La pensión de invalidez es una prestación que tiene como propósito garantizar un ingreso para aquellas personas que presentan una situación de pérdida considerable de su capacidad laboral.
A continuación, detallamos algunas pautas para despedir con justa causa por el reconocimiento de esta pensión.
La pensión de invalidez es una prestación que opera como un mecanismo de compensación económica a favor de las personas que no pueden acceder a otra fuente de ingresos luego de haber sufrido una perdida significativa de su capacidad laboral.
Esta prestación no solo está contemplada en el sistema general de pensiones, sino también en el sistema general de riesgos laborales –SGRL–. En ambos sistemas se establece que una persona se considera inválida cuando ha perdido el 50 % o más de su capacidad laboral y el reconocimiento de la prestación está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales.
Terminación del contrato de trabajo por el reconocimiento de la pensión de invalidez
Cuando el fondo de pensiones o la ARL reconoce a un trabajador la pensión de invalidez, la ley prevé que esta circunstancia es justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador (artículo 62, parte “A”, numeral 14 del CST).
La terminación del contrato de trabajo en caso de pensión de invalidez no constituye una sanción al trabajador, dado que este no ha incurrido en faltas graves o incumplimientos. En cambio, se justifica como un mecanismo de compensación económica que reemplaza el salario del trabajador que ha perdido considerablemente su capacidad laboral.
Pautas para despedir con justa causa
El empleador debe seguir ciertas pautas para que la terminación del contrato sea válida en caso de reconocimiento de pensión de invalidez:
La notificación y la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados son requisitos para la terminación del contrato.
Si el trabajador no está aún en la nómina de pensionados, el despido puede resultar en reintegro y pago de salarios.
El empleador debe notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación sobre la terminación del contrato.
Se deben respetar en todo momento los derechos fundamentales del trabajador.
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