La reforma tributaria de Petro les cambia las reglas a varias empresas que tendrán que rehacer sus modelos de negocio, evaluar si siguen operando y explorar nuevos mercados
La suerte está echada. Por primera vez en la historia, un Presidente de Colombia arranca su discusión tributaria durante primer día de su administración. Se acabaron las especulaciones y se aterrizaron las cifras que volaban por el aire. La nueva reforma tributaria, la cuarta en los últimos cuatro años, tiene como meta recaudar $25 billones (1,72% del PIB) el próximo año y 1,39% del PIB entre 2024 y 2033. Plantea como meta mega de lucha contra la evasión obtener gradualmente $50 billones (3,4% del PIB) anuales. El resultado previsto es reducir la pobreza monetaria, la extrema y la desigualdad, todas buenas intensiones que bien se deben contrastar con el efecto que tendrá el proyecto de ley en diáspora de compañías para las cuales el país deja de ser competitivo para hacer inversiones.
Grosso modo, la tributaria de Petro, Ocampo y Reyes quieren recaudar $25,9 billones como monto general, obtenido de cambiar la gravación a las exportaciones de petróleo y carbón por $5,8 billones, que se convierte en el sector más castigado. Propuesta que será Troya en el Congreso pues condena de muerte a la economía extractiva, tal como el Presidente lo había anunciado durante la campaña. Nada más demonizado que extraer carbón, cobre, níquel o petróleo en un país como Colombia, hasta ahora las empresas casi todas multinacionales gozaban de algunos privilegios tributarios que harán parte de la historia si la iniciativa gubernamental pasa de pupitrazo.
El concepto general -acta de defunción- es que la regalía, que es un costo obligado de la producción y así se trata fiscalmente, como costo, en adelante lo trate como el pago de uso de un bien del Estado y por tanto no es deducible como costo. Esa forma de ver las cosas es común en otras economías de la región menos competitivas, al equipararse con ellas, varios de los hoy inversionistas seguramente armarán sus maletas para buscar nuevos mercados y departamentos como La Guajira y Cesar tendrán una fuerte reducción de sus regalías en el mediano plazo.
Y el impuesto a exportaciones se convertiría en una doble carga para ellos. Otro debate que buscará medir el impacto de la tributaria en las empresa y la actividad económica en general es el impuesto al carbono, incluyendo el carbón, que si bien es muy es importante en términos ambientales, debe tener una transición porque le pega a las empresas que lo consumen.
Y subir a 20% los dividendos a las empresas extranjeras va a desestimular la inversión extranjera, decisión que lo dispara casi 55%, con eso se pierde la competitividad. Tiene cosas buenas y es obligar a las altas pensiones las superiores a los $10 millones, a pasar tributos, algo que debía haber hecho hace años, pues el grueso de estas mesadas tienen subsidios de las mismas arcas nacionales. El impuesto de renta no tocará al grueso de las personas naturales, se gravaran a quienes reciban ingresos superiores a $10 millones mensuales a través de la limitación de beneficios tributarios con los que cuentan hoy en día. Ha dicho Ocampo que “las personas que reciban dicho monto o menos, no pagarán más de lo que pagan hoy en día.
Consideramos que solo 2,4% de personas con mayores ingresos son las que reciben este monto. Cerca de 98% de la población no se verá afectada con esta decisión”. La discusión está servida, lo importante es que los congresistas no empiecen a manipular a los sectores económicos y perviertan este proyecto.
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