Los mayores cambios se ven en quienes cotizan y cotizaron más de tres salarios mínimos.
El Comité de la Regla Fiscal dice que el proyecto tiene efectos fiscales y sobre el ahorro nacional.
Mientras se define cuándo se hará el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó un análisis de los efectos fiscales y sobre el ahorro nacional que tendría lo aprobado hasta el momento.
El Carf destaca que el proyecto de ley incluye cambios deseables, como la reducción de los subsidios que la Nación paga a las pensiones altas, elimina el arbitraje que existe entre los regímenes público (Colpensiones) y privado (Administradoras de Fondos de Pensiones).
El proyecto de ley tiene efectos negativos que deben ser revisados
Además, logra aumentar la cobertura del régimen contributivo. Mientras que con el sistema actual se esperaban 1,9 millones de pensionados en el 2040, con la reforma serían 1,93 millones para ese mismo año. Estas cifras serían 2,9 millones y 3 millones para el 2050, respectivamente; y de 5,1 millones y 5,6 millones para el 2090, respectivamente.
No obstante, los cálculos del organismo muestran que el proyecto de ley tiene efectos negativos que deben ser revisados para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
Frente al pilar solidario, el comité estima que esta reforma tendrá un costo de 0,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2025, es decir, 4,3 billones de pesos, recursos que deben ser asignados por el Presupuesto General de la Nación todos los años. Esta estimación considera un monto fijo de beneficiarios, lo que significa que a medida que crece la población el porcentaje de la población elegible decrece.
De acuerdo con el Carf, estos recursos deberán tener en cuenta los techos de gasto fijados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ser consistentes con la Regla Fiscal. Este pilar no corresponde a un derecho pensional, responde a un programa social y deberá estar sujeto a los recursos disponibles para el mismo.
En cuanto al pilar semicontributivo, el Carf estima que este tendría un costo del 0,1 por ciento del PIB en 2025, que aumentaría a 0,3 por ciento del PIB en 2029, y después subiría lentamente hasta 0,5 por ciento del PIB en 2070.
Se reducen a 1.000 las semanas mínimas de cotización para acceder a pensión por parte de las mujeres
Este gasto se explica por la devolución de los saldos de los cotizantes y al rendimiento real de las cotizaciones a Colpensiones que se otorga a aquellas personas que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, y que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad. Los beneficiarios de este pilar tampoco accederían a una pensión dado que recibirían montos mensuales menores a un salario mínimo.
Respecto al pilar contributivo, en el que efectivamente están los pensionados, el comité estima que las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3 por ciento del PIB en 2035 al 5,5 por ciento del PIB en 2070. Esto se explica porque Colpensiones pasaría a responder por los primeros tres salarios mínimos de todas las pensiones.
Debido a estas mayores necesidades, y dado que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro (el Carf estima que esto pasaría al principio de la década de 2070), la Nación le deberá hacer una transferencia mayor en alrededor de 3,2 por ciento del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 por ciento del PIB en 2025 a 4,5 por ciento del PIB en 2071).
Otra conclusión del Carf es que la reforma pensional representa un aumento del Valor Presente Neto (VPN) de la transferencia de la Nación a Colpensiones de alrededor del 51,3 por ciento del PIB.
Este aumento de las transferencias del Gobierno Nacional hacia el financiamiento del sistema pensional en el largo plazo se daría porque Colpensiones asume la responsabilidad de todas las pensiones por debajo del umbral de tres salarios mínimos; ahorra solo parte de las cotizaciones; se introduce el mecanismo de prestación anticipada; y se reducen a 1.000 las semanas mínimas de cotización para acceder a pensión por parte de las mujeres.
Se logre reducir el umbral de cotizaciones que deberá ir a Colpensiones, para disminuir al mínimo los subsidios regresivos
Según el Carf, el aumento del costo del sistema pensional en el largo plazo genera inequidad intergeneracional, pues las futuras generaciones deberán contribuir –ya sea por medio de mayores cotizaciones o impuestos– en una mayor medida que las generaciones actuales para financiar el sistema pensional.
Ante este panorama, hacen cinco recomendaciones que redundarían en la disminución de los efectos fiscales de la reforma o de sus efectos sobre el ahorro nacional.
Lo primero que se recomienda es que en el debate en el Congreso de la República se logre reducir el umbral de cotizaciones que deberá ir a Colpensiones, para disminuir al mínimo los subsidios regresivos y aumentar el ahorro nacional.
La propuesta actual es un umbral de tres salarios mínimos, pero el comité asegura que lo deseable es que sea de un salario mínimo. Con este cambio se podría aumentar el acervo de ahorro nacional de largo plazo en 40 por ciento del PIB, frente al umbral de tres salarios mínimos mensuales.
También se recomienda que el Fondo de Ahorro cuente con un gobierno institucional y un estatuto de inversiones que le permita maximizar su rentabilidad, pues mayores rendimientos reducen el impacto fiscal del sistema.
Igualmente, se deberían revisar los requisitos para acceder a prestación anticipada, dado que este esquema genera el mayor impacto fiscal de la reforma al reducir el número de semanas cotizadas a partir del cual un colombiano puede acceder a una pensión.
Además, dice que es necesario que se lleve a cabo un debate a profundidad en el Congreso sobre los elementos que afectan a las mujeres y su capacidad para construir su ahorro pensional.
Es mejor la disminución de 50 semanas de cotización por cada uno de los tres primeros hijos
Desde la perspectiva fiscal, es mejor la disminución de 50 semanas de cotización por cada uno de los tres primeros hijos, que la disminución del umbral a 1.000 semanas para todas las mujeres.
Esta medida, además, resultaba mucho menos onerosa desde el punto de vista de las erogaciones fiscales futuras, así como más directamente relacionada con los criterios de la propia Corte Constitucional en torno a favorecer a las mujeres que, por razones específicas, afectan su capacidad de construir su ahorro pensional, como puede ser tener que ausentarse del mercado laboral para el cuidado de sus hijos.
Finalmente, el comité recomienda estudiar modificaciones a los regímenes especiales y exceptuados y a la tasa de reemplazo para que la pensión sea consistente con la historia de los aportes de los cotizantes.
Asegura que el régimen de prima media calcula la tasa de reemplazo con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años y ampliar este período de tiempo podría tener efectos importantes sobre el impacto fiscal de la reforma y haría más justo el sistema.
Entre tanto, los regímenes especiales y exceptuados representaron una gran carga financiera para la Nación en 2022 cercana a los 22 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.
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