOB y ya superó al volumen registrado en 2017 de US$5.950 millones FOB.

Asimismo, al segmentar solamente en el mes de junio, el Dane evidenció que el déficit comercial se redujo considerablemente, en un 327%, en el comparativo entre el quinto mes del 2021 y el similar de 2022.

Concretamente, en junio de 2021 se reportaron importaciones por US$4.605,9 millones FOB, mientras que las exportaciones alcanzaron los US$3.182,2 millones FOB, lo que arrojó un déficit de US$1.423,7 millones FOB.

Mientras, en el mismo mes del 2022 las importaciones alcanzaron los US$5.879,9 millones FOB, las exportaciones US$5.547,1 millones FOB y el déficit fue de US$332,8 millones en este período.

Del mismo modo también representa una ligera reducción desde el déficit en la balanza comercial que se presentó en junio de 2019, que fue US$708 millones FOB.

Las importaciones

En el informe de este lunes, el Departamento Administrativo Nacional también repasó la actividad económica de las compras internacionales del país en lo corrido de este año y en concreto para junio.

De acuerdo con el reporte, las compras externas del país crecieron 44,5% en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo lapso del 2021, para el cual se sumaron US$26.652,7 millones CIF.

Vale precisar que el valor CIF es el cálculo que incluye el costo de la mercancía, el seguro y el flete.

Al segmentar por categorías, la división de combustibles fue la de mayor variación frente al 2021 anotando un repunte de 118% para los primeros seis meses de este año y sumando US$4.445,7 millones CIF.

Le siguen las categorías de manufacturas con un alza de 38,4% (US$28.381,6 millones CIF hasta junio) y agropecuarios, alimentos y bebidas con un repunte de 37,4% (US$5.606 millones CIF).

De acuerdo con el reporte, las importaciones del primer semestre de 2022 ya superan en un 48,9% al mismo período de 2019.

Ahora bien, según las declaraciones de importación, las mercancías de origen estadounidense participaron con 25,9% del total registrado en el periodo enero-junio 2022; seguido por las originarias de China (24%), Brasil (5,9%), México (5,2%), Francia (33%), Alemania (2,9%) e India (2,3%).

Según los datos de la entidad estadística en el periodo enero-junio 2022 los países de origen que contribuyeron principalmente al aumento de las importaciones colombianas fueron: Estados Unidos (55,7%) y China (45,8%), con una contribución conjunta de 24,3 puntos porcentuales.

En este lapso, las importaciones desde Estados Unidos, se explicaron mayormente por el incremento en las compras de gasóleos y de gasolina para motores y otros aceites ligeros, las cuales crecieron en 510,7% y 84,9%, respectivamente, frente al año inmediatamente anterior.

Desde China incrementaron en un 42% y 37,4%, respectivamente, las adquisiciones de teléfonos celulares y computadores portátiles; mientras que de Brasil crecieron en 447,6% las compras de maíz; en 85,8% las importaciones de café descafeinado y en 48,9% la compra de vehículos para el traslado de personas.

Ahora bien, de acuerdo al documento, solo en el mes de junio las importaciones crecieron en 29,4% al sumar US$6.368 millones CIF en comparación con los US$4.922,9 millones CIF alcanzados en el 2021.

Balanza positiva frente a América Latina

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional, la balanza comercial del país resultó favorable, es decir un superávit, frente a sus similares de América Latina en el transcurso del primer semestre de este año.

En concreto, el país reportó unas exportaciones hacia la región por el orden de los US$7.902,6 millones FOB, mientras que las importaciones alcanzaron las US$6.275,2 millones FOB. Esto ofrece un superávit del 1.627,3 millones FOB favorable al país.

Al segmentar por territorios, el superávit comercial más favorable al país lo registró con Panamá y sumó US$3.210,9 millones FOB en el semestre. Otros superávits que se anotó Colombia en los primeros seis meses del año fueron con Ecuador (US$475,3 millones FOB); Perú (US$20,5 millones FOB); Chile (US$209,4 millones FOB); Cuba (US$15,1 millones FOB); Paraguay (US$8 millones FOB) y Venezuela (US$250,7 millones FOB) y Puerto Rico (US$78,2 millones).

Según el reporte del Dane, al segmentar por bloque comercial, se alcanzó un superávit comercial con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por US$297,8 millones FOB en 2022, una caída de 36,5% frente al valor de 2021.

El déficit comercial alcanzó US$6.810 millones hasta junio | Finanzas | Economía | Portafolio