miércoles, abril 21, 2021

Fueron derogadas 148 circulares para mejorar el marco regulatorio en Comercio

 A febrero de 2021, los resultados de la estrategia reportan 3.572 acciones en más de 400 entidades del Estado colombiano


Mediante la derogatoria de 158 circulares, así como la modificación o eliminación de unos 60 apartes de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tanto la entidad de control como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores llevaron a cabo un ejercicio de mejora regulatoria en beneficio de empresarios.

A febrero de 2021, los resultados de la estrategia reportan 3.572 acciones en más de 400 entidades del Estado colombiano, nacionales y territoriales, que se discriminan en la simplificación de 2.423 tramites, la eliminación de 342 barreras y la intervención de 807 normas obsoletas o de alto impacto.

Entre estas se destaca la Notaría 25 de Medellín, que se convirtió en la primera entidad virtual de esta rama con más de 400 procedimientos totalmente en línea, lo que reduce en más del 50% los tiempos de espera para obtener resultados.

Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encontró 97 circulares expedidas entre 2000 y 2013 que establecían instrucciones sobre diversos temas con términos de tiempo que, por ejemplo, eran de 3, 4, 6 meses o un año. Se referían a temas como plazos máximos para cumplir requisitos o suspensiones y autorizaciones temporales para importaciones y exportaciones de determinados productos. Como todos esos términos de transitoriedad ya se cumplieron, los documentos fueron derogados.

Otras 28 circulares encontradas se basaban en disposiciones que perdieron vigencia. Esta situación corresponde al decaimiento e incluían la obligación de inscribirse en registros que ya no existen, información sobre normatividades que desaparecieron y fueron reemplazadas por otras o fijar tarifas anuales por los servicios prestados por las entidades relacionadas con el comercio exterior.

Las 15 circulares del Mincomercio derogadas por obsolescencia están relacionadas con funciones que ya no corresponden a la entidad, dependencias eliminadas en procesos de reorganización y otras situaciones que las hacen incompatibles o inaplicables en la realidad actual.

“Felicito a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio, a la Junta Central de Contadores y a la Superintendencia de Industria y Comercio por este ejercicio de depuración de circulares, el cual se enmarca en la importancia de mejorar la calidad normativa y brindar seguridad jurídica a los ciudadanos a través de claridad y certeza de las disposiciones vigentes”, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

La auditoría forense desde un enfoque praxiológico

 



Profesionales de la contaduría pública no tienen claro el concepto de auditoría forense y la confunden con contabilidad forense y contaduría forense.

Esta investigación busca ayudar a determinar cuál es su sentido y por qué se debe trabajar en ella para aplicarla en las investigaciones de fraudes.

El tema de investigación de esta tesis doctoral quiere demostrar que la auditoria forense forja sus ideas desde un enfoque praxiológico. Es decir, el trabajo a demostrar con la auditoría forense lleva a la práctica en el campo o en el escenario donde ocurrieron los hechos; aunque no todas las veces se dirija al lugar de lo encontrado, o dónde ocurrió, o dónde se cometió el delito o los delitos, o los actos fraudulentos; por ello, como menciona el filósofo Renée Bérdard como uno de sus esquemas integradores del análisis organizacional, se presenta como una de las partes de un rombo, el cual integra cuatro grandes ramas de la filosofía estrechamente ligadas entre sí, como son la praxiología, la epistemología, la axiología y la ontología. Este trabajo de tesis se realiza para optar al título de doctor, para contextualizar a la auditoría forense y proyectar una mirada desde los aspectos o claridades que nos brinda, en otras palabras, un enfoque desde la uni-disciplinariedad para darle sentido a la auditoría forense en el desarrollo sustentable y en la búsqueda de un equilibrio entre las normas y las reglas.

Esto conlleva a los principios ontológicos del equilibrio, la comprensión, la responsabilidad y la vida. Desde estos puntos podemos considerarla como una evaluación, como un proceso de mejora continua a la auditoria tradicional; por lo que se considera una evaluación y no un control. De otra parte, se considera esta praxiología de la auditoría forense como un desarrollo al campo como una ciencia social, perteneciente a las ciencias praxiologícas, o ciencias de la decisión, de las cuales forman parte la contabilidad, la economía y la administración. Por lo tanto, la auditoría forense es antonomasia de la auditoría; por ello lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense, harían parte de la teoría del control.

Las investigaciones precedentes en este trabajo sobre la auditoría forense han dejado varias inquietudes planteadas y los datos recogidos son todavía insuficientes, por ello, este trabajo se ha encontrado, o tropezado, con diferentes conceptos y contextualizaciones que se ve en la necesidad de construir para lograr unir los conceptos de la auditoría forense desde un sentido práctico. Primero hay que aclarar las ideas en cuanto a una serie de aspectos fundamentales para llegar a fortalecer la teoría que la auditoria forense: si está al servicio y se puede relacionar con aspectos netamente investigativos después de ocurridos los hechos, como en el caso de los médicos forenses, esto ayudará a descubrir quiénes han cometido el fraude o el delito, los llamados victimarios, porque las víctimas nunca son tenidas en cuenta y la impunidad siempre perdurará mientras la justicia no actué rectamente.

Por ello, en el primer capítulo de la tesis se pretenden aclarar o fundamentar los conceptos y las ideas, la importancia y las definiciones conceptuales para llegar a determinar qué es la auditoria forense con la patología y la fundamentación de la misma. En el segundo capítulo se presenta el análisis de la situación actual, es decir, el problema que adecua las teorías para ser aplicadas y desde el cual se afrontaran aquellas posturas planteadas desde la hermenéutica como método para abordar el área de las ciencias sociales. La hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos, tiene historia en los últimos veinticinco siglos con Platón, quien la menciona en la teoría de la interpretación; Dilthey, quien la utiliza en el método de estudio; Heidegger, en el estudio de la existencia del mismo; Hessen, en la teoría del conocimiento; y la tradición griega, cuyos principios generales de la conducta humana son el objetivo de la ética, en donde se podría preguntar ¿Qué es la Auditoría Forense? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es y cuál es la taxonomía de la Auditoría Forense?

En el tercer capítulo, la hipótesis del trabajo se planteará el demostrar que esas teorías de la auditoria forense sí funcionan y se puedan aplicar en las diferentes actividades en que se desenvuelve el ser humano, en la consecución de resultados económicos a costa de otros o de otras especies existentes en la convivencia de esta hermosa tierra. En el cuarto capítulo se efectuó el diseño metodológico en donde se formularon preguntas a diferentes participantes de diferentes actividades con el fin de demostrar el conocimiento o desconocimiento sobre la auditoria forense. Y el quinto, se trabajó tanto la conclusión como las recomendaciones que, en consecuencia de lo expuesto y el propósito de esta investigación, intentan establecer la definición de la auditoria forense y las diferencias que existen con la contaduría forense y la contabilidad forense; así mismo, demostrar que sí se puede aplicar a otras áreas de un mercado globalizado en un capital salvaje bajo una metodología cualitativa y cuantitativa en la cual se muestra el resultado del desarrollo de la tesis doctoral que, basada en la disciplina de la investigación con el método cualitativo, a raíz de que este paradigma defiende la realidad compuesta por sujetos sociales, cuya vivencia subjetiva es creadora de la realidad concebida de manera holística e interactiva.


Contratos de asalariados cayeron más que los de los independientes

 Según el Dane, durante el 2020 la reducción para los dependientes fue de 3,5% y los que no lo son fue de 2,9%.



Como ya se ha visto en algunos informes, uno de los efectos que ha tenido la pandemia en el mercado laboral ha sido en los puestos de trabajo dependientes, mientras que los independientes e informales han logrado mantenerse.

Eso señaló el Registro estadístico de relaciones laborales que hace el Dane a partir de los datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que muestra que la caída para las relaciones dependientes durante 2020 fue de 3,5%, mientras que para los independientes fue de 2,9%.

Según señaló Juan Daniel Oviedo, director del Dane, eso significa que las relaciones laborales independientes lograron mantener un poco más el nivel que llevaban antes de la pandemia.

Por otro lado, en cuando a los mecanismos que utilizaron las empresas para mantener los contratos, el Dane reportó que la proporción de relaciones laborales dependientes que registraron novedades de licencias remuneradas o de vacaciones en marzo de 2020 fue cinco veces mayor que en el mismo mes de 2019. Y desde junio de 2020 se observó una dinámica contraria en donde el número de estas novedades fue menor que en 2019.

Eso sí, los datos del departamento estadístico muestran una mejora en enero de 2021. De acuerdo con el informe, el 10,3% de las relaciones laborales dependientes presentó novedad de ingreso en enero de 2021, así como el 6,9% de las independientes. “El 6,7% de los puestos de trabajo dependientes y el 3,8% de los independientes registró novedad de retiro en ese mismo mes”.


martes, abril 20, 2021

Modelos de notas a los estados financieros 2020: 5 casos que pueden presentarse por el COVID-19

 En este formato te compartimos cinco (5) modelos de las notas a los estados financieros que podría tener que incluir una entidad para revelar los impactos del COVID-19 sobre la información financiera que prepare por el período 2020.


Cabe aclarar que estas notas tienen un carácter ilustrativo.

Las notas a los estados financieros deben incluir la información necesaria para que los usuarios de estos informes comprendan la forma como han sido elaborados y la situación financiera de la entidad.

En la siguiente infografía podrás consultar las notas que debe incluir una entidad del grupo 2 de convergencia a Estándares Internacionales:

Notas que podrían tener que incluirse debido al COVID-19

Como consecuencia de los impactos del COVID-19 en la economía del país, es probable que en los estados financieros de 2020 se deban incluir notas adicionales para explicar los efectos que ha ocasionado la pandemia en la información contable.

En ese sentido, a continuación presentamos una guía que incluye modelos de algunas de las principales notas a los estados financieros que podrían tener que realizar una entidad debido a los impactos del COVID-19:

Nota por el incumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha.
Nota por incertidumbre en la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha.
Nota por impuestos diferidos por pérdidas fiscales y por renta presuntiva no reconocidos.
Nota por cambio de estimación contable: método de depreciación.
Nota por subvenciones gubernamentales: subsidio del Paef.

Es necesario aclarar que estas notas tienen un carácter ilustrativo. Por lo mismo, cada entidad debe revisar su situación particular para realizar las revelaciones que considere convenientes.

Criptomonedas: retos, temores y desafíos que debe enfrentar el dinero digital

 


Juan Carlos Higueras afirma que cada vez las criptomonedas tienen mayor grado de aceptación.

En los últimos años se ha observado una evolución en la cotización del bitcoin, pero desde que inició la pandemia se aceleró su valor.

Muchas leyes locales no están preparadas para el uso de las criptomonedas.

Juan Carlos Higueras, máster en Dirección y Gestión Financiera y doctor en Economía de la Empresas y Finanzas, estuvo en #CharlasConActualícese y dejó sobre la mesa la siguiente inquietud: ¿el bitcoin es el futuro del dinero o una nueva burbuja?

Higueras, profesor de Estrategia y Finanzas en EAE Business School, narra que desde el año 2008 existe el bitcoin, pero los últimos 5 años ha tenido notoriedad en el mercado financiero, y más ahora por motivo de la pandemia.

Antes de tocar el tema del bitcoin, explica que no solo los Estados o los bancos centrales crean dinero, también lo hacen los bancos comerciales cada vez que otorgan un préstamo.

Dice que, al hablar de dinero digital, salen a la luz pública muchos términos como criptomoneda, criptodivisa, moneda digital, token y moneda virtual.

«La principal diferencia entre unas criptomonedas y otras es el número máximo de monedas que puede haber, el grado de anonimato que hay y la posibilidad de tener otros usos», explica.

Frente al bitcoin, dice que una de sus características es que es descentralizada, no está vigilada y tiene un límite máximo (21 millones de monedas que no son físicas, sino virtuales).

Define las criptomonedas como un dinero digital mediante una moneda virtual, que utilizan algoritmos criptográficos para garantizar la seguridad en las transacciones «y aunque no es necesario suele haber un número máximo de monedas que pueden circular».

«Sin lugar a dudas, cada vez las criptomonedas tienen un mayor grado de aceptación», manifiesta.
Características de las monedas digitales

Higueras presentó en la charla un conjunto de características alrededor del uso de las monedas digitales:
Son dinero electrónico.
No todos los tipos de dinero digital son una criptomoneda.
Se trata de mantener la primacía de la divisa como métodos de pago.
Son la primera fase para poner fin al dinero en efectivo, aunque los bancos centrales lo niegan.
Accesibles para todos.
Permiten aplicar con mayor eficacia la política monetaria, ya que el efectivo limita la capacidad de los bancos centrales de imponer tipos de interés, en especial, los negativos.
Los bancos usan el dinero electrónico; con las monedas digitales, las familias y empresas podrán hacer operaciones.
Aumento de la privacidad en las operaciones.
¿A qué se debe el boom del bitcoin?

Higueras narra que en los últimos años se ha observado una evolución creciente en la cotización del bitcoin, pero su valor se aceleró, realmente, desde el inicio de la pandemia. «Hay mucha hambre de criptomonedas», opina.

El interés por el bitcoin, en general, se debe a las políticas expansivas de los bancos centrales con la pandemia, la escasez de BTC y su revalorización en los mercados.

«Se ha convertido en un activo refugio, ya se puede utilizar como medio de pago en algunos establecimientos, tiene el respaldo cada vez más de instituciones e inversiones (JP Morgan, Tesla, Visa, entre otros)», afirma, y agrega: «Yo lo llamo como una nueva fiebre del oro».
Retos a los que se enfrentan las criptomonedas
“criptomonedas se enfrentan a retos como su regulación en los diferentes países, ya que para muchos estas representan amenazas para los sistemas de impuestos y financieros de las naciones”

Para el profesor del EAE Business School, las criptomonedas se enfrentan a retos como su regulación en los diferentes países, ya que para muchos estas representan amenazas para los sistemas de impuestos y financieros de las naciones.

«Muchos Gobiernos tienen miedo de que se le dé luz verde al uso de las criptomonedas, porque podría ser una amenaza para las monedas locales», advierte.

Opina que muchas leyes locales no están preparadas para el uso de las criptomonedas, y también advierte que con estas monedas se pueden presentar posibles usos fraudulentos y blanqueo de capitales, por lo que se deberá aumentar la regulación y así dar confianza y estabilidad para usarlas.

Concluye diciendo que está por verse si las criptomonedas serán un instrumento de inversión, de pago o cualquier otra cosa.


Estados financieros no certificados no pueden ser dictaminados por el revisor fiscal

 Entre los documentos que deben presentarse a la Superintendencia de la Economía Solidaria, antes de acordar la disolución y liquidación de las organizaciones solidarias supervisadas que ejercen actividad financiera, se encuentran los “estados financieros del último período, mes o año, acompañados de las notas correspondientes, debidamente certificados y suscritos por el contador y dictaminados por el revisor fiscal”. La verdad no entendemos la “o” entre “mes o año”. ¿Se pueden mandar solo los estados del último mes? Tampoco entendemos por qué no se exige la firma del representante legal cuando éste es el responsable de la información, que según la ley debe certificar y que él mismo usa para rendir cuentas de su gestión, actividad que puede ser muy importante ante el escenario de una posible disolución.


Mientras los estados financieros no estén correctamente certificados, no pueden ser dictaminados por el revisor fiscal. Este no es responsable de la información. En todo servicio de aseguramiento debe estar claramente establecido quién es la parte responsable. Los contadores son auxiliares de los administradores, pero no son los directos responsables por la información. Aunque ellos deben velar por la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, hay muchas decisiones que no pueden ser adoptadas por ellos.

También en la circular básica jurídica se lee: “Evaluada la documentación, la Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá la resolución de autorización o rechazo para iniciar el proceso de liquidación. Dicho acto administrativo será necesario para proceder al trámite de la posesión del liquidador y revisor fiscal nombrados por la asamblea para el caso de las cooperativas que hubieren desarrollado la actividad financiera.” Las causales de disolución son de diferente naturaleza. Cuando son económicas, la realidad obrará por encima de si la autoridad aprueba o no la liquidación. Es muy importante que los contadores preparadores y los revisores fiscales evidencien las situaciones económicas por las que atraviesa una cooperativa. Muchas liquidaciones solo sirven para consumar grandes pérdidas debido a la lentitud de las decisiones jurídicas.

Ser revisor fiscal de una entidad en liquidación es peligroso. La realización de los bienes corporales e incorporales de una entidad se presta para muchos malentendidos. Se piensa que las empresas en liquidación deben regalar sus cosas. Esto obviamente perjudica a los acreedores. Luego hay que hacer los pagos según las prelaciones legales que son muy antiguas y que desprotegen a los más necesitados. Los liquidadores suelen actuar sin controles dificultando muchísimo el trabajo de los revisores, a quienes en muchas ocasiones se despide para que no molesten.

En algunos casos el revisor fiscal se reemplaza por un contralor al que se asignan las mismas funciones. El cambio de tìtulo advierte una modificación de estatus, pero en sustancia no ha pasado nada.

domingo, abril 18, 2021

9 riesgos típicos de fraude en copropiedades

 



Conoce cuáles son los riesgos de fraude que se pueden presentar en una copropiedad o propiedad horizontal de acuerdo con lo señalado por el conferencista Harold Andrés García.

Para esto es importante que te relaciones con los procesos que suelen darse en esta figura; conócelos a continuación.

A continuación, en nuestras #CharlasConActualícese podrás encontrar los principales riesgos que pueden surgir dentro de los procesos que llevan a cabo las propiedades horizontales o copropiedades en Colombia, riesgos a los que el revisor fiscal deberá prestar atención de acuerdo con el análisis y las pautas de nuestro conferencista Harold Andrés García Serna, contador público con experiencia en equipos de auditoría:

Antes de abordar los riesgos de fraude de una copropiedad o propiedad horizontal es importante conocer los procesos que realizan este tipo de personas jurídicas. Esto con el fin de conocer la entidad de forma integral y evaluar los riesgos en cada proceso.
Procesos de las copropiedades en Colombia

Los procesos que podrían relacionarse tanto en sociedades como en copropiedades en Colombia son los siguientes:
Proceso de ingresos y cartera: en este proceso se encuentran involucradas las cuotas ordinarias previstas en los presupuestos y las cuotas extraordinarias acordadas por los copropietarios que son la principal fuente de ingresos en una copropiedad, al mismo tiempo, el proceso de cobro de cartera es de gran responsabilidad en las copropiedades dado que sus fuentes de ingresos no son tan diversas como en una sociedad comercial.
Proceso de compras, gastos y pagos: aquí se validan los temas relacionados con la selección y contratación de proveedores de la copropiedad y se verifica la eficacia de los pagos a proveedores.

Proceso de inventarios: los inventarios en las copropiedades se relacionan con los bienes comunes, los cuales pueden clasificarse como esenciales o no esenciales. La Orientación Técnica 015 señala que los bienes esenciales son indispensables para la existencia, estabilidad y seguridad del edificio, es decir, los bienes imprescindibles, y estos no serán reconocidos en los estados financieros de la copropiedad. Un ejemplo de este tipo de bienes es el terreno.

Por su parte, los bienes no esenciales que pasan a ser de dominio de la copropiedad mediante escritura pública, también denominados bienes comunes desafectados, deberán ser reconocidos en los estados financieros.

Es decir que el proceso de inventarios debería centrarse en la auditoría de estos últimos bienes, sin querer decir que los bienes esenciales no sean parte de la labor de fiscalización del revisor fiscal.
Proceso de nómina: la magnitud de los procesos de nómina de una copropiedad dependerá del uso de esta. En las propiedades horizontales de uso mixto es donde hay mayor cantidad de personal que se vincula en la nómina. No obstante, según el conferencista, es poco usual que una copropiedad lleve a cabo contratos de trabajo, puesto que ha sido común la vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
Proceso financiero y contable: hace referencia a los procesos de la información de la copropiedad que permiten la construcción de los estados financieros de la propiedad horizontal. En este proceso se recomienda el uso de software para mayor control y organización.
“La revisión de los procesos de una copropiedad permitirá evaluar los riesgos existentes”

La revisión de los procesos de una copropiedad permitirá evaluar los riesgos existentes. De acuerdo con lo expuesto por el conferencista, de los procesos mencionados, los que se vinculan mayormente con las copropiedades son los procesos de ingresos y cartera, procesos de compras, gastos y pagos y proceso financiero y contable.
Riesgos de fraude en los procesos de una copropiedad

A continuación, se presentan los riesgos que pueden surgir en las copropiedades en relación con los procesos de administración de proyectos, contratación de proveedores y pago de facturas, así como en los de ingresos y cobro de cartera, de acuerdo con lo manifestado por el conferencista Harold Andrés García.

En los procesos de administración de proyectos, contratación de proveedores y pago de facturas existen los siguientes riesgos:
El primer riesgo mencionado es la apropiación de dinero a través del giro de cheques o transferencias a personas no autorizadas o para pagos que no tienen relación con la copropiedad. Puede suceder que se realicen pagos a facturas de las cuales la copropiedad no recibió ningún beneficio.
El segundo riesgo relacionado por el conferencista es el pago de cheques o giros de dinero para pagar a los proveedores, los cuales son endosados y canjeados por otra persona.
El tercer riesgo son los abonos al proveedor de un conjunto con recursos que corresponden a otro conjunto o entidad.
Otro de los riesgos que se pueden presentar es el favorecimiento de proyectos o contratos a nombre de proveedores con el ánimo de recibir dádivas o comisiones en dinero por otorgar el contrato o proyecto.
El cuarto riesgo mencionado es el de los anticipos que se pueden realizar a nombre del administrador para el pago de gastos varios.
En la parte contable también está el riesgo de que se registre el pago de una factura más de una vez.

Por su parte, según lo expuesto por el conferencista, los riesgos relacionados con el proceso de ingresos y cartera en una copropiedad son los siguientes:
La retención en beneficio propio o mal empleado de los fondos recaudados por parte del personal.
La manipulación de los abonos por recaudos de propietarios asignándolos de manera incorrecta, por ejemplo, aumentando la deuda de otro propietario.
La apropiación de cuotas extraordinarias, que por su misma naturaleza podrían ser ocultadas de forma más fácil que las ordinarias sobre las cuales la asamblea de propietarios ejerce mayor control.

En la siguiente infografía se presentan algunos de los controles más generales para mitigar estos riesgos:



Tras el covid-19, las personas prefieren trabajar bajo la modalidad de alternancia

 Según un estudio de la firma Adecco, tres de cada cuatro personas prefieren trabajar algunos días en casa y otros en la oficina


Con el inicio de la pandemia miles de empresas adoptaron el teletrabajo, que no solo ha ayudado a las compañías a continuar con sus operaciones, sino que ha permitido que los empleados sigan cumpliendo sus funciones mientras que cuidan de su salud.

Según expertos, esta es una tendencia que se va a quedar, sin embargo, tras un año de pandemia las personas quieren volver a la oficina en una modalidad de alternancia. De hecho, según un estudio de Adecco a nivel global, tres de cada cuatro personas quieren trabajar de manera híbrida.

Según las cifras, 77% de las personas encuestadas considera que el modelo ideal tras la pandemia es el que combina el trabajo en casa con la modalidad presencial, mientras que 80% cree que debe haber mayor flexibilidad tanto en la forma en la que se realizan las funciones, como en el lugar en el que se llevan a cabo.

Y es que, según expertos, trabajar bajo esta modalidad permite tener un mejor balance entre trabajo y la vida personal. “El trabajar de manera remota les ha permitido mayor libertad para sumar actividades que antes no consideraban por el tiempo de transporte a la oficina. Esto les permite un ‘work-life balance’ que puede ser beneficioso para la productividad”, dijo Ivette Cajacuri, Senior HR Business Partner de PageGroup Perú.

Estos cambios representan un reto para las empresas y sus líderes, pues al integrar modelos de alternancia se debe fortalecer la comunicación. “Aunque exista un modelo de alternancia no se puede caer en el abandono o ausencia de direccionamiento, pero tampoco en un seguimiento exhaustivo generando presión en los colaboradores”, explicó Carolina Saggiomo, gerente de formación de Adecco Colombia.


sábado, abril 17, 2021

Reporte de información exógena deben informarse los saldos fiscales o contables?

 


El reporte de exógena deberá presentarse entre el 27 de abril y el 10 de mayo de 2021 para los grandes contribuyentes, y entre el 11 de mayo y el 9 de junio de 2021 para las demás personas jurídicas y naturales.

Al preparar este reporte deberá considerarse el tipo de saldos a informar en cada formato.

En el siguiente video, nuestro conferencista Diego Guevara Madrid, destacado tributarista y líder de investigación en impuestos de Actualícese, explica si la información exógena se debe presentar en concordancia con los saldos contables o fiscales. Veamos:


Información exógena, ¿se presenta con saldos contables o fiscales?

De acuerdo con nuestro conferencista, cada año, al momento de preparar el reporte de información exógena del respectivo período fiscal, es importante primero armar las declaraciones tributarias, dado que la información exógena se alimenta de los saldos registrados en cada una de estas declaraciones. Por tanto, puede decirse que en el reporte de exógena se informan los saldos fiscales.

Para el caso del reporte en mención correspondiente al año gravable 2020 (regulado mediante la Resolución 000070 de 2019, modificada por la Resolución 000023 de 2021), se indica que en el formato 1008 v. 7 deberá registrarse el saldo de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2020 que esté consignado en la declaración de renta. Así mismo, en el formato 1009 v. 7 deberá llevarse el saldo de los pasivos registrados en la misma declaración (ver también los formatos 1011 y 1012).

No obstante, es preciso resaltar que, respecto al formato 1001 v. 10, los gastos no deducibles que deberán informarse corresponderán a los saldos reflejados en la contabilidad, toda vez que, aunque estos no son imputados en la declaración de renta, la Dian requiere dicha información para realizar el cruce de los ingresos percibidos por parte de los terceros que recibieron tales pagos.

Un millón de personas nuevas pagarían impuesto de renta Si se amplía la base gravable

 Si se amplía la base gravable, el recaudo podría subir 2% del PIB. Con propuesta de Anif, llegaría a cerca de 5,3 millones de contribuyentes.




Actualmente, apenas el 12% de personas ocupadas gana más de dos salarios mínimos en Colombia, según el Dane.

Como se dio a conocer recientemente, el corazón de la reforma tributaria que presentará el Gobierno después de Semana Santa está en que más personas naturales paguen impuestos.

Según las propuestas del Ejecutivo, aquellos que ganen más de $2,5 millones podrían empezar a tributar, con lo que 1 millón de ciudadanos nuevos podrían pagar impuesto de renta.

A la iniciativa del Gobierno Nacional se le suma las que hicieron la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, la Asociación de Instituciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo, también en línea con la del Ejecutivo para ampliar la base gravable del impuesto de renta, debido a que actualmente las personas que ganan aproximadamente $4 millones al mes ya pagan algún porcentaje de ese tributo.

Según cifras de la Dian, en 2020 cerca de 3,8 millones de personas declararon, pero según cálculos de Anif el número de ciudadanos que pagaron el impuesto de renta baja a 1,6 millones. Por eso es que el objetivo de las propuestas que han hecho desde diferentes frentes es subir el número de personas que declaran y que pagan.

“Las Tasas Efectivas de Tributación (TET) que las personas naturales en Colombia pagan sobre sus rentas de trabajo, empresas personales y de capital son demasiado bajas”, agrega en su informe la Comisión de Expertos.

Precisamente, la propuesta de este grupo de expertos es que se reduzcan las deducciones que actualmente tiene el impuesto de renta a personas naturales, debido a que el 80% de ese tributo recae en las empresas.

“Las simulaciones de la Dian indican que una base del impuesto de renta a personas naturales considerablemente más amplia permitiría recaudar aproximadamente un 2% del PIB en ingresos adicionales, y una reducción sustancial a las tarifas del impuesto”, dice el informe de la Comisión.

En la presentación preliminar que le hizo el Gobierno a los empresarios esta semana, señalan que con la ampliación de la base gravable, la sustitución de las rentas exentas por una única renta automática, convertir el impuesto al patrimonio permanente y aumentar la tarifa de los dividendos se lograría recaudar $16,8 billones por esas medidas.

Y si se mira en detalle, como conoció Portafolio, $14 billones vendrían del aumento de la base gravable a personas naturales.

Teniendo en cuenta que el 12% de las personas ocupadas en el país ganan más de dos salarios mínimos, según cifras a octubre de 2020 del Dane, lo que equivale aproximadamente a 2,6 millones de personas, la nueva medida de pagar renta podría entonces lograr que alrededor de 1 millón de ciudadanos más paguen ese tributo.

Además de la propuesta del MinHacienda, con la iniciativa de Anif ese número de contribuyentes podría subir aún más. Según la asociación, con sus insumos el número de personas tributando podría subir a 5,3 millones.

“Nuestra propuesta parte de un nuevo umbral sobre el que se empieza a declarar y pagar renta y de un aumento gradual de las tarifas marginales. Primero, se mantendría un tramo exento hasta ingresos cercanos a $2,1 millones mensuales (que equivalen a $1,5 millones de renta líquida gravable mensual), es decir una tarifa de 0%.

A partir de ahí, se propone una estructura progresiva, con tarifas marginales bajas, que oscilan entre el 5% y el 15%”, plantea Anif y agregó que esa tarifa iría subiendo hasta un tope máximo de 40% para aquellos que ganen más de $129 millones.

Por su parte, Fedesarrollo también plantea que se reduzca el rango que hay exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable, y así fomentar una cultura tributaria.

En esa línea plantean que se sustituya las siete tarifas de impuesto de renta que existen actualmente por tres: 0%, 20% y 39%. “La renta líquida gravable debe incluir los ingresos por concepto de pensión”, señalan.

Asimismo, y parecido a lo que plantea el Gobierno de gravar los dividendos y con lo que pretende recaudar $1 billón, Fedesarrollo pone sobre la mesa la posibilidad de aumentar esta tarifa del 10% al 15%.

Incluso, el centro de estudios propone también ampliar el impuesto al patrimonio para individuos por una sola vez con tasas marginales que oscilan entre 0,25% a más de 1%, según el valor de sus pertenencias.

Otra de las medidas, que planteó el Gobierno al Consejo Gremial, es que se cree el impuesto solidario para los trabajadores públicos y privados con ingresos superiores a $10 millones luego de descontar salud y pensión, con el fin de obtener un recaudo temporal mientras pasa la crisis fiscal.

Si bien todavía no se conocen los detalles de lo que hará el Gobierno con respecto a las personas naturales, es cierto que expertos y el Ejecutivo coinciden en que por ahí debe ser una de las principales salidas para tapar el hueco fiscal que preocupa a Colombia y a las calificadoras de riesgo.

viernes, abril 16, 2021

Ética tributaria de los declarantes y responsabilidad de los revisores fiscales

 


La ética tributaria de los declarantes se relaciona estrechamente con la ética profesional de los revisores fiscales, sobre todo en la aplicación de su Código de Ética Profesional orientado a tener un claro comportamiento frente a la preparación y revisión de las declaraciones tributarias.

Cuando se habla de la ética tributaria se debe entenderla también desde la ética profesional de los contadores públicos y, en especial, de los revisores fiscales; pues existe un Código de Ética que nos orienta a tener un claro comportamiento frente a nuestras actuaciones en la preparación, revisión y atestación de las declaraciones tributarias. Por ello, surge una preocupación alrededor de dichas actuaciones y sobre la responsabilidad que asumen los profesionales contables, junto con el representante legal de una sociedad, entendiendo que son diferentes en todos los aspectos.

Los revisores fiscales, en su ejercicio profesional, tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso de aplicación de los Estándares Internacionales por parte de las empresas con el fin de rendir su informe anual a la asamblea general o junta de socios, cuyo plazo se cumple el 31 de marzo de cada año.

Esto que deben emitir es su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, es decir, verificar que estos se encuentren preparados de acuerdo con la realidad de las entidades y sujetos a los nuevos marcos técnicos normativos. Para este fin, la obtención de evidencia documental es obligatoria pues proporciona las bases necesarias para la construcción de su opinión y la elaboración de su informe final.


Según la Dian, más de 4.700 contribuyentes normalizaron sus activos el año pasado

 


Se reportaron activos omitidos por $4,4 billones, se sanearon $311.000 millones y hubo pasivos inexistentes por $188.000 millones

La Ley de Financiamiento otorgó tanto a las personas naturales como a las sociedades una especie de ‘segunda oportunidad’ para poder estar al día con la administración tributaria y normalizar sus capitales del exterior.

Según cifras de la Dian, en 2020 4.760 contribuyentes se acogieron a la normalización tributaria, a través de la cual se reportaron activos omitidos por $4,4 billones, se sanearon $311.000 millones y se reportaron pasivos inexistentes por $188.000 millones.

En total, esta normalización tributaria le generó a la Dian unos ingresos por $632.000 millones en el año gravable 2020, una cifra que es inferior al recaudo que se alcanzó en 2019, cuando llegó a $1,1 billones.




Según Julio Lamprea, director de gestión de ingresos de la Dian, quienes normalizaron sus activos van a evitar sanciones e intereses de mora, sobre todo, en un momento en el que el Estado tiene convenios para identificar los activos omitidos.

Hay que recordar que esta norma daba la oportunidad a los contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes de declararlos y pagar hasta, máximo, el 25 de septiembre de 2020, cancelando una tarifa de 15% sobre la base gravable del activo. Este porcentaje era superior en dos puntos porcentuales al que se manejó durante 2019, cuando la norma estipulaba una tarifa de 13%.

Con el objetivo de normalizar su situación tributaria, desde hace unos días la Dian también invita a 10.217 contratistas del Estado que adeudan a la entidad más de $1,3 billones, a que se pongan al día en sus obligaciones pendientes.

Para ello, la entidad dijo que les contactará y atenderá virtualmente de manera personalizada en cada uno de los casos, ofreciendo información actualizada de su estado de cuenta y brindando la orientación necesaria para que se pongan al día en su obligación

Impuesto al patrimonio
Para la próxima reforma tributaria está en la mira hacer que el impuesto al patrimonio sea permanente e, inclusive, aumentar la tarifa de 1% a 3% para quienes tienen patrimonios superiores a $5.000 millones.

“No estamos de acuerdo con dejarlo permanente, eso generaría una atomización del sector empresarial. Se podría generar elusión. Sería antitécnico porque podría pasar que los grandes patrimonios se dividan y eso no está bien”, dijo Rosmery Quintero, presidente de Acopi.

Cabe mencionar que desde 2002 la Dian ha recaudado alrededor de $32,4 billones a través del impuesto al patrimonio, cifra que no incluye otros $15 billones que se recaudaron por concepto de impuesto a la riqueza entre 2015 y 2018.

Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que no sería una buena medida para atraer inversión al país. “A mí no me gusta esa idea, menos la propuesta que está planteando el Gobierno de una tarifa de 3% al impuesto al patrimonio, me parece que eso espanta la inversión. Es una tarifa muy alta en una coyuntura como la actual”, explicó.

De hecho, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomendó hace unos días eliminar los impuestos corporativos distorsionantes no basados en las ganancias o utilidades, incluido el impuesto al patrimonio.

A pesar de ello, para algunos expertos como el exdirector de la Dian, Gustavo Cote, la posibilidad de aumentar la tarifa del impuesto al patrimonio de 1% a 3% sería bueno para incrementar el recaudo y así se podría ampliar la cobertura de los programas sociales en medio de la pandemia.

jueves, abril 15, 2021

El revisor fiscal frente al diseño de las políticas contables

 


Aunque las políticas contables de una entidad estén aprobadas por la asamblea o la junta de socios, ello no quiere decir que el revisor fiscal o el contador público deban considerarlas adecuadas.

Conoce aquí cuál debería ser la labor del revisor fiscal frente a las políticas contables de una entidad.

A continuación, daremos respuesta a la siguiente inquietud: ¿qué efectos tiene en la empresa una política contable aprobada por la asamblea cuando dicha política no cumple con las Normas Internaciones de Información Financiera?

Escucha de primera mano el análisis realizado por el Dr. Roberto Valencia, consultor en Estándares Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, en el siguiente video:

Actuación del revisor fiscal frente al diseño de las políticas contables

Para resolver esta pregunta, es importante destacar que, aunque el revisor fiscal realiza una labor de fiscalización y cumplimiento de las políticas contables, ello no implica que las mismas políticas contables sean avaladas por los profesionales.
“los profesionales contables deberán también verificar la legalidad de las políticas contables”

El hecho de que las políticas contables de una entidad estén aprobadas por la asamblea no implica, necesariamente, que estas cumplan con la normativa vigente. Por tanto, los profesionales contables deberán también verificar la legalidad de las políticas contables.

Lo anterior es una de las funciones del revisor fiscal, dado que en su dictamen la parte que se refiere a los requerimientos legales y reglamentarios claramente expresa que: “la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable”.

En caso de que una política contable no cumpla con los marcos legales, el Dr. Roberto Valencia recomienda que el revisor fiscal:
Conozca las razones del incumplimiento normativo.

Evalúe el impacto en los estados financieros teniendo en cuenta la importancia relativa.
Se forme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros en conjunto.

Una vez el revisor fiscal logre obtener una respuesta de lo anterior, se dará cuenta de si el no cumplimiento de la normativa derivó a un error en los estados financieros de la entidad.

Si fue detectado un error en los estados financieros, la entidad deberá seguir los lineamientos establecidos a partir del párrafo 10.19 del Estándar para Pymes, donde se señala que la entidad deberá corregir de forma retroactiva los errores significativos de períodos anteriores.

Esto implicaría que en los estados financieros de próximos períodos se anexe el estado financiero con sus respectivas correcciones, derivadas de políticas contables que no hayan cumplido con los requerimientos legales.


Conozca cuáles son los beneficios que propone la ley aprobada para el trabajo desde casa

 


El articulado precisa que este esquema de trabajo puede ser aplicado en circunstancias especiales de orden público, como la pandemia

El proyecto de ley que regula el trabajo en casa pasó a conciliación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, definiendo así los beneficios y límites para empleadores y colaboradores.

Con 94 votos a favor en el último debate, la normativa plantea que esta modalidad de trabajo se basa en la prestación de las labores o funciones en un lugar diferente a las instalaciones de la empresa o entidad. Se pactará en un principio por tres meses, pero se puede extender según la necesidad entre las partes.



El articulado precisa que este esquema de trabajo puede ser aplicado en circunstancias especiales de orden público, como la actual pandemia, que obligará al empleador a conciliar con sus empleados la alternativa de trabajo en casa con todos los elementos que lo componen.

Este nuevo escenario laboral digital obliga al empleador a tener en cuenta ciertas consideraciones. Una de ellas es que si antes el auxilio de transporte era imperante, hoy en día se convierte en un auxilio de conectividad digital, que será equiparable si la empresa está bajo la modalidad de trabajo en casa. Por esta razón, la ley afirma que el empleador deberá ofrecer poco más de $100.000 (aproximadamente) a sus trabajadores para tener una óptima conexión.

La norma también plantea el derecho a la desconexión laboral, lo cual constituye un derecho fundamental del trabajador y radica en apartarse de sus tareas laborales cuando termine la jornada. Se establece que la jornada máxima debe ser de ocho horas diarias y de 48 horas a la semana.


ÁNGEL CUSTODIO CABRERAMINISTRO DEL TRABAJO

"El trabajo en casa llegó para quedarse. Este es uno de los temas que por efectos de pandemia se quiere consolidar, y lo más importante ha sido el servicio para mantener los puesto de trabajo en el país"

El trabajador también podrá reclamar legalmente cuando considere que su carga habitual de trabajo se está viendo afectada por otras tareas que generan más responsabilidad. Las horas extras no podrán superar las dos horas diarias ni 12 horas semanales. Se respetarán permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral”.


miércoles, abril 14, 2021

Aislamiento preventivo por COVID 19 supone una incapacidad?

 


El Ministerio del Trabajo realizó una serie de precisiones respecto a si el aislamiento preventivo por síntomas de COVID-19 puede ser considerado como una incapacidad.

A su vez, se refirió a las medidas que pueden ser aplicadas en estos casos para la conservación del empleo de los trabajadores.

El Ministerio del Trabajo, por medio de la Circular 0017 de 2020, fijó una serie de lineamientos mínimos que deben seguir los empleadores, trabajadores, contratistas, etc. Entre las medidas establecidas en esta circular se encuentra que los trabajadores que presenten síntomas relacionados con el COVID-19 deben tomar determinadas medidas preventivas durante los catorce (14) días siguientes al padecimiento de los síntomas o de su llegada al país si provienen del exterior.

Lo anterior se ha dispuesto en igual medida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 00002 de 2021, incluyendo que deberán entrar en un período de aislamiento preventivo durante el mismo término.

En el siguiente video, Natalia Jaimes Lúquez, abogada consultora en derecho laboral, explica las medidas que puede adoptar un empleador para los trabajadores posiblemente contagiados por COVID-19:

Concepto del Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo, mediante el Concepto 3622 de 2021, precisó que el mencionado aislamiento preventivo de catorce (14) días que debe tomar un trabajador que presenta síntomas de COVID-19 no se considera una incapacidad, y esto supone que los médicos no podrán expedirla.

Para afectos de que el trabajador pueda continuar con sus labores, los empleadores deben adoptar alguna de las medidas de protección al empleo previstas en la Circular 00018 de 2020 referentes a autorizar el teletrabajo o trabajo en casa, adopción de horarios flexibles, disminución del número de reuniones presenciales y evitar la concurrencia en áreas o lugares con aglomeraciones.

Nota: en caso de que no puedan adoptarse las medidas dispuestas en dicha circular, el empleador podrá hacer uso de las dispuestas en la Circular 00021 de 2020.

En el siguiente video, Luis Miguel Merino, abogado consultor en derecho laboral, explica las medidas adoptadas por el Mintrabajo para la protección del empleo:

En caso de que después del aislamiento se confirme que el trabajador padece efectivamente de COVID-19, el Mintrabajo determina que deberá calificarse el origen de la enfermedad, es decir, si es laboral (solo aplica para trabajadores del sector salud) o común, para de esta forma determinar a la entidad que le corresponde el pago de las prestaciones económicas y asistenciales, esto es, a la administradora de riesgos laborales –ARL– o a la EPS.

Dado lo dicho, tenemos como conclusión que en el caso de que un trabajador provenga del extranjero o presente síntomas propios del COVID-19 deberá, de manera obligatoria, entrar en un período de aislamiento preventivo, en el cual no se le expedirá una incapacidad. El empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que el trabajador pueda conservar su empleo.

Si posteriormente se confirma que el trabajador padece de COVID-19, le corresponde a la entidad respectiva (ARL o EPS, dependiendo del origen de la enfermedad) expedir la correspondiente incapacidad.
Empleadores no podrán solicitar prueba del COVID-19

Por medio de la Circular 00022 de 2021, el Mintrabajo determinó que los empleadores no podrán solicitar a los trabajadores o aspirantes a un cargo la prueba del COVID-19 (consulta nuestro editorial ¿Empleadores pueden solicitar prueba de COVID-19 a trabajadores o aspirantes a cargos?).


martes, abril 13, 2021

Empresas hechas por familias deben buscar asesoría para manejar su patrimonio

 


La sucesión del patrimonio familiar en términos empresariales es un punto importante y requiere de la búsqueda de asesoría

La sucesión del patrimonio familiar en términos empresariales es un punto importante que todas las familias con sociedades comerciales deben tener presente. Para Rodrigo Lozano Vila, socio y fundador de Lozano Vila y Asociados, una de las herramientas más importantes para que haya una buena administración y un correcto legado empresarial es el uso de la figura llamada Family Office.

¿En qué consiste el mecanismo del Family Office?

Se trata de una unidad de gestión y administración que presta servicios tan diversos como administración de portafolios de inversión y de inmuebles, contratación grupal de servicios y seguros. Además, ofrece servicios tipo consejería para los miembros familiares.

¿Cuál es la ventaja de esta modalidad?

Los dueños de los patrimonios deben saber que es mejor buscar asesoría. El primer paso y la ventaja principal es invitar a terceros a que evalúen a la empresa desde afuera y, sin tener consideraciones subjetivas, puedan formular observaciones que mejoren la gestión y administración del patrimonio.

¿Cuáles son los aspectos principales del patrimonio?

El negocio familiar o la empresa se administra de forma particular: accionistas, es decir, la familia; directivos compuestos por miembros de la familia y terceros; y un equipo. Este negocio genera dividendos que la familia distribuye e invierte en otros negocios como activos financieros o inversiones inmobiliarias. Conforme pasa el tiempo, los frutos del negocio familiar se convierten en el patrimonio de todos los miembros, lo cual es el meollo del asunto y ahí entra el Family Office.

¿Cuáles son los principales retos al administrar el patrimonio familiar empresarial?

Lo principal es que los miembros familiares deben aprender a separar su rol familiar de los negocios. La participación de las personas debe ser un papel serio y profesional y aprender a diferenciar a través de reglas claras, expresas y escritas, un proceso organizado y participativo para que todos los accionistas puedan participar.

¿Cómo deben funcionar las empresas para atender de forma correcta el patrimonio?

La tendencia mundial sugiere que las familias empresarias, independientemente de su patrimonio, gestionen y administres sus inversiones con los mismos criterios de organización, profesionalismo y dirección de una empresa. Es importante crear una unidad o estructura sólida, fuerte y administrada por profesionales que apoyen la gestión. Separar los roles familiares y empresariales es crucial para proteger el patrimonio.

¿Cuáles son los problemas legales que enfrentan las empresas familiares?


JORGE PERALTADIRECTOR JURÍDICO DE PERALTA Y ASOCIADOS ABOGADOS

“Es importante que las familias estén asesoradas por un profesional del derecho para que haya designación de figuras jurídicas y, sobre todo, para aconsejar de la mejor forma a las familias”.

Cuando una familia no cuenta con niveles altos de patrimonio acuden a este concepto que, como su nombre lo sugiere, está basado en que varias familias se unan para compartir gasto de estructura y puedan beneficiarse de los servicios de administradores y gestores del patrimonio. Es importante trabajar con lo que se tiene y, sobre todo, buscar asesoría para administrar los recursos que se tienen a disposición. Iniciar con un Multi Family Office es una buena alternativa antes de tener el Family Office.

IVA simple, eficiente y menos regresivo: propuesta de Anif para la reforma tributaria

 



Se extendería la base de bienes y servicios que generen su pago efectivo en tres fases a partir del 2022.

Se pasaría a una reducción de la tasa hasta fijarla en 18 % a partir de 2024.

Solo existirían dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos.

En su comentario económico del 23 de marzo de 2021 titulado Propuesta de ANIF para hacer del IVA un impuesto más simple, eficiente y menos regresivo, el centro de estudios económicos presenta su propuesta para simplificar la estructura del IVA.

«Hoy, debido al afán de subsanar el mal diseño, bajo recaudo y poca eficiencia del sistema, preocupa que los ingresos tributarios del gobierno dependen cada vez más del IVA que es, por definición, un impuesto regresivo», afirma Anif.

Buena parte de los problemas del pago del IVA vienen de su compleja estructura. La existencia de cuatro categorías distintas (tarifa general, tarifa reducida, exención o exclusión) erosiona el recaudo del impuesto y hace que su seguimiento y pago sea complejo.

Los pilares sobre los cuales se desarrolla la propuesta de la nueva estructura del IVA son:
Ampliar gradualmente la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA en etapas que suponen una transición desde 2022 hasta 2024.
Reducir la tarifa plena respecto a la que se tiene hoy en día. Es decir, pasar progresivamente de la tarifa plena actual del 19 % al 18 %.
Una vez termine la transición, se propone que en el 2024 existan únicamente dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos (más el impuesto al consumo específico a algunos bienes). Es decir, desaparecería la categoría de tarifa reducida y la categoría de bienes exentos.

Compensación completa del IVA a los hogares más pobres y vulnerables ampliando el grupo de hogares beneficiarios y el monto total de la devolución.
¿En qué consiste la reforma al IVA planteada?

La propuesta presentada por Anif busca cumplir con tres puntos fundamentales:
Lograr una estructura de tributación más simple, que reduzca los subsidios que reciben los hogares de altos ingresos por los bienes con tratamiento especial, exentos o excluidos.
Fortalecer el programa de devolución del IVA a los hogares de más bajos ingresos y así compensarles por el pago de este impuesto.
Aumentar el recaudo neto recibido por el Gobierno nacional.
“La reforma del IVA consiste en extender la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA, en tres fases a partir del 2022”

La reforma del IVA consiste en extender la base de bienes y servicios que generen el pago efectivo de IVA, en tres fases a partir del 2022. Paralelamente, teniendo en cuenta el impacto que el impuesto tiene en los hogares de menores ingresos, Anif propone fortalecer el esquema de devolución del IVA.

Lo anterior implica ampliar el grupo de hogares beneficiarios (pasar de 1 millón en 2020 a más de 4 millones en 2024), así como el monto total de la devolución.

Adicionalmente, «proponemos simplificar el sistema actual con el paso gradual de cuatro a dos categorías manteniendo los bienes y servicios con impuesto al consumo inalterados».

Finalmente, una vez se consolide la ampliación de la base de bienes y servicios que pagan el impuesto a la tarifa plena, se podrá pasar a una reducción de la misma hasta fijarla en 18 % a partir de 2024.

Anif plantea una serie de etapas a partir de 2022 que permitirán llegar en 2024 a que solo existan dos categorías: bienes “incluidos”, que pagarían una tarifa general de 18 %, y bienes excluidos.

Recaudo si se llegaran a tener en cuenta las recomendaciones

Desde el punto de vista de la entidad, la propuesta para modificar la estructura del IVA llevaría a un recaudo adicional que comienza con 0,2 % del PIB en 2022 y llega a un nivel entre 0,7 y 1 % en 2024.

Solo con las reformas al pago de renta e IVA el recaudo tributario aumentaría entre 1,5 y 1,8 % del PIB en 2024.

Es posible que Latinoamérica crezca menos del 1% en 2021?

 Los escenarios más negativos de algunos organismos apuntan a esa opción, pero los expertos ven improbable que ocurra.



Si se llegara a dar un avance de alrededor de 1% este año, ese sería un esce- nario desolador, con enormes impactos sociales.

Cada nuevo informe de perspectivas económicas que se publica siempre va acompañado de la aclaración de que la alta incertidumbre podría modificar el pronóstico. Y en este sentido, para Latinoamérica, algunos han apuntado a la posibilidad de que los riesgos a la baja lleven a un crecimiento incluso inferior al 1% en 2021 para la región.

El último en esta línea fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su Asamblea publicó un reporte económico en el que prevé que, en su escenario más negativo, América Latina podría crecer tan solo 0,8% este año e incluso caer 1,1% durante el 2022.

Eso se suma a las previsiones más pesimistas de otros organismos, que semanas atrás señalaron la posibilidad de que ese crecimiento sea del 0,9% este año; también el caso de la Cepal, que plantea la posibilidad de un avance promedio de 0,3% durante la próxima década, o la visión un poco más optimista del Banco Mundial, que cree que ese avance podría bajar hasta el 1,9%, en su reporte de enero.

Por supuesto, no sobra resaltar que estos escenarios negativos no son los pronósticos base. En el caso del BID, se espera que este año la región crezca 4,4%, y el FMI que lo haga al 4,1% en este ejercicio.

Según explica Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del BID y coautor del estudio, “es muy difícil hacer previsiones dado el alto nivel de incertidumbre. Así, existen riesgos de que el crecimiento sea menor, pero también de que la región crezca más de nuestro escenario base. De hecho, en un escenario positivo, el avance podría ser de 5,2% en el 2021”.

Ante esto, los expertos ciertamente no cierran por completo la puerta a un escenario así. Por ejemplo, Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, apunta que al igual que era imposible prever la pandemia, “no se puede descartar que Latinoamérica presentara un crecimiento muy bajo”, lo cual resalta que si se llegara a dar, sería una tragedia económica y social para la región.

“Esos pronósticos serían desastrosos para la región, que lleva muchos años creciendo por debajo del promedio de los emergentes. Después del golpe de 2020, eso nos dejaría muy lejos de recuperar los niveles pre crisis, y generaría problemas en indicadores sociales como empleo y pobreza”.

No obstante, como indican los analistas, las posibilidades de ello son bajas. Miguel Ricaurte, jefe de análisis económico de Itaú para la región Andina, señala que “aún cuando el alza de contagios y en la tasas de interés globales suponen riesgos, un crecimiento cercano a 1% luce poco probable, pues enfrentamos una base de comparación muy baja y, aunque con vaivenes, se retomará algún grado de normalización”.

Otra de las preguntas que surgen más allá de esto es ¿qué tipo de ‘shocks’ podrían generar un impacto de esa magnitud en América Latina? Ante esto, Powell asegura que “los riesgos provienen de la crisis sanitaria. Si la vacunación se retrasa o si hay nuevas mutaciones más contagiosas y resistentes, esto puede implicar más casos y hospitalizaciones, y la necesidad de políticas de contención”.

Velandia, por su lado, apunta hacia esa misma dirección, aunque cree que no sería suficiente para registrar un crecimiento cercano a 1%. “Sumado a una pandemia sin controlar, cierres permanentes durante 2021 e incluso alguna variante que no se pudiera combatir, para que tuviera lugar tendría que darse un problema conjunto en toda la economía mundial, y que los socios comerciales principales, como Estados Unidos y China, también presentaran ese freno”.

MAYOR PREPARACIÓN

Aún así, la perspectiva actual es que aunque en este año siguieran los problemas sanitarios de la región, la mayor preparación serviría para mitigar el golpe.

Como indica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, “si bien hay muchos riesgos latentes como la velocidad de vacunación, la evolución de nuevas cepas y el avance de nuevas olas de contagio, estos son menores que los observados en 2020 y las sociedades y gobiernos han aprendido a manejar mejor el virus. Esto no implica que no se pueda dar un menor crecimiento, pero lo hace un poco más difícil”.

Es por esto que Reyes apunta a que es clave evitar esa posibilidad. “Para desencadenar un escenario macro complejo seguramente se deban tomar medidas de aislamiento como las del inicio de la pandemia, por lo que es crucial para evitar que esto ocurra que el sistema de salud siga siendo operativo. También es importante lograr una vacunación acelerada y, por último, mantener la capacidad de tomar medidas que reduzcan el estrés de los productores y hogares”.

Los expertos coinciden en que la probabilidad de que se materialice un escenario tan negativo para la región son bajas, pero no se pueden descartar aún.

CRECIMIENTO MARGINAL

Más allá del crecimiento que presente la región, lo que sí se espera que es la mayor parte del avance no sea “genuino” según indicó recientemente la Cepal. Tal como aseguró en uno de sus últimos informes, si en el 2021 América Latina crece a un ritmo de 3,7%, de esa cifra un 3,1% se le podría atribuye al rebote estadístico por la caída del 2020, mientras que tan solo 0,6% supondría un crecimiento ‘real’. Eso haría difícil mantener una cifra elevada de crecimiento.