Los trabajadores con problemas de salud y las trabajadoras en estado de embarazo cuentan con la garantía de la estabilidad laboral reforzada.
Conoce los efectos de terminar el contrato de trabajo para estos trabajadores y cómo se puede exigir el cumplimiento de sus derechos.
La estabilidad laboral reforzada (u ocupacional reforzada) es una protección legal y constitucional que tienen algunos trabajadores debido a que se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad (trabajadores con problemas de salud, mujeres en embarazo o lactantes), teniendo por ello el derecho a que sus contratos de trabajo no sean terminados por causas relacionadas con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
En palabras de la Corte Constitucional, en sentencias como la T-320 de 2016, los trabajadores cobijados por la estabilidad reforzada tienen la garantía de permanecer en el empleo hasta que no se configure una causal objetiva (no relacionada con su estado de vulnerabilidad) que conlleve la terminación del contrato y se cuente con un permiso de una autoridad laboral competente (generalmente el Ministerio del Trabajo), el cual se otorgará una vez se verifique que la causal no está relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador protegido.
Por lo tanto, es importante tener claro que los trabajadores en esta situación pueden ser despedidos, siempre que las razones del despido sean ajenas a la situación de salud, de maternidad o lactancia y, a su vez, contando con el permiso de la autoridad laboral respectiva.
Despedir o terminar un contrato de trabajo sin respetar los parámetros antes mencionados conllevaría una serie de consecuencias para el empleador.
Consecuencias de vulnerar la protección de estabilidad laboral reforzada
Como se mencionó, la estabilidad laboral reforzada debe ser garantizada por los empleadores. Su vulneración e irrespeto tiene como consecuencia una serie de declaraciones y condenas en contra de estos cuando procedan con el despido transgrediendo la protección:
En primer lugar, se declarará que el despido o la terminación del contrato es ineficaz, lo que conlleva el restablecimiento del contrato, entendiendo que para efectos legales el contrato laboral no finalizó.
Como consecuencia de la ineficacia, el empleador debe reintegrar al trabajador al mismo cargo o a uno mejor, garantizándole el salario que devengaba.
Dada la ineficacia de la terminación, al entenderse que el contrato de trabajo no finalizó, el empleador deberá pagar los salarios, prestaciones sociales, vacaciones y seguridad social por el tiempo en que el trabajador estuvo desvinculado.
Finalmente, el empleador deberá pagar una indemnización por incurrir en esta falta a la garantía constitucional (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– y artículo 26 de la Ley 361 de 1997).
Mecanismos jurídicos para exigir la protección de la estabilidad laboral
Cuando el empleador despide o termina el contrato de trabajo de un colaborador protegido por la estabilidad laboral reforzada sin contar con una causa objetiva y el respectivo permiso de la autoridad laboral, el trabajador cuenta con mecanismos judiciales que le permitirán hacer valer sus derechos como persona especialmente protegida; estos son, en primer lugar, la acción de tutela y, en segundo lugar, un proceso ordinario laboral ante un juez laboral.
Acción de tutela para proteger la estabilidad laboral reforzada
Conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y lo reiterado por la Corte Constitucional en sentencias como la C-483 de 2008, la acción de tutela es un mecanismo constitucional de defensa judicial, el cual permite que cualquier persona acuda a un juez de la Republica con el fin de obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando son vulnerados.
Esta es una acción importante para tener presente. Es un mecanismo sencillo, fácil, accesible a todos los ciudadanos, rápido (se resuelve al cabo de 10 días hábiles), pero subsidiario, es decir, solo se puede acudir a este cuando se vulneran derechos fundamentales y no exista otro proceso o medio de defensa judicial para exigir la protección de tales derechos.
Los derechos fundamentales objeto de protección mediante esta acción son los subjetivos que se relacionan funcionalmente con la dignidad humana; entre estos se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad y, para lo que nos convoca, la protección de las personas en estado de vulnerabilidad mediante la estabilidad laboral reforzada, por lo que la acción de tutela es un medio idóneo para buscar la protección de tal garantía, pero solo de forma transitoria.
“cuando a un trabajador se le vulnera o transgrede la garantía de estabilidad laboral reforzada, puede acudir a la acción de tutela”
Por lo anterior, cuando a un trabajador se le vulnera o transgrede la garantía de estabilidad laboral reforzada, puede acudir a la acción de tutela, la cual se presenta ante un juez (sin que sea necesario la intervención de un abogado), con el fin de que proteja este derecho fundamental y le ordene al empleador reintegrar al trabajador, pero dicha protección será reconocida de forma transitoria.
La acción de tutela para la protección de la estabilidad reforzada es un mecanismo transitorio conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, dado que en principio todos los derechos laborales, incluyendo los relacionados con la estabilidad laboral, deben ser reclamados mediante un proceso judicial, un tanto extenso, denominado proceso ordinario laboral; pese a ello, los trabajadores en razón de su vulnerabilidad pueden acceder a la acción de tutela transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.
Por ello, cuando se concede la acción de tutela en protección de la estabilidad laboral reforzada, el juez dispone de ella transitoriamente, lo que significa que se protegerán temporalmente los derechos del trabajador en vulnerabilidad, hasta que un juez laboral resuelva el asunto de forma definitiva en un proceso ordinario laboral mediante demanda.
Por lo anterior, al trabajador se le otorgará la protección de la estabilidad reforzada, pero deberá iniciar la demanda en el término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela, so pena de perder la protección dada en este mecanismo constitucional.
“aunque el juez por medio de tutela proteja la estabilidad laboral reforzada, la protección será temporal hasta tanto un juez laboral resuelva la situación”
Es decir que, aunque el juez por medio de tutela proteja la estabilidad laboral reforzada, la protección será temporal hasta tanto un juez laboral resuelva la situación.
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Demanda laboral ordinaria como mecanismo definitivo en estabilidad laboral reforzada
Por otra parte, como mecanismo definitivo y principal se encuentra el proceso ordinario laboral, herramienta que tienen todos los trabajadores (en algunos casos los empleadores) para exigir sus derechos.
Este mecanismo consiste, básicamente, en la presentación de una demanda ante un juez laboral para que emita una sentencia en la que ordene al empleador a reconocer y pagar derechos laborales desconocidos, vulnerados y demostrados en el proceso.
En el caso de la protección de la estabilidad laboral reforzada, como se manifestó, el trabajador inicialmente puede acudir a la acción de tutela para la protección inmediata pero transitoria de sus derechos, razón por la cual, bien sea por disposición del juez de tutela (transitoriedad), bien sea por la negación de sus derechos en este mecanismo constitucional, debe acudir a una demanda en un proceso ordinario laboral.
Este proceso debe presentarse, generalmente, mediante la representación de un abogado (salvo que sea una cuantía inferior a los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–), trámite en el cual, después de agotar una serie de etapas procesales dadas en el Código de Procedimiento Laboral (conciliación, contestación de la demanda, testimonio, interrogatorios, entre otras actuaciones), el juez emitirá una sentencia en la que, dependiendo de lo probado en el curso del proceso, reconocerá o denegará las pretensiones del demandante.
Por último, este proceso puede ser extenso y, muy seguramente, tardar años, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de presentar recurso de apelación para que un juez superior revise la decisión del juez inicial.
Por todo lo anterior, si un trabajador es despedido o su contrato finalizado teniendo la protección de la estabilidad laboral reforzada, puede acudir a una acción de tutela y a un proceso ordinario laboral para buscar que se ordene su reintegro y se reconozcan y paguen los salarios y demás derechos dejados de percibir.
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