lunes, octubre 31, 2022

Colombia pasaría de ser la más próspera de la región a la que más duro frena

 



Pronóstico está en línea con las últimas actualizaciones del Banco de la República.

De crecer 7,6 % este año pasaría a 2,2 % en 2023, según el Fondo Monetario Internacional.


La economía colombiana pasaría de crecer un 7,6 por ciento este año, la que más lo haría de la región entre las analizadas, a apenas un 2,2 por ciento en 2023, es decir, perdería 5,4 puntos, lo que representa la desaceleración más fuerte de toda América Latina.

Así lo proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que reveló ayer sus proyecciones económicas en las que la tendencia es a la baja en medio de un panorama complejo por la guerra de Ucrania, la inflación que no cede y el endurecimiento de la política monetaria en las principales economías del mundo.


Esta proyección está en línea con los últimos pronósticos del equipo técnico del Banco de la República, que revisó al alza su pronóstico de crecimiento para el 2022, de 6,9 a 7,8 por ciento, pero recortó el del 2023, de 1,1 a 0,7 por ciento, es decir que el freno sería de 7,1 puntos.


Ya de lejos, Argentina sería el siguiente país de la región que más perdería impulso, con una caída de 2 puntos, al pasar de la proyección de 4 por ciento para este año al 2 por ciento para el 2023.


A nivel mundial, el crecimiento también perdería impulso, al pasar del 6 por ciento del 2021 a 3,2 por ciento este año y 2,7 por ciento en el 2023. Similar situación se proyecta para la región, donde el organismo internacional aumentó el pronóstico medio punto hasta 3,5 por ciento para el 2022; sin embargo, lo rebajó tres décimas hasta 1,7 por ciento para el próximo año.


“El entorno externo está siendo muy desafiante para muchos países de mercados emergentes y economías en desarrollo. La fuerte apreciación del dólar está aumentando de manera significativa las presiones internas sobre los precios y la crisis del costo de vida para estos países”, alertó en su informe el FMI.

Con un pronóstico de 7,6 por ciento, Colombia es el país que más crecería de la región este año según el FMI, un dato mejor que el 6,3 por ciento de hace unos meses.


Le seguirían en crecimiento: Venezuela (6 por ciento), Uruguay (5,3 por ciento), Argentina (4 por ciento) y Bolivia (3,8 por ciento). Y detrás se encontrarían Ecuador, con un pronóstico de 2,9 por ciento; y Brasil, con 2,8 por ciento.


Sin embargo, para el 2023 el panorama cambia. Los de mayor crecimiento, según los pronósticos del organismo, serían Venezuela, con un 6,5 por ciento; seguido de Paraguay, con un 4,3 por ciento, y Uruguay, con 3,6 por ciento.

Detrás se encontrarían Bolivia, al crecer un 3,2 por ciento; Ecuador, con un 2,7 por ciento, y Colombia no aparece hasta el séptimo lugar con un crecimiento de 2,2 por ciento. Cabe resaltar que Chile decrecería 1 por ciento.


Respecto a la inflación en la región, esta se ubicaría en 14,6 por ciento este año y en 9,5 por ciento en promedio para el 2023. Las más altas se darían en Venezuela y Argentina, con 220 y 95 por ciento en el 2022. En Colombia, quedaría en 11 por ciento y para el próximo año, en 6 por ciento.
Más de un tercio de las economías se contraería

Más de un tercio de la economía mundial se encamina a una contracción el próximo año, y las tres principales (Estados Unidos, la Unión Europea y China) seguirán estancadas, advirtió el FMI.


“Lo peor está por venir y muchas personas percibirán 2023 como una recesión”, dijo el economista jefe Pierre-Olivier Gourinchas.


La desaceleración afecta a los países más ricos, empezando por Estados Unidos, que solo crecerá 1,6 por ciento en 2022, frente al 2,3 por ciento previsto en julio. Y 2023 podría ser más difícil todavía con un 1 por ciento.


La situación no es mejor en la zona euro. Por ejemplo, para Alemania e Italia la recesión parece inevitable (-0,3 y -0,2 por ciento, respectivamente).

sábado, octubre 29, 2022

La tributaria está desconectada del crecimiento económico: Santiago Pardo

 



Santiago Pardo Ramírez ha sido asesor de reformas tributarias de gobiernos en diferentes países.

Experto Santiago Pardo dice que el objetivo de recaudo es viable con otra estructura de impuestos.


El tributarista Santiago Pardo desmenuza la reforma tributaria. Y asegura que como el ministro de Hacienda Ocampo se ha mostrado dispuesto a oír soluciones alternativas, el sector empresarial se las debería proponer. “Lo que yo echo de menos de esta reforma es que no está conectada con el crecimiento económico”, asegura.


¿Le gustó la reforma? He oído opiniones en el sentido de que desincentiva la inversión y podría ser hasta confiscatoria del patrimonio...

No, pero tengo una expectativa muy positiva de lo que va a terminar saliendo. Espero no equivocarme, porque conozco de muchos años a Ocampo. Cuando Nicaragua tenía una inflación del 39.000 por ciento, hablo de los ochenta, él dirigía la misión sueca (sin ser sueco) de rescate y estabilidad de Nicaragua, e hizo lo que nadie pensaba que era posible: estabilizarla. Y lo hizo con guantes de seda. Es una persona toreada en situaciones difíciles. No es el académico puro típico. Es una persona capaz de oír, siempre y cuando el que vaya a discutir venga con la solución propuesta.

El asunto es este: con la industria de combustibles fósiles restringida, ¿de dónde va a salir la plata para sostener un enorme Estado benefactor?

Es el problema central. Colombia recauda el 17 % del PIB; los países desarrollados recaudan el 34 %, es decir, el doble. Cerca de 80 billones se van en evasión, y otros 80 billones en beneficios tributarios y exenciones. Ahí es donde hay que trabajar mucho. Pero no persiguiendo a los que hoy tributan, sino el contrabando, el lavado, la minería ilegal, los dineros del narcotráfico.

Obviamente que esta reforma tributaria sí va a tocar la canasta familiar…
Es cierto, los impuestos que la reforma llama “saludables” tienen un efecto importante en las personas de más bajos ingresos.

¿Y usted cree que va a generar un cambio en el hábito del consumo de esos bienes considerados no saludables?

No. La gaseosa, el salchichón, los embutidos, el roscón, todo eso es el desayuno, a veces el almuerzo o la comida de la mayoría, porque son los productos más baratos, no porque la gente crea que son los mejores.

¿No es un poquito ridículo que en una reforma tributaria se haga una lista y se diga que se van a gravar, por ejemplo, los merengues?
Sí, eso realmente no genera recaudos importantes, y va a generar fastidio de la gente del común. La importancia está en cómo generar dos o tres puntos del PIB de recaudo adicional, que sí requiere el país, cualquiera que sea el Gobierno.

Bajaron el objetivo del recaudo de 50 a 25,9 billones. ¿Eso qué le indica?
Que hay una preocupación. Es que extraer de la economía 25 billones, que son dos y medio puntos del PIB, tampoco es fácil. Eso sale de los bolsillos de alguien. Lo importante es que el mecanismo sea el más compatible con el crecimiento económico.

(Además puede leer: Reforma tributaria de Gustavo Petro: así golpearía la canasta familiar)

Hay que reconocer que la Dian ha hecho un avance importante con la factura electrónica, que hace más difícil evadir…
Ha hecho avances en varias cosas. La factura electrónica está en proceso de masificarse. Pero también se ha avanzado en gestiones de fiscalización automática. De control a la evasión ha habido avances importantes el año pasado, al igual que este año. Van por el camino correcto.¿Cómo afectará realmente la reforma a las personas naturales?

Se concentra la reforma en los que perciben más de 10 millones de pesos, porque todos los beneficios, exenciones, deducciones, ahora se limitan mucho más, y eso generará un incremento en la carga tributaria para las personas con ingreso entre 10 y 50 millones mensuales, de hasta el 67 %. Los de menos, salvo por los “impuestos saludables”, no tienen una afectación real.

Póngame un ejemplo de exenciones que ya no van o que se van a limitar muchísimo…
Antes uno tenía derecho a beneficios que podían sumar 191 millones de pesos al año por todo concepto, sean intereses, ahorros en fondos de pensiones, personas a cargo, por ejemplo. Eso se reduce a 46 millones de pesos al año. Entonces, los empleados verán que esos 145, que ya no tienen, van a ser base de mayor tributación, y tendrán que pagar mayor recaudo todos los meses. Esto es muy complejo, pero hay otras cosas que también me preocupan.

Entonces, ¿qué es lo que le preocupa?
El incremento de la ganancia ocasional, del 10 al 30 por ciento, o a la tarifa de la persona, que puede ser hasta del 39 %.

Deme un ejemplo en la práctica…
Por ejemplo, la venta de la casa, o de un inmueble que posee, del cual obtiene renta. Pasados dos, cinco, o diez años, cuando lo venda, pues de la utilidad que obtenga puede llegar a pagar tributos de entre el 10 y el 30 por ciento, o 39, inclusive. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene este apartamento, donde vive, y se quiere pasar al de enfrente, que es idéntico, pero tiene la luz del sol por la tarde y no por la mañana, no le van a alcanzar los recursos de la venta de este para comprar el mismo apartamento enfrente. Eso es lo complejo. Eso existió en el pasado. En la reforma del 74 ya pagábamos ese impuesto completo, lo cual generó informalidad y subescrituración de todas las escrituras, que vimos en el país por muchos años. Eso se corrigió cuando el impuesto bajó al 10 %. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Le permiten a la persona reinvertir, en otro activo igual, el dinero de la venta del anterior, sin pagar impuestos… La filosofía es muy clara: si poseo un apartamento y tengo que pasarme a otro, pues no me puedo quedar con la mitad de las posibilidades…

Pongamos este ejemplo: Si una persona compró su apartamento por 100 y lo vende por 200, ¿qué le pasa?
Le puede costar sobre los 100 de diferencia, 30 millones. Entonces, en vez de tener 200 para comprar el nuevo apartamento, ahora va a tener 170. Con la legislación anterior tenía 190. Esa diferencia es la que la gente va a empezar a sentir, porque le frena la capacidad de reponer los activos.

¿Y cuál sería la solución?
Mantener el impuesto de ganancias ocasionales bajo. Hay otro efecto de las personas naturales, que tampoco me gusta, aunque afecta menos a la gente de ingresos medios y bajos y es el impuesto al dividendo. Por ejemplo un empresario, dueño de una compañía, de un negocio, de un almacén, y que lo tiene organizado a través de una sociedad, recibe las utilidades… Estos son los ingresos medios y altos, pero ahí es donde está el corazón de muchos de los empresarios que mueven el país. A esos señores les están planteando que los dividendos se incrementen de una tarifa del 10 % a una que puede subir hasta el 39 %. Se podría llegar, en ciertos casos, a tener tasas de tributación del 104 % de las utilidades, si usted suma el ICA, el impuesto al patrimonio, el impuesto de renta de la sociedad, el 4 por mil y el impuesto al dividendo.

Es como una invitación a no hacer negocios en Colombia…
Sí. Lo que veo es que el objetivo de crecimiento económico, que debe tener todo país, no está plasmado en esta reforma tributaria. Hay propuestas alternativas muy creativas que permiten hacer más competitividad, y que le pueden dar 20 billones al Gobierno.

En la presentación de la reforma dijeron que no iba a afectar a las empresas. Pero resulta que a los empresarios sí…
Es correcto. Pero en las empresas sí hay algunos cambios. El descuento del ICA, un alivio muy importante, recomendado inclusive por expertos internacionales para hacer mucho más eficientes a los empresarios colombianos, desaparece en esta reforma. El otro problema es mantener un 4 por mil, que lo que hace es gravar la formalidad. Entonces, la mezcla del impuesto de la sociedad y el dividendo, junto con el ICA, el 4 por mil, y el impuesto al patrimonio, puede llegar hasta una tasa del 104 %.

Pongamos un ejemplo…
Usted monta un negocio que compra productos a 4.900 pesos para venderlos a 5.000, y entonces se gana 100. Pero cuando hace las cuentas, lo que pagó en impuestos la sociedad fue de 104 pesos. Es decir, no le quedó ni un peso de la utilidad; y encima, le tocó poner 4 pesos del patrimonio, para sostener el fisco. Es un desincentivo muy grande para la generación de negocios.

¿Y eso una persona tan inteligente como el doctor Ocampo no lo ha captado?

Creo que él lo tiene claro, pero lo que veo es que están esperando la reacción, para sentarse a ver de dónde van a obtener 20 billones de manera compatible con el crecimiento económico. El sector privado tiene que acercarse al Gobierno para decirle, nosotros ayudamos, pero busquemos un esquema compatible con el crecimiento de las compañías. Por ejemplo, acabando con el 4 por mil, permitiendo el descuento del ICA…

Perdone que lo interrumpa, pero, aunque hay la propuesta de aliviarlo, no pinta que el 4 por mil se vaya a acabar…
Hay un mecanismo, y es que se reste del impuesto de renta, lo mismo que el ICA. Si eso se hace, la tasa de tributación de las empresas se reduce sustancialmente y se aplana. A mí no me preocupa que en Colombia las empresas paguen 40 o 45 por ciento de impuesto de renta, si se les permite descontar el 4 por mil y el ICA. Es una redistribución de los impuestos al interior de la economía. Eso es lo que los empresarios tienen que ir a proponer. Porque el Gobierno lo que quiere son los recaudos, no acabar con las empresas.

Y reaparece el impuesto al patrimonio...
Sobre el que también tengo severas dudas y reparos.

Si una persona tiene una casita y una pensión, ¿van a sumarse las dos cosas para el impuesto al patrimonio?
Los primeros 450 millones de la casa no se gravan y la pensión tampoco, salvo que se ahorre.

¿No es un desaliento al ahorro?

De cierto nivel de personas. Esto empieza a afectar a partir de 2.700 millones de pesos de patrimonio, con una tarifa baja, y aplica la tarifa plena a partir de 4.600 millones. Así, los que tiran del coche de la economía, que son 40.000 personas, de acuerdo con los datos del Gobierno, con patrimonios altos, sí se van a ver afectados.

El impuesto al patrimonio no grava lo que la gente gana, sino lo que tiene…
Y muchas veces la gente no tiene una liquidez para atender el impuesto. Entonces, si usted tiene el apartamento de cuatro mil o de cinco mil, y no le está generando renta por las situaciones del país, a usted le toca ver cómo se endeuda en 40 millones, en 50, para pagar ese impuesto, porque no tiene el flujo para pagarlo.

Pero el presidente Petro dijo que la tributaria no iba a ser una reforma confiscatoria, y en esas circunstancias lo es...
Claro que sí. En el pasado, el país había optado por un impuesto a las sociedades, no a las personas. Las sociedades eran las que tributaban porque en ellas hay más facilidad de obtener recursos. Las personas naturales son dueñas de unas acciones, pero si no las puede vender, o son dueñas de una casa que no les genera renta, están en problemas. Lo que yo echo de menos de esta reforma es que no está conectada con el crecimiento económico. Que genera tasas de tributación conjuntas de todos los impuestos muy altas. Lo que busca de recaudos es posible con otra estructura de impuestos y con control a la evasión.

Entonces, ¿el impuesto al patrimonio no debería ir?

No. Yo creo en los impuestos a la utilidad. Si ganó, pague. Lo que es espantoso es decirles a las personas que tienen que pagar sin haber ganado. El que tiene una finca improductiva no entiende por qué tiene que pagar cien millones de pesos si la finca está rodeada por la guerrilla, si los productos no se los compran.

Y está el impuesto a las ventas por plataformas de internet…

Ahí el país está en un reto de competitividad que es muy grande. ¿Qué pasa hoy? Que las compras de internet de menos de 200 dólares llegan sin IVA y sin arancel a Colombia. Cuando usted quiere comprar unos tenis, por ejemplo, los encuentra por internet en 15 o 20 % menos que en un almacén nacional. Hay una competencia desleal: los empresarios que están en Colombia tienen que pagar IVA y arancel; si están fuera de Colombia y venden a través de Amazon o alguna de esas plataformas, no.

Inflación en Colombia.

 Entidades aún revisan detalles para la estrategia anunciada por el presidente Petro. Expertos dicen que efectividad está en ayuda a los vulnerables.




Inflación en Colombia.


El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo por medio de su cuenta de Twitter que, tras la subida de la inflación anual hasta el 11,44 %, el Gobierno ya viene trabajando en una serie de medidas para mitigar el alza de precios.

“El Gobierno profundizará su política anti -nflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la formula tarifaria de energía”, trinó el primer mandatario.


Sin embargo, estas políticas no tendrán un efecto inmediato sobre el impacto que ha imprimido la inflación en los bolsillos de los hogares, según señalan algunos expertos, y también, otras voces del gobierno aseguran que estos planes aún están en proceso.


“Realmente no hay una política estructural. Estrictamente no es un tema de Hacienda sino de todo el gobierno”, aclaró a Portafolio el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.


El titular de la cartera se ha referido en los últimos días al impacto de varias de estas medidas. “Esta reforma tributaria es para financiar el aumento del gasto social, si miramos el efecto conjunto de impuestos y gastos, es incluso ligeramente positivo”, dijo Ocampo tras la última junta del Banco de la República.

El ministro también se ha referido a las adiciones en el presupuesto del próximo año, como son los $2 billones para el sector agropecuario, o $1 billón para la lucha contra el hambre.


“En un monto de todas maneras modesto, tal vez el más considerable es el de la lucha contra el hambre, que es uno de los programas prioritarios del gobierno, y que tiene varias dimensiones, porque involucra no solo subsidios a hogares pobres, sino otros programas que lideran otros ministerios”, dijo Ocampo en días pasados.


Según la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, la entidad hace parte “de los esfuerzos interinstitucionales y las entidades que ha convocado el Presidente para que, bajo su orientación, se diseñe la política pública y el proyecto para enfrentar con urgencia el hambre en Colombia. Lo que se ha llamado Hambre Cero”.


Desde el Ministerio de Agricultura, por otro lado, se aseguró que se están haciendo los ajustes finales al programa para fomentar el acceso a los insumos agropecuarios. Con este, según la cartera, se beneficiarán pequeños productores de 24 tipos de alimentos, y el incentivo consiste en devolverles un 20% del valor de los insumos que compren.


“Desde el Ministerio de Agricultura se espera que este aporte tenga una repercusión positiva en el precio final de venta de los alimentos. Para este programa están destinados $80.000 millones y ya se está gestionando el crédito por US$50 millones con el Banco Mundial para continuar con estos incentivos el próximo año”, aseguró el Ministerio a este medio.


De otra parte, el Gobierno viene avanzando desde el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el cambio de algunos componentes de la fórmula con que se calculan las tarifas de la energía, debido a los incrementos que ha tenido el servicio en los últimos meses.



Presidente Gustavo Petro

Los impactos


Los expertos reconocen los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno, pero también destacan que la inflación es un fenómeno que depende de muchos factores.


“Las medidas que Petro plantea son de contingencia, reactivas, buscando controlar el efecto en los alimentos, sobre todo en la población rural, y es una compensación, pero medidas de la compensación al ciudadano siempre ha habido”, aseguró Beethoven Herrera, profesor emérito de la Universidad Nacional y del Externado.


El experto asegura que “el Gobierno no tiene control de la inflación”, pues esta tiene un componente internacional que no manejamos a nivel local, desprendido de la invasión a Ucrania y lo que ha ocurrido en el encarecimiento a los granos y combustibles.


Frente a los apoyos anunciados por el Gobierno, Herrera asegura que deben ser algo transitorio. “Nadie ha dicho que eso va a bajar los precios, pero esos sectores tendrán ayudas que les ayudarán a mitigar el impacto. Las medidas deben diseñarlas, financiarlas, implementarlas, eso va a tardar varios meses y aún no ha comenzado”, dijo.


Por otra parte, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit, calificó como algo ‘muy bueno’ que el Gobierno “piense en medidas para el corto plazo y la inflación de alimentos y energéticos”.


Según el economista, el “chaparrón” de la inflación alta lo pasaremos, pero aquellos con menores ingresos lo sentirán mas fuerte y estarán en situación más precaria. “Lo importante es que sean efectivas, no en reducir la inflación, sino en ayudar a los de menores ingresos a 'capotear' los mayores precios”, dijo el experto sobre las medidas.

viernes, octubre 28, 2022

Corte señala que estabilidad laboral reforzada de una mujer en embarazo opera sin importar el tipo de vínculo de trabajo que tenga.

 


En el presente asunto concurren los requisitos definidos en la jurisprudencia constitucional para la protección de la mujer gestante en el contrato de prestación de servicios. Esta protección está sustentada en el mandato de especial protección para la mujer durante el embarazo y después del parto y la prohibición general de discriminación

Bogotá, 7 de octubre de 2022

Boletín No. 114

Sentencia T-329-22

La Corte Constitucional advirtió que la protección reforzada de la mujer en estado de embarazo opera con independencia de la alternativa laboral a través de la cual se encuentre vinculada.

El pronunciamiento fue hecho al estudiar la tutela que presentó una mujer, cabeza de familia y víctima del conflicto armado, contra la administración de un municipio porque este no renovó un contrato suscrito para la prestación de servicios, pese a que la accionante solicitó la prórroga del mismo por encontrarse en estado de embarazo.

La entidad negó su solicitud con el argumento de que la estabilidad laboral reforzada no significa una imposibilidad de concluir el vínculo jurídico o la permanencia indeterminada en el empleo. Además, la entidad sostuvo que no existía una relación de subordinación, el objeto del contrato era temporal y la accionante solo informó de su embarazo un día antes de la terminación del contrato.

La Sala Novena de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, señaló que son tres los elementos que permiten determinar si procede la protección reforzada a la mujer gestante en el marco de un contrato de prestación de servicios: que el contratante conozca el estado de gestación, que el objeto del contrato persista, y que el empleador no cuente con el permiso del inspector del trabajo para dar por terminado el contrato.

En este caso, la Sala encontró acreditados los tres elementos. En primer lugar, porque la ciudadana efectivamente informó al municipio su estado; en segundo lugar, la misma entidad reconoció que con posterioridad a la terminación del contrato suscrito con la accionante se han realizado nuevas contrataciones para desarrollar lo mismo que ella hacía; y, en tercer lugar, el empleador no contaba con la autorización del inspector del trabajo para terminar el vínculo.

“En el presente asunto concurren los requisitos definidos en la jurisprudencia constitucional para la protección de la mujer gestante en el contrato de prestación de servicios. Esta protección está sustentada en el mandato de especial protección para la mujer durante el embarazo y después del parto y la prohibición general de discriminación”, explicó la Corte.

El fallo otorgó 15 días al municipio para pagar los honorarios dejados de percibir por la accionante desde la fecha de no renovación del contrato de prestación de servicios hasta la fecha de terminación del periodo de lactancia. Adicionalmente, la sentencia ordenó a la entidad realizar el pago por concepto de indemnización por despido discriminatorio contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Medidas anti-inflación del Gobierno de qué dependerá que funcionen?

 Entidades aún revisan detalles para la estrategia anunciada por el presidente Petro. Expertos dicen que efectividad está en ayuda a los vulnerables.



Inflación en Colombia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo por medio de su cuenta de Twitter que, tras la subida de la inflación anual hasta el 11,44 %, el Gobierno ya viene trabajando en una serie de medidas para mitigar el alza de precios.
“El Gobierno profundizará su política anti -nflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres, y el cambio de la formula tarifaria de energía”, trinó el primer mandatario.

Sin embargo, estas políticas no tendrán un efecto inmediato sobre el impacto que ha imprimido la inflación en los bolsillos de los hogares, según señalan algunos expertos, y también, otras voces del gobierno aseguran que estos planes aún están en proceso.

“Realmente no hay una política estructural. Estrictamente no es un tema de Hacienda sino de todo el gobierno”, aclaró a Portafolio el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

El titular de la cartera se ha referido en los últimos días al impacto de varias de estas medidas. “Esta reforma tributaria es para financiar el aumento del gasto social, si miramos el efecto conjunto de impuestos y gastos, es incluso ligeramente positivo”, dijo Ocampo tras la última junta del Banco de la República.


El ministro también se ha referido a las adiciones en el presupuesto del próximo año, como son los $2 billones para el sector agropecuario, o $1 billón para la lucha contra el hambre.

“En un monto de todas maneras modesto, tal vez el más considerable es el de la lucha contra el hambre, que es uno de los programas prioritarios del gobierno, y que tiene varias dimensiones, porque involucra no solo subsidios a hogares pobres, sino otros programas que lideran otros ministerios”, dijo Ocampo en días pasados.

Según la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, la entidad hace parte “de los esfuerzos interinstitucionales y las entidades que ha convocado el Presidente para que, bajo su orientación, se diseñe la política pública y el proyecto para enfrentar con urgencia el hambre en Colombia. Lo que se ha llamado Hambre Cero”.

Desde el Ministerio de Agricultura, por otro lado, se aseguró que se están haciendo los ajustes finales al programa para fomentar el acceso a los insumos agropecuarios. Con este, según la cartera, se beneficiarán pequeños productores de 24 tipos de alimentos, y el incentivo consiste en devolverles un 20% del valor de los insumos que compren.

“Desde el Ministerio de Agricultura se espera que este aporte tenga una repercusión positiva en el precio final de venta de los alimentos. Para este programa están destinados $80.000 millones y ya se está gestionando el crédito por US$50 millones con el Banco Mundial para continuar con estos incentivos el próximo año”, aseguró el Ministerio a este medio.

De otra parte, el Gobierno viene avanzando desde el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el cambio de algunos componentes de la fórmula con que se calculan las tarifas de la energía, debido a los incrementos que ha tenido el servicio en los últimos meses.


Presidente Gustavo Petro

CORTESÍA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Los impactos

Los expertos reconocen los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno, pero también destacan que la inflación es un fenómeno que depende de muchos factores.

“Las medidas que Petro plantea son de contingencia, reactivas, buscando controlar el efecto en los alimentos, sobre todo en la población rural, y es una compensación, pero medidas de la compensación al ciudadano siempre ha habido”, aseguró Beethoven Herrera, profesor emérito de la Universidad Nacional y del Externado.

El experto asegura que “el Gobierno no tiene control de la inflación”, pues esta tiene un componente internacional que no manejamos a nivel local, desprendido de la invasión a Ucrania y lo que ha ocurrido en el encarecimiento a los granos y combustibles.

Frente a los apoyos anunciados por el Gobierno, Herrera asegura que deben ser algo transitorio. “Nadie ha dicho que eso va a bajar los precios, pero esos sectores tendrán ayudas que les ayudarán a mitigar el impacto. Las medidas deben diseñarlas, financiarlas, implementarlas, eso va a tardar varios meses y aún no ha comenzado”, dijo.

Por otra parte, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit, calificó como algo ‘muy bueno’ que el Gobierno “piense en medidas para el corto plazo y la inflación de alimentos y energéticos”.

Según el economista, el “chaparrón” de la inflación alta lo pasaremos, pero aquellos con menores ingresos lo sentirán mas fuerte y estarán en situación más precaria. “Lo importante es que sean efectivas, no en reducir la inflación, sino en ayudar a los de menores ingresos a 'capotear' los mayores precios”, dijo el experto sobre las medidas.

En qué casos los herederos deben responder por las deudas que deja un difunto?

 



Deudas pendientes se deben saldar antes de repartir el patrimonio y quienes heredan pueden hacerlo con beneficio de inventario

Cuando hay una muerte de por medio, es normal que quienes sobreviven hagan cuentas de la herencia que recibirán, sin tener presente, muchas veces, que las deudas pendientes también hay que pagarlas, aunque no se trate en estricto sentido de algo que se hereda.

El fallecimiento de una persona no extingue sus deudas; estas se convierten en obligaciones que se saldan con el patrimonio que dejó el difunto. Este último abarca, además de los bienes, dinero o propiedades de una persona, sus obligaciones pendientes.

Sin embargo, eso no quiere decir que las deudas se hereden; más bien que, al momento de hacer la sucesión, se pagan primero con cargo al patrimonio y los herederos se reparten el remanente, de acuerdo a las disposiciones del difunto y lo establecido en la ley.

Al respecto el artículo 1016 del Código Civil establece que en toda sucesión, “para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios: las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión; las deudas hereditarias; los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria; las asignaciones alimenticias forzosas; y la porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley”.

Esto es así porque se entiende que, para los acreedores, el patrimonio del deudor es la garantía, por lo que hay que saldar esas obligaciones antes de entrar a distribuir lo que hay, a menos que haya alguna suerte de seguro, como sucede con algunas entidades financieras.

Es importante aclarar que a cargo de la sucesión solamente se pueden cobrar las deudas que estén debidamente soportadas, a través, por ejemplo, de una letra de cambio, un pagaré o un contrato.

Ahora, puede pasar que las deudas del difunto superen el patrimonio que deja, caso en el que los herederos pueden optar por aceptar lo que les corresponde con beneficio de inventario. Este consiste en “no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes, que han heredado”, dice el artículo 1304 del mencionado código.

Eso, en otras palabras, quiere decir que es posible aceptar la herencia y responder hasta por el monto que se recibe. Por ejemplo, si usted recibió bienes por $100 millones, pero las deudas suman $150 millones, tendrá que asumir obligaciones hasta por $100 millones.

Esto es importante porque, al recurrir a esta figura, los acreedores no pueden perseguir el patrimonio personal de los herederos, en cuanto el respaldo de las deudas es la masa sucesoral, así ello implique que pierdan un pedazo de la acreencia, si no hay suficiente en el patrimonio del difunto para saldarla.

jueves, octubre 27, 2022

En la práctica, será difícil subir las cotizaciones a pensiones de los salarios más altos

 


El Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador que reglamenta la ampliación en el tope de los aportes a pensión

El Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta la ampliación en el tope de los aportes a pensión, que podría pasar de 25 a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la actualidad, la base de cotización de pensión, que debe ser la misma de salud, no puede ser menor a un salario mínimo ni exceder los 25. Sin embargo, el año pasado el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional emitir la reglamentación para ampliar el tope.


Esto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 797 de 2003, que estableció que el límite podía aumentar hasta 45, previa reglamentación. La idea detrás de esto es que quienes actualmente aportan sobre 25 no reciben una mesada pensional por ese monto.

“El Gobierno está conminado por el Consejo de Estado a regular las condiciones en las que la base de cotización máxima se incremente a 45 salarios mínimos”, dijo Carlos Hernán Godoy, socio de Godoy Córdoba.

De acuerdo con el documento publicado, la base de cotización se ampliará a máximo 45 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: “que el crecimiento real de la economía colombiana sea superior a 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales; y el gasto fiscal en pensiones sea inferior a dos puntos porcentuales del PIB”.



Eso, en otras palabras, quiere decir que quienes hacen parte de este grupo de trabajadores deberán empezar a hacer aportes sobre su ingreso mensual real, siempre y cuando se cumplan esos dos supuestos macroeconómicos. Ahora, ¿qué tan viable es que se materialicen y, en consecuencia, aumente la base de cotización?

Para Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, altamente improbable, no solo porque “no es tan fácil” tener un crecimiento de 4% por tres vigencias fiscales, sino especialmente por el supuesto de gasto fiscal en pensiones.

“Eso es casi imposible, porque hoy en día es muchísimo más alto. Además, si el Gobierno logra su objetivo de introducir una pensión de subsistencia para los adultos mayores que hoy no están cobijados por el sistema de pensiones, podría costar tres o cuatro puntos del PIB”, por lo que es muy difícil que el gasto estatal en pensiones baje de dos puntos, dijo.

Eso, agregó Godoy, quiere decir que el Gobierno, en la práctica, eligió “un camino que podríamos denominar utópico para cumplir con la conminación del Consejo de Estado, de manera que no se materialice el ajuste por el impacto que podría tener en las cifras de subsidios a las altas pensiones”.

De hecho, en el análisis de impacto que presentó el Ministerio de Hacienda con el Decreto, se señala que el efecto neto de la medida sería “fiscalmente positivo los primeros cuatro años de la proyección y se vuelve deficitario a partir del quinto año. El valor presente del impacto neto es de $3,5 billones en el horizonte hasta 2060”.

Lo anterior, sumado a que sería “altamente regresivo”, por el subsidio que reciben las pensiones altas, y no genera un aumento en la cobertura del sistema pensional. Según Hacienda, con los recursos que se necesitarían para aumentar la base de cotización a 45 salarios mínimos se podría aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor en aproximadamente 5.314 cupos el primer año de la proyección. La cifra podría llegar a unos 282.000 cupos adicionales para 2060. “La medida siempre será regresiva dado que beneficiará a los pensionados de más altos ingresos del sistema”, concluye el documento de la cartera.

La actualización y modernización de la Ley 43 de 1990 era una necesidad

 


Para Héctor Jaime Correa, el proyecto de modernización de la Ley 43 de 1990 representa un momento histórico para la profesión del contador público.

Es un piloto que servirá como guía y se replicará en los demás países de la región.

Se dice que podría estar conformado por 60 artículos.

Héctor Jaime Correa, presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad –AIC–, quien hizo parte de los comités que presentaron el proyecto de ley para la reforma de la profesión del contador público, afirmó en #CharlasConActualícese que se trabajó por cerca de dos años para lograr la modernización de la Ley 43 de 1990, siempre pensando en la proyección de la profesión:


La modernización y actualización de la Ley 43 de 1990 era una necesidad. Hay muchos aspectos que de esta no se tocaron, pero quedaron registrados en la Ley 1314 de 2009. Este ha sido un trabajo arduo.

Destacó que también se está trabajando en un proyecto relacionado con la revisoría fiscal, tema que es más antiguo que la contaduría pública. La idea es consolidar lo que se ha venido trabajando en temas relacionados tanto con la revisoría fiscal como de la profesión contable:

Este es un proyecto muy importante para la profesión, es un momento histórico. Es un reto grande de la contaduría pública en Colombia que será un piloto y se replicará en los demás países de la región.

Hemos quedado satisfechos con lo que se ha presentado. La responsabilidad es muy grande, pero a través de la Ley 43 de 1990 maduramos para presentar este proyecto de ley. A través de este proyecto se han retomado, modificado y hecho propuestas alrededor de diversos ítems de la profesión.

Correa tiene palabras de agradecimiento para el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien cuando ocupó el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo impulsó a los contadores públicos del país para que se unieran y trabajaran en este proyecto.

Se busca que el CTCP y la JCC pasen a ser parte de un nuevo organismo contable
“La propuesta es que el CTCP y la JCC, entidades del Estado, pasen a manos de la profesión en un nuevo organismo”

Correa destaca que en el proyecto para la reforma de la profesión del contador público se presentó una propuesta de gobernanza para la profesión. “La idea es que la contaduría pública tenga su propio gobierno, donde sus pares se encarguen de evaluar todo lo que la rodea”, explica.La propuesta es que el CTCP y la JCC, entidades del Estado, pasen a manos de la profesión en un nuevo organismo que haría las funciones que realizan estas dos entidades:

En este nuevo organismo se abordarían temas relacionados con las Normas Internacionales de Auditoría, las Normas de Aseguramiento de la Información, y por supuesto los temas contables en general; todo lo anterior supervisado por el Gobierno nacional.

Quienes hagan parte de nuevo organismo recibirían una remuneración.
¿Qué sigue para el proyecto de modernización de la Ley 43 de 1990?

Correa afirma que ya se inició un proceso de lobby en el Congreso de la República, con los profesionales contables que están allí, y puede ser un espaldarazo para que el proyecto se convierta en ley. “Esperamos que nos ayuden a empujar este proyecto, aunque se venga un año electoral”.

Dice que hasta el 30 de noviembre de 2021 se estarían recibiendo los comentarios de los profesionales que quieran aportar a la propuesta presentada:

Esperamos todos los aportes de las personas que están tanto en Colombia como en el exterior, quienes han mostrado su interés en participar en este proceso.

La idea es que en diciembre de este año se socialicen los comentarios recogidos. Piensa que el proyecto de modernización a la Ley 43 de 1990 podría estar conformado por cerca de 60 artículos.

El Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Comercio y Hacienda, presentaría el proyecto de ley, pero antes sería estructurado de forma jurídica para que no presente problemas durante su socialización y exposición.

Desde el Gobierno nacional se revisaría el proyecto de ley para no caer en vicios de inconstitucionalidad, para luego radicarlo en el Congreso de la República y así debatirlo.