Una encuesta a 50 compañías del país señala que la distribución del costo de cumplimiento es bastante equitativa entre el personal y la tecnología, aunque este sigue siendo alto.
Se trata del Informe más actual sobre el costo del cumplimiento de la prevención del lavado de activos (PLA) en Colombia, elaborado por de LexisNexis® Risk Solutions. Esta encuesta que fue aplicada en compañías del sector financiero incluidos bancos, empresas de inversión, gestoras de patrimonios y aseguradoras revela lo que significan los programas de Prevención de Lavado de Activos (PLA) para las empresas.
Dentro de las cifras señalan que las iniciativas de cumplimiento de PLA en Colombia afectaron negativamente la productividad en un 74% “y se estima que el promedio de pérdida de productividad ronda las 46 horas de equivalente a tiempo completo cada año”.
Adicional a este dato, que no deja muy bien parados a los programas y esfuerzos que buscan disminuir los niveles de lavado de activos en las empresas, acciones de gran importancia para la sociedad y la estabilidad de la economía, se señaló que el 64 % de los encuestados declararon que las iniciativas de cumplimiento de la PLA generan fricción con los clientes.
Se señala incluso que la fricción en los clientes se ve reflejada en que entre el 3 % y el 4 % de las solicitudes de apertura de cuentas nuevas terminaron en el retiro del cliente o en demoras en la apertura de cuentas.
Ante este panorama que se presenta, Leidy Vargas, auditora forense de Global Forensic Auditing (GFA), comentó que las empresas obligadas normalmente creen que implementar procesos de prevención del LA con sus clientes, aumenta los tiempos de inicio del negocio debido a la cantidad de requisitos que deben certificar. Sin embargo, los procesos pueden ser optimizados de diversas formas en su implementación para que esto no ocurra.
Tecnología vs horas hombre
El informe señaló por otro lado, que la distribución de los costos de cumplimiento suele ser equitativa entre el personal y la tecnología. Aunque se destaca que en las empresas más grandes “se emplea el doble del Equivalente a Tiempo Completo (ETC) en estos esfuerzos, que las empresas más pequeñas, por lo que los costos de cumplimiento para las empresas más grandes son exponencialmente superiores”.
Adicionalmente se señala que “los costos promedio de cumplimiento están distribuidos de manera similar entre las actividades que consumen mano de obra, con acciones de conocimiento del cliente (KYC) las cuales requieren horas de trabajo mediante recolección de información y evaluación de riesgos, como inversión principal. Los costos restantes se dividen entre el control de operaciones y la gestión general de las actividades de cumplimiento e investigación, entre otras”.
Carlos Gómez, gerente de GFA, señala que un factor de que la productividad baje en una empresa, al empezar a implementar estos sistemas, tiene que ver con fallas en la dirección de la implementación las cuales causan conflictos de interés en las labores. Por ello, es importante que al momento de iniciar el proceso se cuente con terceros que ayuden a integrar esas actividades adicionales al día a día de la empresa o de la persona, para que la productividad no se baje.
“¿Por qué baja la productividad? Porque tengo personas exclusivas para esos temas.
No estoy hablando de que una persona desempeñe un doble cargo, se trata de lograr que la persona desempeñe funciones paralelas y que no generen conflicto de intereses”, agregó.
Aunque subrayó que cuando se habla de las empresas vigiladas por la Superfinanciera (bancos) no es recomendable que una persona desempeñe funciones paralelas a la requerida, debido al tamaño de estas empresas. “Si tengo 2.000 empleados en mi empresa, 30 procesos y 5.000 clientes pues no me puedo dar el lujo de hacer varias cosas diferentes, no me va a quedar tiempo de cumplir con mi función. Hablamos de que lo que planteo podría aplicarse para empresas que no están vigiladas por la Superfinanciera”, comentó.
Otra razón para que la productividad baje depende, señala Gómez, de cómo implemente mis mecanismos de monitoreo. Adicionalmente si se habla de una empresa grande en las que los sistemas de prevención llevan mucho tiempo se necesita fortalecer los mecanismos de prevención. “En esos casos se necesita de un equipo especializado. Pero la productividad puede bajar incluso en estos casos porque los perfiles de los equipos no son los más adecuados o el conocimiento o la experiencia tampoco son los más apropiados”, agregó.
Adicionalmente, para que esto no ocurra en gran medida señaló que se recomienda por ejemplo “evaluar la cantidad de operaciones, formularios y registros que se tienen que monitorear vs. la periodicidad que tienen implementados en sus manuales”.
Para concluir, subraya que otra forma de mejorar la productividad es con capacitaciones y sensibilización sobre los sistemas de riesgo al personal. Esto se puede hacer por medio de talleres, por ejemplo, pues “a veces no conocemos los sistemas, sino solo durante el proceso de ejecución de las actividades”, entre otras actividades para difundir internamente y externamente información sobre estos sistemas.
Otro dato a destacar de esta encuesta señala que estamos en un momento en el que se espera el aumento en los costos de cumplimiento de la PLA, “se estima un aumento promedio del 9% de las alertas por el incremento del uso de los sistemas y los proveedores de pagos no bancarios”.
Por su parte, la tecnología parece estar marcando la parada pues los resultados indican que aquellas empresas que usan una combinación de tecnologías de cumplimiento, como servicios de conocimiento del cliente basados en la nube o en bases de datos compartidas de cumplimiento interbancario, tienen menores costos equivalentes a tiempo completo y pueden realizar análisis de perfiles y alertas claras con más rapidez.
"Las organizaciones no pueden quedarse atrás con la tecnología, especialmente en lo vinculado con la seguridad de los usuarios y la protección de los datos y las operaciones", expresó Adrián Sánchez, director para América Latina, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions.
Para Sánchez, el basarse en datos precisos y en soluciones muy aptas beneficia no solo las iniciativas de cumplimiento en curso, sino también a otras áreas funcionales, como el desarrollo de negocios y el marketing. Por lo que a mayor conocimiento del cliente puede contribuir al decidir qué productos y servicios deben promoverse.
Carlos Gómez, gerente de riesgos de GFA, explicó que en el caso colombiano la superintendencia financiera ya lleva mucho tiempo requiriendo los sistemas de prevención del LA a ciertos sectores, puede o ha empezado a exigir herramientas informáticas, pero esto se debe a que “las empresas vigiladas ya tienen data e información de sus clientes para poder tomar decisiones”, señala.
También explicó que aquellas empresas que empiezan a dar estos primeros pasos pues no tienen ese tipo de información. Por lo que para estas empresas que apenas van dando los primeros pasos no es necesario, en ocasiones, el uso de herramientas informáticas. “Es mejor crear mecanismos que puedan soportar una adecuada prevención del lavado de activos a las entidades, de acuerdo a sus procesos y tamaño, bajo diferentes mecanismos de prevención (…) no necesariamente tienen que estar acompañados de una herramienta informática ¿Por qué?, porque las superintendencias dicen que tenemos que soportar y demostrar si necesitamos o no necesitamos las herramientas”, dijo.
Recordó incluso que es básico al adoptar o implementar mecanismos de lavado de activos, que estos se ajusten a las necesidades, naturaleza y el tamaño de las entidades; se trata de implementaciones de sistemas de prevención de LA a la medida.
Aplicar un sistema para prevenir el LA
En Colombia las empresas están reguladas por la Superfinanciera o Supersociedades, y dependiendo de su tamaño están obligadas, por ciertas normas, a aplicar los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
Dentro de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la aplicación de estos sistemas para mitigar los riesgos se tiene: el establecer un manual en el que, por cargos, se revisen los riesgos asociados como personas. Identificar controles que mitiguen los riesgos asociados a LA o el tratamiento adecuado cuando hay personas PEPs.
Otro requisito es la implementación de un estudio para el conocimiento del cliente, due dilligence, que permita entender de dónde vienen sus recursos, acciones para las que es necesario un oficial de cumplimiento que verifique que todo esté en orden y que reporte de ser necesario. “El oficial de cumplimiento tiene la obligación de reportar y digamos que todas las empresas grandes están obligadas a reportar a la UIAF cuando superan cierto tipo de ingresos”, explicó Carol Ortiz, experta en Auditoría Forense.
Esto genera que las empresas grandes sean más fuertes en ese tema y que intenten regular más el LA. “Las empresas pequeñas como no se ven obligadas a veces no le ven la importancia. Y ahí es cuando se ve el riesgo. Si tú no haces revisión sobre tus clientes y proveedores puedes contactarte con una persona que tenga recursos que sean derivados de temas de lavado de activos sin saberlo”, agregó la auditora.
Los oficiales de cumplimiento, explica, están obligados en temas de revisoría fiscal y cumplimiento a validar que las empresas cumplan con esos requisitos mínimos que se exigen. Y el riesgo que se corre es alto si no se está preparado en materia forense para hacer estos controles. Se trata de sistemas de prevención que no son infalibles sobre todo en casos en los que posiblemente el lavado de activos provenga de las directivas y sea aprobado por los oficiales de cumplimiento.
Prevenga el lavado de activos
En ocasiones una persona puede caer en la comisión del delito de lavado de activos por ingenuidad, por ejemplo, cuando presta la cuenta bancaria para hacer favores o presta el nombre para comprar un apartamento o carro, entre otros. Por ello, tenga en cuenta estos cinco puntos básicos que Jose Gil, auditor forense de GFA, recomienda tener en cuenta para prevenir el LA.
Conocimiento del cliente
Es necesario saber a qué se dedica el cliente o proveedor, de dónde provienen sus recursos y con qué países tiene financiación. Esto pues aquellos que realizan lavado de activos suelen buscar empresas en donde menos se sospeche y existan pocos controles.
Uno de los sectores que más se ve afectado es el del sistema financiero. Pero sucede en entidades que no han prevenido y suelen no tener los controles necesarios para minimizar el riesgo; se presentan casos con clientes que usan el sistema financiero para blanquear el capital.
Sistemas de información
Es importante contar con sistemas de información. Hay varias listas en las que se puede consultar y revisar el tipo de cliente o si aparece allí como forma de prevención, en Colombia aplica por ejemplo la famosa lista Clinton. Estas herramientas indican alertas tempranas.
Investigar
La apuesta para los auditores forenses, contadores, oficiales de cumplimiento es revisar las alertas o señales extrañas, detectar e ir a fondo, investigar. Finalmente, si uno como profesional detecta algo se debe reportar. A veces los profesionales tienen miedo de quedarse si trabajo o sin el cliente por hacerlo, pero “es mejor ponerse colorado en el momento y no verse expuesto a futuro en situaciones legales complejas. Además, por lo menos para los contadores existe la obligación por ley de reportar”.
Establecer políticas dentro de la compañía e indicadores que pueden empezar a alertar de operaciones inusuales, por ejemplo, los topes de ventas, zonas geográficas, etc.
Para finalizar se sugiere contar con un equipo experto en la materia que pueda asesorarlo, guiarlo y ejecutar la implementación de estos sistemas. En ocasiones también se aconseja contar con el apoyo de una empresa externa a la compañía que asegure la transparencia de las operaciones.
Lavado de activos en Colombia
El informe también dejó en firme que los riesgos de lavado de dinero están muy marcados en general en la economía colombiana, sobre todo en los ingresos derivados de sectores como narcotráfico mediante el crimen organizado, la minería ilegal, la extorsión y la corrupción.
Durante los últimos meses, por ejemplo, la policía y Fiscalía de la Nación señalaron que ha venido trabajando intensamente en casos de lavado de activos y financiación del terrorismo y recientemente han dejado por manifiesto que la lucha contra las finanzas criminales y el lavado de activos son tema de prioridad para las autoridades.
Ante esto se señala que la capital y otras ciudades grandes del país son el centro de operaciones de aquellos que lavan activos. “Esas finanzas de las organizaciones criminales que en ocasiones parecieran no tocar a Bogotá o a Medellín (grandes ciudades del país), están más presentes de lo que uno se imagina. A través de estos operativos ponemos de presente que los lavadores profesionales están en las ciudades y los bienes de las organizaciones criminales están en estas ciudades”, señaló el delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez.
Lavado de activos por medio de exportaciones fachada
El delegado reveló, además, que por medio de un operativo se logró desarticular una organización trasnacional que durante dos años lavó cerca de 10 millones de dólares. Una investigación que se dio gracias a información remitida por la Agencia de Aduanas ICE que advirtió a las autoridades colombianas sobre la existencia de una organización ilegal que “estaría lavando dinero proveniente de actividades irregulares o ilícitas de Estados Unidos hacia Colombia, por medio de la creación de empresas fachadas de papel y de exportaciones ficticias”, comentó Jiménez.
Se supo sobre este caso que se simulaban exportaciones a Venezuela y recibían dineros provenientes de los Estados Unidos. Para lavar el dinero utilizaron diversas modalidades y la banca nacional.
Las autoridades debieron efectuar análisis contables y periciales que pudieran establecer que las empresas a través de las cuales se realizaban las operaciones y se simulaban las exportaciones no tenían otro fin que el de ocultar el verdadero origen de los recursos, producto de actividades ilegales.
La Fiscalía General de La Nación, La DIJIN y la Agencia ICE, que trabajaron de la mano en las operaciones de investigación, y gracias al uso de agentes encubiertos, establecieron que esta organización criminal delinquía presuntamente desde Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima) y Cúcuta (Norte de Santander), a través de empresas fachada y exportaban productos agrícolas que enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados.
“La investigación evidenció que las exportaciones que hizo la red criminal eran de óxido de zinc y albúmina de huevo, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia”, según información de las autoridades.
De acuerdo con las autoridades las empresas exportadoras no tenían sede física ni la infraestructura para soportar transferencias comerciales millonarias como las que reportaron. En ese sentido, estaría demostrada la ilicitud de la actividad y el continuo lavado de activos.
Los dineros recibidos por la organización, en apariencia legales, eran enviados a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán, disfrazados de otras supuestas operaciones financieras legítimas. Lo realizaban a través de presuntos pagos que eran disfrazados como reconocimientos por servicios empresariales, profesionales y técnicos.
“La operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de al menos tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país”, según información publicada por la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía por estos hechos capturó a nueve personas que fueron presentadas ante un juez de control de garantías que deberán responder por el delito de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Entre los capturados están Salomon Korn Mitrani, alias Salo, cabecilla de la organización criminal.
Además, fue capturado Janan Youssef Yosuf, representante legal de una de las empresas de papel. Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal suplente de una empresa de papel. John F. Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel. Andrés Felipe Puyana Fonrodona, alias Macho Viejo, supuesto encargado de crear empresas de papel. Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, representante legal suplente de una empresa de papel. Gloria Andrea Pérez Cabal, representante legal suplente de una empresa de papel.
Posteriormente, el empresario Salomón Korn Mitrani, aceptó la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.
El juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los procesados. Permanecen con detención domiciliaria Korn Mitrani, Andrés Felipe Puyana, Gloria Andrea Pérez. Mientras que otras cuatro personas fueron enviadas a los centros carcelarios: John Arias Giraldo, Fabián Esteban Gutiérrez, Alexander Cortés Lozano y Eliana Cortés Lozano.
Por los hechos descritos, el fiscal de conocimiento imputó lo delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, cargos que fueron aceptados por dos de los procesados (Salomón Korn Mitrani y Andrés Felipe Puyana), los demás rechazaron su participación en los delitos.
Jiménez, el delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que en el imaginario de la sociedad se cree que el lavado de activos en un crimen que no deja víctimas y que no es un delito grave porque no hay sangre. “Es todo lo contrario sin el lavado de activos no se pueden ocultar los recursos del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas”, subrayó Jiménez.
Por ello, hizo un llamado a que este fenómeno no esté solo en cabeza de las autoridades de investigación y judicialización sino también en aquellas personas a las que suele no importarles de dónde proviene el dinero con tal de hacer negocios o tener ganancias.
Al respecto Eliana Serna, contadora de GFA, apoya el llamado de la Fiscalía y señala que, aunque en el lavado de activos las personas no están asesinando a una persona directamente, en realidad sí podrían estar afectando a otros de forma decisiva con sus actos. “Digamos que el dinero proviene de la trata de personas, narcotráfico o secuestro extorsión; quienes lavan no están asesinando, maltratando, amedrentando a alguien directamente pero sí cargan con ello, si el dinero proviene de estas fuentes”, se trata de un tema ético y humano que no se debería obviar, reflexionó.
https://www.huellaforense.com/informes-especiales/asi-ven-las-empresas-el-costo-de-la-prevencion-de-lavado-de-activos
