Colombia ocupa el quinto lugar en el Índice de Inclusión Financiera hecho por Credicorp

 

Las puntuaciones del país reflejaron 57,3 en calidad percibida, 34,8 en acceso y 22,8 en uso para un total de 38,3 sobre 100 puntos

Con un puntaje de 38,3 sobre 100, Colombia ocupó el quinto puesto dentro del ranking del Índice de Inclusión Financiera (IIF) realizado por el Grupo Credicorp, holding financiero líder en el Perú.

Con calificaciones de 57,3 en calidad percibida, 34,8 en acceso y 22,8 en uso, desde una perspectiva comparativa con los demás mercados, el país alcanzó algunas de las puntuaciones destacadas en calidad y acceso, pero se ubicó por debajo de la media en uso.

Para la construcción del IIF se consideraron tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida. Así mismo, se definió una escala de 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera.

Según el IIF, el promedio obtenido por los siete países analizados es de 38,3. Panamá registró el mayor puntaje con 52,2. Le siguen Chile (51.6), Ecuador (46.9), Bolivia (38.9), Colombia (38.3), Perú (37.9) y México (35.0).

Calidad percibida

Colombia destaca entre los tres países con mejor puntuación en la dimensión de calidad percibida: Panamá (68.0), Ecuador (67.2) y Colombia (57.3). Esta dimensión analiza la confianza y calidad de los productos financieros disponibles.

En un rango de uno a cinco, los colombianos calificaron la confianza en su sistema financiero formal con un promedio de 2,95, ubicándose ligeramente por encima del promedio alcanzado por los siete países del IIF (2,92).

Colombia también destaca en la medición que se hace sobre la utilidad de los medios digitales con una evaluación de 3,55 en una escala del uno a cinco, y es el tercer país con mejor evaluación en esta categoría, luego de Panamá (4.20) y Chile (3.61).

Entre los productos financieros digitales, Colombia es el segundo país que mejor valora la utilidad de las billeteras móviles, pues 47% considera que son canales financieros muy buenos o buenos.

Acceso

Esta dimensión del IIF toma en consideración la infraestructura financiera, el conocimiento y la tenencia de productos de ahorro o seguro. Colombia destaca, pues 93% de los colombianos cuenta con algún tipo de producto de este tipo y 85% conoce, al menos, un producto financiero formal.

Los productos más conocidos son la cuenta de ahorros o corriente, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Además, 50% de los colombianos conoce sobre las billeteras digitales o las cuentas conectadas al teléfono.

Según Credicorp, se observa que 10% tiene un producto de crédito con entidades formales, mientras que 22% cuenta con productos informales (prestamistas, familiares o conocidos, grupos o juntas) y 68% no posee ningún producto crediticio.

Un dato que resalta es que 65% de los colombianos percibe, al menos, una barrera para tener productos financieros. Entre las personas que no tienen productos de ahorro o seguro, 52% señala que no cuenta con recursos suficientes, mientras que 18% considera que no le interesa y 12% afirma que no lo necesita.

Uso

En esta dimensión se analiza la información sobre las transacciones básicas, ingresos y ahorros. El IIF reveló que 58% de los colombianos no utiliza medios bancarizados para pagar por productos o servicios.

También, existe un alto uso de efectivo para comprar alimentos (98% de los colombianos), productos del hogar (97%), productos para uso personal (98%), pagar créditos (72%), entre otros. 72% de los colombianos no usa ningún producto financiero al mes. En promedio, un colombiano utiliza 3,7 productos financieros al mes, muy por debajo de la media regional (5,86).

Adicionalmente, 32% de los colombianos realizó transferencias de dinero a través de medios formales, durante el último año. De las personas que realizaron transferencias, 46% lo hizo a través de una billetera móvil, 45% a través de agencias, agentes o cajeros y 44% la hizo de manera personal a través de familiares o conocidos.

Finalmente, 11% de los colombianos señaló que ahorra a través de medios formales, mientras que 10% no cuenta con medios formales de ahorro. 79% de los colombianos señaló que no ahorra. De las personas que ahorran, 46% lo hace a través de una cuenta a nombre propio mientras que 43% lo hace en una alcancía o debajo del colchón.

Según concluyó el estudio, respecto a la primera variable se evidenció que, a mayor nivel educativo de las personas, mayor inclusión financiera. Por ejemplo, quienes tienen estudios universitarios alcanzan un puntaje de 55,1, por encima de aquellos con estudios técnicos (45,5) o de educación secundaria (36,4).

Respecto al género, los datos expresan que los hombres tienen una mayor inclusión financiera frente a las mujeres, con puntajes de 41 y 35,9, respectivamente.

En relación con la edad, las personas mayores suelen tener menores niveles de inclusión: para el rango de edad entre 26 y 42 años el puntaje es 42, mientras que para los mayores de 60 años el puntaje es de 29,6.

Por último, de acuerdo con el IIF, vivir en ámbitos rurales y urbanos es un condicionante de la inclusión financiera en todos los países, principalmente en la dimensión de uso, en la que se observa una diferencia de 11 puntos entre el ámbito urbano (26,9) y el ámbito rural (15,9).

Colombia ocupa el quinto lugar en el Índice de Inclusión Financiera hecho por Credicorp (larepublica.co)

Tributaria: el 40% de las proposiciones tocan subsidios y exenciones

 Las propuestas de los congresistas abogan por mayores estímulos al empleo, tarifa diferencial de renta para pymes y algunas reducciones en impuestos.

Hay alrededor de 160 proposiciones radicadas, si bien algunas de ellas se repiten.

Aunque el proyecto de reforma tributaria fue radicado ante el Congreso hace menos de tres semanas, los congresistas han estado trabajando en su propia agenda de proposiciones y cambios para colgar en el proyecto para cuando arranquen las discusiones.

De acuerdo con la ultima actualización publicada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, encargada de agrupar las propuestas, hay alrededor de 160 proposiciones radicadas, si bien algunas de ellas se repiten.

Portafolio revisó el contenido de estas proposiciones e identificó cuáles son los principales focos de los congresistas y cómo afectarían los gastos del gobierno, pues con la reforma se apunta a recaudar $15,2 billones.

De estas propuestas, 33 de ellas tienen una relación directa con artículos sobre subsidios, aproximadamente 20,6% del total de las proposiciones.

Mientras que otras 31 hacen referencia a posibles exenciones o beneficios tributarios, 19,3% del total. De modo que 39,9% de las proposiciones radicadas implicarían mayores gastos o menores ingresos para la Nación.

Buena parte de las propuestas se relacionan con el articulo 22 del proyecto, referente al incentivo para la creación de nuevos empleos, que propone un subsidio de 25% de un salario mínimo cuando se contraten jóvenes entre 18 y 28 años que devenguen menos de un mínimo, y de 10% cuando el salario sea de 3 salarios mínimo.

Por el momento hay 10 propuestas que buscan modificarlo, lo que equivale a 6,2% de las proposiciones presentadas.

Entre los cambios que se persiguen desde diferentes partidos está, que si se contratan trabajadores mujeres los incentivos sean respectivamente de 27% y 12%, otra proposición aboga por esto mismo pero son subsidios del 27% y 17%, y hay dos que buscan que el subsidio para el caso de los 3 salarios sea del 15% si se aplican criterios de inclusión femenina.

Todo esto implicaría mayores recursos del Gobierno. Además, otras propuestas buscan que el incentivo a la creación de nuevos empleos llegue a municipios con altas tasas de desempleo juvenil, y que si los jóvenes no residen en el municipio donde trabajan el subsidio ascienda a 30%.

En materia de subsidios, otro artículo para el que se estaría buscando financiación adicional es el 23, Matrícula Cero, pues hay una propuesta que aboga por la creación de una línea de garantías del 100% subsidiadas para beneficiarios del Icetex; otra que pide un esquema de transferencias para apoyar a los beneficiarios del programa con gastos como transporte, alimentación y adquisición de material educativo, y también que las instituciones no exijan el pago de conceptos de derecho de matrícula e inscripción.

Incluso hay un paquete de 14 propuestas presentadas desde el Partido Verde que busca reemplazar el Ingreso Solidario por una Renta Básica, donde el monto que se asignaría sería determinado por la línea de pobreza monetaria, con un aumento de 4,4% por cada integrante del hogar.

Y se propone que se financie con recursos del Fome, con emisión de títulos del gobierno, reducción del costo del servicio de deuda y la inaplicación de los descuentos y rebajas de tarifas del IVA e impuesto de renta previstos por la Ley 2010 de 2019.

Entre otras de las propuestas de subsidios destaca un apoyo económico de reapertura para pequeños empresarios, que sería un subsidio único hasta por 5 SMMLV para negocios y o empresas que por la pandemia hayan cerrado entre marzo 2020 y marzo 2021, radicada por cuatro congresistas del partido Mira.

LAS EXENCIONES

Del otro lado un grupo importante de iniciativas apuntan a modificar el artículo 7 del proyecto, que establece una tarifa general de renta para las personas jurídicas del 35%, y de tres puntos adicionales para las instituciones financieras.

Algunas propuestas sugieren que la tarifa se fije en 27% cuando la base gravable sea inferior a 13.770 UVT y en 35% cuando esté por encima de ese rango, otra apunta a que la tarifa de las Mipyme sea 33%.

También hay una proposición enfocada a un desmonte gradual en la renta de las empresas, de 33% en 2022, 34% en 2023 y 35% desde 2024; otra con rangos entre 15% y 35% según el tamaño de la empresa, e incluso que en el departamento del Amazonas esta tarifa quede en 30%. Esto afectaría la meta de recaudo del Gobierno.

Por el lado del IVA hay una propuesta que busca que la exención en los insumos del agro pase de productos por debajo de los 80 UVT a 100 UVT, y que se incluya en la exención a servicios turísticos en el territorio nacional cuyo precio de venta sea inferior a 20 UVT, ya sean de transporte aéreo, reservas hoteles, centros vacacionales, parques temáticos, entre otros.

Otros estímulos buscan que los servicios de expendio de comidas y bebidas queden exentos de la sobretasa al sector eléctrico hasta 2022, lo que representaría $58.572 millones, que las entidades territoriales que entre las vigencias 2021, 2022 y 2023 superen límites de gasto por la pandemia no sean sujetas a medidas por incumplimiento, incluir conciliaciones contencioso-administrativas en materia tributaria ante la Dian y que las obras complementarias a la Vía al Llano puedan hacerse por el mecanismo de obras por impuestos.

OTRAS DE LAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA

Dentro de las proposiciones que se han presentado algunas buscan incrementar el recaudo por medio de eficiencias en procesos de entidades como la Dian, el Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

También hay propuestas en torno al impuesto al patrimonio, a las bebidas ultraprocesadas y a También se propone la creación de una comisión de expertos en educación superior, y una para la reducción del gasto público. Además de una cuota femenina en el Comité Autónomo de Regla Fiscal.

Se propuso que el Día Sin IVA aplique a pagos en efectivo y quitar exenciones a algunos medicamentos.

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Evasores se podrán favorecer con el impuesto para normalizar los tributos de la Dian

 

Algunos expertos señalaron que quienes evaden impuestos pagarían una tarifa inferior a quienes sí cumplen con sus obligaciones

Una de las fuentes de recaudo que propuso el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley de inversión social fue el impuesto de normalización tributaria. Aunque este generaría un recaudo de $300.000 millones en 2021 y de $460.000 millones en 2022, algunos expertos aseguran que la medida se debería eliminar, pues esta da un tratamiento más favorable a los evasores que a quienes cumplen con la ley y pagan sus impuestos.

Según se estableció en el articulado, quienes se acojan a la medida podrán pagar una tarifa de 17% por normalizar sus bienes, una cifra que es mucho menor a la que deben pagar, legalmente, las empresas en Colombia.

“Una empresa obtuvo utilidades en Colombia, si hubiera cumplido con la ley, habría pagado el impuesto a la renta sobre esas utilidades con una tarifa de 31%. Pero si en vez de eso escondió las utilidades, lo que ahora el Gobierno le ofrece es traerlas a la legalidad pagando 17%, que es bastante menos que 31%, e incluso puede llegar a 8,5% dados los mecanismos de valoración del patrimonio que se establecieron”, aseguró Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Frente a la medida propuesta, el senador Wilson Arias aseguró que esta premiaría a los evasores y que estos deberían pagar, por lo menos, la misma tarifa que pagan las empresas, que es de 31% y aumentaría a 35% de ser aprobada la reforma.

De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Javeriana, la diferencia entre estas dos tasas de tributación puede enviar la señal a los evasores de impuestos de que cumplir con las obligaciones tributarias es un mal negocio.

Reyes explicó que el tratamiento de la normalización tributaria incentiva la evasión por parte de las personas que poseen más altos ingresos y patrimonios.

“Incentiva un tipo específico de evasión, la que hacen las personas de más altos ingresos y patrimonios, porque las manipulaciones contables y tributarias que hay que hacer para esconder capitales del país no son algo que sea accesible para una persona de a pie, no lo es para un trabajador y tampoco para una empresa que no tenga un nivel contable y tributario sofisticado. Entonces es un tratamiento preferencial a los evasores de altos ingresos”, dijo el director del Observatorio.

En ese sentido, la entidad aseguró que ese impuesto no debería ser aprobado en el paso del articulado por el Congreso de la República.

Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes y docente de la facultad de Economía, aseguró que la normalización tributaria no puede convertirse en “el mensaje a los evasores de que siempre habrá otra oportunidad para recibir un indulto por el desfalco al fisco”.

Así, dijo que, de ser aprobada la propuesta, el castigo a quienes cometan este tipo de evasión tributaria debe ser más severo.

“Acudir a esa zanahoria, por lo, tanto debe acompañarse con el garrote de consecuencias serias, incluso penales, que hoy solo aparecen para desfalcos multimillonarios y en una regulación sin dientes”, señaló Fergusson.

Más allá de la discusión, el Gobierno ya ha aprobado el impuesto de normalización tributaria en tres ocasiones, para los años gravables 2018, 2019 y 2020, en los cuáles se ha generado un recaudo total de $1,7 billones; por lo que falta analizar cómo tratarlo a futuro.

De ser aprobado en su paso por el Congreso, con este impuesto se recaudarían $760.000 millones entre este y el próximo año, recordando que el monto de bienes no declarados en el exterior es cercano a los $4,6 billones.

En 2020, más de 4.700 contribuyentes se acogieron a la normalización

De acuerdo con las cifras de la Dian, en 2020 más de 4.700 contribuyentes se acogieron a la normalización tributaria, a través de la cual se reportaron activos omitidos por $4,4 billones, se sanearon $311.000 millones y se reportaron pasivos inexistentes por $188.000 millones.

En total, esta normalización tributaria le generó a la Dian unos ingresos por $627.000 millones, una cifra que es inferior al recaudo que se alcanzó en 2019.

Evasores se podrán favorecer con el impuesto para normalizar los tributos de la Dian (larepublica.co)

La herramienta Radian mejorará la liquidez para las pequeñas y micro empresas

 

El vicepresidente jurídico de Asobancaria dijo que así se permitirá que el sector financiero tenga más confianza a la hora de dar liquidez

Durante el foro de lanzamiento de la nueva herramienta de factoring electrónico de la Dian, Radian, varios expertos señalaron el papel que jugará la iniciativa en medio de la reactivación empresarial.

Por su parte, Rosmery Quintero, la presidente de Acopi, dijo que si bien 70% de las micro y pequeñas empresas tuvieron problemas de liquidez en la pandemia, la herramienta que lanzó la Dian, y que se podrá utilizar a partir del 18 de agosto, le permitirá a las empresas tener mayor liquidez.

“El factoring es una opción para contar con recursos necesarios y tomar las decisiones con capacidad de negociación”, dijo Quintero.

De hecho, el gerente de factura electrónica de la Dian, Mario Márquez, explicó que Radian funcionará como una fuente de financiación para las empresas, en el sentido en que estas podrán vender facturas, como títulos valores, de manera digital.

“Solamente 1% del factoring ha tenido penetración en Colombia. Nosotros soñamos que esto trascienda a las Pyme que son las que necesitan fuente de financiación”, anotó el gerente.

En esa misma línea, Natalia Arias, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que Radian permitirá que las pequeñas empresas puedan acceder al sistema financiero, a través de las facturas electrónicas.

“Soñamos con que el pequeño empresario de manera autónoma, pueda vender un producto y que pueda ir a un mercado electrónico masivo donde todo el mundo está participando, sector financiero tradicional y no tradicional, y subir su factura, ver qué oferta hay y a que tasa le puedan descontar”, dijo Arias.

El vicepresidente jurídico de Asobancaria, José Manuel Gómez, aseguró que esta herramienta permitirá que el sector financiero tenga más confianza a la hora de dar liquidez a la pequeña empresa.

La inflación de julio fue de 0,32% explicada por alojamiento, servicios, restaurantes y hoteles

 

El más reciente informe del Dane reveló que la variación del IPC año corrido fue 3,47% y la anual se acerca a 4% (3,97%)

El Dane informó que en julio de 2021 la variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) fue 0,32%, una cifra que dista del dato de 0,00% registrado en julio de 2020.

La variación anual (julio 2020-julio 2021) de la inflación fue 3,97%%, es decir, 2 puntos porcentuales más alta que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,97%.

En cuanto al dato del encarecimiento de los precios en lo corrido del año (primeros siete meses del año), la variación asciende a 3,47%. Esto es 2,35 puntos porcentuales más altos que el mismo período del año pasado.

Según se explica en el comunicado del Dane, el comportamiento mensual del IPC total en julio de 2021 (0,32%) se explicó principalmente se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (0,80%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,38%).

"La división DE Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,38%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: tomate de árbol (5,25%), huevos (4,22%) y condimentos y hierbas culinarias (4,17%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: cebolla (-14,67%), papas (-10,68%) y tomate (-5,71%)", indicó el informe del Dane.

Comportamiento del IPC anual

El comportamiento anual del IPC total en julio de 2021 (3,97%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

"La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 9,81%, siendo esta la mayor variación anual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: aceites comestibles (34,59%), huevos (31,26%) y hortalizas y legumbres frescas (26,18%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (-30,30%), cebolla (-26,60%) y plátanos (-16,95%)", explicó el Dane.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 6,07%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,34%), bebidas (6,60%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,43%). La mayor única de precio se reportó en la subclase: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (-10,03%).

Comportamiento del IPC año corrido

El Dane explicó que el comportamiento año corrido del IPC total en julio de 2021 (3,47%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

"La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación año corrido de 10,17%, siendo esta la mayor variación año corrido. En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: papas (56,46%), aceites comestibles (32,31%) y zanahoria (28,69%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (-18,10%), cebolla (-12,57%) y tomate (-10,52%)", indica el informe.

Agregaron que la división de Educación registró una variación año corrido de 4,77%, siendo esta la segunda mayor variación año corrido.

"En julio de 2021 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: inscripciones y matrículas en postgrados (10,17%), diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (6,89%) y educación preescolar y básica primaria (5,14%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no formal (1,69%), pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (2,00%) y educación secundaria (3,80%)", indican en el comunicado.

La inflación de julio fue de 0,32% explicada por alojamiento, servicios, restaurantes y hoteles (larepublica.co)

Lluvia de propuestas que quieren introducir en la reforma tributaria

 

Se analizan cientos de proposiciones para construir un texto de ponencia para el primer debate.

Amnistías para infractores de tránsito, alivios o ayudas a jóvenes, entre las 180 proposiciones.

Aunque la nueva propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llegó al Congreso el pasado 20 de julio con mayor consenso político, los congresistas ya le han empezado a colgar nuevas propuestas e ideas.

El Gobierno está analizando cientos de proposiciones de congresistas para poder construir un texto de ponencia para el primer debate. Van radicadas unas 180. Algunas de ellas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda, otras están a la espera de discusión. Siendo optimistas, esperan tener listo el articulado la próxima semana.

Hasta el momento, hay propuestas de todo tipo. Desde los que piden mayor alcance de programas como el Paef o tarifas diferenciadas para las mipymes hasta los que proponen mayores alivios para los deudores, cambios de multas, de tratados de libre comercio o de clasificación de los municipios, entre otros temas.Para los más vulnerables

El foco de esta tributaria, que busca 15,2 billones de pesos, es atender a los más vulnerables, y siguen llegando más proposiciones encaminadas en este sentido. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo propone que los jóvenes menores de 30 años que no hayan tenido contratos laborales formales ni de aprendizaje, y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, podrán conseguir empleo a través de un contrato especial por un periodo no inferior a 1 año ni superior a 2 años.

Para los jóvenes, la presidenta de la Comisión Tercera de Senado, María del Rosario Guerra, también pide que se otorgue un bono equivalente al valor de la financiación de la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero que realicen sus estudios de pregrado en instituciones privadas.

Respecto al empleo, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez pide que se incluyan como beneficiarios del Paef a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, y en materia de género, la representante por la Alianza Verde Catalina Ortiz ya tiene aprobada la proposición para garantizar que al menos una mujer de cinco tenga presencia en el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Sin embargo, seguirá insistiendo en una mayor presencia.

En cuanto a las empresas, muchos de ellos lanzaron su propuesta. Por ejemplo, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda también tiene aprobada la idea de aumentar el alcance del régimen simple, y John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres, propone que la tarifa de renta sea del 27 por ciento para las mipymes y de 35 por ciento para las demás a partir del año gravable 2022.

Con el objetivo obtener recursos para generar empleo, el senador Ciro Ramírez propuso que se establezca un impuesto del 10 por ciento sobre altos salarios a partir de 25 millones de pesos para todos los funcionarios del sector público y el privado.Ayudas para la reactivación

El equipo del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está analizando las propuestas.

Sobre la mesa está una propuesta radicada por varios congresistas que ayudaría a los productores agropecuarios. En esta se propone poner en marcha un mecanismo de devolución automática de IVA para bienes exentos, siempre y cuando los ingresos se encuentren soportados en facturas electrónicas. Con ello, se permitiría un mayor control sobre la evasión y un mayor flujo de caja para los empresarios.

“El Gobierno lo aprobó con los coordinadores ponentes. Actualmente, se demora en devolver el IVA en el sector agropecuario, entonces, aprovechando la factura, la idea es que se pueda hacer de manera automática. Y como las empresas necesitan liquidez para salir adelante, es importante que las cuentas entre las compañías y la Dian se puedan resolver de manera más fácil”, explicó el representante Christian Munir Garcés.

Este también radicó otra proposición en la que busca que se revisen los tratados de libre comercio que están actualmente vigentes para que se puedan beneficiar los exportadores y otra en la que pide que el Gobierno se comprometa a radicar ante el Congreso un proyecto de ley de reforma laboral estructural que busque la reducción de la informalidad laboral urbana y rural.

En materia de reactivación, la senadora Guerra también solicita que cuando se celebren los tres días sin IVA se tenga en cuenta las estufas que utilizan gas natural o GLP y que no gozan, de momento, de este beneficio. “Estas se habían quedado por fuera. La medida podría beneficiar, sobre todo, a las zonas rurales que utilizan más estos electrodomésticos”, explicó.

Recaudos de las reformas tributarias

Alivios tributarios

Debido a la coyuntura de la pandemia se piden beneficios temporales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Por ejemplo, se habla de un beneficio de extemporaneidad, es decir, que no tengan que pagar multas, o en la tasa de interés de mora.

En concreto, el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, pide un nuevo artículo para facultar a la Dian para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Con ello, los más beneficiados serían los empresarios, que tendrían a su alcance una herramienta jurídico-procesal idónea para sanear sus obligaciones fiscales.La parte regional

El representante a la Cámara Carlos Cuenca Chaux propone que se cataloguen como municipios de tercera categoría los que tengan una población comprendida entre 30.001 y 50.000 habitantes.

“Arauca, Puerto Carreño, Inírida, Mitú, San José del Guaviare, Mocoa, Yopal y Leticia son de sexta categoría y administran pobreza.Para ser de tercera piden requisitos de competitividad que no se van a cumplir. Propongo que se lo den a las ciudades con 30.001 habitantes. Ello les generaría mayores ingresos”, explicó.

Con el propósito de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen una mayor liquidez, el representante del Partido Liberal John Jairo Roldán pide que se autorice a las asambleas departamentales y concejos municipales para que a través de ordenanzas y acuerdos establezcan alivios tributarios.

El representante César Lorduy solicitó que los gobernadores, alcaldes distritales y municipales puedan decretar amnistías a los infractores de tránsito hasta por 12 meses.

Por su parte, Ortiz pide que en los contratos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de los aeropuertos, los recursos también se puedan usar para inversiones conexas al transporte público que mejoren el acceso al aeropuerto. Por ejemplo, una bahía en la terminal de Palmira para salir hacia el aeropuerto.

Otras propuestas que vendrían

Algunos congresistas no han radicado todavía sus proposiciones, pero ya tienen pensadas las propuestas que presentarán al equipo del Ministerio de Hacienda.

Este es el caso de la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda, quien planea radicar una proposición para eliminar las facultades extraordinarias del Presidente para escindir, fusionar y modificar la estructura del Estado.

También propondrá que las organizaciones y asociaciones religiosas paguen el impuesto predial sobre los bienes que no tienen un uso estricto en el oficio religioso o que las personas que ganen más de 10 millones de pesos paguen un impuesto adicional.

Además, solicitará que no se cobre una tarifa generalizada de renta a las empresas del 35 por ciento. Para ello, propondrá que las micro paguen 30 por ciento y las pequeñas, 32 por ciento. Congresistas piden IVA a las compras digitales

Las tensiones entre las grandes plataformas tecnológicas como Amazon y el comercio local llegaron a la discusión de la reforma tributaria. En busca de equilibrar la cancha entre estos dos, puesto que las primeras no pagan IVA ni arancel en los paquetes iguales o inferiores a 200 dólares que entran bajo la modalidad de tráfico postal, de momento, hay radicadas dos proposiciones.

La primera, del representante por Cambio Radical César Lorduy, pide que se elimine este beneficio completamente, es decir, que todas las importaciones que entren tengan que empezar a pagar IVA. En la segunda, del senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo, se propone que el beneficio del IVA sea solo para los paquetes iguales o inferiores a 30 dólares.

Si bien los comerciantes respetan que estos paquetes de pequeño valor entren sin arancel, Fenalco, Acopi y la Cámara Colombiana de Confección y Afines no están de acuerdo en que tampoco tengan que pagar la tarifa general de 19 por ciento de IVA.

Esto, porque en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos que entró en vigor en mayo de 2012 dice que no se establece como tal ese compromiso.

Al contrario, argumentan que en el texto solo aparece la expresión “aranceles o impuestos” y que este último es entendido como sinónimo del primero. Adicional a ello, tampoco ven con buenos ojos que los paquetes puedan entrar desde cualquier parte del mundo sin pagar impuestos porque el acuerdo solo se firmó con Estados Unidos.

“El arancel hay que respetarlo, pero no estamos de acuerdo con el IVA. Además, el resto del mundo también tiene esa ventaja sin tener acuerdos con nosotros”, manifestó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco.

Por ello, de seguir así, los comerciantes estiman que en 2022 el país dejaría de recibir más de 1 billón de pesos por este IVA que no se cobra y que el hueco podría elevarse a 1,48 billones de pesos en 2023. Estos consideran que se produce una competencia desleal y un impacto negativo, sobre todo para el empleo.

Además, argumentan que estas reglas facilitan el contrabando técnico puesto que dan pie a la figura de la subfacturación, que es la declaración de las mercancías importadas por un valor inferior al precio real y, al mismo tiempo, se pone en riesgo la seguridad de los consumidores puesto que no hay verificaciones de cumplimiento de requisitos técnicos ni normas de conformidad a la entrada de los productos.

Sin embargo, para otros actores, estas reglas representan una oportunidad. Por ejemplo, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), dice que los productos pequeños por valor inferior a 200 dólares que llegan vía correo desde Estados Unidos facilitan el comercio entre los dos países y, en especial, benefician al consumidor final pues se reducen costos y se evitan intermediarios.

Intereses de créditos dejaron de caer y el riesgo aumentó

 Informe del Banco de la República dice que la cartera financiera se ha venido recuperando, aunque las provisiones de los bancos se mantienen altas.

El Banco de la República dijo que la solvencia de los bancos está por encima de lo requerido.

El Banco de la República dijo en su Informe de Política Monetaria que el crédito en el sistema financiero “se siguió recuperando, en un entorno de tasas de interés de préstamos que dejaron de caer, pero que continúan en niveles históricamente bajos y de materialización del riesgo de crédito”.

La entidad dijo que en el segundo trimestre la cartera en moneda nacional dejó de desacelerarse en términos anuales, con una dinámica de desembolsos similar a la registrada antes de la pandemia.

El informe de Política Monetaria dice que entre marzo y junio la recuperación de la cartera comercial y de los desembolsos a ese sector fue importante, y se alcanzó de nuevo el saldo elevado observado un año atrás, cuando las empresas requirieron niveles significativos de liquidez para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Asimismo, menciona que la cartera dirigida al microcrédito se mantuvo relativamente estable, mientras que la hipotecaria, y en menor medida la de consumo, se aceleraron. Esto se dio en un entorno de tasas de interés de crédito que registraron leves aumentos en algunos grupos (comercial y consumo) a finales de junio, pero que se mantienen en niveles históricamente bajos en términos nominales y reales.

El informe señala que este comportamiento de las tasas de interés, el menor diferencial entre las tasas de interés de crédito y las de los títulos de deuda pública, y el buen desempeño de las ventas en algunos sectores económicos para los cuales usualmente se requiere crédito (construcción, vehículos, prendas de vestir) apuntan a condiciones propicias para que la demanda de crédito se siga recuperando.

ADVERTENCIA

Sin embargo, el Emisor advierte que el riesgo de crédito aumentó, las provisiones se mantienen altas y algunos bancos han retirado de su balance una parte de su cartera vencida. No obstante, las utilidades del sistema financiero se han recuperado y sus niveles de solvencia se mantienen por encima del mínimo regulatorio.

Y añade que en la medida en que se han vencido las prórrogas y plazos autorizados por la Superintendencia Financiera para aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas, se observó un incremento importante en la cartera vencida, a niveles similares a los observados en la crisis financiera internacional de 2008.

El informe revela que los niveles históricamente altos de las provisiones de cartera, los cuales se han mantenido relativamente constantes en lo corrido de 2021, les permitieron a los establecimientos de crédito atender esta situación y retirar de su balance una parte de los préstamos de difícil recaudo.

Pese a todo esto, en abril las utilidades del sistema financiero se recuperaron, después de la caída persistente registrada desde finales de 2019. La solvencia total (21,7%) y básica (16,9%) observadas mantienen un amplio margen frente a las requeridas por la Superintendencia Financiera, 9,0% y 4,5%, respectivamente, resalta el informe.

DEPÓSITOS A LA VISTA

El informe resalta que las tasas de interés de los depósitos continúan históricamente bajas, a pesar de los aumentos recientes registrados en los plazos largos. Así, los depósitos a la vista siguen ganando importancia en el financiamiento de los bancos.

En el segundo trimestre las tasas de interés a un día (la interbancaria y el indicador bancario de referencia, IBR) se mantuvieron similares a la tasa de interés de política monetaria (1,75%), mientras que el IBR a tres y seis meses y las tasas de interés de los CDT a plazos más largos aumentaron.

Las expectativas sobre posibles incrementos en la tasa de política monetaria o una mayor percepción de riesgo pudieron contribuir a este comportamiento, dice el Emisor.

Facturación electrónica: novedades en el software gratuito de la Dian

 

Con la entrada en vigor del anexo 1.8 de facturación electrónica, la Dian realizó ciertos ajustes en su software de facturación gratuito.

Lo anterior, con el propósito de adaptar su plataforma a dicho anexo, incluyendo nuevas funcionalidades.

Conoce aquí las mejoras implementadas en esta plataforma.

A través de la Resolución 000012 de febrero 9 de 2021, la Dian adoptó la versión 1.8 del anexo técnico de facturación electrónica mediante el cual se implementaron ajustes en el sistema de facturación.

Para tal efecto, la administración tributaria tuvo que realizar ciertas actualizaciones a su software gratuito, con el fin de adaptar su plataforma a las exigencias del anexo en mención, incorporando nuevas funcionalidades que facilitan la generación y expedición de la factura electrónica.

A continuación, abordamos las mejoras implementadas en este software que deberán conocer todos aquellos que optaron por expedir sus facturas electrónicas mediante esta opción.

Incorporación de usuarios

Al momento de ingresar a la plataforma de facturación, se podrá encontrar un menú en donde se podrán crear los usuarios autorizados para ingresar al servicio gratuito, sin necesidad de recibir el token de acceso, a través del correo electrónico del representante legal de la entidad facturadora.

Por tanto, ahora es posible contar con diferentes usuarios con sus respectivos perfiles y permisos asociados para emitir las facturas electrónicas a nombre de la persona jurídica obligada a facturar.

Información adicional para la representación gráfica de la factura electrónica

Se adicionó información a la representación gráfica de la factura electrónica, tal como información complementaria de extensión, anticipos pagados en la operación, la posibilidad de establecer y visualizar el logo de la compañía que emite la factura, entre otros.

Nuevos campos para las responsabilidades tributarias

Dentro de cada formulario del servicio gratuito se ajustaron algunos campos de cada uno de los documentos de factura para agregar información relacionada con la orden de compra, responsabilidades tributarias, campos opcionales para información propia de quien expide la factura, así como también se modificó la configuración de los datos de identificación de la compañía.

Formularios para las distintas modalidades de factura electrónica

La Dian incluyó un formulario para cada una de las distintas modalidades de factura electrónica que podrán expedirse, tales como:

Factura de venta.

Factura AIU.

Facturación electrónica de venta de exportación.

Factura de mandato.

Factura de contingencia.

Generación de notas débito y crédito a partir del documento emitido

Se incorporó la generación de notas débito y crédito a partir de las facturas electrónicas cargando toda la información desde el documento emitido, sin necesidad de diligenciar los datos inicialmente incluidos en la factura.

Generación de eventos sobre los documentos recibidos

Con el fin de preparar el servicio gratuito para el Radian, se puso a disposición de los usuarios la posibilidad de generar eventos sobre los documentos recibidos.

Estos ajustes buscan que el software gratuito dispuesto por la Dian se encuentre acorde con los requerimientos del anexo 1.8 de facturación electrónica, además de facilitar el manejo de esta plataforma y cumplir las necesidades de quienes opten por facturar a través de esta.

Novedades en el software gratuito de facturación electrónica (actualicese.com)

Las opciones de Colombia para aprovechar los recursos del FMI

 Con la aprobación de activos de reserva o DEG por US$650.000 millones, el país recibirá US$2.800 millones adicionales.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, US$650.000 millones, para ayudar a las naciones en su manejo de la pandemia de Covid-19 y el aumento de su deuda a raíz de la crisis. De este monto Colombia se llevaría una tajada de cerca de US$2.800 millones (aproximadamente $10 billones) de estos activos de reserva o Derechos Especiales de Giro (DEG).

Si bien este tipo de recursos van directamente a nutrir las reservas del Banco de la República, la inquietud que surge ahora, en medio de un panorama en el que el déficit fiscal continúa ampliándose, y las presiones en torno a los costos de la reactivación económica han abierto la puerta a cómo se podrían aprovechar mejor estos recursos.

El viernes pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que por ahora no hay una postura clara sobre cómo se podrían aprovechar estos recursos desde la Nación más allá de las reservas.

“Esta es una decisión, sobre cómo se daría, todavía está en proceso de parte del Fondo Monetario Internacional, seguramente a finales del mes de agosto estaría la decisión en firme y cualquier decisión que se tome sobre este asunto tendría que ser en conjunto con el Banco de la República quien es la autoridad al mando de las reservas internacionales espaciales, y los Derechos Internacionales de Giro constituyen un activo de reserva”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

Incluso, desde el Emisor también se ha reconocido el papel que podrían tener estos recursos para la recuperación del país. En el informe del primer semestre que radicó ayer el gerente del banco central ante el Congreso se establece que “(...) otro factor de apoyo global que puede mejorar la posición internacional del país es la propuesta de asignación de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI recientemente aprobada por el Directorio del Fondo y que será ratificada en agosto de este año por parte de la asamblea de gobernadores de este organismo”.

De este modo, se abre la puerta para revisar si estos recursos se puedan aprovechar para sortear la crisis, pues según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, esta inyección, que no se efectuaba desde 2009 tras la crisis de ese año cuando se emitieron US$250.000 millones, funcionará como un “propulsor” para la estabilidad económica mundial.

“La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros y abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo”, dijo

Vale la pena recordar que los DEG son un activo de reserva internacional utilizados por los países miembros del FMI cuyo valor está vinculado a una cesta de monedas. Los DEG se asignan entre los países, quienes pueden intercambiarlos por monedas de libre uso de otros de los países miembros y de esta forma reforzar su liquidez sin incrementar su deuda.

MARGEN DE MANIOBRA

La inquietud que surge entonces, en medio de la coyuntura y la intención detrás de la aprobación de los DEG es ¿qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno para aprovecharlos?

“Algo que todavía no se tiene claro desde el Gobierno y el Banco de la República y es cómo se puede usar. Lo que muestra la respuesta que ha dado el ministro Restrepo es que el Ministerio de Hacienda quisiera explorar la posibilidad de usar esos recursos para financiamiento del déficit fiscal”, aseguró Andrés Pardo Amézquita, director de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investment, quien sostuvo que lo primero que deben hacer los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, es trabajar conjuntamente y mirar la normativa de parte del Fondo Monetario Internacional sobre cómo se pueden usar estos DEG.

“Los DEG se los inventaron para que hagan parte de las reservas internacionales, pero dada la coyuntura el FMI seguramente decidió hacer esta emisión de DEG con algunas cláusulas especiales para que el uso de los DEG pueda darse más allá de lo que típicamente se da, sobre todo pensando en la situación actual, donde se necesita que los países con más necesidades puedan usar recursos adicionales no solo para aumentar las reservas internacionales, sino también para poderlas usar para mitigar los efectos de la pandemia o para un tema de reactivación económica”, explicó Pardo.

Desde Corficolombiana, su director de Investigaciones económicas, José Ignacio López, aseguró por su parte que también que “lo primero es mirar realmente cómo se pueden usar, pues todavía no hay suficiente claridad. Pero en principio esos recursos deberían ir a complementar las reservas. Lo que no es claro es si el Gobierno quisiera hacer uso de esas reservas adicionales”, dijo.

López mencionó que el Gobierno podría “hacer una emisión afuera y asegurarse que alguna de esas reservas el Banco las usará para comprar esa emisión. Así podría tal vez sustentar una emisión más grande en el mercado internacional, y esos serían unos activos que tendría el Banco de la República”. Pero aclaró que todavía el panorama no es claro sobre las restricciones legales de que se puede hacer y que no.

“En principios las reservas están diseñadas como salvaguardia frente a una salida eventual de inversionistas, pero este año hemos visto lo contrario, un flujo de inversionistas de portafolio, pero no se descarta que suban las tasas de interés en EE. UU., haya una salida de capital, y el Banco podría utilizar esas reservas internacionales para tranquilizar el mercado. Ese puede ser un uso más usual, pero hay que mirar si se puede plantear también un uso más fiscal”.

Los puntos pendientes que no enfrenta la reforma tributaria 2.0

 Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes se identificaron ‘mensajes equivocados’ sobre impuesto de renta, descuento del ICA y exenciones.

Amedida que se acerca la discusión del nuevo proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Inversión Social, surgen más los análisis en torno a sus componentes. Desde la Facultad de Economía de la U. de los Andes, en su más reciente Nota Macroeconómica, se analizó cómo la propuesta “es políticamente viable y tiene la virtud de generar nuevos ingresos muy necesarios, al tiempo que ajusta la regla fiscal para ayudar a recuperar la golpeada credibilidad fiscal del país. Pero no avanza hacia la estructura fiscal deseable, perpetuando algunas inequidades y agravando otras”.

De hecho, el documento analiza las dos fuentes grandes de nuevos recursos del proyecto: subir los impuestos de renta empresarial de 30% a 35%; y limitar los descuentos del ICA de esa renta empresarial. Sumados estos dos ítems aportan cerca de $11 billones anuales y explican tres cuartas partes de los ingresos nuevos.

En el caso del impuesto de renta el documento menciona que “una tarifa de renta a las empresas de 35% es un retroceso que nos aleja aun más de nuestros pares de la región y de la Ocde”. Justamente, con la Ley de financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento de 2019 se había logrado una reducción progresiva.

“Desde vieja data sabemos que la estructura tributaria colombiana es atípica en el contexto latinoamericano y en los países de la Ocde, en el sentido de recargar buena parte de la tributación en los negocios, y una tajada muy pequeña sobre las personas naturales. Esta reforma paradójicamente lo que hace es ahondar esa característica del sistema tributario colombiano”, explicó Marc Hofstetter, docente de la facultad de Economía de la U. de los Andes y uno de los autores del documento.

Otro de los elementos que revisa el análisis es la propuesta de limitar el descuento del ICA al 50%. El documento sostiene, por un lado, que recupera algo de recaudo frente al actual descuento completo, y que por el otro, amortigua el golpe de la reforma sobre la tributación de las empresas.

“Pero esto no resuelve ni el mal diseño del ICA ni la descoordinación entre niveles de gobierno que se produce cuando un impuesto local como el ICA se puede descontar del impuesto de renta nacional”, aclara la publicación.

También, se menciona cómo la propuesta no apunta a desmontar ninguno de los múltiples tratamientos especiales o exenciones para muchos sectores productivos en Colombia, y se recuerda que “han sido criticados insistentemente por comentaristas, algunos sectores políticos y por la comisión tributaria que el propio Gobierno encargó”.

Otro de los participantes del análisis, Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de los Andes y docente de la facultad, enfatizó en que “se había construido un consenso de lo nefastas que son la proliferación de exenciones, en vez de subir la tasa corporativa general, es dañino porque afecta la productividad, y no será una medida permanente, porque es tan alta la tasa que en el futuro se tendrá que revisar”.

La Nota Económica dice también que al subir las tasas de renta para grupos o sectores económicos que no son privilegiados hoy, “la cancha queda aún más desnivelada”, y esto también incide negativamente en la legitimidad del sistema tributario.

En cuanto a los impuestos a las personas naturales, si bien el documento reconoce que muchos de los propuestos en el primer proyecto de reforma de este año resultaron inviables, como aumentar las cargas sobre el 30% o incluso el 20% de hogares más ricos del país, no considera “justificable”, por ello, renunciar a incrementar la carga sobre el 5% o el 1% de hogares más ricos. “De hecho, este parece ser el primer paso necesario para construir un legitimidad que luego permita demandar un apoyo”, dice la publicación.

“Es importante destacar también los mensajes que esto manda, a pesar de que se pueda entender que el contexto político hace difícil que se aumenten los impuestos a las personas naturales, lo que nos parece preocupante es el mensaje de que ese aspecto en el incremento en la base gravable y aumentar el impuesto a las personas se vuelve intocable”, dijo Andrés Álvarez, profesor de la facultad de Economía de los Andes y participante del artículo.

También el documento dice que al prolongar la normalización tributaria se envía un mensaje equivocado.

PUNTOS POSITIVOS

Por otro lado, el documento destaca también algunos logros en materia de recaudo y propuestas que trae consigo la iniciativa. Asegura que el principal mérito de la reforma es que, generando un necesario flujo de recursos fiscales adicionales, parece tener un camino más seguro para su aprobación que la anterior, y destaca los esfuerzos por conseguir ingresos a partir de luchar contra evasión y controlar el gasto.

Representante a la Cámara denuncia supuesto 'mico' en tributaria 2.0

 Según el congresista, el articulado contempla un beneficio para las inversiones de capital extranjero.

El Congreso de la República está tramitando la reforma tributaria 2.0,

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander, denunció un supuesto 'mico' en el articulado de la reforma tributaria 2.0 que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio.

Vale la pena recordar que 'mico', cuando está encarmado en temas políticos, hace referencia al texto que se incluye, de último momento, en algún proyecto, lo que genera sorpresa entre quienes lo estudian.

Según Chacón, "hemos descubierto que la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso de la República trae consigo un beneficio tributario dirigido a los extranjeros con mayores recursos económicos que decidan obtener utilidades por realizar inversiones en el país".

Puntualmente, explicó, "el artículo 8 del proyecto de Ley número 027 de 2021 (ley de 'inversión social') pretende modificar el literal f del artículo 18-1 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir la tarifa de retención del impuesto sobre la Renta del 5 % al 0 % sobre las utilidades obtenidas por las inversiones de capital extranjero en valores de Renta fija pública y privada".

En otras palabras y según palabras del representante Chacón, la medida significa que este tipo de inversiones no pagarán impuesto de Renta sobre las utilidades que generen.

"Actualmente, el numeral 2 del mismo artículo 18-1 establece que este tipo de inversiones únicamente se gravan con Renta por vía de retención en la fuente. Por ello, establecer retención del 0 % representará la exoneración del impuesto de Renta a estas inversiones, con lo cual no pagarán impuesto de Renta", añadió.

Criticó también que, mientras la inversión extranjera recibe ese tipo de beneficios, "a las empresas nacionales se les impondrá mayor carga fiscal porque de estas el proyecto de ley espera generar un mayor recaudo por un valor de 11 billones de pesos".

En el articulado de la tributaria se defiende esta modificación diciendo que se mejorará la competitividad del país para atraer inversión extranjera, pero Chacón considera que "la iniciativa afecta negativamente la competitividad de la industria nacional frente a la industria extranjera".

El presidente de la Andi aseguró que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía con la vacunación masiva

 Pese a estar gravemente golpeado, el sector empresarial ha mostrado resiliencia ante la llegada de la pandemia, los bloqueos generados en el paro nacional y las restricciones a múltiples sectores para contrarrestar los contagios por covid-19.

LR habló con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, con el fin de conocer los avances en el proceso de vacunación privada, las expectativas frente a la reforma tributaria y su congreso anual.

LOS CONTRASTES

Jaime Alberto CabalPresidente de Fenalco Nacional

“Ya hay una recuperación importante del número de empleados, especialmente en el comercio con 480.000 puestos de trabajo, pero todavía hay un rezago frente a 2019”.

Estamos en el debate de la nueva reforma tributaria y se prevé que el empresariado ponga 69% de lo planteado originalmente, que son $15,2 billones. ¿El palo si está para cucharas después de ver que la mayoría de ingresos cayeron en 2020?

En este momento la tributaria no es un capricho, es una necesidad que tiene nuestro país para poder atender definitivamente el tema de sostenibilidad fiscal que se vio afectada por la pandemia.

Las personas naturales tuvieron un golpe gigante como consecuencia del covid-19, y ¿cuál es la posible fuente de recursos para atender la tributaria?, pues el país debe elegir el mal menor, y me atrevo a decir que eso puede ser que las empresas hagan un esfuerzo solidario importante y así lo han expresado.

Se prevé que entre austeridad y control a la evasión del Gobierno se recauden cerca de $5 billones, ¿Es suficiente esta meta o se queda corta?

No hay duda de que hay que hacer esfuerzos en todos los sectores y en todo el espectro económico, entonces, por una parte, está el esfuerzo que el Gobierno tiene que hacer de reducir el gasto en algunas cosas para poder aumentarlo en otras, eso es una reorientación del gasto y es razonable que se haga.

Del mismo modo, en Colombia hay que hacer un esfuerzo para reducir la evasión, pues ha habido sectores que históricamente nunca han atendido, ni han sido solidarios con la economía y los gastos de funcionamiento.

No puede ser que, por la vía de vestirse de entidad sin ánimo de lucro, exista alguna entidad que no quiera pagar impuestos.

¿Qué opina sobre las proposiciones actuales al proyecto?

Me preocupa que salgan nuevas propuestas en la tributaria y que comience a llenarse de arandelas. Será muy importante que los congresistas acompañen al país con una tributaria limpia y transparente, que no nos llene de incomodidades o desconfianzas.

Esta tributaria no es la de hacer cambios estructurales, es la de solucionar la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad social del país a raíz de las emergencias que nos ubicó la pandemia.

¿Teme que en esta legislatura sigan impulsando proyectos que afecten al sector, como lo que pasó con la reducción de la jornada laboral?

El verdadero temor está en que eventualmente lleguen proyectos con carácter populista, movidos en razones de que estamos en un periodo electoral y que alguien quiera ganarlo con cosas que no se pueden cumplir o que sean insostenibles desde el punto de vista fiscal.

También nos preocupan las medidas que se traten de tomar y que afecten la creación de empleo.

Esto es a lo que Colombia se tiene que dedicar. Si producimos empleo vamos a ser capaces de atender la pobreza, la inequidad, los problemas de salud y educación, entre otros.

Hay que recordar que Colombia tiene una informalidad que supera 50%, y esto tiene muchas implicaciones como la competencia desleal entre las compañías que no pagan salarios plenos o prestaciones sociales versus las que sí lo hacen y eventualmente tienen una carga diferencial importante.

Estas son las preocupaciones que se exacerban en tiempos electorales. Sí asusta que el apetito electoral supere a la responsabilidad.

El desempleo en junio fue de 14,4%, 5,4 puntos porcentuales mejor con relación a junio de 2020, pero continúa la brecha en equidad de género y desempleo juvenil ¿Qué hacer para cambiar este panorama?

Ese porcentaje es muy malo. No podemos imaginarnos un país con un desempleo de 14%, eso no puede pasar. Además, cuando miramos la combinación del indicador para jóvenes mujeres, el desempleo puede superar niveles de 30%, es decir que tres de cada 10 mujeres jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran. Sin duda ese es un frente en el que las políticas públicas se tienen que concentrar.

Se sabe que en el empleo juega un papel importante el Gobierno nacional, pero juega un papel casi igual o más importante, que las políticas públicas de los mandatarios locales se enfoquen en la generación de trabajo.

Agregaría que la mejor forma de generar empleo es reactivando la economía, y la mejor manera de hacerlo es que haya una vacunación masiva.

¿El tejido empresarial ya se recuperó de los daños ocasionados por el paro o las previsiones de crecimiento para este año se opacaron?

La economía ha demostrado una capacidad de reaccionar verdaderamente sorprendente, en mi opinión.

Cuando vi las cifras de junio comparadas con las de mayo, que estábamos completamente paralizados por el paro, uno se sorprende de cómo la economía se reactiva y trata de volver a operar.

De manera que hay muchas cosas que sí se han reactivado como el comercio, las actividades financieras o temas de servicios, así como algunos temas de producción que no requieren de grandes inventarios y en eso vamos.

¿Cuál es la apuesta que tienen en la Andi sobre el crecimiento económico para 2021?

En este momento proyectamos que deberíamos estar entre 5,5% y 6,5% en el crecimiento económico de este año. Sin embargo, dependerá de la capacidad que tengamos para reconstruir los eslabones que se vieron afectados durante el paro nacional, de la capacidad de ingreso de las familias, del empleo y de cómo Colombia se va posicionando en el entorno internacional.

Esas son nuestras proyecciones y todos tenemos que trabajar en el país para que sucedan.

La confianza empresarial volvió a subir en junio y se ubicó en 37,2% ¿Cree que esta tendencia se mantendrá con la reactivación de todos los sectores y el avance en la vacunación?

No solamente la confianza empresarial, sino la confianza del consumidor dependerá de esos factores.

Todo esfuerzo que hagamos en lograr establecer barreras de contención al contagio y que protejan más, nos va a permitir retomar la actividad económica.

Ese falso dilema que se planteó al inicio de la pandemia y que creo que fue un error muy grande, de decir que la única forma que teníamos para protegernos era encerrarnos, le costó muchísimos años a la humanidad, de manera que la vacunación es el gran antídoto contra el virus mismo, que nos permite con mayor tranquilidad fortalecer la reactivación.

A propósito de la inmunización ¿Qué opina sobre la implementación de un carné de vacunación para permitir el ingreso a ciertos establecimientos o actividades?

Esto no es nuevo en la humanidad. Cuando alguien quiere entrar a un país como Brasil, por ejemplo, le exigen que se vacune contra la fiebre amarilla, ¿por qué lo hacen?, no solamente porque la gente se debe cuidar, sino porque ellos tienen la responsabilidad de proteger a muchas otras personas.

El libre albedrío tiene un límite y es en el momento en el que estamos poniendo en riesgo a más gente. Por ende, yo estoy de acuerdo en que efectivamente se generen mecanismos para que, en ciertas condiciones, se les pida a las personas unos esquemas completos de vacunación.

¿Cómo va el proceso de Empresas por la Vacunación? ¿Cuántas empresas se sumaron?

Ya 560.000 personas fueron vacunadas, eso quiere decir que vamos por más de la mitad. Fueron cerca de 2.990 compañías las que se terminaron uniendo y esperamos poder terminar de aquí a tres semanas las primeras dosis de todos, para luego seguir con las segundas dosis.

Del 9 al 13 de agosto se llevará a cabo el Congreso Empresarial ¿Qué novedades traerá esta versión?

Vamos a estar dando grandes debates que requiere el país en este momento; hablaremos de transformación digital, de innovación, de educación, de empresas inspiradoras, de superación de pobreza, capitalismo consciente, lucha de la corrupción, entre otros temas.

Tenemos invitados a 12 precandidatos presidenciales y cada uno va a tener 15 minutos para exponer sus ideas. El evento tendrá un formato híbrido.

¿Ha visto incertidumbre entre los empresarios de cara a las elecciones 2022? ¿Cree que la situación política y social podría seguir cobrando factura?

Lo importante es que haya una campaña limpia, sin violencias y con verdades.

La incertidumbre, por supuesto existe, pero estamos esperando que los precandidatos nos cuenten sus planes, objetivos y en qué se diferencian los unos de los otros para este juego democrático.

EL PERFIL

Bruce Mac Master es economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en desarrollo económico. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Dirigió el Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional, donde lideró la formulación de política social y la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables. Entre 2010 y 2011 fue designado como viceministro de Hacienda; fue cofundador de Compartamos con Colombia, la Fundación Granitos de Paz y estuvo en la Junta Directiva de la Fundación Pies Descalzos.